Editorial

El comienzo del debate sobre la Ley de Educación Superior: democracia y universidad

El pasado 16 de agosto se llevaron a cabo en la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) las  jornadas “Hacia una nueva ley de Educación Superior” con el fin de elaborar un documento que, junto con otros aportes, colaboró en la conformación del documento que nuestra Universidad presentó en la sesión plenaria del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), llevado a cabo los días 23 y 24 del mismo mes en Vaquerías. Esta reunión concluyó con un informe preliminar que define los lineamientos generales para una Ley de Educación Superior.

Las coincidencias entre el documento elaborado en la FFyH, la UNC y el CIN son amplias, así como el alto grado de participación en cada una de estas instancias, lo que muestra que en estos textos ya podemos identificar los pilares fundamentales de lo que será la nueva ley, siempre a la espera del “borrador” del proyecto de ley que, es previsible, provenga del Gobierno Nacional. Aunque el contexto sea diferente, a partir de las experiencias adquiridas en la discusión y resistencia a la LES 24.521 (actualmente vigente), sabemos que las diferencias entrarán en juego cuando la comunidad universitaria cuente con los documentos definitivos, tanto del CIN como del Gobierno Nacional. En todos los casos, los documentos han sido elaborados para acordar lineamientos generales, no son proyectos de ley. Por esta razón, las jornadas interclaustro realizadas en nuestra Facultad, que tiene una larga tradición en los debates sobre la LES, estuvieron guiadas por la evidente sedimentación de un saber práctico dado por años de debate y una consciente preocupación que reconoce la complejidad que conlleva la distancia existente entre los consensos locales y las decisiones a nivel nacional. Lejos de todo desaliento, el plenario de cierre acordó leer las jornadas como el inicio de un trabajo que progresivamente será más intensivo y cuya productividad se espera irá haciéndose más contundente. Basta leer el documento elaborado para ver en él el resultado de un trabajo colectivo y, en sus detalles, una idea de democracia universitaria que no sólo pretende recuperar la Universidad intervenida por la LES, sino avanzar por sobre las crecientes formas de exclusión generadas en los últimos años, contemporáneas a la ley que hoy nos rige. 

La Ley de Educación Superior Nº 24.521 significó un “retroceso” absoluto respecto del carácter público y democrático que caracterizó a la Universidad argentina y, respectivamente, un gran “avance” en la mercantilización del conocimiento, tanto en relación a su producto como a su producción. Un retroceso que debe leerse también como interrupción abrupta del lento camino de recomposición de uno de los espacios más golpeados, pocos años atrás, por la última dictadura militar. Doce años mediaron entre la recuperación del gobierno constitucional y el intervencionismo estatal y privado inscripto en la LES, y doce años median entre su vigencia y nuestra actual discusión. Por eso, nuestros objetivos no pueden sólo volver a afirmarse en los pilares básicos de la Universidad pública anteriores a la LES sin reconocer los efectos producidos por ésta, las transformaciones acontecidas en el campo del conocimiento y su producción -a las que esta Ley brindó sólo un marco institucional, pero que se han afianzado en las mismas prácticas académicas de múltiples maneras-, así como los cambios acontecidos en la sociedad argentina y en el escenario mundial (dado que el conocimiento es uno de los espacios privilegiados del veloz intercambio global).

No podemos aquí realizar un análisis pormenorizado de los documentos en circulación, no sólo por su amplitud, sino porque su entrecruzamiento desconocería la diferente naturaleza de las distintas reuniones, de sus objetivos específicos como de los procedimientos mismos para fijar los acuerdos. Sin embargo, sí nos interesa resaltar la importancia del documento producido en nuestra Facultad. Tomemos como ejemplo uno de los puntos discutidos, la gratuidad de la educación superior, que en el documento aparece definido por lo menos en tres puntos, entre otros, trabajados en diferentes comisiones (documento en el que, por supuesto, también se han registrado los disensos): “Rechazar la mercantilización del conocimiento y garantizar la formación continua gratuita”, “La figura de ‘estudiante’ con el goce pleno de sus derechos corresponde a todos los niveles educativos de la universidad, pregrado, grado y postgrado y todo tipo de titulación”, “Oposición a cualquier tipo de arancelamiento y  cobro de tasas en cualquiera de las instancias de acreditación o certificación”.

En el actual escenario internacional, que la universidad argentina reafirme el principio de gratuidad de la educación superior -aunque para nosotros represente un principio de continuidad-, debe reconocerse como una ruptura radical, una cuña clavada en el propio tiempo. Sin embargo, que la gratuidad de la enseñanza superior se limite explícitamente a la formación de grado, hace de la gratuidad un principio de equidad limitado, cuando no engañoso. La Universidad reconoce críticamente todas las instancias de exclusión social pre-universitarias, pero también debe poner en cuestión las instancias de exclusión que genera la política de posgrado (que no son pos-universitarias, como puede ser el campo laboral o profesional independiente). Es la misma Universidad la que crea, reconoce, administra, y legisla la formación de posgrado, las titulaciones y los cursos; es ella la que designa al “doctorado” como título máximo, ocupando cada vez más la función de criterio privilegiado (cuando no necesario) de acceso a la docencia, y más aún a la investigación (que, según se comparte, es inseparable de la docencia). La gratuidad, extendida a todos los niveles de la formación universitaria, hace de la democracia una idea que opera sobre el propio tiempo, un principio en permanente expansión que reconoce las nuevas exigencias para que éstas no se transformen en nuevas formas de exclusión. A su vez, se entrelaza con otro compromiso, la igualdad en el acceso a los cargos docentes y el compromiso con su perfeccionamiento. Y, por último, ratifica coherentemente el efectivo compromiso de rechazo a la mercantilización del conocimiento, en lugar de participar en la disputa por el monopolio del negocio del conocimiento (porque en el posgrado se hace más bien difusa la distinción entre educación pública y educación privada, tan bien definida en otros campos). A este planteo, bien puede sumarse los diferentes programas de postitulación, de manera tal que exista una efectiva articulación entre universidad y formación media e inicial; articulación que no puede constar sólo de la compatibilización de criterios, ni de fragmentadas intervenciones, sino de un verdadero espacio de formación e investigación que responda a las demandas de la sociedad.

Si no entendemos la gratuidad como una de los fundamentos de la democracia, la formación de grado se convertirá en una isla cuyos márgenes serán erosionados lentamente hasta llegar al punto en que su desaparición no modificará en absoluto la geografía general. La universidad democrática no puede pensar en la conservación de ciertos valores, sino en una permanente expansión de sus potencialidades. El tan proclamado vínculo entre universidad y sociedad no puede ser el de un espejo, donde se devuelvan mutuamente la imagen de su progresiva degradación, sino un vínculo activo de mutuo fortalecimiento.

La discusión sobre el significado de la “gratuidad” de la educación pública, entre otros puntos, inscripta en una discusión sobre la democracia universitaria, marca la distancia existente entre la defensa de una “ley marco” como reivindicación de la autonomía y la autarquía, y la desregulación de la educación. De igual manera, en la delicada discusión sobre el co-gobierno, esperamos que ésta también esté guiada por una preocupación o, mejor, por un interrogante sobre el significado de la democracia: no sólo de la universidad, en tanto “democracia universitaria” (que evidentemente tiene una especificidad ineludible), sino para la comunidad universitaria, como “democracia en la universidad”. Al mismo tiempo, la universidad debe asumir la responsabilidad ineludible del significado que posee su pronunciamiento sobre una forma de comprender la democracia frente a la sociedad. Por ello, debemos interrogarnos por nuestros límites, nuestros temores, nuestra oculta desconfianza para con la democracia, que nos lleva a suponer que las mayorías, que los consensos, no son acontecimientos sujetos a construcción, sino instancias que conviene definir a priori. Por qué evitar de antemano la incerteza, la duda, cierta incertidumbre; aquello que representa con mayor claridad el vínculo más estrecho entre democracia y conocimiento, ese lazo sin el cual resulta imposible comprender la historia misma de nuestra Universidad, sus invaluables logros así como sus tragedias.

Sebastián Torres
Docente de la Escuela de Filosofía – FFyH –UNC

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