75 años de la gratuidad universitaria: soberanía, justicia, educación

Guillermo Vázquez, docente e investigador de la FFyH y la Facultad de Ciencias Sociales, recupera una de las políticas más estratégicas y transformadoras del primer gobierno peronista, que permitió el acceso a la educación superior de las clases humildes y trabajadoras en un proceso de democratización de la educación superior que se había iniciado con la Reforma Universitaria de 1918.

El Decreto presidencial 29.337 sancionó la suspensión del cobro de los aranceles para las universidades nacionales, contemplada para marzo del año siguiente (pero se retrotraían a junio de 1949). Hasta ese momento, se cobraban derechos de exámenes, utilización de la biblioteca, trámites de habilitación de títulos y certificados. A pesar de la robustez universitaria que hubo en nuestra región incluso desde las colonias, la gratuidad, hasta esa fecha, nunca había sido posible en la universidad argentina. El proceso de gratuidad fue entonces siendo progresivo, abarcando también a los institutos superiores de formación unos años después durante el segundo gobierno de Perón[1]. Quizás ese proceso de gratuidad abierto ahí, no sea una mera información contable o fiscal del Estado, sino un proyecto, como el de la reforma de 1918, que continúa hasta nuestros días. Una suerte de horizonte permanente de la universidad. ¿Qué se necesita para garantizar la gratuidad? ¿Cómo lograr una inclusión real que no sea meramente declamativa?

En una de sus largas entrevistas a comienzos de los años 70, todavía en el exilio, Perón recuerda la importancia de la derogación de los aranceles para que se admitiera efectivamente −no como una mera declaración− a los hijos de obreros, y menciona que antes solo estaba admitido el oligarca. Esa visión al interior del entramado social argentino, viendo quiénes podían y quiénes no acceder a un derecho, fue una marca fundamental del peronismo. Escuchada hoy la frase de Perón, no podemos dejar de pensar que asistimos a una brutal inversión de esa idea en la autoproclamada batalla cultural que libra el libertarianismo gobernante en todos los planos (incluido el universitario): el proyecto actual tiene por “benefactores sociales” a empresarios o financistas megamillonarios, contra la casta de “privilegiados” que anidan en universidades públicas, sindicatos, movimientos sociales.

No es casual que en el mismo año se hayan realizado tres de los grandes acontecimientos políticos y culturales del primer peronismo: 1949 es el año de la derogación de los aranceles universitarios, de la reforma constitucional y del Congreso de Filosofía. Contra el extendido prejuicio de un presunto antiintelectualismo o poca preocupación del peronismo por el desarrollo de la universidad y el conocimiento (ese recorte tan descontextualizado, interesado e injusto que del cántico “alpargatas sí, libros no”), la cultura universal, con las creaciones propias de los pueblos del mundo, fue clave en el primer peronismo. Cuenta Leopoldo Marechal que, habiéndose perdido el manuscrito de la obra teatral Antígona Vélez a pocas semanas de su estreno en el año 1951, fue la propia Eva Perón la que lo llama pidiéndole que la termine para estrenarla: era una versión de un clásico griego escrita para el acceso y el disfrute del pueblo argentino. Ese pequeño hecho refleja el mundo de entonces.

El peronismo entendía a la universidad como parte un proyecto de largo alcance. Había detrás una idea de país que buscaba combinar soberanía nacional, independencia económica y justicia social. Era imposible pensar en ello sin la inclusión estratégica de las universidades nacionales. No importa la riqueza de recursos naturales que pueda haber en una nación, su progreso histórico siempre va acompañado de la ciencia y la cultura. La Constitución de 1949 contemplaba en su artículo 37 (del capítulo III) a los “Derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y la cultura”, y ahí mismo estaba el apartado IV: “De la educación y la cultura”.

Acaso solo sea posible acercarse al pasado desde el presente. La conmemoración del decreto de supresión de aranceles en estos días es de vital importancia, y abre preguntas sobre un posible camino a seguir en el medio de una embestida quizás nunca antes vista contra la idea de gratuidad y publicidad de las universidades argentinas por parte del gobierno nacional. Una de las alternativas para mantener de pie a estas instituciones es volver a tomar esos ejes que conformaban el proyecto amplio y estratégico que el peronismo había dejado como posibilidad: la gratuidad no es un derecho individual, sino colectivo. Solo es posible una universidad pública y gratuita contemplando la defensa de la soberanía nacional, y en la incesante búsqueda de justicia social.

Por Guillermo Vázquez,
Dr. en Filosofía, docente e investigador FFyH/FCS


[1] Nayla Pis Diez “La supresión del cobro de aranceles universiarios en Argentina (1949/1952/1954). Posiciones y oposiciones en torno a una pieza clave del ‘modelo peronista de universidad’” en Benente, Mauro (comp.) “Donde antes estaba solamente admitido el oligarca. La gratuidad de la educación superior, a 70 años, Edunpaz, 2019. De acceso gratuito en: https://edunpaz.unpaz.edu.ar/OMP/index.php/edunpaz/catalog/book/32