Ante un nuevo ataque al sistema universitario argentino por parte de quienes conducen el gobierno nacional, la docente e investigadora de la FFyH, Carol Solis, propone un recorrido histórico sobre las luchas que hicieron posible que la educación superior sea un derecho para las grandes mayorías, pero también cuáles fueron los proyectos políticos que buscaron desmasificarla y elitizarla a través del arancelamiento y los cupos de ingreso, con el objetivo de “limitar el acceso al conocimiento, controlar y disciplinar a sus cuerpos, achicar la prestación del servicio educativo y despolitizar la vida universitaria”.
En días de aumento de la conflictividad universitaria, una de las amenazas que se reitera contra las demandas genuinas de su comunidad en el reclamo por el aumento del presupuesto y del salario de sus trabajadores/as, es la amenaza del arancelamiento. Y aquí conviene recordar algo que no todos saben: la gratuidad de los estudios universitarios no nació con la universidad, sino que fue una conquista más bien reciente, de mediados del siglo XX.
Es decir, si la Reforma Universitaria es un hito fundamental en la historia de las universidades, lo cierto es que no avanzó en la gratuidad, ésta se legisló recién en los años del peronismo histórico. Más precisamente, con el decreto presidencial 29.327 del 22 de noviembre de 1949.
Fue en los años de la última dictadura cívico-militar cuando se retomó el proyecto del arancelamiento, y se hizo como parte de un proyecto educacional más integral que buscó desmasificarla, elitizarla y, posteriormente, arancelarla. La batería de medidas orientadas al achicamiento y disciplinamiento de las universidades se había iniciado antes, al final del tercer gobierno peronista asumido en 1973, pero se continuó y profundizó con la intervención militar de las universidades tras el golpe del 24 de marzo de 1976, con el cierre de ciertas carreras y las políticas de restricciones al ingreso, con exámenes y cupos por carreras, además de un aumento de la vigilancia y depuración de los claustros.
Estas políticas de desmasificación de las universidades fueron el modo en que -junto con el ejercicio de la violencia represiva de carácter sistemático- se buscó despolitizar a las universidades, estrategia que combinó un agudo disciplinamiento con el giro conservador en sus contenidos.
Vaciamiento por etapas
Si bien las políticas de restricción al ingreso y permanencia se mantuvieron vigentes durante todos los años que duró la dictadura, pueden establecerse dos etapas. Por un lado, un momento en la dinámica de las universidades entre 1976 y 1979, claramente delimitado por la urgencia del disciplinamiento y la subordinación de sus objetivos académicos a la “lucha contra la subversión” y la despolitización de los claustros, que se hizo en sintonía con la prolongación de las leyes de excepción que, bajo la condición de amenaza, el gobierno había dictado al inicio y sistemáticamente prorrogado desde entonces. Este momento es claramente represivo, de desestructuración del orden previo.
Por otro, un segundo momento de profundización de la orientación normalizadora a través de la modificación de la ley universitaria, en 1980. Es precisamente en este contexto, refundacional si pensamos en que tal ley orientaba el ordenamiento definitivo que tendrían las universidades, que además de insistir en políticas de restricciones al ingreso con exámenes eliminatorios y cupos de admisión por carreras, la normativa introdujo la posibilidad del arancelamiento en Córdoba.
Dentro de las repercusiones que tuvo esa ley en el escenario local, el 16 de septiembre de 1980 el Colegio de Médicos de Córdoba sacó una declaración pública en contra por considerar inconsulta la nueva ley universitaria, señalando que el artículo 39 del arancelamiento contradecía “el criterio que siempre se sustentó en nuestro sistema de enseñanza, cual es el de brindar a todos los integrantes de la comunidad la igualdad de oportunidades”. (1) La interpretación negativa de la ley era clara por su “tendencia a la preservación de las elites, marginando a los sectores menos pudientes”.
A pesar de estos y otros cuestionamientos, el arancel se aplicó, pero sobre un escenario estudiantil que ya venía achicado por las políticas de restricción del ingreso. Así, la universidad fue primero empequeñecida y luego arancelada, en un contexto donde las resistencias del movimiento estudiantil estaban mermadas por la propia acción represiva que sistemáticamente venía sufriendo su comunidad.
Los 90
Como corolario de un proceso de desfinanciamiento de lo público estatal que ya venía de la dictadura y se mantuvo en los años de la recuperación democrática, en los años noventa se inició otra embestida contra las universidades, que incluyó la temática del arancelamiento dentro de otro proyecto refundacional que buscaba adecuar el marco normativo universitario a las nuevas lógicas de primacía del mercado por sobre el Estado.
Fueron años en que se discutió un nuevo proyecto de ley universitaria -en agenda desde 1994 pero recién tratado en 1995-, que hizo estallar un conflicto histórico con el movimiento estudiantil, protagonista principal de una lucha que incluyó a la comunidad toda. Una vez sancionada la Ley de Educación Superior, pese a la magnitud del conflicto, la disputa en contra de la ley se trasladó a la disputa por impedir la adecuación de los estatutos universitarios a la mencionada normativa.
Aquel proyecto de ley “menemista”, incluía también la posibilidad del arancelamiento, un tópico que fue ampliamente rechazado por la comunidad en su conjunto, pero que en Córdoba tuvo una particularidad: desde 1990, en el marco del proceso de desfinanciamiento ya aludido, existía una “Contribución Estudiantil”, de carácter obligatorio –lo cual ya era una contradicción-, que lxs estudiantes pagaban para el sostenimiento de servicios para-educativos. Es decir, no se utilizaba para el pago de salarios, pero sí pagaba insumos, mobiliario, etc. Si bien el mecanismo preveía la eximición del pago, había que demostrar la imposibilidad “material” de hacer tal contribución.
En otras palabras, en los años 90 en Córdoba el movimiento estudiantil de la U.N.C. masivamente rechazaba la ley universitaria del menemismo, al tiempo que existía una contribución no voluntaria que pagaba el estudiantado, imprimiendo un desafío extra a las construcciones políticas en conflicto que pretendía masificar el rechazo y a la vez confrontaba con el oficialismo universitario local. Finalmente no llegó a incluirse el arancelamiento en la nueva ley, pero tampoco se derogó la Contribución Estudiantil cordobesa.
La nueva Ley de Educación Superior de 1995 incluyó explícitamente el rechazo al arancel: “ARTICULO 2º bis. — Los estudios de grado en las instituciones de educación superior de gestión estatal son gratuitos e implican la prohibición de establecer sobre ellos cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directos o indirectos”.
El objetivo de poner de relieve esta breve historización es, en primer lugar, recordar que la universidad no nació gratuita, que esa condición fue una conquista relativamente contemporánea que efectivamente permitió una ampliación de la matrícula, lo que habilitó que la universidad pasara a cumplir su función de movilidad social ascendente.
Por otro lado, resaltar que las propuestas de arancelamiento universitario no son nuevas, se han producido en contextos en general dictatoriales excluyentes, y que para fundamentarlas se han esgrimido tanto criterios económicos, es decir presupuestarios, como estrictamente políticos.
Con esto quiero decir que la historia reciente demuestra que el arancelamiento no aparece como un proceso único, va de la mano de proyectos de desmasificación de la población universitaria, con políticas orientadas a la elitización de las universidades que persiguen varios objetivos a la vez, como limitar el acceso al conocimiento, controlar y disciplinar a sus cuerpos, achicar la prestación del servicio educativo y despolitizar la vida universitaria.
Por Carol Solis
Docente e investigadora de la FFyH.