Investigación

Estudios de campo

 

Desde hace tiempo, en la FFyH también se realizan trabajos sobre el sector rural. Gabriela Olivera, docente e investigadora del Ciffyh y de Conicet, analiza los actores sociales, las políticas agropecuarias que llevaron adelante todos los gobiernos para ponerlos en relación con la crisis y el conflicto que se vive actualmente.


Cuadro de situación

Todo empezó el 11 de marzo de 2008. Ese día, el joven y prometedor (ex) ministro de Economía Martín Lousteau presentó un nuevo esquema móvil para las retenciones. La medida, plasmada en la resolución 125, implicaba un aumento del 35 al 44% para la soja y del 32 al 39% para el girasol y alcanzaba a todos los productores sin distinción del tamaño de su campo.
Al otro día, cuatro entidades agropecuarias -Sociedad Rural Argentina (SRA), Federación Agraria Argentina (FAA), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y Confederación Intercooperativa Agropecuaria (Coninagro)- se unieron, junto con los chacareros autoconconvocados y el empresariado rural, para reclamar por la medida adoptada, cortaron rutas y produjeron uno de los más grandes lock out que haya sufrido el país.
Después, faltaron alimentos en los supermercados, se hicieron grandes actos masivos de un lado y el otro, se anunciaron reintegros para los productores más pequeños, renunció Lousteau, la presidenta anunció que lo recaudado por la suba de las retenciones se iba a destinar a la construcción de hospitales, caminos y centros de salud.
Hasta que el 17 de junio, Cristina Fernández de Kirchner, en uno de los tantos discursos por cadena nacional, comunicó el envío de la resolución al Congreso. Al tiempo, el 5 de julio, con algunos cambios al proyecto original, la cámara de Diputados lo aprobó y dio media sanción.
Y pasó a la Cámara de Senadores. Idas y vueltas. Nervios en el recinto. Llamadas a altas horas de la noche. Ojeras. Funcionarios que no conciliaban el sueño. Julio César Cleto Cobos, vicepresidente de la Nación, radical K, mendocino, ex gobernador de su provincia, a las 4 y media de la madrugada de un 17 de julio dijo que su voto “no era positivo”.

Una postura crítica
Más allá de este último conflicto que tuvo como protagonistas principales a los sectores agropecuarios y el gobierno, en la Facultad, los estudios e investigaciones sobre los debates, perspectivas, actores y procesos agrarios durante el siglo XX, también tienen lugar desde hace mucho tiempo.
Gabriela Olivera, historiadora, docente y directora de los proyectos "Cooperativismo, actores y procesos históricos en la región pampeana cordobesa (segunda mitad del s XX y albores del XXI)” e “Instituciones cooperativas y contexto histórico desde una perspectiva comparada: Sancor (Cooperativas Unidas Limitadas) y Federación Agraria Argentina (1938-1958)”, radicados en el Centro de Investigaciones de la FFyH, trabaja sobre estos temas.
“El principal aporte que hacen la historia y las ciencias sociales es una reflexión crítica acerca del presente, que está orientada por determinadas pautas y resultados que vienen de un campo interdisciplinario, con aportes de la antropología, la geografía, la sociología, la economía y las ciencias políticas. Esas herramientas de análisis te permiten tener una postura crítica. Por ejemplo, ante el conflicto que estamos viviendo, se producen embanderamientos de gente de diferente raigambre social o ideológica, que está a favor del campo o en contra, pero esa es una dualización que se produjo, que simplifica y que tiene determinadas repercusiones políticas. Entonces, la reflexión de las ciencias sociales te permite avanzar sobre esa dualización, que es una construcción política”, señala Olivera.

Los actores sociales
Olivera determina al sector agrario “como a aquél característico del ámbito rural atravesado por un conjunto de relaciones sociales, políticas y económicas que lo constituyen, le otorgan especificidad y, a la vez, lo imbrican estrechamente con lo ‘urbano’, el Estado y la sociedad”. “Las prácticas y representaciones de los actores, las acciones de las organizaciones rurales, las políticas instrumentadas desde el Estado instituyen y reinventan permanentemente lo ‘agrario’ y lo ‘rural”, dice.
Entonces, el “sector agrario” y el “ámbito rural” son entendidos como construcciones sociales y se encuentran sujetos a procesos transformadores y a otros que dificultan los cambios en las formas sociales agrarias. “La diversidad de actores colectivos, de formas de imbricación al Estado definen las características centrales de las formas sociales”, continúa. Una de las principales características de los estudios rurales que se llevan a cabo en la Facultad tiene que ver, justamente, con la búsqueda de esos actores.
De esta manera, Olivera explica el origen de los principales actores sociales que participaron de este último conflicto: “La Federación Agraria y la Sociedad Rural son actores sociales que se construyen a fines del siglo XIX, en el caso de la Sociedad Rural y en 1912 la Federación Agraria, en lo que se llama un sistema de representación dual, porque los sectores de la Sociedad Rural están ligados a los grupos dominantes, a los terratenientes, a los poseedores de la tierra. Ese grupo social prevalece dentro de esa entidad y tiene fuerte injerencia en las políticas públicas en la republica oligárquica. La Federación Agraria surge como una entidad contestataria, de resistencia, con pequeños y medianos productores rurales que en ese momento, en gran medida en la zona pampeana, eran agricultores y arrendatarios”.
Sin embargo, a partir de la década del 30, la visión dual entre las dos entidades se complejiza y surgen nuevas organizaciones rurales que expresan cambios y nuevas formas de interrelación entre los actores y el Estado. “La CRA surge en el año 1942, como una entidad que agrupa a medianos productores pampeanos muy integrados al mercado, donde hay predominio de la ganadería. Coninagro, es una entidad de tercer grado, que reúne a cooperativas primarias y federaciones, como por ejemplo Sancor, y se forma en el año 1956. Entonces se va conformando un mapa en donde ya no es el sector ligado al poder, el sector que disputa o que no tiene acceso a las agendas del Estado, sino que se va formando otro mapa. Incluso, no hay ninguna relación directa entre tipo de productor y entidad agraria, si bien en la Federación Agraria hay predominio de pequeños y medianos productores, el resto son actores en muchos casos constituidos con un empresario agrario muy concentrado, que acumula capital en el último período. No siempre estuvieron aliados. Esta es una alianza que tiene que ver con un momento determinado y hay que analizarla en sí misma”, completa la investigadora.
Para Olivera es “muy importante” el papel del Gobierno en este conflicto, porque “se formó un bloque social entre diferentes entidades agrarias que unificó al sector rural, pese a todas estas divergencias en cuanto al origen, representación social, intereses y políticas de cada entidad, en la medida en que el kircherismo no impulsó una política activa de beneficios a pequeños y medianos productores y de promoción regional cumplió un papel muy importante en unificarlos en la protesta”.
Pero, a la vez, Olivera reconoce que esto es difícil de comprender y sería engorroso explicárselo a los fundadores de la Federación Agraria, ligados a sectores del partido Socialista y al anarquismo. “Tal vez se revolcarían en sus cenizas”, dice.
Otros actores que participaron activamente en el conflicto, pero que no están incluidos en ninguna de las entidades agrarias son los productores autoconvocados. “Ellos forman parte de una problemática que atraviesa toda la sociedad argentina, que es la crisis de representación política. Hay sectores de productores que no se sienten representados en ninguna de esas cuatro entidades y hacen sus alianzas para tomar alguna medida concreta, pero tienen un comportamiento bastante errático que no responde a ningún lineamiento. Son sectores muy poco politizados, que perciben que hay un Estado que les quiere cobrar impuestos y que después ellos no se van a beneficiar”, explica Olivera.
Por su parte, los movimientos campesinos –dice la investigadora- son los nuevos sujetos sociales. “En este conflicto tuvieron una posición de silencio que dice mucho. Es un silencio muy significativo porque ellos en ningún momento hacen una alianza para apoyar al movimiento chacarero. Sus problemas no son las retenciones, sino políticas específicas de acceso a la tierra”.

La racionalidad de los actores
Si hay algo que faltó durante los más de 100 días que se prolongó la primera crisis del kirchnerismo fue cordura, sensatez y racionalidad. Por un lado, como señala Olivera, fue una jugada del poder político intentar homologar lo que fue el primer plan quinquenal de Perón con lo que pretendía hacer el Gobierno. “Fue una estrategia discursiva, porque en la época del primer plan quinquenal, Perón llevó a cabo una serie de medidas que trajeron como consecuencia una traslación de la renta agraria a la industrialización a través del Instituto Argentino de Promoción Industrial (IAPI), porque se estaba impulsando un tipo de industrialización sustitutiva que beneficiaba a amplios sectores de la población. Se estaba construyendo al actor obrero. En este caso, hay una traslación de la renta agraria que no se redistribuye. No hay una política activa como la hubo durante ese primer peronismo”, explica.
A esto hay que sumarle una opinión contraria al Estado interventor en muchos sectores del campo. “Dentro de los grupos que conforman las cuatro entidades, la Federación Agraria siempre fue el grupo menos antiestatista, que reclama mayor intervención estatal. Esta acción colectiva, como otras, produjo un momento de crisis política muy fuerte y de desestabilización porque el Estado no construyó instituciones a través de las cuales se puedan procesar las demandas de los diferentes actores. Todo se calmó cuando empezó a intervenir el Congreso, que es lo que se debería haber hecho desde el comienzo”, determina Olivera.
“La racionalidad de los actores es muy importante –dice-, son actores que funcionan por incentivos económicos, incluso cortoplacistas, porque hay gente que ni siquiera produce ella misma la soja, sino que tiene un paquete tecnológico armado con la provisión de la soja transgénica. Si es más conveniente este año, a corto plazo, sembrar soja y no trigo, siembro soja. Esa es la racionalidad de los actores. Por otro lado, el Estado, que podría crear a través de una política activa de incentivos para que comiencen a ser más rentables o a competir otras producciones con la soja, no lo hace”.
La historiadora, además, señala otro elemento importante que aparece constantemente en sus discursos y que el Gobierno no tuvo en cuenta: “El sector rural piensa que ellos son realmente los creadores de la riqueza, que son el sector que en distintos momentos históricos han sacado a la Argentina del endeudamiento”.

Políticas agropecuarias en el siglo XX
El "movimiento social" compuesto por los chacareros y los trabajadores rurales empieza a gestarse principios del siglo XX. Justamente, el llamado “Grito de Alcorta” es un hito de este movimiento, que prosigue con posterioridad a 1912 y que reconoce otro momento de auge en la conflictividad social durante el ciclo 1917-1921.
Este movimiento pugna por un conjunto de cuestiones como los contratos de arrendamientos más largos, que se reconozcan las mejoras realizadas por los arrendatarios, el seguro agrícola, la organización en cooperativas para hacer frente a una estructura de comercialización agraria concentrada y el reconocimiento estatal de los convenios de arrendamiento entre los arrendatarios y terratanientes, entre otros temas. Debido a este movimiento de protesta, que busca que el Estado reconozca las reivindicaciones, es el origen de la ley nacional de arrendamientos de 1921. “El sujeto ‘chacarero’ se va construyendo en este proceso y algunas capas acceden a la propiedad de la tierra, por la ley de 1921 y por el peso del mercado interno, que va marcando espacios de posibilidades de movilidad social ascendente en la agricultura familiar”, explica Olivera y agrega: “Se vuelve más heterogéneo internamente e incluso se conforman núcleos de burguesías rurales”.
Desde la década del 30, en un contexto nacional de industrialización por sustitución de importaciones, el Estado nacional establece nuevas estrategias para diversificar y aumentar la producción agroindustrial. En la década siguiente, comienzan las políticas más activas en la regulación para el sector agrario. “Hay un Estado interventor que trata de encauzar una conflictividad social muy fuerte dentro de los actores, porque hay sectores medios e incluso trabajadores rurales que pugnan por tener un espacio, un reconocimiento de sus organizaciones. A partir de la década del 40 comienzan políticas, anteriores a las impulsadas por Perón, de congelamiento de precios, en épocas inflacionarias, de los arrendamientos, de manera que no se produzca expulsión y para contener socialmente a los productores”, advierte la historiadora.
Después, en el primer gobierno de Juan Domingo Perón, algunos autores sostienen que se llevaron “políticas de castigo al campo”, ya que el interés del mandatario pasaba por el desarrollo de la industria y no del ámbito rural. Sin embargo, en este período los peones y trabajadores rurales adquirieron sindicalización y existió, además, una política de fomento cooperativo que beneficiaba a los sectores chacareros. “El sector que menos se  benefició fue el de las grandes empresas agroexportadoras cerealeras. Los chacareros que eran pro-intervencionismo estatal en comercialización, porque querían que fuera más democrática la comercialización y no hubiera una estructura tan concentrada, en lo que se refiere a la fuerza laboral, eran totalmente liberales y no querían que Perón se inmiscuyera en esas cuestiones”, sintetiza Olivera.
Luego, con el desarrollismo, comienzan políticas que claramente apuntan a una acumulación de capital de los sectores más concentrados del agro. “Hay muchos vaivenes en la política pública y muchas disputas entre el sector industrial y el sector agrario”, señala.
El tercer gobierno peronista, tímidamente, plantea una renta potencial a la tierra. Se pretende gravar aquella tierra improductiva, pero ese proyecto de ley ni siquiera llegó a aprobarse por la presión de la Sociedad Rural.
Posteriormente, el proceso militar de 1976 barre con todo. De alguna manera, la Sociedad Rural avala y sostiene la dictadura y lo primero que hace José Martínez de Hoz es sacar las retenciones. “En ese momento, hay buenos precios internacionales y se vende trigo a la Unión Soviética, pero con las políticas de desindustrialización global acaba incluso asfixiando al sector rural, pese a que había sido uno de sus bastiones. El proceso militar beneficia más a los sectores financieros que a los industriales, o sea que durante la dictadura el sector agrario no tiene un desarrollo tecnológico o productivo importante”, sostiene Olivera.
Durante estos años, también la Federación Agraria es una entidad prohibida. “Trabaja, pero no está reconocida por el Estado, como otras entidades que representaban intereses. El diálogo entre la Sociedad Rural y el gobierno se daba por canales informales, por familias propietarias, por relaciones prebendatarias individuales, porque el proceso no adopta la lógica de la presencia de las asociaciones”, señala.
El desarrollo tecnológico para el campo llega recién en los 90, con Carlos Menem en el poder. Se sanciona en 1993 la ley de desregulación rural “pero bajo el acaparamiento y concentración de las mejores tierras bajo un modelo tecnológico bien integrado al mercado”, sostiene la historiadora. “Desde los 90 hubo un proceso de concentración de la estructura agraria, donde cada vez hay más ricos y más pobres. Porque una característica de Argentina a comparación de otros países, por ejemplo Brasil, es que la agricultura familiar, la clase media rural, fue muy fuerte, sin embargo hay un aburguesamiento y una urbanización de los productores rurales, donde ese mundo chacarero se va desvaneciendo y se toman patrones de vida, consumo e inversión que no se distinguen de los patrones urbanos”, concluye.

Reforma agraria
“¿Cuál es la solución?”, preguntaba Eduardo Buzzi, presidente de la Federación Agraria, desde una tarima en un acto en Gualeguaychú. “¡Reforma agraria!”, le gritó un descolgado del fondo. “Psss, ¿reforma agraria?”, contestó de forma irónica, sonriendo y con un gesto entre la negación y la sorpresa por lo que gritaban. Definitivamente esa no era la respuesta que esperaba.
Sin embargo, cuando asumió la presidencia de la agrupación, el proyecto por el cual es elegido planteaba la alianza con el sector chacarero pampeano, las economías campesinas regionales y de retomar el tema del acceso a la tierra de los sectores más pobres y la lucha contra las grandes empresas como Monsanto.
Ningún gobierno en la Argentina fue capaz de llevar a cabo una reforma agraria. Nadie lo propuso en sus plataformas políticas, pero en los 70, sobre todo las ligas agrarias y los campesinos del noroeste, ligados al peronismo, planteaban esta cuestión.

- ¿Es posible llevar a cabo una reforma agraria en el país?
- Tenemos que ver que entendemos por reforma agraria. Reforma agraria es repartir o redistribuir, pero también está unido a la noción de modernización. La socialización puede ser otra reforma agraria. Si la entendemos en esos términos, en Argentina, en alguna medida, se fue dando con el desarrollo capitalista. Con el desarrollo del Estado hubo formación, trayectorias de movilidad social ascendente y formación de burguesías rurales. La imagen tradicional de los estudios rurales muestra en Argentina una visión polar, dicotómica entre un poder terrateniente oligárquico y un sector de pobres arrendatarios, inmigrantes, que nunca pueden ascender.  En realidad, todos los estudios de la década del 80 hasta ahora, demuestran que la cosa es mucho más compleja y que nuestro modelo recrea formas de agricultura familiar. Si bien desde los 90 se tiende a concentrar la estructura agraria, la tenencia y la propiedad de la tierra, los grupos campesinos, algunos ligados a ONGs, plantean una reforma agraria para ellos ya que son muy diferentes, porque no pueden acumular, viven en economías de subsistencia y no tienen acceso a  tecnologías o a mercados.
En el norte de Córdoba, por ejemplo, algunos grupos chacareros favorecidos con el precio de la soja, van a apropiarse de tierras que no tienen títulos saneados y porque son más baratas. Así están ocupando territorios campesinos. Entonces hay una lucha de resistencia de estos grupos, que no tienen la propiedad, pero si la posesión desde hace varias generaciones.

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