Opinión

Una pelea de fondo: la nueva Ley de Música

Las condiciones de la creación, la producción, la circulación, la apropiación y los usos de la música, ponen en juego elementos gravitantes a la hora de pensar una ley que regule dicha actividad artística. El espacio decisivo que ocupa la autogestión de los músicos en la Argentina, la concentración de los medios de producción de la floreciente industria, la existencia de una importante franja de producción artesanal, la representatividad gremial de los músicos argentinos, son parte de un delicado juego de intereses puestos en disputa en la mesa de análisis y redacción de la nueva ley.

Las complejas condiciones de producción social en que se entrama la actividad musical, atravesada de manera tan determinante por la industria, sometida a ciertas leyes del mercado simbólico, dependiente de la tecnología de reproducción sonora, constituyen escenarios en los que el músico (compositor o ejecutante) dista de ser el único actor y muchas veces, incluso, el actor privilegiado. El músico no es necesariamente el dueño de lo que produce, tanto en términos musicales como económicos. En ocasiones, mantiene su producción en un nivel artesanal, y ese es también el precio que paga por poder controlar su propia creación, su propia obra. En el otro extremo, sabemos que el músico puede lograr el máximo del control, ser su propio y próspero productor e incluso producir a otros músicos.
Los encuentros músico-público no son sólo casos de un intercambio simbólico, sino también económico, a veces millonario. Y el producto musical no se agota en esos encuentros en vivo, la tecnología lo reproduce al infinito, multiplicando exponencialmente los beneficios. Por lo tanto, no son sólo los propios músicos los interesados en regular la actividad, sino que se manifiesta un universo de intereses económicos enfrentados y cada paso dado hacia la profesionalización es una escena de algún tipo de lucha gremial o empresaria.
Contemplar la realidad laboral precarizada de los músicos independientes, la gran mayoría de quienes desarrollan la actividad, legislar para ellos, y a la vez para los grandes intereses que genera la dimensión masiva del negocio, supone un estrecho desfiladero legal cuyo tránsito es todo un desafío político.

Masa coral y pentimento de K
La intensa manifestación de músicos que se produjo en Capital Federal, en abril pasado, tuvo un carácter eminentemente defensivo: mil trescientos músicos se movilizaron, al sentir su situación laboral amenazada por algunos artículos de la recientemente decretada Ley 14.597, que regulaba la actividad de los ejecutantes musicales. El aspecto más resistido por parte de los músicos tuvo que ver con esa especie de racionalismo que impregnaba el decreto, cuyas definiciones estaban lejos de contemplar la realidad del extenso arco de condiciones en que se da la actividad y la trayectoria de un músico, especialmente de un músico popular, hoy, en la Argentina. Entre otras cosas, el decreto introducía la necesidad de un examen de “idoneidad” de músicos, que los habilitaba a matricularse y a obtener un carnet profesional, mediante el pago de una cuota al Sadem (Sindicato Argentino de Músicos), la única entidad gremial reconocida por el gobierno.
La impresionante respuesta a la convocatoria lanzada por un grupo de referentes de la música popular argentina (entre ellos Raúl Carnota, Adrián Iaies, Liliana Herrero, Marcelo Moguilevsky y el cordobés Fernando Tarrés) tuvo el imperio de lo urgente, y se logró en tiempo récord, a fines de abril, una histórica reunión con el presidente Kirchner. En esa reunión había varios músicos que sólo participaron en la foto, junto a otros que venían haciéndolo en las movilizaciones. En la reunión con K, el presidente reconoció que se había equivocado al poner en vigencia la ley 14.597, anunció la inmediata derogación del decreto, a la vez que decretó la redacción de una nueva ley, esta vez consensuada con los propios músicos, junto a representantes gremiales y empresarios.

Una ley sin Murphy
La nueva fase reclamó un mayor nivel de compromiso a los músicos participantes, ahora devenidos Músicos Convocados y, por supuesto, no todos estaban en condiciones de anotarse para la tarea. Pasado el período de la efusividad, los músicos que quedaron al frente, no sólo conscientes de la responsabilidad y de los problemas a resolver sino también dispuestos a hacerse cargo, delimitaron comisiones de trabajo y se iniciaron los debates y los aportes tendientes a definir el texto de la nueva ley. Entre otras cosas, se abrió una comisión dirigida a encausar la participación de los músicos del interior, insertos en otras realidades y modalidades de trabajo.
En la serie de problemáticas analizadas, surgen temas como las disímiles condiciones de trabajo a que dan lugar los distintos circuitos musicales, y asimismo, las diferencias de status profesional entre los músicos. Al análisis de las condiciones desiguales del mercado de la música, se suman las diferencias de intereses con otros sectores que también reivindican representatividad a la hora de redactar la ley: los empresarios, y las organizaciones gremiales de los músicos. La letra de la ley debe atravesar la nada sencilla definición de las condiciones presentes y futuras de la actividad de músicos de muy diversas realidades en el desarrollo de su actividad.

Clarinetista autoconvocado
Marcelo Moguilevsky es, además de un extraordinario ejecutante de vientos, miembro de la Mesa Coordinadora de los Músicos Argentinos Convocados. Así explica los ejes de la nueva ley, en el criterio de la asamblea de músicos: “La ley que estamos intentando es una ley de la Música, no del músico, como era la anterior, o sea que no incluye solamente el estatuto del músico. Tiene dos ejes, por ahora, para nosotros: uno es la creación del Instituto Nacional de la Música, y el otro el estatuto del músico.”
En referencia al estatuto del músico, que era lo que proveía la ley 14.597, Moguilevsky explica lo siguiente: “De alguna manera, es la intención de este grupo que esta ley que se derogó, que bregaba por una cantidad de derechos del músico dependiente, especialmente, esté contenida dentro de lo que va a ser el estatuto nuevo del músico. O sea no es que esa ley se acabó y entonces queda sin ley el músico. Había una serie de cosas positivas, y ésas las estamos tratando de levantar en el nuevo estatuto.”
Sin embargo, la ley recientemente derogada, redactada en 1958, había quedado desactualizada en relación a la situación real del músico argentino hoy. Moguilevsky hace hincapié en la necesidad de introducir la figura del músico independiente: “Vos imaginate que los últimos cincuenta años de la música argentina están basados en la autogestión, desde la aparición del rock como fenómeno musical, hasta todo lo que se hace en la cultura alternativa que no tiene que ver con la música comercial, o la música establecida por las orquestas. Pero agregando algo de lo que la ley anterior adolecía, que era la figura del músico independiente. Todas las figuras que somos todos los músicos del país, un ochenta por ciento de la población de la música, no estaba contenida dentro de la ley anterior. Entonces nosotros estamos intentando construir una ley con mucha paciencia y con mucha fineza, una ley que logre proteger a todos los sectores de la música, no solamente a aquellos que gozan hoy día ya de las paritarias, de los sueldos mínimos, del blanqueo, ¿no es cierto?”.
Por su parte, el Instituto Nacional de la Música sería una entidad a través de la cual se instituiría una política de Estado referida a la música. En relación a este tema, Marcelo Moguilevsky expresa que “debería ser un ente autárquico nacional que maneje fondos obtenidos desde una gestión de gobierno, por la cual lograríamos llegar al fomento de la actividad musical en la producción y la difusión de la música nacional a través del subsidios, de becas, de distintos mecanismos de fomento.”
Estos ejes y la posición que representa la asamblea de los músicos son parte de una confrontación de intereses que se dará en la mesa de concertación con representantes del Sadem (Sindicato Argentino de Músicos, cuya actual conducción gestionó la aplicación de la ley 14.597), y con representantes de los empleadores de la actividad musical, es decir los empresarios del sector. Las aspiraciones empresarias a regular aspectos de la actividad ameritan un análisis más extenso. Del lado gremial, se sabe que la actual conducción del Sadem cuestiona la representatividad de la asamblea de músicos y que, de antemano, dicha gremial no reconoce estatus profesional a los músicos autónomos. Podemos ir sacando cuentas.
Por todo esto es importante seguir con atención el proceso, participar de la asamblea de los músicos, organizarse, brindar el apoyo a los compañeros que defienden los intereses de los músicos en la confección de esta herramienta legal, mantenerse al tanto de una discusión fina y compleja, y sobre todo crucial para el futuro del valioso recurso cultural que representa la música argentina.

Por Gabriel Abalos
Titular de la cátedra de Folklore Musical Argentino en el Departamento de Música de la Escuela de Artes.

1 Entrevista realizada el sábado 10 de Junio, en Córdoba, tras una exquisita velada de Marcelo Moguilevsky en clarinetes y flautas, y Juan Falú en guitarra, recreando música popular argentina.