El próximo 16 de diciembre, la Asamblea Universitaria – integrada por los miembros de los consejos directivos de las doce facultades- se reunirá para elegir a las nuevas autoridades que ocuparán los cargos de rector y vicerrector en la UNC por un período de tres años.
En un escenario marcado fuertemente por las disputas personales y los enfrentamientos mezquinos, es propicio reflexionar sobre la Universidad, promover los grandes debates pendientes y apoyar las decisiones institucionales sobre bases más serias. De ese modo será posible avanzar en replanteos estructurales considerando, sin embargo, que los cambios sustanciales son el resultado de procesos acumulativos, de construcción cotidiana, donde los que asuman la responsabilidad de gestión de los asuntos comunes deberán comprometerse a trabajar por la equidad, la publicidad de los actos, la construcción de consensos, la seriedad académica y la racionalidad administrativa, pero, sobre todo, a no aceptar directa ni indirectamente, la impunidad y la arbitrariedad en el manejo de los asuntos públicos. Surge, así, con fuerza la necesidad de construir y apoyar nuevos espacios políticos, generados a partir de las convicciones y la activa participación de hombres y mujeres que sueñan un destino diferente para nuestra Universidad.
Retomando la histórica función de esta institución, que debe aportar al bien común y a la construcción colectiva del conocimiento, es imperioso bregar por una Universidad democrática, pluralista, promotora de la calidad académica y de los valores humanistas; que apunte a la formación no sólo de profesionales idóneos sino, también, de ciudadanos comprometidos con su tiempo, capaces de defender la educación como un derecho humano. Una institución generadora de conocimiento con posibilidades ciertas de pensar los temas más sustanciales del país y del mundo, aportando perspectivas que permitan dar respuesta a los debates más urgentes e importantes.
Hace tiempo que nos enfrentamos a una forma empobrecida o menoscabada de la política universitaria, reducida al mero equilibrio de intereses entre los sectores gobernantes, al reparto de beneficios, a la administración de los recursos, a la mera aceptación pasiva del orden de las cosas. La implementación de un nuevo proyecto para la UNC supone, pues, una nueva valoración de la política puesto que ella, como toda institución pública, es constitutivamente política. Y esta caracterización no nos desvía de las metas educativas, científicas, de formación, de participación en la solución de los problemas sociales que la caracterizan; sino que entendemos que esta meta, por ser de interés público, sólo puede resolverse políticamente a partir de mecanismos y conductas que preservan el sentido democrático propio de nuestra condición de ciudadanos.