Violencia institucionalizada y
resistencia social en la dictadura

La pregunta por el surgimiento y posterior desarrollo de los organismos defensores de derechos humanos en Córdoba es uno de los ejes principales que orientó el trabajo final recientemente presentado por Silvina Oviedo y Carol Solis para obtener el título de licenciadas en Historia. “Nuestra investigación ha pretendido ser una primera aproximación a las condiciones históricas de emergencia de los organismos desde un enfoque local, tomando como referencia las vinculaciones con la etapa pre-golpe”, señalan las autoras en esta síntesis que elaboraron especialmente para Alfilo.

Tras siete años de dictadura militar, en 1983 la fisonomía de los actores políticos y sociales se había modificado profundamente. En este escenario, quizás la novedad más importante fue la aparición de los organismos defensores de los derechos humanos, fundamentales para comprender el origen histórico de la cuestión de los derechos humanos en Argentina.

¿Cómo surgieron los organismos de derechos humanos en Córdoba? ¿Qué relaciones pueden establecerse con la experiencia social previa y ciertas notas de identidad? ¿Qué cambios y continuidades pueden observarse respecto a otros espacios de defensa y solidaridad? Desde estos interrogantes generales, en lo que sigue, nos proponemos mostrar algunos tópicos de nuestra investigación que ha pretendido ser una primera aproximación a las condiciones históricas de emergencia de los organismos desde un enfoque local, tomando como referencia las vinculaciones con la etapa pre-golpe.

El recurso a formas institucionalizadas de violencia como estrategia contra la disidencia ha sido un rasgo persistente en la política argentina contemporánea.

Sólo por mencionar algunos casos en el siglo XX, anarquistas, socialistas, comunistas, pero también los opositores al peronismo y, posteriormente, los propios peronistas debieron soportar la persecución, la cárcel, el exilio, la repatriación, la tortura y, en ocasiones, el asesinato.

El trato disciplinador a los familiares ha sido asimismo una constante, haciendo del silencio y el ocultamiento formas recurrentes de negación de la responsabilidad institucional en estos actos.

De todos modos, así como la represión a los opositores es de larga data en nuestro país, la creación de espacios de resistencia a la misma y, en particular, de organismos de defensa y solidaridad para los perseguidos y encarcelados reconoce numerosos antecedentes. Muy variados en origen y composición, más o menos autónomos de organizaciones políticas o sociales, todos ellos ayudaron a situar el problema de la represión y sus efectos.

Especialmente, al ritmo de la movilización y radicalización ideológica de los años sesenta, y sobretodo desde el Cordobazo, el aumento de la combatividad se tradujo también en un aumento sostenido de los niveles de represión. De aquella época son, en Córdoba, las varias organizaciones de solidaridad, más conocidas como “comisiones de presos” que centraban en la consigna “Libertad a los presos políticos, estudiantiles y sociales”, la denuncia y señalamiento de una injusticia cada vez más urgente. Con el apoyo de los profesionales del derecho, las tareas de asistencia a los afectados por la cárcel y a sus familiares, ponían en debate las condiciones de encierro y los traslados disciplinadores.

En 1973, con el retorno del peronismo al poder, la amnistía desactivó momentáneamente esta red de conflicto; aunque muchas de estas organizaciones no se disolvieron, y hasta mantuvieron lazos de sociabilidad entre sus miembros.

Pero, poco a poco, el avance de los sectores más ortodoxos y verticalistas en el Gobierno se correspondió con una nueva escalada represiva, al tiempo que varias organizaciones armadas actuaban ya desde la clandestinidad. En Córdoba, desde el Navarrazo se exacerbó la represión estatal y paraestatal contra los sectores combativos, principalmente sindicales; tendencia que se mantuvo, con oscilaciones, durante las tres intervenciones federales a la provincia entre 1974 y 1976. En particular, en la segunda mitad de 1975 se advierten rasgos de un nuevo patrón represivo, cada vez más institucional y clandestino, de la mano de la injerencia directa de las fuerzas armadas y su titular, Luciano Benjamín Menéndez.

Junto a las persecuciones, detenciones y torturas, los secuestros, asesinatos y desapariciones forzadas comenzaron a ser cada vez más frecuentes. Como primera respuesta social, digamos que, en todo el período, la acción denunciativa y la toma del espacio público muestra la multiplicación de asociaciones de defensa y solidaridad y la fuerte activación de redes. De igual modo, a las demandas de libertad se sumaron las consignas por la aparición de los secuestrados, y la formación de la primera Comisión Provisoria de familiares de secuestrados y desaparecidos, mucho antes del golpe, en enero de 1976, marcando el último intento de envergadura por lograr instalar el cese de la represión e interpelando a los poderes del Estado.

En este marco, el Golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 fue presentado aquí como una ceremonia sencilla de traspaso del poder. Desde entonces, la sociedad quedó a merced de un régimen dictatorial que, mediante el cercenamiento del espacio público y la implementación de un sistemático plan de represión clandestina, delineó los contornos de una Córdoba aterrorizada.

Es precisamente en el cruce entre esta historia previa y la nueva metodología del terror que se puede comprender la génesis de los organismos de defensa de derechos humanos, cuya presencia remite a la imposibilidad de mantener los espacios y modalidades de acción previa. De estos núcleos, nuestra investigación ha privilegiado aquellos espacios que tienen en los familiares y allegados directos de los afectados sus rasgos distintivos, quienes, con disímiles trayectorias previas, iniciaron el recorrido hacia una solución social que fuese primero certeza y luego justicia.

De hecho, la inédita experiencia abierta entonces significó para muchos inmovilismo, para otros negación, exilio, y represión, pero también solidaridad, emprendiendo el desafío de no aislarse.

En particular, es en esos espacios, alejados de la mirada del poder, en los que se iniciaron las primeras acciones de resistencia, a medida que se fueron anudando microinjusticias en la construcción colectiva de un problema común, a pesar del miedo y el desconcierto.

La designación genérica de “comisiones de familiares” para estas primeras modalidades de resistencia remite precisamente a esos espacios plurales en los que confluían por el drama de los detenidos desaparecidos y los presos políticos. Plurales, en cuanto a la procedencia ideológica y a la actuación política-social de los afectados. Comunes, porque los aglutinaba la tarea común de la búsqueda de sus seres queridos.

En una primera etapa, coincidente con los años de mayor intensidad represiva, estos actores desplegaron una lógica defensiva, en los niveles de la denominada infrapolítica, como la forma estratégica que debe tomar la resistencia en situaciones de peligro extremo. Parroquias, hogares y lugares públicos se convirtieron en espacios propicios para elaborar un discurso oculto, y establecer las primeras solidaridades. En ellos, juntar información fue la primigenia forma de resistencia, como lo expresa una entrevistada: “El juntar información era empezar a romper el cerco de la fragmentación y el terror, o unir los terrores.”