Los “desaparecidos” de la España franquista

A setenta años de la victoria electoral del Frente Popular y de la Guerra Civil Española, la Escuela de Historia de la FFyH -junto a la Escuela de Artes, la Escuela de Letras y el Programa de Psicoanálisis del Centro de Estudios Avanzados de la UNC, entre otras instituciones- organizó el simposio “Lecciones de España: última advertencia”. En ese encuentro, que se desarrolló en los meses de septiembre y octubre, Enrique Serra Padrós -profesor de Historia Contemporánea de la Universidade Federal do Rio Grande do Sul- presentó un trabajo de investigación sobre la desaparición de personas durante la represión franquista. Fosas comunes, enterramientos clandestinos, fusilamientos masivos, tortura y hasta el secuestro y la apropiación ilegal de niños fueron algunas de las prácticas que –al igual que en las dictaduras latinoamericanas- se registraron en aquel período.

Imágen extraida de visualresistance.org

Al término de la Segunda Guerra, los exilados republicanos españoles que lucharon en las filas del antifascismo contra el nazismo, solicitaron a los vencedores que incluyeran a la dictadura franquista entre los aliados del Eje. Si hubiesen sido atendidos, se podría haber sabido, ya en aquel momento, que en España hubo una práctica de desaparición cronológicamente anterior a la modalidad implementada por la Alemania nazi a través del Decreto Noche y Neblina, durante la Segunda Guerra Mundial.

Desde la irrupción de la insurrección de la derecha española y del comienzo de la consecuente guerra civil, en 1936, España fue sacudida por un conflicto que tuvo, entre otras modalidades de violencia, los denominados “paseos”, acciones en las que simpatizantes de una facción eran detenidos por los partidarios de la otra que los llevaban a inciertas caminatas, muchas veces en horarios nocturnos, en lugares yermos, despoblados, que generalmente terminaban en ejecuciones. Lo que durante mucho tiempo se consideró una práctica común de las vicisitudes de la violencia española (venganzas personales, revanchismos, desavenencias de la política local, etc.), se configuró de hecho –se supo después- como situaciones desproporcionadas entre los dos campos en conflicto.

Si bien es verdad que del lado republicano esto también sucedió, lo fue, comparativamente, en mucha menor proporción en relación a lo que ocurría del lado franquista. Aún, en cuanto a la violencia republicana, debe recordarse que se trataba de hechos motivados por cuestiones personales, por acciones de grupos políticos específicos o como consecuencia de una onda de violencia popular. No era, entretanto, una política estatal del gobierno del Frente Popular; éste, efectivamente, podía organizar juicios y hasta condenar a muerte algunos acusados de traición o de sabotaje. Pero no se puede olvidar que era el verdadero poder legítimo, constituido, democráticamente electo, que reaccionaba frente a la traición de la insurrección golpista de las Fuerzas Armadas y frente a la fuerte ingerencia y presencia de ejércitos invasores. El gobierno republicano actuaba públicamente, como Estado agredido. Puede afirmarse que en las regiones donde el golpe de Estado fue resistido, grupos radicales que habían tomado el comando local en nombre de la revolución y del antifascismo, promovieron persecuciones y ejecuciones. Pero esto era el resultado también de la debacle regional del gobierno del Frente Popular y de su actitud vacilante en defensa de la República.
Ya en el territorio que fue cayendo en manos de los amotinados, eran cada vez más concretas las evidencias de que las ejecuciones constituyeron una deliberada política estatal represiva practicada por el Ejército y la Falange Española y justificada por la Iglesia Católica, como señala el historiador británico Paul Preston; es decir, era una verdadera limpieza de los simpatizantes de la República[1]. Curiosamente, solamente en los últimos años la sociedad española ha adquirido una noción más aproximada de las dimensiones reales de la represión desencadenada contra los vencidos y, particularmente, sobre los miles de ciudadanos que fueron secuestrados, “paseados” y enterrados en fosas comunes y desconocidas; personas desaparecidas que no murieron en combate; personas que fueron retiradas de las cárceles franquistas, donde estaban presas sin juicio, o que eran parte del cupo de 10 por ciento de sospechosos de ser “rojillos” –cupo establecido por los oficiales golpistas cuando sus tropas entraban en los pueblos conquistados- que había que eliminar[2].

Por lo tanto, el franquismo transformó a esas víctimas en desaparecidos y un manto de silencio cubrió las informaciones sobre la localización de sus restos mortales. Informaciones y denuncias sobre innumerables fosas comunes, fusilamientos masivos, existencia de miles de familias que habían perdido integrantes durante los años del conflicto y en los años posteriores, afectan a la sociedad española aún pasados 70 años del inicio de la guerra civil.

Sectores importantes de la sociedad, organizaciones de derechos humanos, foros en defensa de la memoria y asociaciones democráticas han asumido lo que pasaron a considerar el caso de los “desaparecidos españoles” (entre los cuales se destaca, emblemáticamente, el caso de Federico García Lorca).

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ha señalado más de dos mil casos de desapariciones de personas víctimas de la represión franquista entre los años de 1936 y 1949. La denuncia y el descubrimiento de fosas comunes de la Guerra Civil hicieron con que, en 2002, España fuese incluida por el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas -vinculado al Alto Comisariado para los Derechos Humanos/ONU-, en la lista de países que tienen casos de desaparecidos por motivos políticos.[3]

Particularmente, una de las modalidades de desaparecimiento que ha producido impactantes investigaciones recientes a respecto del secuestro y apropiación de aproximadamente 12 mil niños, hijos de republicanos perseguidos (muchos ejecutados) por el régimen de Franco. Frente a la ausencia del padre (muerto, perseguido, clandestino o exilado) y la desagregación de las familias republicanas, muchos de esos niños fueron obligados a acompañar a sus madres cuando estaban encarceladas. Si éstas eran condenadas a penas muy largas o a pena de muerte, la expropiación era consumada inmediatamente. La Iglesia Católica colaboró y co-participó de esta acción, encubriendo el “blanqueo” de niños a orfanatos católicos y a familias “de bien” simpatizantes del nuevo régimen. Hay datos que indican que, en 1943, había cerca de 12.042 niños en estas condiciones y, por lo tanto, bajo la tutela del Estado, tanto a través de centros religiosos como de establecimientos públicos. Los niños desaparecidos de España no fueron asesinados -por lo menos no hay pruebas o testimonio de que esto haya ocurrido-, pero tampoco fueron devueltos a sus familias o a sus verdaderos padres (en caso de su sobrevivencia). El Estado los desapareció, los reeducó según los preceptos del nuevo régimen[4] y les expropió su origen, su historia y su identidad[5]. Es lo que señalan Vynes, Armengou & Belis:

[nuestros niños perdidos] Lo son en cuanto que “pérdida” significa la privación del derecho que tenían a ser formados por sus padres o familiares, los cuales perdieron a su vez el derecho de criarlos según sus convicciones. [...] también significó la desaparición física por un largo período de tiempo, o para siempre. Este conjunto de situaciones fue el resultado de prácticas de sustracción violenta amparadas por una legislación de naturaleza ideológica, pero encubiertas y desfiguradas por una aparente intención misericordiosa de protección a estos niños, una actuación imposible de realizar sin la muy activa intervención de la Iglesia católica.[6]

Comparando con el secuestro y apropiación de niños practicado por la dictadura argentina de las Juntas Militares, los autores concluyen que, en el caso español, la desaparición resultó del proceso de depuración producido por el Estado franquista entre los vencidos. Tal acción no fue clandestina, como en los casos rioplatenses; al contrario, fue un proceso institucionalizado, legal, administrativo y burocrático, perpetrado por el nuevo orden con el claro objetivo de facilitar las desapariciones.[7]

Hasta entonces, la sociedad española sólo reconocía como sus únicos ciudadanos desaparecidos a los ciudadanos españoles víctimas de la vorágine de los años de plomo latinoamericanos. El debate sobre la legitimidad de la jurisdicción española para actuar en los crímenes cometidos contra sus ciudadanos en el Cono Sur conscientizó a parte de la sociedad del país sobre el anestesiamento que su propia historia sufría. De este modo, hubo una especie de (re)descubrimiento de una situación específica vinculada a la Guerra Civil y a la dictadura franquista. Desde entonces, apropiándose del concepto y de la identidad de esa figura histórica y concreta (la “ausencia presente”) del desaparecido, resultado de las prácticas represivas de las experiencias latinoamericanas de Seguridad Nacional, parte de la sociedad española viene trabando una lucha por la recuperación de la memoria y de la historia de las víctimas del terrorismo de Estado patrocinado por el franquismo.[8]

Por Enrique Serra Padrós

1- Ver: “Los Desaparecidos”, de Manuel Vázquez Montalbán, Interviú, 11/12/00. “Las llagas del franquismo”, de Lisandro Otero, Rebelión, 20/06/04. También los documentos “La represión en ambas zonas, características, estudios y fiabilidad. Memoria Republicana”, elaborado por el Foro por la Memoria en junio de 2004. Disponible en: <http://www.pce.es/foroporlamemoria> Acceso en: 02 jul. 2004; La cuestión de la impunidad en España y los crímenes franquistas, del Equipo Nizkor & Derechos Human Rights, de 01/05/04. Disponible en: <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/impesp.html> Acceso en: 28 jun. 2004; y “La recuperación de la memoria antifranquista”, de Carlos Cué, El País, Madrid, 20/09/04.

2- “¿Desaparecidos o desperdigados?”, de Antonio Cruz González. Rebelión, 14/02/04.

3- “Las fosas de la represión fascista colocan a España en la lista de desaparecidos de la ONU”. Rebelión, 21/06/03.

4- Ley de 23 de noviembre de 1940 sobre Protección de Huérfanos. In: VINYES, Ricard; ARMENGOU, Moutse; BELIS, Ricard. Los niños perdidos del franquismo. Barcelona: Plaza Janés, 2002. p. 218-222.

5- “España: Los 12 mil desaparecidos de Franco”. Rebelión, 21/04/02.

6- VINYES, ARMENGOU, BELIS, op. cit., p. 60.

7- Idem, p. 81.

8- El Congreso español aprobó, en 20/11/02, por unanimidad, una resolución de condenación al franquismo y de reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil Española y del régimen de Franco. Entre las medidas aprobadas, está el apoyo institucional a las iniciativas destinadas a la exhumación de cadáveres no iden-tificados del conflicto interno enterrados en fosas comunes esparcidas por todo el territorio español.