Editorial
Universidad y verdad histórica
Restablecer la verdad de los hechos -en este caso, los crímenes cometidos durante la dictadura militar-, protegerlos de la amenaza negacionista y de la necedad que solicita su olvido, es una de las responsabilidades políticas de la Universidad.
El Estado argentino fue terrorista entre 1974 y 1983; fue negacionista -con la sola excepción, aunque no menor, del Juicio a las Juntas en 1985- desde 1983 hasta 2004, momento en el que, precisamente, reconoció oficialmente haber sido terrorista y comenzó a implementar un conjunto de medidas de orden jurídico y también simbólico orientadas a una parcial reparación del irreparable daño que le ocasionó a la sociedad argentina.
El negacionismo no es un punto de vista ni una opinión; es una intervención sobre los hechos para negar su existencia, que tiene y tuvo siempre muchas perspectivas de éxito en la medida en que convierte los testimonios en meras interpretaciones.
El negacionismo puede adoptar muchas formas -algunas de ellas justificacionistas. La más burda es la que sostiene que las víctimas lo fueron “por algo” y tuvo su circulación, sobre todo, durante la dictadura. La más extendida es la que sostiene que de nada sirve volver al pasado porque sólo reaviva odios, y postula esa negación del pasado como condición de posibilidad para una pacificación. La más ideologizada es la que justifica el Terrorismo de Estado como reacción a una agresión a las formas institucionales por medio de la lucha armada. La más hipócrita es la que habla de “excesos”. La que presume ser sólo fáctica es la que utiliza algunos hechos para negar los hechos y, en nombre de la “verdad”, revisa números: no hay 30.000 desaparecidos. Cosa que probablemente es cierto. El argumento, en este caso, es tan poco relevante como el que sostiene que no todos los judíos que se dice que murieron en las cámaras de gas murieron de ese modo sino que, en realidad, algunos murieron por desnutrición.
Últimamente hay otra, en realidad muy vieja, para cuya actualización el gobernador De la Sota debió hacer uso de toda su lucidez: la culpa, dijo el año pasado, la tienen los padres de los desaparecidos por no haberlos cuidado como correspondía. Ni siquiera valdría la pena mencionarla si no fuera por la intencionalidad humillatoria que conlleva.
La Universidad encuentra aquí una de sus responsabilidades políticas: no sólo producir conocimiento, no sólo concebir ideas e inventar horizontes, sino también cooperar con la fragilidad de los hechos para evitar su pérdida; protegerlos de la amenaza negacionista, de la prepotencia del interés, de la necedad que solicita su olvido como condición para seguir adelante -asumir el conservacionismo del ángel de la historia del que hablaba Benjamin.
El 2 de julio de 2003 los restos de Mario Osatinsky fueron entregados a su madre, Sara Solarz, en el Museo de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades (FFyH) de la UNC. Hace unos pocos días, fueron identificados los restos de Graciela Torres, desaparecida en marzo de 1976 cuando era estudiante de Letras en esta misma Facultad. En total, desde julio de 2003 y hasta el momento, el trabajo conjunto del Equipo Argentino de Antropología Forense, el Laboratorio de Inmunogenética y la FFyH ha permitido establecer seis identificaciones de cuerpos de víctimas de la dictadura hallados en fosas comunes del cementerio de San Vicente.
El mismo día en el que la prensa anunciaba esta última identificación (la de Graciela Torres), el Consejo Superior de la Universidad aprobaba por unanimidad, a instancias de esta Facultad, conceder un doctorado honoris causa a Sonia Torres, abuela de Plaza de Mayo de Córdoba, cuya hija desaparecida el 26 de marzo de 1976 tuvo un niño en cautiverio.
Restituir identidades, sea de personas vivas o de personas muertas, sea de los niños apropiados en los campos de concentración durante la dictadura o de cuerpos ocultos en inhumaciones clandestinas, es restablecer la frágil verdad de los hechos y protegerla de embates negacionistas, del tipo que fueren. El reconocimiento a Sonia Torres -y a través suyo al trabajo de Abuelas- y la colaboración con las exhumaciones que permiten identificar restos de desaparecidos, restituyen a la Universidad pública su más antigua motivación: la búsqueda de la verdad y su preservación.
Prof. de la FFyH de la
Universidad Nacional de Córdoba