Editorial

Cuando el Estado abandona

se empobrece la esperanza

El estado general de la educación pública está dejando de ser un motivo de orgullo en nuestro país. Aun cuando no puede decirse que tuviéramos épocas en las que los logros superaran a los problemas, unas cuantas generaciones de argentinos apenas o nada educados fueron construyendo proyectos educativos de calidad y aportando a la construcción de un sistema ambicioso.

Crecimos elogiando las virtudes y talentos de nuestros maestros y profesores y la calidad de la formación recibida, e incluso, diría, reconociendo las decisiones políticas que permitieron diseñar (y rediseñar) un sistema en constante expansión y para todos los niveles.

En efecto, la educación pública en nuestro país creció con la pretensión de incluir a todos los sectores sociales, igualando las oportunidades y estimulando la movilidad social. A lo largo de décadas de esfuerzos colectivos, contribuyó al desarrollo de la ciudadanía y los valores democráticos, la expansión y recreación de la cultura y el desarrollo y la innovación científicas.

En algunos niveles y áreas de la educación pública, muy especialmente en el caso de la educación universitaria, las mejores expectativas de formación y los mejores estándares de calidad pueden encontrarse actualmente en las instituciones con financiamiento estatal.

Ahora bien, es también cierto que el sistemático desacierto de las políticas públicas, en todas las áreas, en estas décadas posteriores a la recuperación democrática, sumado a nuestra incapacidad global como ciudadanos para resistir con inteligencia y valentía esos desaciertos, han hecho ya casi rutinaria la actitud cada vez más ausente e insensible del Estado.

Combinada con los hábiles y ubicuos poderes no públicos, internos y externos, que supieron beneficiarse de ese vaciamiento irresponsable del Estado, llegamos a la penosa situación actual: junto a las más variadas y apremiantes urgencias y la consiguiente marginación de amplios sectores de la población, un clima social enrarecido asociado a una crisis de confianza en los mecanismos de la representación política y recursos (y políticas) insuficientes.

Se podría pensar que no son las condiciones más propicias para priorizar los problemas estructurales de educación. Pero justamente, pocas políticas son más viciosas que aquellas que postergan y someten a la inanición y el abandono al sistema de educación público: las nuevas generaciones, cuya formación depende de la escuela pública, perderán con su deterioro las oportunidades sociales que agravarán su situación, mientras los que puedan reunir los recursos económicos suficientes, buscarán en ámbitos educativos privados la organización, previsibilidad, seguridad incluso, que el Estado no puede garantizar en sus escuelas públicas. Ellos también abonarán con su auto-exclusión la misma ruptura social.

No se trata sólo de que el Estado abandona a los pobres, sino de que, empobreciendo las escuelas y las universidades, empobrece a cada vez más ciudadanos y abandona, junto a todos ellos, las esperanzas colectivas de recrear una comunidad política integrada y democrática, donde sea posible convivir y valga la pena tener proyectos.

Una de las formas predilectas que los poderes políticos han tenido de expresar su falta de inteligencia sobre la importancia estratégica de la educación se puede resumir en esta perversa secuencia: postergar regularmente los presupuestos educativos y desoir las demandas de recuperación salarial, esperar el incremento de los embates gremiales y las protestas de los maestros y profesores, conforme se aproximan los calendarios electorales, demorar las respuestas hasta donde las dosis de conflictividad social lo permitan, y por fin, sólo si es políticamente inevitable, después de apelar a la responsabilidad cívica de los educadores (y amenazar a quienes no se disciplinen), anunciar algunas tibias mejoras salariales.

En esta lógica circular de los reclamos y las respuestas electorales, los universitarios solemos quedar del todo afuera, y no para nuestro beneficio (tampoco para nuestro mérito). No sé si atribuirlo a una crónica confusión entre nuestras responsabilidades laborales (y cívicas) y la necesidad de luchar por su mejor y más pleno ejercicio, o a la simple resignación ante tantas derrotas, o al escaso compromiso y desconfianza hacia las representaciones gremiales, o a la compleja y heterogénea estructura salarial que nos divide en docentes con pocas horas y docentes con dedicación exclusiva.

El caso es que, en esta lógica de la presión y el conflicto, nuestra actitud pasiva, incluyendo nuestras pasivas adhesiones a medidas de fuerza resueltas sin nosotros y sin un marco general que les dé sentido, resulta previsiblemente anodina y a veces brutalmente contraproducente.

Las razones para encarar la urgente recuperación del presupuesto para la educación pública, en todos sus niveles, sobran: que se incorporen a los salarios la totalidad de las sumas no remunerativas y no bonificables, que se incrementen sustancialmente los salarios en todas sus escalas, que se incrementen de un modo también significativo las dedicaciones horarias de los cargos, que se mejore la proporción del presupuesto destinado a gastos (bienes, servicios, mantenimiento) que no son los salariales.

Nos falta más imaginación, continuidad y firmeza para defender estos reclamos, y sobre todo, una reflexión profunda acerca de cuáles poderes políticos estamos contribuyendo a sostener con nuestro voto.