Institucionales

El presupuesto universitario,
el más pobre de América L.

La Argentina invierte 478 dólares por cada alumno universitario, mientras que el promedio en el resto de América Latina es de seis mil dólares. El salario docente, a su vez, estuvo -hasta el último aumento otorgado por el gobierno- por debajo del nivel de 2001 y es inferior al de cualquier país del continente. Aunque la reciente oferta oficial eleva la masa salarial en un 41,43 por ciento, la situación de la Universidad sigue siendo crítica. En este informe, las causas detalladas de la encrucijada que atraviesa la educación superior.

Semanas de aulas vacías, asambleas permanentes, facultades tomadas y movilizaciones multitudinarias. Al promediar el año, ese paisaje puso a la Universidad Nacional de Córdoba -y a buena parte de las casas de estudio del país- bajo la lupa de la opinión pública. El reclamo generalizado es el aumento del presupuesto universitario. Y el objetivo inmediato, la mejora del salario docente, que es inferior al de cualquier país de América Latina.

Sobre la justicia de esos reclamos, el consenso es unánime. Sin embargo, las acciones en defensa de la educación pública y gratuita se desarrollan, en muchos casos, en un contexto de poca información y escasas precisiones sobre la real situación presupuestaria y salarial.

El reclamo universitario está atravesado, a su vez, por el debate en torno a la modalidad de las medidas de fuerza, el reclamo de los estudiantes que temen perder el año y el enfrentamiento de sectores en pugna.

El objetivo de este informe es trascender la efervescencia del conflicto y trazar un mapa lo más completo posible que explique, en términos históricos y comparativos, cómo se llegó y en qué consiste la crítica situación que atraviesa la Universidad.

Lo que se pide

El punto central del reclamo docente que derivó en el inicio de las medidas de fuerza es el incremento del salario a un monto de bolsillo de 800 pesos, más la incorporación de las sumas fijas otorgadas como aumentos. Se pretende que ese sea el sueldo de un ayudante de primera con semidedicación (20 horas semanales) y con 15 años de antigüedad.

Hasta el inicio de este reclamo, el salario para ese cargo -considerado testigo- era de unos 462 pesos y, al cierre de esta edición (28 de agosto) había sufrido un incremento cercano a los 762, aunque el monto definitivo no estaba claro ya que estaba en negociación el último ofrecimiento del gobierno nacional.

El 4 de agosto último, ya en el marco del conflicto gremial, el gobierno anunció una suba del presupuesto global de 175 millones; es decir, un aumento del 22,7%. Y al cierre de esta edición los gremios docentes analizaban una nueva oferta, que implicaba un incremento de la masa salarial del 41,31%.

De todos modos, los aumentos anunciados no alcanzarían para satisfacer de modo completo el pedido inicial. Según los funcionarios del ministerio de Educación de Nación, acceder al pedido de los docentes implicaría unos $ 1200 millones adicionales a un presupuesto de casi $ 2500 millones, que es el monto que se destinó este año para el funcionamiento de las universidades de todo el país.

El gobierno argumenta que es imposible aumentar el presupuesto en la proporción deseada. “No estamos en condiciones de dar ese paso”, explicó el secretario de Políticas Universitarias, Juan Carlos Publiese.

Lo que dice la ley

Sin embargo, si los sucesivos gobiernos hubieran cumplido con lo estipulado por la Ley Federal de Educación (Nº 24.195), sancionada en 1993, el presupuesto actual debería rondar los 4.000 millones.

¿De dónde surge ese cálculo? La Ley Federal de Educación establece con claridad en qué proporción debería incrementarse el presupuesto cada año. “En materia de financiamiento, el artículo 61 planteó como objetivo duplicar la inversión pública total en Educación a razón de un mínimo del 20 por ciento anual, tomando como base el presupuesto de 1992, o bien considerando un incremento del 50% en el porcentaje del PBI destinado a educación”, explica el secretario de Administración de la UNC, Jorge Mereshian. La fijación de esos criterios, explica el funcionario, implicó “un verdadero salto cualitativo y cuantitativo en materia de inversión del Estado”. Sin embargo, la ley nunca se cumplió.

“Aplicando el criterio de elevar el porcentaje del 4 al 6 % sobre el PBI, tal como establece la ley, y trasladando ese cálculo al sistema universitario, la cifra global que le correspondía a las universidades cinco años más tarde (o sea, en 1998) era de $ 2.750 millones, un número muy superior a los $ 1.775 millones asignados en ese año”.

Peor que en los ‘90

El presupuesto asignado a las universidades en 2004 representa el 0,45% del PBI del mismo año (VER CUADRO), lo que implica un retroceso en relación a la media histórica de la década anterior. De haberse mantenido en el promedio de los ’90, el presupuesto de 2004 debería haber sido de $ 2.530  millones frente a los $ 2.029 asignados por ley. Y si se hubiera cumplido con lo pautado en la ley Federal de Educación, el presupuesto hoy debería rondar los $ 4.000 millones.

Lo mismo sucede si se analiza la evolución del presupuesto en relación con la recaudación impositiva. En 2004 la participación del presupuesto en la recaudación fue de 2,37%, porcentaje muy inferior a la media de 4,5% de los años anteriores. De haberse mantenido la participación media, el presupuesto actual rondaría los $ 3.800 millones.

Y si el parámetro es la inversión sobre la cantidad de alumnos, también es notable el retroceso. De una media de $ 1.700 por alumno por año, en 2004 se redujo a $ 1.400, con un descenso casi permanente a lo largo de los últimos diez años.

Comparación internacional

El panorama es aún más crítico si se compara la realidad de la universidad argentina con el contexto internacional. Tomando los datos del informe 2003 de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), se advierte que en la inversión relacionada al PBI, la situación de la universidad Argentina (0,47%) está muy por debajo de otros países incluidos en el informe (1,2%), e incluso por debajo del resto de los países de América Latina (0,78%).  

La realidad es más preocupante todavía si se toma como indicador la inversión por alumno, que en el caso de Argentina es de 478 dólares, frente a una inversión promedio de 11.000 dólares para todos los países incluidos en el informe, y de 6.000 dólares para los países de América Latina. Si en Argentina se destinara una inversión por alumno similar a la del resto de continente, el presupuesto de 2004 hubiera sido de $ 25.500 millones.

“Si bien en los últimos dos años se han dado importantes incrementos presupuestarios, estamos aún por debajo de la media histórica y muy lejos de alcanzar los objetivos planteados en la Ley Federal de Educación, y drásticamente por debajo de medias internacionales”, opina Mereshian.

Desde la Adiuc, el secretario adjunto del gremio, David Dib, advierte que el presupuesto universitario “es el más bajo de toda Latinoamérica, cuando históricamente la Universidad Nacional de Córdoba era un referente internacional importante”. Y agrega que “si el gobierno diera respuesta a los reclamos docentes cumpliendo estrictamente con lo que piden los gremios, aún así estaríamos en los últimos puestos”. Y por citar un ejemplo, menciona que la Argentina destina a la educación superior exactamente la mitad que México o Brasil.

“Creo que debemos mirar la situación de la Universidad en función del desarrollo político de los últimos años en la Argentina. El salario docente es apenas un emergente de una situación más grave, que es cuánto destina el Estado al sistema universitario; es decir, qué valor le estamos dando al desarrollo de la educación”, agregó Dib, quien además manifestó serias críticas a la Ley de Educación Superior.

Pobreza salarial y valor docente

La doctora Hebe Goldenhersch, especialista en Estadística y ex decana de Ciencias Económicas, coincide en que “la situación presupuestaria ha mejorado bastante” en los últimos años, pero sucede que los aumentos otorgados “han sido para ponerse al día con deudas existentes o destinados a determinados programas, pero no se han traducido en una mejora de salarios”. El pago del salario docente consume casi el 90 por ciento el presupuesto, por lo que un aumento significativo implicaría prácticamente duplicar esa asignación.

Sin embargo, el reclamo no tiene nada de exagerado. El salario docente actual es más pobre que en plena crisis de 2001. Esa conclusión surge de un estudio que realizó la profesora Goldenhersch, en el que compara el nivel de ingresos de entonces con el actual, considerando cuántas canastas básicas entraban antes y entran ahora. (VER RECUADRO)

“Estamos peor incluso que en medio de la crisis de 2001, ya que hoy un profesor titular, por citar un ejemplo, necesitaría más de un 26 por ciento de aumento del salario bruto para recuperar el poder adquisitivo que tenía en la época de la crisis”, precisa la profesora.

Sin embargo, la ex decana de la Ciencias Económicas indica que “no se trata sólo de recuperar el poder adquisitivo, sino de establecer un salario digno en función de lo que significa un docente universitario; es decir, entender la importancia que tiene un docente universitario para un país, entender lo que cuesta formarse y mantenerse actualizado y pagarle lo que corresponde”.

Porque, según Goldenhersch, “aspirar apenas a recuperar el salario de años anteriores implicaría recuperar pobreza, ya que desde los años ’60, cuando se ganaba muy bien, el salario se ha ido deteriorando progresivamente. Han sido 40 años de retroceso tras retroceso”. En todo caso, indica la profesora, se trata de hacer un análisis serio que contemple las responsabilidades y necesidades docentes, según sus respectivas dedicaciones.

“Me da la impresión de que éste es el momento justo para reclamar y dar una pelea para cambiar radicalmente las reglas de juego, estableciendo una concepción correcta. Porque los docentes argentinos estamos ganando menos que en cualquier otro lugar. No hay otro país en el mundo en el que un docente universitario gane tan poco”, indicó la ex decana, al tiempo que manifestó sus diferencias con la metodología utilizada para el reclamo.

Desde el propio gobierno admiten que el atraso salarial de los docentes es crónico. “Es importante aclarar que los salarios del personal universitario no se movieron entre 1990 y 2004, más bien hubo un retroceso del 13 por ciento”, señaló Pugliese, aprovechando para poner a salvo a la gestión a la que pertenece. “Nosotros hemos reconocido que el retraso es histórico, pero este gobierno ha duplicado el presupuesto universitario y en un mes no puede volver a hacerlo. De todos modos, tenemos un instrumento, el proyecto de ley de financiamiento educativo, que nos va a permitir dar saltos presupuestarios más grandes”, explicó el funcionario.

El proyecto de Ley de Financiamiento Educativo, por el que el gobierno prevé aumentar en 9.000 millones de pesos el presupuesto para el sector, será enviado al Congreso el próximo 9 de septiembre, según anunció el presidente Néstor Kirchner.

Otros reclamos docentes

* El “blanqueo” del salario, o la incorporación de todas las sumas al salario básico: casi todos los docentes tienen el 40% de su salario en negro; eso implica que del total que recibe, el 40% no tributa a la obra social, ni al sistema jubilatorio ni a los gremios. Por ejemplo, un jefe de trabajos de dedicación simple que cobra alrededor de $190 tiene un salario en blanco de $57; es decir que lo que tributa a la Caja de Jubilaciones es sobre ese pequeño monto, provocando el consecuente impacto en el sistema jubilatorio”.

* Jubilación con el 85% móvil: significa que el salario que va a recibir un jubilado será equivalente al 85% del mejor cargo que ocupó cuando estaba ejerciendo la tarea. La palabra móvil quiere decir que siempre será equivalente al 85% y se “moverá” en relación a las modificaciones que tenga el salario de quien esté actualmente en ese cargo. O sea que si aumenta el sueldo del docente, aumenta el sueldo del jubilado.

* Estabilidad del trabajo docente: “Este es un tema complejo porque ha sido muy bastardeada la profesión de docente universitario -explicó Dib-. Desde la Reforma Universitaria hasta la década del ’50, los cargos universitarios dependían de la Presidencia de la Nación y los docentes tenían las mismas prerrogativas que tienen los jueces: podían ser removidos de sus cargos por mal desempeño o por mala conducta, pero nunca quedar afuera simplemente por perder un concurso”.

Para el dirigente, “los concursos son un buen método de selección, pero tienen el problema que dejan gente sin trabajo; entonces cuando decimos estabilidad laboral, lo que estamos diciendo es que los docentes universitarios queremos las mismas prerrogativas que tienen todos los docentes del sistema educativo argentino. Es decir, que tenga estabilidad en su trabajo, que pueda desarrollar su carrera y que tenga derechos a una indemnización cuando lo despidan”.

La situación en Córdoba

La UNC actualmente ocupa a 6.971 docentes y tiene un presupuesto de $ 166.956.700, lo que equivale al 7,64% del presupuesto universitario global.

En una reunión que el rector Jorge González y los decanos mantuvieron con el ministro Daniel Filmus, el 26 de agosto último, se acordaron para la UNC los siguientes puntos:

* Habrá un incremento significativo de las dedicaciones docentes, dentro del marco del Programa de Recursos Humanos Académicos. Ahora resta que la UNC eleve la propuesta de cargos que necesita promover a la condición de exclusivos.

* La UNC desarrollará nuevos proyectos de investigación que se financiarán con los fondos de los programas de Ciencia y Tecnología que se encuentran vigentes.

* El Gobierno nacional ratificó el compromiso de pagar la deuda del incentivo docente (Fonid) a los profesores de los colegios preuniversitarios (Monserrat y Belgrano). A cada profesor se le adeudan 2.260 pesos.

* La Nación se comprometió a financiar las obras de refacción de la Escuela Superior de Comercio Manuel Belgrano, en el marco del Programa de Infraestructura, Universitaria. La UNC deberá presentar un proyecto.

* En relación al desfasaje presupuestario de 31 millones de pesos del año 1993 requeridos por la UNC, el ministro Filmus señaló que se está evaluando su pertinencia legal.