A diez años de la ley de Implementación Efectiva de la Responsabilidad del Estado en Educación Superior, el docente e investigador Daniel Saur destaca el valor de una normativa que garantiza la gratuidad universitaria, considerándola un bien público y un derecho humano que debe ser sostenido por todos los niveles estatales. El texto también pone en valor a la mentora de la ley, la pedagoga Adriana Puiggrós, y resalta la decisión de la FFyH de homenajear esta conquista social al utilizarla como membrete en su papelería y documentos oficiales.
Hace muchos años, iniciando estudios de posgrado, quedé sorprendido al escuchar a un destacado pensador de la educación plantear algo que, hoy, resulta bastante evidente: “El principal problema de la escuela pública -dijo- no es el presupuesto, la inclusión, la formación docente, ni la calidad, entre otros desafíos importantes. El principal problema de la escuela pública es la existencia misma de la escuela privada”. Sin minimizar las dificultades listadas, es evidente que la existencia de lo privado, expresada en una supuesta libertad de mercado, repercute en todos los niveles educativos, incluyendo por supuesto el universitario.
Es posible que, lo que distinga al capitalismo histórico del contemporáneo, reconocido como neoliberal, sea que éste último ya no se afana en crear mercados de masas, uniformes, indiferenciados, homogéneos, sino que, en estos tiempos su dinámica principal está orientada a fragmentar y jerarquizar. Se trataría de una máquina de estratificación que organiza lo social a partir de privilegios y subordinaciones múltiples, ampliando esquemas jerárquicos, verticales, que atentan contra “lo común”, erosionando aquello que es, desde hace casi siglo y medio, el corazón mismo del sistema educativo, en su concepción, su organización, su impulso, su ethos.
En la pulseada contra esta tendencia global, que tiende a colonizar cada vez más relaciones sociales y espacios de vida, donde todo sucumbe a la lógica del intercambio diferencial y la ganancia, existe un hito en la Educación Superior argentina que amerita ser recordado y celebrado: la ley 27.204, orientada a garantizar la gratuidad de ese nivel educativo considerándolo un bien público y un derecho humano. Una ley organizada en torno a lo común, la inclusión, la gratuidad y la equidad, donde el Estado no solo es ordenador sino responsable y proveedor del sistema. Me refiero a una ley asociada, sin duda, a la figura de una académica de proyección latinoamericana, la pedagoga Adriana Puiggrós. Hoy la Facultad de Filosofía y Humanidades recoge ese hito en la lucha y el cuidado de la soberanía educativa, y lo expresa como membrete a modo de homenaje, en su papelería y documentos oficiales.
El contexto de la ley
Durante los doce años y medio de gobierno kirchnerista (2003-2015), si bien no se derogó la Ley 24.421 de Educación Superior del Menemismo aprobada en 1995, se avanzó mucho en la democratización y la facilidad del acceso a la educación pública. En esos años se aprobaron e implementaron leyes importantes, de Garantía del Salario, el Fondo Nacional de Incentivo Docente (hoy discontinuado), de Educación Técnica Profesional y de Financiamiento Educativo, la Ley de Educación Nacional con la obligatoriedad del nivel medio, la creación del Instituto Nacional de Formación Docente, el Programa Conectar Igualdad, la creación de más de 1.000 escuelas nuevas, entre otros avances.
Las Universidades Públicas fueron parte de ese proceso y evolución. El abrazo estatal y la voluntad política acogió también al Sistema Universitario, conformando lo que, a mi criterio, podría identificarse como la segunda “década dorada” de la Universidad Argentina (2005-2015). Algunas políticas favorecieron de manera indirecta, como la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología en 2007, el sostenido crecimiento que tuvo Conicet, principalmente desde 2005, etc. A nivel directamente universitario, se estaba dando una notable mejora en las condiciones laborales y salariales del personal; avances significativos en infraestructura, a nivel de edificios, laboratorios, equipamiento; una proliferación de programas de apoyo al ingreso, a la permanencia, al egreso, becas de distinto tipo, etc. A lo que hay que sumar la creación de diecisiete universidades públicas, haciendo realidad el sueño de contar con, al menos, una universidad pública en cada una de las jurisdicciones del país.
Todo eso se veía amenazado a fines de 2015, con la llegada al poder de un gobierno neoconservador, un peligro potenciado en nuestros días con un presidente anarco capitalista que claramente desprecia lo público y se autoproclama “destructor del Estado”. Como dijo Puiggrós en noviembre pasado en la Provincia de Buenos Aires, cuando recibió el Doctorado Honoris Causa de la Universidad Pedagógica Provincial (UNIPE): “Hoy estamos transitando la situación más grave (después de la última dictadura militar) en términos de desfinanciamiento y descalificación de las universidades por parte del gobierno nacional. Pero decenas de universidades nacionales y miles de estudiantes y docentes enfrentan esta situación.”
El cuerpo de la ley
La Reforma Puiggrós, aprobada el 28 de octubre de 2015, va en consonancia con los lineamientos de la Ley de Educación Nacional aprobada en 2006 (Ley 26.206) y de la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) de 2008, realizada en Cartagena de Indias, donde las autoridades de centenares de universidades firmaron una declaración en la cual se sostiene que “La educación superior es un bien público social, un derecho humano y universal y un deber del Estado.” La intención de la ley fue poner un cerrojo a todo intento de delegación de la responsabilidad del Estado y a cualquier forma de privatización, avance mercantil o injerencia corporativa.
En síntesis, la normativa involucra a todo el Sistema de Educación Superior, donde el Estado en todos sus niveles (nacional, provincial, municipal y CABA) es el responsable principal e indelegable, en tanto la Educación Superior es considerada un bien público y derecho humano personal y social (art. 1). Esto implica: a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas; b) Proveer equitativamente, en la Educación Superior de gestión estatal, becas, condiciones adecuadas de infraestructura y recursos apropiados para todas aquellas personas que sufran carencias económicas verificables; c) promover políticas de inclusión y equiparación de oportunidades; entre otras regulaciones. (art. 2).
La normativa también contempla que los estudios de grado, siempre en las instituciones de Educación Superior de gestión estatal, deben ser gratuitos, prohibiendo cualquier tipo de gravamen, tasa, impuesto, arancel, o tarifa directa o indirecta (art. 3). De igual manera, las instituciones de Educación Superior gozarán de autarquía económica y financiera, las que deberán ejercer dentro de las regulaciones de la administración financiera y el sistema de control del sector público nacional (art. 7). A la auditoría interna obligatoria y transparente, se suma el control administrativo externo de las instituciones como competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación (AGN) que, a tales efectos, dispondrá de un área específica con los recursos humanos y materiales adecuados para llevar a cabo la tarea. (art. 8)
De este modo, la iniciativa tan oportuna promovida por Adriana Puiggrós se establece como un escudo protector de la Educación Pública Superior frente a la avaricia del mercado, las visiones restrictivas y el darwinismo social. Orientada a la democratización, la inclusión, la igualdad y por su valor ético y político, esta norma ameritó la decisión institucional de nuestra Facultad de Filosofía y Humanidades a darle un lugar de visibilidad en su documentación.
La mentora
Adriana Puiggrós es una académica notable, de larga trayectoria y reconocimiento tanto en Argentina como en el conjunto de Latinoamérica, en cuya persona confluyen facetas difíciles de encontrar juntas y con tal grado de coherencia: su talento para pensar y para transformar la realidad educativa.
Por un lado, posee una enorme capacidad intelectual expresada en más de una veintena de libros de autoría propia y otros tantos en colaboración. Su lucidez sobre la relación entre educación, historia y política, su capacidad escritural, así como para producir teoría educativa, la han llevado a convertirse prácticamente en bibliografía obligatoria en la mayoría de las carreras de Pedagogía y Ciencias de la Educación de la región, ofreciendo contenido y planteando interrogantes a varias generaciones de educadores. El reconocimiento a sus aportes le han valido numerosos premios, reconocimientos y doctorados honoris causa en diversas instituciones extranjeras y universidades nacionales.
Por otro lado, la potencia académica de Puiggrós estuvo siempre al servicio de la transformación política, asumiendo diversos y desafiantes compromisos en la gestión pública. Fue convencional constituye en la reforma de 1994 y Diputada de la Nación en distintos períodos, en los que promovió la creación de numerosas universidades nacionales y en los que presidió la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Al despuntar este siglo, se desempeñó como Secretaria de Estado para la Ciencia, la Tecnología y la Innovación Productiva de la Nación. Entre 2005-2007 estuvo a cargo de la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires, desde donde impulsó una ley de educación provincial que estuvo vigente hasta diciembre pasado; en esa misma etapa promovió la creación de la UNIPE en Buenos Aires, la primera universidad pedagógica del país. También fue Viceministra de Educación de la Nación entre 2019 y 2020.
Un párrafo aparte merece, en el cruce entre reflexión académica y participación política, su capacidad de recuperar diseños pedagógicos y voluntad de futuro. Lo que se expresa en su tal vez mejor invención, el proyecto Alternativas Pedagógicas y Prospectiva Educativa en América Latina (APPEAL), creado en 1981 para recoger experiencias valiosas y pensar opciones soberanas en educación para los países de la región, contando en la actualidad con equipos de investigación e intervención tanto en Argentina como en México, Brasil, Colombia, Uruguay y Chile.
A este notable repertorio de aportes se suma aquella ley 27.204 que la Facultad de Filosofía y Humanidades hoy conmemora, al cumplirse 10 años de su promulgación.
Por Daniel Saur
Docente de la Facultad de Comunicación e investigador del
Centro de Investigaciones “María Saleme de Burnichón” de la FFyH.
Fotos: Pablo Giordana – Irina Morán