En este informe, Mariana Espinosa, investigadora del CONICET en el IDACOR y profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades, relata la situación de violencia y desamparo del Estado que viven los pueblos originarios del Chaco Salteño frente a la pandemia del Covid-19, los desmontes ilegales y los desalojos de sus tierras ancestrales.
“Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos”[1]; la negación de este elemental principio constitucional es el fundamento sobre el cual se erige un sin fin de violaciones a los derechos humanos indígenas. La situación a la que se enfrentan los Pueblos Originarios del Chaco Salteño es de saqueo a todo cuanto recurso ambiental esté a la vista por parte de grandes y pequeños empresarios y de asfixia de todo suspiro cultural indígena que interfiera en su codicia. ¿Qué debe suceder para que la sociedad argentina reaccione ante los brutales crímenes que desde hace décadas asolan al Chaco Salteño y que en los últimos meses se han multiplicado? ¿Qué demostraciones habría que blandir para que se ponga límite a tanta violencia y para allanar el camino a una declaración y acción que establezca como imperativo ético una reparación histórica por parte del Estado? ¿Qué roles debemos asumir los y las científicos/as, las organizaciones sociales, las y los abogadas/os, las fundaciones, las iglesias de todos los credos? ¿Qué más debe ocurrir para que el Chaco Salteño tenga su Declaración de Barbados?[2]
Elementos básicos de contexto
El llamado Chaco Salteño forma parte del Gran Chaco americano, una extensa y (otrora) espesa planicie boscosa que abarca parte de los actuales territorios de Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. La provincia de Salta delimitó para sí una porción del Chaco Central, ahora dividida en los departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. En su faz occidental esta subregión limita con la selva tucumano-oranense o yungas, conformando un extraordinario ecotono. En esta subregión, dos son las cuencas hídricas de mayor importancia para el equilibrio natural y cultural: Pilcomayo y Bermejo. Los antiguos pueblos originarios bebían y pescaban en esos ríos. Cazaban y recolectaban frutos del generoso pulmón americano, sin necesidad de herramientas legales que los habilitaran a ocupar libremente esos territorios. Desde tiempos inmemoriales, allí habitan decenas de etnias: wichís, chorotes, nivaklés, tobas (Qom), pilagás, guaraníes, chanés, tapietes. Hablan cotidianamente lenguas de las familias lingüísticas guaycurú, mataco-maca y guaraní. Expresan formas de vida, de pensamiento, de organización social que enriquecen de mil maneras la comprensión de otras formas posibles de ser y estar en el mundo.[3]
A diferencia de otras áreas culturales y fitogeografías de Salta, en el período prehispánico ésta mantuvo autonomía con relación al Tahuantinsuyo. En la colonia, el chaco occidental y el piedemonte andino, constituyeron una zona de frontera de la Gobernación del Tucumán, marcada por un sistema de fuertes, reducciones y haciendas donde los indígenas de “tierras bajas” fueron mano de obra esclava. A fines del siglo XIX y principios del XX diversas campañas militares se dirigieron hacia el interior del Gran Chaco y la relativa “libertad” de estos grupos se vio interrumpida violentamente.[4] El asesinato, encarcelamiento y el desplazamiento forzado de poblados enteros desde entonces están presentes en la historia de estos pueblos en sus relaciones con los criollos, con los gobiernos locales, provinciales y nacional.
Los antiguos ingenios azucareros, los algodonales, las forestales fueron enclaves que exigían ingentes cantidades de mano de obra.[5] Como ha sido bien documentado por la literatura y el cine, la mano de obra fue esclavizada. Lamentablemente lo sigue siendo en muchos contextos del presente y esa atroz forma de tratamiento humano se hará más cruda, si no se actúa con urgencia, con firmeza. Completaron el escenario las misiones católicas, protestantes, evangélicas y pentecostales -con diferenciadas estrategias de misionalización – oscilaron entre refugios humanitarios y coercitivos regímenes morales civilizatorios.[6]
El territorio, el monte y las culturas
Hace unos días, funcionarios nacionales informaron que “en 20 años se perdieron 6,5 millones de hectáreas de bosques nativos en el país, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protección de Bosques Nativos n°26.331. De ese total, el 87% de las pérdidas ocurrieron en el Gran Chaco y Salta representó el 21% de hectáreas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que más bosque nativo deforestó, detrás de Santiago del Estero, en donde desapareció el 28%”.[7]
En Salta, hasta hace poco el gobierno permitía los desmontes hasta 300 hectáreas sin audiencia pública ni estudio de impacto ambiental ni social (Ley de Ambiente de la provincia N° 7070). Ahora por una resolución provincial (n° 333) se permitirá hasta 1.500 hectáreas, sin estudio previo y por declaración jurada. Esto es posible porque un funcionario salteño interpretó que el “aprovechamiento forestal” (o desforestación) es una actividad de “baja intervención e intensidad sobre el bosque y/o impacto ambiental y social”.[8]
Quien haya crecido cerca de algunas de las rutas que conectan ciudades, pueblos, parajes, comunidades, misiones que unen el Chaco Salteño seguramente observó en repetidas ocasiones tractores trasladando gruesos troncos de árboles nativos recién cortados. Antes circulaban a la noche, como actividad criminal que debía ser ocultada. Pero hace tiempo que los crímenes ambientales se hacen sin descaro, a plena luz del día. Mientas en otras regiones se discute sobre gobernanza ambiental y se han escrito millares de páginas sobre las consecuencias sociales y ambientales del cambio en el uso del suelo, el Estado salteño “hace caso omiso, oídos sordos”. Los Pueblos Originarios no cesan de denunciar de mil formas lo que le están haciendo a su tierra y los atropellos que sufren por causa de la codicia de un puñado de “grandes empresarios”, de gente con apellidos de abolengo, de extranjeros o de todo el que busque un destino sin su presencia.
Los desmontes se hacen no sólo sobre “propiedades privadas” sino también tierras estatales o comunales. Entre el 19 y 20 de octubre la comunidad wichí Honat Le Les, ubicada sobre la Ruta 34 en General Ballivián, en sus propias tierras no pudo detener un desmonte custodiado por la mismísima policía provincial.[9] La “liberación” de restricciones para el desmonte está acelerando, entre otros problemas, los desalojos. En lo que va de la pandemia y la cuarentena, todos los días (¡sí, todos los días!) hay noticias de amenazas, desalojos, encarcelamientos. Algunos ejemplos: el 23 de julio, sin orden judicial, cien efectivos de la policía de Orán, desalojaron a 90 familias de la comunidad guaraní CheruTumpa ubicada en Colonia Santa Rosa.[10] En Tartagal, el 21 de octubre a las 5 de la madrugada la comunidad wichí Yokwespehen fue violentamente desalojada por la Policía de Salta que montada a caballo llegó con una notificación firmada por el juez Aramayo y a pedido del supuesto propietario Jorge Panayotidis. Desde entonces, 15 familias con 40 niños y niñas están viviendo a la intemperie a la orilla de la Ruta Nacional 86.[11] Mientras escribo esta nota los hermanos del Pueblo Wichí Pozo Pajarito de Ballivián podrían estar siendo desalojados por la policía de Salta a pedido de los “propietarios” Daniel Darío Karlen y Juan José Karlen, quienes tiempo atrás fueron“condenados tras haber desmontado más de 11.000 hectáreas de manera ilegal”.[12]
La resolución n°333 del gobierno de la provincia de Salta sin duda acelerará el proceso de destrucción de los bosques nativos y el ataque a las poblaciones indígenas que -¿que hay que repetirlo mil veces?- habitan ancestralmente allí, en tierras que después de la “Conquista y Colonización del Gran Chaco” pasaron a ser fiscales o privadas. No existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa. Hace décadas que las comunidades originarias ven atacada la soberana y libre reproducción de sus culturas debido a la expropiación de la naturaleza sobre la cual se funda su cosmovisión, donde se hunden sus raíces, donde yacen sus cementerios. Cabe agregar, este drama profundizará el deterioro de las condiciones de vida de los habitantes y la situación socio-ambiental de las ciudades de los departamentos San Martín, Oran y Rivadavia: se producirán más hacinamientos en los alrededores de las ciudades cabeceras, donde no hay vivienda ni agua potable (no olvidar que en la zona hace, como dice el dicho popular, “50 grados a la sombra” todo el año), donde el dengue y las pandemias como el Covid atraviesan barrios y no distinguen a la gente por el color de piel, por su riqueza o apellido.
Covid 19: la Emergencia de la emergencia socio sanitaria
El 29 de enero de 2020 el Gobierno de Salta declaró el estado de emergencia sociosanitaria en los Departamentos San Martín, Orán y Rivadavia. Al poco tiempo sobrevino la pandemia por el virus SARS-CoV-2/COVID-19. Entre agosto y septiembre, Pueblos originarios del Chaco Salteño sumaron al problema de la falta de agua potable y acceso a la salud, la proliferación del Covid19. El sistema sanitario de la región es extremadamente limitado, precario, rudimentario para la densidad poblacional y su estructura social en extremo desigual. Toda la población de los departamentos de San Martín (156.910 habitantes, censo 2010), Orán (138.838 habitantes) y Rivadavia 30.357 habitantes) cuentan con sólo tres hospitales con limitadas camas de terapia intensiva y algunos puestos sanitarios. El déficit de médicos y enfermeros es alarmante.
Comunidades de Santa Victoria Este y la agrupación de mujeres indígenas de Tartagal, ARETEDE, buscaron visibilizar esta nueva emergencia. En el primer caso ante el anuncio de la posibilidad de instalar hospitales de campaña, el 1 de septiembre diversas comunidades firmaron una nota dirigida al gobernador de Salta para solicitar ayuda básica. En materia de salud: que funcionalicen las unidades de acceso a la salud primaria que ya existen y no tienen personal. Falta de agua: la reparte el ejército y es insuficiente, hablan de la eterna promesa de pozos y solicitan que se consulte previamente dónde deben hacerse. Falta de alimento: la carta denuncia que los bolsones de alimento que dicen enviarse no llegan y piden que los módulos alimentarios sean de calidad. También se advierte sobre problemas estacionales y la necesidad de obras para mitigar las inundaciones periódicas en la cuenca del Pilcomayo. La nota va a acompañada de una declaración en donde se pide algo tan elemental como que se respete su condición de pueblos originarios; sus lenguas y la autodeterminación sobre su comunidad y territorio.
Las mujeres originarias de la organización ARTEDE por su parte lanzaron una campaña de concientización para dar a conocer testimonios sobre la expansión del COVID 19 entre las comunidades que circundan a la ciudad de Tartagal. Se denuncia: falta de agua; falta de información en lenguas originarias sobre cómo prevenir la enfermedad, exclusión en el reparto de medicamentos para la fiebre y en la posibilidad de ser sujetos de testeos gratuitos (en la zona los laboratorios privados cobran 7 mil pesos);el violento aislamiento de familiares enfermos sin que se informe adónde se los llevan; fallecimientos de familiares con síntomas compatibles con el Covid 19 (que no pueden confirmar por falta de testeo), sin auxilio o información sobre el tratamiento delos cuerpos para su debido sepelio.
Ninguno de los reclamos fue atendido ni respondido por las autoridades (tampoco la decena de reclamos anteriores a la pandemia). Sobre las comunidades del Departamento Rivadavia, el 27 de octubre, un medio publicó el siguiente testimonio: “El obstáculo que tenemos de las comunidades es que no podemos obtener el agua porque este pozo sólo abastece a la población criolla de la zona del centro, quedando las comunidades excluidas para poder acceder a este vital elemento.”[13] En Tartagal las cosas no mejoraron tampoco. Por lo contrario, la comunidad wichí de ruta 86 Km. 6 denunció que pagó cerca de 3 mil pesos por unos 2 mil litros de agua.[14]
Mujeres, infancia y adolescencia en el foco de la tormenta
Fabiana Paz era una mujer de la comunidad wichí La Misión de Rivadavia Banda Sur. El 31 de agosto, a sus 21 años murió desangrada por una hemorragia después de haber dado a luz a su cuarto hijo.[15] La invisibilizada muerte de Fabiana es cruel testimonio de la emergencia en violencia obstétrica, de género y racismo que viven diariamente las mujeres originarias. La compulsiva hospitalización de los nacimientos que antes acontecían de manera tradicional en sus comunidades, ha acentuado la violencia institucional de los nosocomios, que se incrementa cuando se trata de mujeres originarias, ante la absoluta ausencia de un sistema de salud intercultural y bilingüe. La violencia de género que viven adentro y afuera de sus comunidades tienen por resultado decenas de muertes perinatales y tantos otros padecimientos desgarradores.[16]
Los incontrolados desmontes, la alimentación deficitaria en nutrientes, las fumigaciones, el agua contaminada, afectan el normal desarrollo fisiológico de embarazos, partos, lactancia y vida neonatal. De allí el inenarrable dolor del crimen infantil: en lo que va del año han fallecido “cuarenta y cinco niños menores de cinco años por diferentes causas evitables (deshidratación, diarrea, cuadros respiratorios, malformaciones congénitas, intoxicación por alimentos etc.), todos pertenecientes a los pueblos originarios”[17]. Concretamente, con el inicio del aislamiento social preventivo y obligatorio los directivos del Hospital de Tartagal cerraron el Centro de Recuperación e Investigación Nutricional de Tartagal: niños y niñas que estaban internados por desnutrición fueron así “desalojados”, echados.[18] ¿Acaso no queda claro que lo que condena a la muerte de niñas y niños originarios es un modelo de “desarrollo”, una forma de hacer política y también un modelo médico hegemónico clasista y excluyente? No son desgracias, es etnocidio focalizado en los cimientos de lo que buscan eliminar.
A esto debemos sumar que la situación de las mujeres, niñas/os, adolescentes de las comunidades más cercanas a los centros urbanos como Salvador Mazza, Tartagal y Embarcación denuncian la venta de drogas (paco, especialmente) y alcohol a menores de edad por parte de personas ajena a las comunidades. En este escenario de creciente violencia urbana entre las comunidades, las niñas y las adolescentes originarias son foco de todo tipo de violencia de género y violaciones perpetradas especialmente por hombres criollos. Las mujeres, niñas adolescentes y las infancias originarias (wichís, chorote, nivaklé, tobas/qom, tapiete, guaraní, chané…) están en la primera línea de ese fuego arrasador.
Todas las formas de discriminación
Todo esto ocurre a 20 años del lanzamiento oficial en La Haya de la Carta de la Tierra, antecedente mundial sobre el imperativo de generar una sociedad global sostenible fundada en el respeto hacia la naturaleza, los derechos humanos, la justicia económica y la paz; a 13 años de la sanción de la Ley Nº 26.331 de “Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos» (conocida como «Ley de Bosques») con el propósito de proteger a los ecosistemas a escala nacional; a 10 años del documento TIERRA (Tratado Interétnico para la Refundación de la República Argentina) en dónde líderes de pueblos originarios de la Argentina reunidos en Misión Chaqueña expresaron, entre otros puntos fundamentales, la urgente devolución efectiva y escritura de sus territorios ancestrales y la ampliación del concepto de memoria verdad y justicia a las naciones indígenas.
Señala Diana Lenton que el genocidio no es apenas un accidente histórico, es un factor que de trasfondo opera sistemática y extensivamente en la política respecto a lo indígena. Y la política (aunque de perogrullo) no se limita a un castillo jurídico, ni a su corte y ni a sus cortesanos que la violan sistemáticamente. El racismo de las instituciones del estado es extrema violencia política. Pero también es política la lucha colectiva de las comunidades originarias que contrarrestan lo anterior. ¿Cómo explicar el hiato entre los avances en el plano formal del derecho, en las experiencias sociales de lucha y la realidad aquí descripta?
Más allá de las expresiones de buena voluntad de algunos funcionarios del gobierno nacional, no se puede soslayar que el unitarismo dominante en la política de nuestro país afecta de lleno en estas realidades de tierra adentro. Al igual que las respuestas a la pandemia del Covid-19, todo se concentra en el AMBA. Y cuando las realidades provinciales estallan, no hay respuestas, como si allí sólo fuera jurisdicción de los gobiernos locales y provinciales.
¿Pueblos Indígenas en Salta? Sólo habría en las montañas, en los Valles Calchaquíes. Apenas si son “vistos” cuando asociados al “paisaje y al turismo”. A su modo, Salta es también unitaria; sólo fueron materia de interés político los territorios del Valle de Lerma hacia el oeste. El Chaco es tierra de “miseria”, “indómita”, abandonada a la buena suerte de los señores de las haciendas, de los ingenios y del peor clientelismo político. Para con los pueblos originarios del chaco salteño el sentido común expresa las adjetivaciones más violentas que se puedan imaginar; “vagos” y “ariscos” son variaciones de antiguos rótulos como “salvajes” y “brutales”.
La acostumbrada criminalización de la protesta en una región en la que nació “el piquete”, se acentúo en los últimos meses con la policía en las calles custodiando el aislamiento social preventivo y obligatorio. El mismo 12 de octubre el cacique de la comunidad Carboncito fue detenido por la policía y privado de su libertad sin causa conocida.[19] En Aguaray, también hace pocos días, se inició una causa judicial a miembros de la comunidad wichí por reclamar acceso al agua potable.[20] La inseguridad jurídica de las comunidades originarias es absoluta. La provincia no aplica ninguna medida de interacción plurilingüe. Lo mismo sucede en las instituciones sanitarias. Lejos de sentirse algún esbozo de reacción para mitigar la ausencia de ese puente tan elemental para la comunicación y el entendimiento, los funcionarios parecen reaccionar con profunda irritación ante costumbres no aggiornadas a lo que exige la modernidad capitalista. Todas las relaciones “de arriba hacia abajo” se tiñen luego de un racismo rabioso. La cura de ese mal compete a todos, pero muy especialmente a quienes detentan alguna cuota de poder.
Las comunidades originarias dejan una y otra vez muy clara su posición. Pasan los presidentes, los gobernadores, intendentes, legisladores y aunque todos dicen “ayudar”, el auxilio no llega y cuando lo hace, también carga la mala fe del racismo: un pozo de agua hecho en un lugar erróneo, una avioneta que no aterriza para entregar alimentos y los lanza desde el aire. Pero las comunidades originarias no quieren un Estado tutelar, no quieren que apenas se los “ayude”. Sus cosmologías sustentan un admirable espíritu de grandeza que les permite ir a fondo: reclamar que las autoridades y la sociedad reconozcan su pre-existencia al Estado-Nación, que restituyan sus tierras, que se respete su derecho a la autodeterminación y que se valore la diversidad cultural que encarnan. Para hacer frente a ese horrendo escenario, exigen una MESA DE DIÁLOGO, con garantías jurídicas, intérpretes y traductores bilingües, especialistas en Derechos Humanos Indígenas, antropólogas/os (que conozcan el terreno y que sean refrendados por las comunidades originarias). ¿Es mucho? ¿Tan difícil tarea tendrían que encarar las autoridades políticas de turno?
Por Mariana Espinosa
Antropóloga y socióloga.
Investigadora del CONICET en el IDACOR y profesora del Departamento de Antropología de la Facultad de Filosofía y Humanidades.
[1] El artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional establece que corresponde al Congreso: “Reconocer la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos; Garantizar el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural. Reconocer la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; Regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano; Ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Por último, el nuevo marco supone asegurar la participación de los pueblos en la gestión referida a sus recursos naturales y demás intereses que los afecten, más allá de las provincias pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones”. https://www.argentina.gob.ar/noticias/la-constitucion-nacional-incorpora-el-articulo-75-inc-17.
[2] Entre 1970 y 1990 se realizaron tres declaraciones (de Barbados) que articularon históricas demandas por el reconocimiento y la inclusión de todas las poblaciones indígenas de América Latina. Su repercusión fue mundial e implicó un antes y un después en la historia de la demanda de derechos de los Pueblos Originarios.
[3] Quien quiera aproximarse a algunos de los centenares de estudios que la antropología ha realizado sobre el conocimiento de las culturas del Gran Chaco, invitamos a leer el dossier organizado por Rodrigo Montani que será publicado en enero de 2021 en la Revista del Museo de Antropologíanº 13 (3).
[4] Sobre etnohistoria del periodo colonial puede consultarse trabajos de Ana María Lorandi, Silvia Palomeque, Raquel Gil Montero, entre otras y otros. Sobre relación de tierras bajas y tierras altas en el siglo XIX y principios del XX se recomienda especialmente la obra de Ana Teruel.
[5] Sobre los enclaves económicos y sus efectos sobre las poblaciones indígenas, véase Córdoba L. Bossert F. Richard, N. (Eds) Capitalismo en las selvas. Enclaves industriales en el Chaco y Amazonía (1850-1950), San Pedro de Atacama: Ediciones del Desierto.
[6] Sobre misiones en la región chaqueña véase En Ceriani Cernadas, C. (Dir) Los evangelios chaqueños. Misiones y estrategias indígenas en el siglo xx, Buenos Aires: Editorial Rumbo Sur.
[7]https://www.pagina12.com.ar/299039-salta-es-la-segunda-provincia-con-mas-deforestacion
[8]https://www.pagina12.com.ar/300392-la-provincia-quito-las-audiencias-publicas-para-tala-y-desmo). Y http://www.fiscalespenalesalta.gob.ar/la-demanda-millonaria-contra-karlen-por-desmonte-ilegal-ingreso-en-una-etapa-decisiva/
[9] http://www.cuarto.com.ar/al-servicio-del-patron-la-policia-de-salta-recibe-dinero-para-cuidar-los-desmontes-en-las-comunidades/
[10] https://www.anred.org/2020/09/16/salta-desalojan-a-comunidad-guarani-90-familias-a-la-calle/
[11] https://eltinterodesalta.com/index.php/2020/10/30/desalojaron-violentamente-de-su-territorio-ancestral-a-la-comunidad-yokwespehen/
[12] https://www.pagina12.com.ar/303042-otra-notificacion-a-wichis-para-desocupar-una-isla-de-monte
[13] https://layapasalta.com.ar/2020/10/27/comunidades-de-rivadavia-solicitan-agua-ya-que-aseguran-que-no-tienen-acceso-a-los-tres-pozos-que-realizo-el-gobierno/
[14] http://www.cuarto.com.ar/tartagal-las-comunidades-deben-comprar-el-agua-para-soportar-el-calor-y-la-sequia/ y https://www.pagina12.com.ar/302497-comunidades-indigenas-pagan-hasta-3-mil-pesos-para-tener-agu
[15] https://www.pagina12.com.ar/289803-denuncian-que-fallecio-una-joven-wichi-por-deficiencia-en-la
[16] https://www.pagina12.com.ar/251850-las-mujeres-wichi-y-su-salud-en-riesgo
[17] Acción Declarativa de Certeza presentada por Gastón Harispe y Omar Segovia.
[18] Sobre esta denuncia véase el video: https://www.youtube.com/watch?v=jOxf58_t4iQ
[19] http://www.cuarto.com.ar/feliz-12-de-octubre-la-policia-de-salta-detuvo-al-cacique-de-la-comunidad-wichi-mision-carboncito/
[20] http://infopais.com.ar/salta-inician-causa-judicial-a-indigenas-que-reclaman-por-el-acceso-al-agua-potable/