![\"\"](\"http:\/\/ffyh.unc.edu.ar\/alfilo\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2020\/11\/nota-violencia-chaco.jpg\")
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En este informe, Mariana Espinosa, investigadora del CONICET en el IDACOR y profesora del Departamento de Antropolog\u00eda de la Facultad de Filosof\u00eda y Humanidades, relata la situaci\u00f3n de violencia y desamparo del Estado que viven los pueblos originarios del Chaco Salte\u00f1o frente a la pandemia del Covid-19, los desmontes ilegales y los desalojos de sus tierras ancestrales.<\/strong><\/p>\n <\/p>\n \u201cReconocer la preexistencia \u00e9tnica y cultural de los pueblos ind\u00edgenas argentinos\u201d[1]<\/a>; la negaci\u00f3n de este elemental principio constitucional es el fundamento sobre el cual se erige un sin fin de violaciones a los derechos humanos ind\u00edgenas. La situaci\u00f3n a la que se enfrentan los Pueblos Originarios del Chaco Salte\u00f1o es de saqueo a todo cuanto recurso ambiental est\u00e9 a la vista por parte de grandes y peque\u00f1os empresarios y de asfixia de todo suspiro cultural ind\u00edgena que interfiera en su codicia. \u00bfQu\u00e9 debe suceder para que la sociedad argentina reaccione ante los brutales cr\u00edmenes que desde hace d\u00e9cadas asolan al Chaco Salte\u00f1o y que en los \u00faltimos meses se han multiplicado? \u00bfQu\u00e9 demostraciones habr\u00eda que blandir para que se ponga l\u00edmite a tanta violencia y para allanar el camino a una declaraci\u00f3n y acci\u00f3n que establezca como imperativo \u00e9tico una reparaci\u00f3n hist\u00f3rica por parte del Estado? \u00bfQu\u00e9 roles debemos asumir los y las cient\u00edficos\/as, las organizaciones sociales, las y los abogadas\/os, las fundaciones, las iglesias de todos los credos? \u00bfQu\u00e9 m\u00e1s debe ocurrir para que el Chaco Salte\u00f1o tenga su Declaraci\u00f3n de Barbados?[2]<\/a><\/p>\n Elementos b\u00e1sicos de contexto<\/strong><\/p>\n El llamado Chaco Salte\u00f1o forma parte del Gran Chaco americano, una extensa y (otrora) espesa planicie boscosa que abarca parte de los actuales territorios de Paraguay, Bolivia, Brasil y Argentina. La provincia de Salta delimit\u00f3 para s\u00ed una porci\u00f3n del Chaco Central, ahora dividida en los departamentos San Mart\u00edn, Or\u00e1n y Rivadavia. En su faz occidental esta subregi\u00f3n limita con la selva tucumano-oranense o yungas, conformando un extraordinario ecotono. En esta subregi\u00f3n, dos son las cuencas h\u00eddricas de mayor importancia para el equilibrio natural y cultural: Pilcomayo y Bermejo. Los antiguos pueblos originarios beb\u00edan y pescaban en esos r\u00edos. Cazaban y recolectaban frutos del generoso pulm\u00f3n americano, sin necesidad de herramientas legales que los habilitaran a ocupar libremente esos territorios. Desde tiempos inmemoriales, all\u00ed habitan decenas de etnias: wich\u00eds, chorotes, nivakl\u00e9s, tobas (Qom), pilag\u00e1s, guaran\u00edes, chan\u00e9s, tapietes. Hablan cotidianamente lenguas de las familias ling\u00fc\u00edsticas guaycur\u00fa, mataco-maca y guaran\u00ed. Expresan formas de vida, de pensamiento, de organizaci\u00f3n social que enriquecen de mil maneras la comprensi\u00f3n de otras formas posibles de ser y estar en el mundo.[3]<\/a><\/p>\n A diferencia de otras \u00e1reas culturales y fitogeograf\u00edas de Salta, en el per\u00edodo prehisp\u00e1nico \u00e9sta mantuvo autonom\u00eda con relaci\u00f3n al Tahuantinsuyo. En la colonia, el chaco occidental y el piedemonte andino, constituyeron una zona de frontera de la Gobernaci\u00f3n del Tucum\u00e1n, marcada por un sistema de fuertes, reducciones y haciendas donde los ind\u00edgenas de \u201ctierras bajas\u201d fueron mano de obra esclava. A fines del siglo XIX y principios del XX diversas campa\u00f1as militares se dirigieron hacia el interior del Gran Chaco y la relativa \u201clibertad\u201d de estos grupos se vio interrumpida violentamente.[4]<\/a> El asesinato, encarcelamiento y el desplazamiento forzado de poblados enteros desde entonces est\u00e1n presentes en la historia de estos pueblos en sus relaciones con los criollos, con los gobiernos locales, provinciales y nacional.<\/p>\n Los antiguos ingenios azucareros, los algodonales, las forestales fueron enclaves que exig\u00edan ingentes cantidades de mano de obra.[5]<\/a> Como ha sido bien documentado por la literatura y el cine, la mano de obra fue esclavizada. Lamentablemente lo sigue siendo en muchos contextos del presente y esa atroz forma de tratamiento humano se har\u00e1 m\u00e1s cruda, si no se act\u00faa con urgencia, con firmeza. Completaron el escenario las misiones cat\u00f3licas, protestantes, evang\u00e9licas y pentecostales -con diferenciadas estrategias de misionalizaci\u00f3n – oscilaron entre refugios humanitarios y coercitivos reg\u00edmenes morales civilizatorios.[6]<\/a><\/p>\n El territorio, el monte y las culturas<\/strong><\/p>\n Hace unos d\u00edas, funcionarios nacionales informaron que \u201cen 20 a\u00f1os se perdieron 6,5 millones de hect\u00e1reas de bosques nativos en el pa\u00eds, y desaparecieron 2,8 millones entre 2008 y 2018, pese a la existencia de la Ley de Protecci\u00f3n de Bosques Nativos n\u00b026.331. De ese total, el 87% de las p\u00e9rdidas ocurrieron en el Gran Chaco y Salta represent\u00f3 el 21% de hect\u00e1reas desmontadas entre 2007 y 2018. La provincia fue la segunda que m\u00e1s bosque nativo deforest\u00f3, detr\u00e1s de Santiago del Estero, en donde desapareci\u00f3 el 28%\u201d.[7]<\/a><\/p>\n En Salta, hasta hace poco el gobierno permit\u00eda los desmontes hasta 300 hect\u00e1reas sin audiencia p\u00fablica ni estudio de impacto ambiental ni social (Ley de Ambiente de la provincia N\u00b0 7070). Ahora por una resoluci\u00f3n provincial (n\u00b0 333) se permitir\u00e1 hasta 1.500 hect\u00e1reas, sin estudio previo y por declaraci\u00f3n jurada. Esto es posible porque un funcionario<\/em> salte\u00f1o interpret\u00f3 que el \u201caprovechamiento forestal\u201d (o desforestaci\u00f3n) es una actividad de \u201cbaja intervenci\u00f3n e intensidad sobre el bosque y\/o impacto ambiental y social\u201d.[8]<\/a><\/p>\n Quien haya crecido cerca de algunas de las rutas que conectan ciudades, pueblos, parajes, comunidades, misiones que unen el Chaco Salte\u00f1o seguramente observ\u00f3 en repetidas ocasiones tractores trasladando gruesos troncos de \u00e1rboles nativos reci\u00e9n cortados. Antes circulaban a la noche, como actividad criminal que deb\u00eda ser ocultada. Pero hace tiempo que los cr\u00edmenes ambientales se hacen sin descaro, a plena luz del d\u00eda. Mientas en otras regiones se discute sobre gobernanza ambiental y se han escrito millares de p\u00e1ginas sobre las consecuencias sociales y ambientales del cambio en el uso del suelo, el Estado salte\u00f1o \u201chace caso omiso, o\u00eddos sordos\u201d. Los Pueblos Originarios no cesan de denunciar de mil formas lo que le est\u00e1n haciendo a su tierra y los atropellos que sufren por causa de la codicia de un pu\u00f1ado de \u201cgrandes empresarios\u201d, de gente con apellidos de abolengo, de extranjeros o de todo el que busque un destino sin su presencia.<\/p>\n Los desmontes se hacen no s\u00f3lo sobre \u201cpropiedades privadas\u201d sino tambi\u00e9n tierras estatales o comunales. Entre el 19 y 20 de octubre la comunidad wich\u00ed Honat Le Les, ubicada sobre la Ruta 34 en General Ballivi\u00e1n, en sus propias tierras no pudo detener un desmonte custodiado por la mism\u00edsima polic\u00eda provincial.[9]<\/a> La \u201cliberaci\u00f3n\u201d de restricciones para el desmonte est\u00e1 acelerando, entre otros problemas, los desalojos. En lo que va de la pandemia y la cuarentena, todos los d\u00edas (\u00a1s\u00ed, todos los d\u00edas!) hay noticias de amenazas, desalojos, encarcelamientos. Algunos ejemplos: el 23 de julio, sin orden judicial, cien efectivos de la polic\u00eda de Or\u00e1n, desalojaron a 90 familias de la comunidad guaran\u00ed CheruTumpa ubicada en Colonia Santa Rosa.[10]<\/a> En Tartagal, el 21 de octubre a las 5 de la madrugada la comunidad wich\u00ed Yokwespehen fue violentamente desalojada por la Polic\u00eda de Salta que montada a caballo lleg\u00f3 con una notificaci\u00f3n firmada por el juez Aramayo y a pedido del supuesto propietario Jorge Panayotidis. Desde entonces, 15 familias con 40 ni\u00f1os y ni\u00f1as est\u00e1n viviendo a la intemperie a la orilla de la Ruta Nacional 86.[11]<\/a> Mientras escribo esta nota los hermanos del Pueblo Wich\u00ed Pozo Pajarito de Ballivi\u00e1n podr\u00edan estar siendo desalojados por la polic\u00eda de Salta a pedido de los \u201cpropietarios\u201d Daniel Dar\u00edo Karlen y Juan Jos\u00e9 Karlen, quienes tiempo atr\u00e1s fueron\u201ccondenados tras haber desmontado m\u00e1s de 11.000 hect\u00e1reas de manera ilegal\u201d.[12]<\/a><\/p>\n La resoluci\u00f3n n\u00b0333 del gobierno de la provincia de Salta sin duda acelerar\u00e1 el proceso de destrucci\u00f3n de los bosques nativos y el ataque a las poblaciones ind\u00edgenas que -\u00bfque hay que repetirlo mil veces?- habitan ancestralmente all\u00ed, en tierras que despu\u00e9s de la \u201cConquista y Colonizaci\u00f3n del Gran Chaco\u201d pasaron a ser fiscales o privadas. No existe justicia social sin justicia ambiental y viceversa.<\/strong> Hace d\u00e9cadas que las comunidades originarias ven atacada la soberana y libre reproducci\u00f3n de sus culturas debido a la expropiaci\u00f3n de la naturaleza sobre la cual se funda su cosmovisi\u00f3n, donde se hunden sus ra\u00edces, donde yacen sus cementerios. Cabe agregar, este drama profundizar\u00e1 el deterioro de las condiciones de vida de los habitantes y la situaci\u00f3n socio-ambiental de las ciudades de los departamentos San Mart\u00edn, Oran y Rivadavia: se producir\u00e1n m\u00e1s hacinamientos en los alrededores de las ciudades cabeceras, donde no hay vivienda ni agua potable (no olvidar que en la zona hace, como dice el dicho popular, \u201c50 grados a la sombra\u201d todo el a\u00f1o), donde el dengue y las pandemias como el Covid atraviesan barrios y no distinguen a la gente por el color de piel, por su riqueza o apellido.<\/p>\n Covid 19: la Emergencia de la emergencia socio sanitaria <\/strong><\/p>\n El 29 de enero de 2020 el Gobierno de Salta declar\u00f3 el estado de emergencia sociosanitaria en los Departamentos San Mart\u00edn, Or\u00e1n y Rivadavia. Al poco tiempo sobrevino la pandemia por el virus SARS-CoV-2\/COVID-19. Entre agosto y septiembre, Pueblos originarios del Chaco Salte\u00f1o sumaron al problema de la falta de agua potable y acceso a la salud, la proliferaci\u00f3n del Covid19. El sistema sanitario de la regi\u00f3n es extremadamente limitado, precario, rudimentario para la densidad poblacional y su estructura social en extremo desigual. Toda la poblaci\u00f3n de los departamentos de San Mart\u00edn (156.910 habitantes, censo 2010), Or\u00e1n (138.838 habitantes) y Rivadavia 30.357 habitantes) cuentan con s\u00f3lo tres hospitales con limitadas camas de terapia intensiva y algunos puestos sanitarios. El d\u00e9ficit de m\u00e9dicos y enfermeros es alarmante.<\/p>\n Comunidades de Santa Victoria Este y la agrupaci\u00f3n de mujeres ind\u00edgenas de Tartagal, ARETEDE, buscaron visibilizar esta nueva emergencia. En el primer caso ante el anuncio de la posibilidad de instalar hospitales de campa\u00f1a, el 1 de septiembre diversas comunidades firmaron una nota dirigida al gobernador de Salta para solicitar ayuda b\u00e1sica. En materia de salud: que funcionalicen las unidades de acceso a la salud primaria que ya existen y no tienen personal. Falta de agua: la reparte el ej\u00e9rcito y es insuficiente, hablan de la eterna promesa de pozos y solicitan que se consulte previamente d\u00f3nde deben hacerse. Falta de alimento: la carta denuncia que los bolsones de alimento que dicen enviarse no llegan y piden que los m\u00f3dulos alimentarios sean de calidad. Tambi\u00e9n se advierte sobre problemas estacionales y la necesidad de obras para mitigar las inundaciones peri\u00f3dicas en la cuenca del Pilcomayo. La nota va a acompa\u00f1ada de una declaraci\u00f3n en donde se pide algo tan elemental como que se respete su condici\u00f3n de pueblos originarios; sus lenguas y la autodeterminaci\u00f3n sobre su comunidad y territorio.<\/p>\n Las mujeres originarias de la organizaci\u00f3n ARTEDE por su parte lanzaron una campa\u00f1a de concientizaci\u00f3n para dar a conocer testimonios sobre la expansi\u00f3n del COVID 19 entre las comunidades que circundan a la ciudad de Tartagal. Se denuncia: falta de agua; falta de informaci\u00f3n en lenguas originarias sobre c\u00f3mo prevenir la enfermedad, exclusi\u00f3n en el reparto de medicamentos para la fiebre y en la posibilidad de ser sujetos de testeos gratuitos (en la zona los laboratorios privados cobran 7 mil pesos);el violento aislamiento de familiares enfermos sin que se informe ad\u00f3nde se los llevan; fallecimientos de familiares con s\u00edntomas compatibles con el Covid 19 (que no pueden confirmar por falta de testeo), sin auxilio o informaci\u00f3n sobre el tratamiento delos cuerpos para su debido sepelio.<\/p>\n Ninguno de los reclamos fue atendido ni respondido por las autoridades (tampoco la decena de reclamos anteriores a la pandemia). Sobre las comunidades del Departamento Rivadavia, el 27 de octubre, un medio public\u00f3 el siguiente testimonio: \u201cEl obst\u00e1culo que tenemos de las comunidades es que no podemos obtener el agua porque este pozo s\u00f3lo abastece a la poblaci\u00f3n criolla de la zona del centro, quedando las comunidades excluidas para poder acceder a este vital elemento.\u201d[13]<\/a> En Tartagal las cosas no mejoraron tampoco. Por lo contrario, la comunidad wich\u00ed de ruta 86 Km. 6 denunci\u00f3 que pag\u00f3 cerca de 3 mil pesos por unos 2 mil litros de agua.[14]<\/a><\/p>\n![\"\"](\"http:\/\/ffyh.unc.edu.ar\/alfilo\/wp-content\/uploads\/sites\/11\/2020\/11\/cedula-notificacion.jpg\")
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