La cobertura que la prensa escrita de Córdoba hizo de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 1979, dejó en claro los esfuerzos por ocultar las violaciones a los derechos humanos en esta provincia, poniendo de relieve la situación nacional por encima de lo ocurrido en los pagos de Luciano Benjamín Menéndez. Además de este “cerco informativo”, en el análisis Carol Solis pone de relieve el doble estándar que mostraban las noticias, con una evidente desigualdad informativa entre las voces “permitidas” y las “prohibidas”, en función de la cercanía que unas y otras tenían con el régimen que conducía el mandamás del III Cuerpo.
Transcurridos tres años del golpe de Estado de 1976, la fuerte presión internacional -y cada vez más nacional- ante el conocimiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas en el país, tuvo su impacto en la llegada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la Organización de Estados Americanos (OEA), que realizó una visita oficial en respuesta a la invitación formulada por el gobierno de facto. Septiembre de 1979 se convirtió en una ventana política en múltiples sentidos. Mientras el gobierno de la dictadura esperaba relegitimar sus títulos y minimizar las denuncias de lo que ellos llamaron una “campaña antiargentina”, los allegados a las víctimas, sus grupos y redes solidarias esperaban ratificar y ampliar sus demandas frente a un organismo externo que les garantizara imparcialidad y libertad de expresión, y que legitimara también sus reclamos ante la comunidad nacional e internacional.
Este acontecimiento, de fuerte impacto político, generó posicionamientos y clivajes, siendo un tema de referencia clave en la prensa de la época. Incluso, para el naciente Movimiento de Derechos Humanos, la visita significó una oportunidad para articular, profundizar y demostrar su capacidad de accionar concertadamente y convocar de manera contundente y masiva a la movilización de las víctimas, familiares y allegados. La presencia de la CIDH “en el terreno” se convirtió en un momento clave para sopesar las versiones en disputa respecto de la magnitud, características, territorialidad y responsabilidades de las violaciones a los derechos cometidas por la represión estatal. También buscó descentralizar la recepción de denuncias y acercar a los miembros visitantes a las regiones del interior que -se presuponía- tendrían una fuerte demanda.[2] Revisar esta coyuntura permite pensar en la centralidad que los diversos grupos y redes de activistas y familiares tuvieron en diferentes lugares del país, aportando a construir una denuncia “nacional” de las violaciones, que fue posibilitada por la interacción de tramas locales, nacionales y trasnacionales.
Para abordar el tema en Córdoba, analizamos la cobertura de los tres medios gráficos locales de la visita: La Voz del Interior, Los Principios y Córdoba (en adelante LVI, LP y DC) donde la llegada de la CIDH comenzó a tematizarse casi diariamente, reproduciendo noticias nacionales y luego locales. Pese a tratarse de tres medios diferentes, hay un marcado sesgo en la construcción de las noticias que no puede explicarse solamente por los fenómenos de la censura y la autocensura. Este sesgo particular que atraviesa las coberturas implica la inscripción de una doble desigualdad: por un lado, una distinción entra las que aparecen como voces permitidas y prohibidas a través de lo muestran y ocultan; por otro, una subordinación y menor cobertura de lo ocurrido en la escena local frente a la cobertura de las noticas “nacionales”, configurando una suerte de cerco informativo. Veamos.
Apenas aterrizó en Buenos Aires, la CIDH alentaba a las personas que creyesen haber sufrido violaciones a los derechos humanos y entidades representativas a colaborar con la misma, declarando que el gobierno se había comprometido a no represaliarlos, apostando a ser percibida como una oportunidad para denunciar y no como una amenaza. En el reporte del primer día se cronicaba que por momentos hubo más de cuatro cuadras de cola de familiares de desaparecidos. (LVI, 8-9-79, p.1) Como era previsible, la actividad de la Comisión durante su estadía en la capital del país recibió una importante cobertura local, ocupando en varias oportunidades las primeras planas. Lo destacado es que las noticias “nacionales” incluyeron diversidad de actores y voces, reseñando no solo la actividad pública de la delegación, sino también los propios documentos que críticos y solidarios de su visita hacían conocer. Así, junto a las expresiones de diferentes sectores militares, políticos y eclesiásticos respecto de los alcances y expectativas que tenían en torno a la CIDH, también se dio difusión a las actividades y posicionamientos de las organizaciones del MDH, tanto en el plano de la denuncia como de las acciones colectivas presentadas en el plano judicial. Pero el estilo se modificó radicalmente al cubrirse el plano local. Cuando llegaron a esta provincia, el 11 de septiembre, la comisionados fueron recibidos por el ministro de gobierno y después de instalarse en el Hotel Crillón, en pleno centro, los delegados pidieron entrevistarse con el gobernador Adolfo Siwald y el jefe del III Cuerpo, Luciano Benjamín Menéndez. (DC, 12-9-79, p.1) Su agenda de labor se basó en la realización de entrevistas pactadas, generalmente a solicitud de la Comisión cuando se trataba de autoridades o referentes públicos de interés, o solicitadas como audiencia por grupos o particulares. Las entrevistas se complementaron con las visitas a los sitios que estaban relacionados con denuncias de violaciones a los derechos humanos, siempre acompañados por las máximas autoridades de las áreas involucradas.
Aunque la difusión pública de las modalidades de recepción de denuncias era de gran ayuda para los familiares y allegados de los represaliados, anticipando el contenido del trámite y también su continuidad, la mayor expectativa de los medios estuvo puesta en las reuniones mantenidas con las autoridades principales de la provincia, publicando las entrevistas con Menéndez, el gobernador Siwald y su ministro de gobierno, además del rector-interventor de la UNC, Dr. Francisco Quintana Ferreyra. Lo publicado fueron crónicas genéricas en las que se resaltaban conductas armoniosas y se replicaba cualquier indicio de la Comisión de mencionar que el gobierno se había mostrado abierto, hospitalario y colaborativo. Los esfuerzos por reseñar la colaboración de las autoridades no ocultaron sin embargo huellas de acciones intimidatorias contra los denunciantes. En efecto, se registraron “incidentes” cuando se detectaron fotógrafos no identificados que tomaban fotografías en las afueras del hotel Crillón. Ante la inesperada acción, el miembro de la CIDH doctor Norris tomó fotografías a los fotógrafos desconocidos, que se alejaron rápidamente del lugar. (LVI, 14-9-79, p.6) A las claras, aunque los miembros de la Comisión intentaban en sus interlocuciones mostrarse confiables para quienes quisieran realizar denuncias, quedó demostrado que hubo acciones intimidatorias contra los denunciantes.
Por su parte, el tratamiento periodístico de las entrevistas fue desigual cuando se refirió a sectores no militares. Por un lado, cuando se trató de sectores y organizaciones no públicamente afines con el régimen, se refirió “a representantes de grupos solidarios, a sectores políticos y del Partido Comunista” (DC, 13-9-79, p.1) o a otras expresiones con similar vaguedad “dirigentes políticos, ex legisladores y al Colegio de Abogados de Córdoba” (LVI, 13-9-79, p.1) que les entregaron un memorial con su lectura del momento argentino, sin especificar quienes eran los grupos sociales y políticos concurrentes, resultando igualmente notorio que de los actores partidarios sólo se mencionara al PC. De este modo se dificultaba identificar los grupos, sectores y organizaciones que efectivamente concurrieron a entrevistarse con la CIDH. En sentido inverso, cuando referían a los apoyos al gobierno o se ensayaban críticas a la Comisión se tendió a especificarlos y a sobredimensionar las autorías y representaciones. Ello ocurrió, por ejemplo, cuando los miembros de la Comisión se entrevistaron con el recientemente reelecto presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, Dr. Osvaldo Bearzotti, quien días antes pronunció su beneplácito porque las autoridades nacionales habían informado el ansiado fin de la lucha antisubversiva.(LVI, 13-9-79, p.1)
Las visitas fueron el segundo tipo de intervención que tuvo la delegación de la CIDH en Córdoba. En la Cárcel Penitenciaria, primer lugar visitado, fueron recibidos por las autoridades, pudieron hablar con las personas detenidas pero la prensa no publicó precisiones sobre los represaliados sobrevivientes en condiciones de encierro y solo enfatizaron que los detenidos “pudieron hablar en libertad” con los visitantes delegados. (DC, 13-9-79, p.) La uniformidad de cobertura se advierte en la magnificación de eventos triviales, como los referidos a la cocina y comida de la institución carcelaria: los elogios a la alimentación que se suministraba a los penados por la abundancia de carne, el uso de gas natural y el régimen de visitas íntimas establecidos para los condenados y la forma en que había sido adecuado el edificio. (LVI, 14-9-79, p.6) Sobre la reunión con los detenidos, esto se mencionó ligeramente, refiriendo “a las entrevistas con los detenidos no comunes” (LVI, 14-9-76, p.6, destacado mío) sin especificar la condición política de los mismos. Incluso, al visitar La Ribera y La Perla junto a Menéndez, describieron los sitios eludiendo cualquier mención a las denuncias que los situaban como centros clandestinos y se limitaron a decir que se trataban de una prisión militar y de un predio de instalaciones del Escuadrón de Exploración de Caballería Blindada Aerotransportada. (DC, 15-9-79, p.4) La desigualdad de cobertura incluyó una presencia fuerte de las opiniones favorables al gobierno, como la mención durante y luego de la visita a Córdoba de los apoyos de la Bolsa de Comercio de Córdoba, del Colegio de Abogados y también de algún sector sindical.
Por último, resulta de importancia considerar qué enunciadores y contenidos dieron por finalizada la cobertura local, propiciando determinados sentidos públicos en detrimento de otros. A pocos días de retirarse la comisión de Córdoba, se publicaban en primera plana las expresiones de Menéndez que enfatizaban que “No se violaron los derechos humanos”. En ellas se referenció textualmente su intercambio con la Comisión, a quien le informó “que habíamos aplicado la fuerza con toda la energía necesaria pero dentro del marco de normas legales preexistentes, y en respuesta a una guerra declarada por la subversión comunista que nos agredió impulsada por [las] órdenes internacionales que recibía”. (DC, 18-9-79, p.1)
En este breve recorrido queda claro el modo en que se difundieron sentidos adversos a la situación de los represaliados en Córdoba, incluso durante una coyuntura evaluada como favorable en la historia del Movimiento de Derechos Humanos de nuestro país. Las coberturas periodísticas permiten delinear como estrategias desactivadoras la difusión desigual de las voces en conflicto, la sobrerrepresentación de expresiones de repudio a la Comisión y el tratamiento minimizado de lo acontecido en Córdoba en relación con la escena nacional. Sin embargo, cabe recordar que pese al escaso apoyo de la prensa, las víctimas, los familiares, allegados y grupos solidarios se movilizaron en Córdoba y varios de sus testimonios fueron integrados en el Informe Final de la CIDH publicado en 1980, que ayudó a construir un contradicurso sobre los efectos represivos y sus responsabilidades que terminaría por dinamitar el consenso prodictadura.
Por Ana Carol Solis
Profesora y Licenciada en Historia, Magíster en Partidos Políticos, Directora del Programa de DDHH de la FFyH.
Fotografías: gentileza Ana Carol Solis
[1] Esta comunicación integra aspectos trabajados en el capítulo de mi autoría “Entre mostrar, ocultar y desligar.” En evaluación, 2016.
[2] Entre sus principales destinos la Comisión visitó Buenos Aires, Córdoba, Rosario y La Plata. Informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina. 11 de abril de 1980. Secretaria General. Organización de los Estados Americanos, Washington D.C. 2006, reedición del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Presidencia de la Nación, 2006, p.21
