Estudiantes de la FFyH en los años 70, Diana Triay y Sebastián Llorens fueron secuestradxs en diciembre de 1975, asesinadxs y desaparecidxs en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio “Puente 12”, aunque sus cuerpos fueron recuperados e identificados en 2013 en Buenos Aires por el EAAF. El juicio, declarado de interés institucional por esta Facultad por las vinculaciones de 12 de las 185 víctimas con Córdoba, llegará a su fin el próximo 27 de septiembre. En diálogo con el Programa de Derechos Humanos, su hija, Carolina Llorens, testigo y militante del Movimiento Campesino de Córdoba, cuenta cómo fue transitar este tiempo de lucha y esfuerzos familiares para juzgar el accionar del terrorismo de Estado.
El próximo 27 de septiembre de 2024 se darán a conocer las últimas palabras de los imputados y el veredicto del Tribunal del juicio por delitos de Lesa Humanidad “Puente 12 III”. Este juicio, que comenzó el 3 de abril de 2023, fue declarado de interés institucional por el Honorable Consejo Directivo de la FFyH a través del Programa de Derechos Humanos, entre otras razones, porque se están juzgando crímenes cometidos a personas secuestradas en el Centro Clandestino de Tortura y Exterminio “Puente 12”, en el que fueron investigados 4 ex miembros de la División Cuatrerismo de la Policía Bonaerense, 2 ex oficiales del Batallón de Inteligencia 601 del Ejército por delitos de lesa humanidad a 185 personas, 12 de las cuales están vinculadas por distintos motivos a la provincia de Córdoba. Particularmente dos de ellas, Diana Triay y Sebastián Llorens, fueron estudiantes universitarios en esta Facultad. De las 12 víctimas, 10 fueron desaparecidas y/o asesinadas: Ricardo Elías Abdon; Juan Eliseo Ledesma; Sebastián Llorens; Diana Triay; Alicia D’Ambra; Elvira Garaicochea, María Inés Margarita Assales; Jorge Scelso; Oscar Borobia; Juana María Arzani.
En este proceso judicial, acompañamos particularmente a la familia de Diana Triay y Sebastián Llorens, estudiantes de la FFyH, militantes políticos, desaparecidos desde diciembre de 1975 y asesinados por el aparato represivo estatal, cuyos restos fueron recuperados por su familia en el año 2013 gracias al trabajo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).
Por esto, entrevistamos a Carolina Llorens, hija de Diana Triay y Sebastián Llorens. Carolina fue testigo en este juicio y es militante del Movimiento Campesino de Córdoba.
- Fuiste testigo en este juicio, ¿qué sentido tiene que tu palabra sea escuchada por un tribunal?
Estar sentada como testigo fue ya en sí una victoria, como la que se siente cuando se logra escalar una montaña muy empinada. Fue el resultado de un camino que comenzamos a visualizar hace casi 20 años cuando iniciamos el proceso de investigación como querellante. Parecía una posibilidad lejana llegar al juicio, pero con mis familiares sentimos que era un paso ineludible para continuar la larga lucha que tuvimos como familia desde 1975 para conseguir un poco de justicia por las múltiples violencias que vivimos por el terrorismo de Estado. El camino se hizo más arduo al final, frente al desafío de prepararme para estar sentada allí y lidiar con toda la responsabilidad de dar cuenta de ese proceso que es familiar, y a la vez es personal. ¿Cómo lograr dar cuenta de la reconstrucción de la memoria de lo sucedido? ¿Cómo poder poner en palabras todo ese inmenso esfuerzo que hicimos los familiares, compañeros de militancias y sobrevivientes? ¿Cómo ordenar hechos y vivencias atravesadas por el horror?… es muy difícil recordar el horror, es tan duro que por impulso de sobrevivencia necesitas olvidarlo. Y a la vez necesitas reconstruirlo para poder procesarlo, reconocer lo que pasó, los responsables de eso. Ser testigo fue entonces poder darle voz a toda esa larga tarea que me precede, y que a la vez me fui apropiando desde mi lugar de hija, porque es mi historia, es parte de lo que soy, y comprenderla le da sentido a muchas vivencias, a muchas esquirlas que deja el terrorismo de estado en mi vida y en la de mi familia. Mientras estaba testimoniando pude hacer público ese recorrido, ese dolor inconmensurable que implicó, pude desnudar el horror y la consecuencias de lo vivido, y sentí que ya no cargaba con eso sola, o no cargábamos eso desde nuestra familia, sino que era público, que quienes escuchaban tenían la responsabilidad de hacer algo con todo eso vivido. Así que luego de testimoniar me sentí aliviada, con una alegría extraña, con una mezcla de dolor y a la vez de triunfo de estar viva y poder contarlo.
- También declaró tu tío Bernardo Llorens, hermano de Sebastián y perseguido al igual que toda la familia por razones políticas ¿Creés que el juicio alivia tantos dolores familiares y sociales?
En mi familia esta es la primera de las tantas violaciones a los derechos humanos que vivimos que llega a juicio. Y aunque atravesar un juicio para quienes sobrevivimos al terrorismo de Estado es un proceso difícil, porque implica volver a pasar por vivencias traumáticas, es a su vez también una posibilidad de reparación, de reconstruir el tejido de la memoria, poder conocer un poco más lo que pasó, y de culminar un proceso de lucha que lleva 49 años, es mucho tiempo….Creo que lo que más puede aliviar el dolor, tanto familiar como social, es que el Estado en los juicios asume su responsabilidad de condenar a los responsables. La impunidad es un manto oscuro, que mantiene invisibilizados los crímenes cometidos, que condena a quienes fuimos víctimas a vivir en la sombra, en la incertidumbre, y a seguir intentando en soledad cicatrizar las heridas lacerantes que nos dejaron las atrocidades cometidas por el plan sistemático del terrorismo de Estado. El juicio visibiliza que es una herida social, que no sólo es nuestra, sino de la humanidad, y el Estado tiene la obligación de repararla. Quizá lo que aporten estos procesos sea una curita, no sabemos aún cuál será el resultado de la sentencia, pero creo que transitar el juicio es un camino necesario si queremos arrojar algo de luz no sólo a nuestro pasado sino, y fundamentalmente, a nuestro futuro.
- En este juicio se pudo conocer que el secuestro y desaparición de tus padres formó parte de una serie de hechos que se produjeron entre el 7 y el 9 de diciembre de 1975, contra un grupo de militantes del PRT-ERP, como resultado del trabajo de infiltración realizado por el agente de inteligencia Jesús “El Oso” Ranier. ¿Entendés que la condena a los responsables del terrorismo de Estado es parte de un proceso de democratización de las instituciones?
El secuestro de mis padres y de otros militantes sociales sucedidos previos al golpe de Estado, implica el reconocimiento de la participación que en ese momento tuvieron las instituciones estatales y las leyes que se aprobaron con el objetivo de “aniquilar a la subversión”. Demuestra que esa complicidad de las diversas fuerzas represivas del aparato estatal se inició mucho antes, y que la dictadura profundizó un plan que ya venía ejecutándose. Complicidad que se perpetuó incluso en democracia, ya que varios de los imputados en este juicio siguieron cumpliendo funciones dentro de las instituciones hasta hace poco tiempo. Por lo que creo que es indispensable que como sociedad avancemos en develar esta trama y condenar a los responsables si pretendemos realmente un “nunca más”.
- En un contexto de tanto negacionismo y apologismo a la dictadura. ¿Cuáles crees que son los desafíos en la defensa de los derechos humanos?
Lo que estamos viviendo duele, se esta intentando corroer todos los logros que hemos tenido como sociedad en la defensa de los derechos humanos, pero no sólo en relación a lo vivido en los años 70, sino también en el terrorismo de Estado que vivimos previo, desde el genocidio de los pueblos originarios, y en los que vivimos hoy, como el hambre que somete cada vez a más personas en nuestro país, negando uno de los derechos más básicos. Por eso creo que no son sólo momentos de resistir, sino son tiempos en los que es imperioso avanzar y reconocer estas continuidades de las violencias que se ejercen desde el Estado. Que nos someten diversas violaciones de los derechos humanos y que requieren de toda nuestra capacidad de acción colectiva, de creatividad política para enfrentarla. Esta certeza es parte de lo que mis padres me legaron, no sólo por su persistencia en la lucha como militantes sociales que siguieron y volvieron con mayor ímpetu luego de estar presos desde el 70 al 73, sino, y fundamentalmente, por ese entramado de luchas que se hizo evidente cuando en el 2013 encontramos sus restos en un barrio popular donde militantes populares, migrantes, campesinos e indígenas estaban luchando por su dignidad. Hoy allí hay un espacio de infancias que lleva sus nombres: “Sebastián y Diana”, por eso con lxs compañerxs decimos que quisieron asesinarlos pero en realidad “los sembraron”. Y creo que este es un tiempo de siembras y a la vez de ampliar horizontes, de seguir tejiendo dignidad y articulando las luchas por los derechos humanos, por los derechos campesinos, por los pueblos indígenas y por los derechos de mujeres y diversidades.
