AlFilo | Nº19 | Investigación

Un listado provisorio confirma la existencia de más de 200 estudiantes, docentes y no docentes que fueron desaparecidos y asesinados durante la última dictadura militar. La investigación realizada por Gonzalo Pedano contó con una beca de la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FFyH y constituye el primer relevamiento global de la UNC que incorpora datos de todas las unidades académicas. En la Facultad de Filosofía y Humanidades se registraron 42 casos

¿Cuántos eran? ¿Cómo se llamaban? ¿Qué estudiaban? ¿Dónde fueron vistos por última vez? Una respuesta parcial a estos interrogantes se puede encontrar en el registro provisorio que confeccionó Gonzalo Pedano con los datos de los miembros de la comunidad universitaria que resultaron víctimas fatales de la represión ilegal durante la dictadura del 76.
La lista (ver archivo al final de la página) reúne, hasta el momento, los nombres de 203 víctimas del terrorismo de Estado que, en su mayoría, estaban cursando sus estudios universitarios al momento de su desaparición. También se incluyó una nómina de alumnos secundarios de la Escuela “Manuel Belgrano” y el Colegio Monserrat, dependientes de la UNC. Dos no docentes y dos docentes son los únicos registros que, por ahora, no se encolumnan en la categoría de estudiantes.
Las fuentes documentales consultadas para este relevamiento fueron: el Archivo Nacional de la Memoria, los informes de la Conadep y las bases de datos elaboradas por Abuelas de Plaza de Mayo e Hijos.
Una vez sistematizada esta información, se cotejó con los datos disponibles en el ámbito universitario, como los listados ya publicados por algunas facultades y los nombres inscriptos en monumentos o placas recordatorias instaladas en distintos espacios de la UNC. De este modo, Pedano espera completar la lista que, aunque parcial, constituye el primer esfuerzo por reunir la información de todas las unidades académicas y dependencias universitarias.

Tecnologías de poder
Gonzalo Pedano tiene 23 años, se recibió el año pasado de licenciado en Filosofía y actualmente cursa la Maestría en Antropología en esta misma Facultad. Además, desde hace cuatro años es miembro activo de la Asociación Abuelas Plaza de Mayo, filial Córdoba. “Lo que busco, en los diversos ámbitos en los que participo, es articular la formación académica con la militancia y mi compromiso con Abuelas”, afirma el joven que a comienzos de este año ganó una beca orientada en “Terrorismo de Estado y universidad”, otorgada por la Secretaría de Ciencia y Técnica de la FFyH. El proyecto, bajo la dirección del profesor Diego Tatián, se presentó como una continuación de su tesis de licenciatura y tiene dos ejes de trabajo. El primero, consiste en relevar los datos de los desaparecidos de la comunidad universitaria. El segundo eje es más amplio y hace referencia a los mecanismos y prácticas propias del terrorismo de Estado en las universidades. “Lo que hice es circunscribir mi trabajo en la UNC y concentrarme en algunas acciones realizadas por la delegación militar que en marzo de 1976 intervino la Casa de Trejo”, precisa.
Para ello, el joven analizó los textos de algunas resoluciones emitidas en ese período por las autoridades militares (ver nota de archivo). “Desde mi lectura, en esos documentos se expresa y se pone de manifiesto el conjunto de tecnologías de poder, en el sentido foucoultiano de esos términos. Como técnicas de control que se implementaron en la UNC y en la Facultad de Filosofía especialmente”, indica. Las reglamentaciones impuestas, según Pedano, se relacionan fundamentalmente con la delación de la denuncia y el control del material bibliográfico y los recursos didácticos. “Se sacaron de circulación los libros de Marx, Feuerbach y Hegel porque no eran compatibles con el ser occidental y cristiano”, ejemplifica.

Un espacio de disputa
Uno de los desafíos del investigador fue considerar a los desaparecidos no sólo a partir de su condición de “víctimas de los crímenes de lesa humanidad”, sino también como “actores políticos y sociales que pretendían transformar la sociedad argentina y que perseguían objetivos políticos manifiestos”.
El ámbito educativo universitario, desde este enfoque, fue un terreno clave tanto para los militares como para los grupos políticos que actuaban en aquella época. “Desde el punto de vista militar, era necesario atacar a los ‘blancos educativos’ y la ‘subversión’ en las universidades y colegios secundarios”, sostiene. Al mismo tiempo, desde la perspectiva de las organizaciones sociales y políticas, el espacio universitario era fundamental porque permitía capacitar, transmitir experiencias y formar a nuevos militantes. Para Pedano, entonces, “el ámbito educativo fue un espacio de disputa desde donde se lo mire”.
La preocupación que, en los últimos años se instaló en sectores y ámbitos específicos por recuperar la identidad de las víctimas de la dictadura está relacionada, de acuerdo con Pedano, con “una proliferación de memorias locales”. En este sentido, distintas instituciones han iniciado algunas búsquedas en este pasado que es doloroso para muchos. “Pareciera ser una reivindicación que ya no es exclusiva de los organismos de derechos humanos. Creo que los objetivos se van generalizando”, apunta. “Hay otros sectores de la sociedad argentina –continúa- que también han aceptado estos objetivos como propios, que es lo más importante”.

Militancia y pertenencia institucional
Los principales criterios establecidos para elaborar este listado fueron: nombre, fecha de secuestro, fuente, si fue visto en algún centro clandestino, si es fallecido o desaparecido y el claustro al que pertenece. También se especifica la pertenencia institucional de las víctimas. Así, la Facultad de Arquitectura, Urbanismo y Diseño registra el mayor número de desaparecidos y asesinados (45), seguida de la Facultad de Filosofía y Humanidades (42). Cabe aclarar que, en este caso, se incluyen dentro de la FFyH los estudiantes de la carrera de Psicología que, en aquel momento, pertenecía a esta unidad académica. Posteriormente, se ubican: la Facultad de Ciencias Médicas (39), la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales (27), la Facultad de Ciencias Económicas (17) y la de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales (11), entre otras.
Pedano explica, que el compromiso político, en aquellos años atravesaba las diversas disciplinas y facultades de nuestra universidad, más allá de que pertenecieran a un campo de estudio u otro. “Me parece que el debate de fondo era la función social que se le pretendía dar al conocimiento. Una función social transformadora y revolucionaria”, argumenta.
Otro dato importante para evaluar la cantidad de víctimas registradas en cada caso es el esfuerzo de investigación y las acciones realizadas previamente en las distintas unidades académicas. Por ejemplo, en la Facultad de Arquitectura hay un grupo que viene trabajando desde hace un tiempo en la búsqueda de datos sobre los desaparecidos. “El resultado es que aquí hay más registros, producto de un mayor esfuerzo de investigación”, afirma Pedano.

Proyecciones
“Recién empezamos a caminar, falta mucho todavía”, dice el investigador. Como proyección, el trabajo realizado por Pedano se articulará, por un lado, con el proyecto de la Plaza de la Memoria (ver nota de archivo) que estará ubicada en la Ciudad Universitaria en el espacio que separa el Cepia del pabellón Residencial. En este nuevo lugar, que tiene como propósito ofrecer un “reconocimiento a todos aquellos que sufrieron la persecución, la tortura, el exilio, la desaparición y la muerte, por el sólo hecho de pensar y luchar por una sociedad mejor”, se incluirá una placa testimonial y un monumento recordatorio en el que figuren los nombres de todos los miembros de la comunidad universitaria muertos y desaparecidos durante la última dictadura.
Por otra parte, Pedano también se sumó al equipo de trabajo que desarrollará el proyecto “Patrimonio documental, derechos humanos y acceso a la información” (ver nota) del Centro de Documentación Audiovisual (CDA) de la Facultad. La propuesta, recientemente seleccionada por el Ministerio de Educación de la Nación, consiste en la realización de un banco de imágenes digitalizadas de personas detenidas desaparecidas o asesinadas durante las décadas del 70 y el 80, que aparecen en los registros fílmicos de canal 10. “En ese proyecto propuse estudiar y analizar los casos de los estudiantes, docentes y no docentes desaparecidos y asesinados de la FFyH, específicamente. La tarea consiste en acercarse a los familiares y ex compañeros para obtener más datos de las víctimas”, señala.

“Operativo Claridad"

Por Gonzalo Pedano

En el año 1976, el general Acdel Edgardo Vilas –responsable máximo del Operativo Independencia en los montes tucumanos- sostuvo con absoluta firmeza: “la lucha contra la subversión se ha llevado hasta ahora contra la cabeza visible que es el delincuente subversivo, pero no contra el ideólogo que genera formas y moldea esta nueva clase de dirigentes [...]. Debemos anular las fuentes en las que se nutre, forma y adoctrina el delincuente subversivo. Y esa fuente es la Universidad y los colegios secundarios”.`[1] De un solo saque, Vilas formula el problema a resolver: anular las fuentes de la subversión. Otros documentos, la mayoría de ellos secretos, insisten en que “el ámbito educativo ha sido objeto, por parte de la subversión, de una creciente infiltración y captación ideológica en todos los niveles de enseñanza, con la finalidad de formar futuras clases dirigentes del país y cuadros de sus organizaciones político-militares (OPM)”.[2] Además, estos documentos insisten en que el accionar subversivo en el mencionado ámbito se llevó a cabo a partir de tres elementos tácticos centrales: 1)el personal directivo –docente y no docente- ideológicamente captado, que a través de decisiones, cátedras o charlas informales, difunden ideologías subversivas; 2)organizaciones estudiantiles de nivel secundario y universitario que realizan actividades de captación e intimidación en estrecha vinculación con las OPM; finalmente, 3)empleo de bibliografía y recursos didácticos que sirven para difundir ideas extrañas a “nuestros principios de nacionalidad”.[3] A partir de aquí, se hace necesario entonces desarrollar ciertas prácticas locales y específicas de este ámbito, que permitan erradicar la subversión y neutralizar sus efectos.La delación y la denuncia, el control sobre la bibliografía y los recursos didácticos, serán implementadas en las escuelas y universidades de todo el país. El “Operativo Claridad” es, desde esta perspectiva, la expresión más acabada y articulada de ciertas tácticas locales que funcionan acorde a la necesidad de conocer hasta el más mínimo elemento subversivo infiltrado para así eliminarlo definitivamente. Dicho Operativo prescribe para las instituciones educativas, una serie de directivas a seguir para la total erradicación de la subversión en la enseñanza. Se redacta un plan de delación, control y denuncia que debía ser instrumentado por los directores, autoridades y docentes sobre sus pares, sobre la bibliografía y sobre los mismos alumnos. El 11 de Octubre de 1977, el Ministerio de Educación dicta la resolución N° 44, creando una dependencia de inteligencia en su estructura administrativa para supervisar la instrumentación de dicho plan y procesar la información recibida.[4]
Sin embargo, el análisis de otra documentación referida al ámbito educativo en especial, permite mostrar que la tarea de anular las fuentes de la subversión es, en realidad, una de las aristas del problema. Es por esto que la tarea que el Ejército fija para el ámbito educativo consiste en desarrollar “una política de acercamiento, asesoramiento y apoyo a las autoridades culturales y educativas [...] con la finalidad de lograr la adopción de medidas político-administrativas, tendientes a erradicar la subversión en sus distintas manifestaciones y promover el desarrollo, divulgación y consolidación de los valores éticos, morales, espirituales e históricos como modo de reafirmar la esencia del ser nacional”.[5] Así, se establece, por un lado, la necesidad de adoptar medidas tendientes a erradicar a la subversión y, por otro, se insiste en la necesidad de consolidar la esencia del ser nacional occidental y cristiano. El conjunto de prácticas que el accionar de las Fuerzas Armadas pretenden desarrollar en el ámbito educativo y sus instituciones características no sólo tienen por finalidad erradicar a la subversión, sino también promover, divulgar y consolidar los valores constitutivos del ser nacional. Queda, así, planteado el problema en su integridad. Es el problema de determinar y describir el conjunto de características propias de esas prácticas tendientes a eliminar a la subversión y consolidar el ser nacional occidental y cristiano.
En el abordaje de este problema hay antecedentes importantes a tener presentes, en tanto que los mismos se han dedicado a analizar esas mismas prácticas que ahora pretenden ser nuevamente puestas en consideración. En efecto, con motivo de cumplirse veinticinco años del golpe militar, estudiantes universitarios de diversas facultades de la Universidad Nacional de Córdoba “escarbaron los archivos de sus respectivas casas de estudios y exhumaron una serie de documentos, ordenanzas y resoluciones firmadas por los entonces interventores militares comodoros Jorge Pierrestegui y Oscar Juliá. [...]Allí están, entre otras perlas, la ley que prohíbe cualquier actividad política en la universidad; la ordenanza que establece el régimen disciplinario –imperdible- en cuyo artículo tres ordena la delación y la denuncia [...]. También la resolución –está firmada por el mayor Ricardo Romero- que ordena sean retirados de la biblioteca de Filosofía los libros de Hegel, Feurbach, Marx y otros once autores (se aduce en el visto que ‘no existe compatibilidad alguna entre sus teorías y nuestro ser nacional’, que ‘atentan contra la dignidad humana’, etc.) [...]”.[6] Se pusieron en evidencia, así, el conjunto de medidas adoptadas en la UNC destinadas a erradicar la subversión, conforme a lo establecido por la directiva nº 504/77 antes mencionada. No obstante, como se señaló anteriormente, el objetivo de estas prácticas no residía sólo en eliminar a la subversión, sino también en consolidar valores occidentales y cristianos.
Como parte de mi trabajo final de Licenciatura en Filosofía, señalé la forma en que este objetivo se llevó a cabo en una de las instituciones educativas más importantes de nuestra ciudad, la Escuela Superior de Comercio “Manuel de Belgrano”.[7] En efecto, dicha institución fue objeto no sólo del conjunto de prácticas orientas a aniquilar a los elementos subversivos que se encontraban en la misma, sino también del conjunto de prácticas que pretendieron una reestructuración orgánica de la misma. Reestructuración esta que no sólo implicó una evaluación y seguimientos exhaustivos del personal docente y no – docente, sino que además implicó la propuesta de todo un nuevo organigrama de autoridades, una redistribución de funciones y una reforma estructural del plan de estudios hasta entonces vigente. Todo esto con la finalidad de evitar el desarrollo de ideas ateas y marxistas en los jóvenes, desarrollando en cambio una formación ético–moral de signo cristiano, llevada adelante por profesores pertenecientes exclusivamente a una línea nacional católica.[8]

[1] En: Rock, D.; La Argentina autoritaria, Ed. Ariel, Bs. As., 1993, pág. 231.

[2] http://www.nuncamas.org, Documentos/ Anexo 4 (ámbito educacional) a la directiva de CJE n° 504/77.

[3] Ibídem.

[4] Cfr. Palermo y Novaro; La dictadura militar, 1976 / 1983, Ed. Paidós, Bs. As., 2003, pág. 116.

[5] http://www.nuncamas.org, ibíd. El resaltado es mío.

[6] Tatián, D.; El Lado oscuro, Ferreyra Editor, Córdoba , 2004, pág. 89.

[7] Trabajo Final de Licenciatura en Filosofía, El Dispositivo restaurador, 1975 – 1983, Fac. de Filosofía y Humanidades, Universidad Nacional de Córdoba.

[8] Este análisis, del que aquí presento una apretada síntesis de sus resultados, fue realizado a partir de la consulta de los documentos y resoluciones obrantes en el Archivo General de la Universidad Nacional de Córdoba. Especial atención recibieron las Resoluciones Rectorales de la Delegación Militar del año 1976.


	Agosto - Septiembre 2007 \| Año 3. Nº 19	UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA, Argentina