Primera parte | La muerte de Valentino Blas Correas volvió a poner en escena la matriz represiva de nuestras fuerzas de seguridad, apuntados por la investigación judicial como responsables -una vez más- de otro caso de gatillo fácil. En la primera de dos notas que publicaremos en Alfilo, cuatro investigadorxs de la FFyH reflexionan sobre la violencia institucional, la cultura autoritaria que atraviesa a buena parte de la sociedad cordobesa, el protagónico y cuasi excluyente rol otorgado por el poder político a la policía para garantizar el control de las medidas sanitarias en el actual contexto de pandemia, y la imperiosa necesidad de construir políticas de seguridad desde un paradigma democrático, en clave de derechos humanos.
El asesinato del joven Valentino Blas Correas por balas policiales se llevó puesta a la cúpula de la Fuerza y dejó expuesta -una vez más- la cultura autoritaria y represiva de una institución cuya formación y actuación callejera se parece mucho más a lo que ocurría durante el Terrorismo de Estado que a lo que debería pasar en el marco de un Estado de Derecho.
La novedad del caso, a diferencia de otros que suceden a diario y que vienen siendo denunciados por organizaciones civiles que trabajan e investigan el gatillo fácil y el abuso policial, es la repercusión mediática y política que tiene, no solo por lo alevoso e impactante del hecho, sino también -y posiblemente- porque “Blas” no integraba las grandes franjas sociales que padecen a diario, de manera sistemática, el hostigamiento y la violencia de una fuerza que no solo nunca se modernizó en su formación, sino que goza de un equipamiento y autonomía nada saludable para la convivencia democrática.
Esta situación, ya preocupante en tiempos “normales”, parece haberse agudizado con la pandemia, debido a que Policía y Gendarmería son casi de manera excluyente las fuerzas responsables de hacer cumplir en la vía pública las medidas y disposiciones sanitarias definidas por el gobierno nacional, que luego son implementadas por los gobiernos provinciales.
Tomando el caso de Blas como punto de partida, Alfilo consultó a César Marchesino, Director del Programa de Derechos Humanos de esta Facultad, Inés León Barreto, especialista en criminología, docente en distintas facultades de la UNC e investigadora del Centro de Investigaciones de la FFyH (CIFFyH), Ianina Moretti, consejera egresada por la Escuela de Filosofía, consejera del Programa de Género de la FFyH e integrante del Núcleo de Estudios e Intervención en Seguridad Democrática (NEISeD-FFyH) y Lucas Crisafulli, abogado, docente y también integrante de este espacio.
Estxs cuatro investigadorxs reflexionan sobre la violencia institucional, la cultura autoritaria que atraviesa a buena parte de la sociedad cordobesa, el rol protagónico otorgado por el poder político a las fuerzas de seguridad para ejercer el control de las medidas sanitarias en la calle, y la imperiosa necesidad de construir políticas de seguridad desde un paradigma democrático, en clave de derechos humanos. Compartimos aquí la primera de dos notas con sus intervenciones:
- El asesinato de Valentino, ¿es uno más de los casos de abuso policial hacia los jóvenes, o está hablando de prácticas nuevas en este contexto de aislamiento? Valentino no era una persona que por su condición socioeconómica fuera blanco del abuso policial que de manera cotidiana sí sufren jóvenes de sectores populares.
César Marchesino (CM): El mayor riesgo que corremos en este caso es que en la medida de que se vuelve un caso mediático, se nos escapa la posibilidad de visibilizar que esto constituye un problema sistémico del sistema de seguridad. Puede resultar paradójico lo que estoy diciendo, pero al tratarse de un joven, que por su condición de clase, se sale de las víctimas estándares de la violencia institucional (CORREPI está hablando de más de 70 casos en lo que va de las medidas sanitarias), los medios hacen foco en lo injusto que resulta ver truncada una vida llena de proyectos y de una persona que vivía según las expectativas de lo que es una buena vida de un/a joven sano/a, soslayando la cuestión de que todas las vidas importan, y que el objetivo principal de la seguridad es velar por todas las vidas. El caso de Blas no debería verse como aislado o excepcional, es necesario verlo como parte de una serie de prácticas que vemos exacerbadas desde las fuerzas de seguridad en este contexto de medidas sanitarias, y lo que resulta más preocupante es la naturalización que se hace de las mismas. Contra esa naturalización debemos trabajar cotidianamente.
Inés León Barreto (ILB): Este caso configura un modo de entender la seguridad, un modo de considerar a la población joven como sospechosa. Todos los pasos de este caso nos conducen a sostener que existen prácticas muy consolidadas, una forma de actuar que supera toda la preparación y los protocolos de actuación de los uniformados en la calle. Esta manera de ejercer la autoridad demuestra que algunas de las divisiones de la policía de Córdoba trabajan autónomamente, y que existe un método de despliegue en el territorio selectivo de prácticas abusivas, ilegales de aplicación de la fuerza física y malos tratos.
Lucas Crisafulli (LC): Hay una característica que es inherente al poder punitivo, sea ejercido a través de las vías legales del sistema penal o ilegal a través de los sistemas subterráneos como los casos de violencia institucional. Esta característica es la selectividad. No aplica a todos por igual, utiliza criterios racistas, clasistas, etáreos, estéticos, patriarcales. Es cierto que los sectores a los que se aplica son los jóvenes, pobres y morochos, porque el poder punitivo es, entre otras cosas, una forma de gestionar la miseria y la exclusión social. Pero también es cierto que muchas veces el poder punitivo comienza a expandirse hacia otros sectores y sólo allí es comprendido socialmente como violento. Esto tiene que ver con el poder simbólico de las clases medias y su acceso privilegiado a los medios masivos de comunicación, pero siempre ha sucedido que las transformaciones en la forma en la que se aplica el poder punitivo en un sentido más garantista, o con más derechos si se quiere, ha sido porque la expansión del poder punitivo comenzó a tocar a sectores sociales medios. Sucedió con el Código de Faltas: la visibilidad de una herramienta punitiva completamente injusta aplicada exclusivamente por la policía que tenía poderes monárquicos en el sistema contravencional, comenzó cuando se hizo tan expansiva su aplicación que no solo se aplicaba a los jóvenes morochos de los sectores populares, sino también a jóvenes de clase media que tomaban una cerveza en la vereda. Cuando se expandió empezó a visibilizarse la injusticia de su aplicación. Esto tiene que ver con la forma en la que socialmente nos identificamos: cuando identificamos que nuestros hijos pueden ser agredidos por otros jóvenes para robarles, por ejemplo, generalmente terminamos justificando la aplicación del poder punitivo hacia aquellos que los (pre)juzgamos como sujetos peligrosos, aunque esa aplicación de poder punitivo sea injusta por racista o por desproporcionada. Cuando identificamos que nuestros hijos son los que pueden ser objeto de abuso policial, entonces entendemos que la herramienta punitiva es injusta, aunque sea tan desproporcionada como la aplicada a otros jóvenes. En términos históricos (y esto es casi una constante) cuando el poder punitivo desborda y comienza a ser aplicado a quienes no eran los destinatarios, se producen los cambios sociales. Sin embargo, por más que Valentino no haya sido un joven de los sectores populares, su homicidio es claramente un hecho gravísimo de violencia institucional.
Ianina Moretti (IM): El asesinato de Valentino es, además de terrible en sí mismo, un caso que cristaliza y evidencia un modo de violencia policial que viene implementándose hace tiempo para con sectores más vulnerables. Otro aspecto gravísimo es el intento de encubrimiento y todas las maniobras alrededor para intentar una justificación imposible sobre el accionar policial violento. No se trata de hechos aislados ni de prácticas nuevas, son gestos que trazan un esquema de impunidad, de creer que tienen la potestad de actuar con la más extrema violencia sin consecuencias graves. Ahora, sí es significativo que se amplíe el espectro de la sociedad al que se le aplican. El contexto de la pandemia y el dotar a las fuerzas policiales de mayores prerrogativas intensifican seguramente los abusos por parte de estas fuerzas. Sin embargo, debemos preguntarnos por qué es que recién cuando esta violencia se ejerce contra alguien de clase media, la sociedad reacciona, los medios y hasta se producen ciertos gestos políticos, como el cambio de la cúpula policial. Podemos pensar estos hechos en el contexto más amplio del reclamo por la importancia de ciertas vidas, desde el Black Lives Matter hasta los reclamos locales por la falta de empatía que causan ciertas muertes. Por otro lado, los feminismos ya han advertido sobre lo peligroso de discriminar entre “buenas” y “malas víctimas”, en base a prejuicios moralizantes sobre las formas o los proyectos de vida (femicidios con arma reglamentaria, maltrato a personas LGTB+, falta de derechos para poblaciones precarias, etc) Todos los casos de gatillo fácil, abuso y violencia policial deben ser repudiados y actuarse en consecuencia.
- Desde sus experiencias y saberes, ¿la cuarentena profundizó las formas de control social? Me refiero a que previo a esta situación de pandemia hay una aceptación de que las fuerzas policiales paren a los pibes en la calle, los revisen, los suban a un móvil, incluso que mueran en una comisaría o a manos de quienes integran la fuerza. Prácticas aceptadas de manera significativa hasta por los propios sectores que padecen la violencia institucional.
ILB: Uno podría hipotetizar que el Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio (DISPO) produce, acrecienta e intensifica determinadas violencias y vulneraciones de derechos sobre la población; esto se podrá valorar más acabadamente con cifras que están relevando las distintas organizaciones en el territorio de nuestra ciudad. El llano en llamas, un colectivo investigador ha producido un informe al que le han puesto el título “La foto revelada”, en donde concluyen que la crisis en Córdoba no es coyuntural, ni es sólo sanitaria. Revela la gravedad de la situación cordobesa en materia de trabajo, pobreza, violencias, ambiente, tierra y vivienda, y las respuestas estatales han sido pocas e insuficientes: https://www.llanocordoba.com.ar/novedades/pandemia-la-crisis-en-cordoba-no-es-coyuntural-ni-es-solo-sanitaria/
LC: Hay dos motivos concretos por los cuales los casos de violencia institucional han aumentado durante la pandemia: en primer lugar, se delegó a la policía y a otras fuerzas de seguridad el control de la cuarentena, aumentando los controles policiales y también las facultades de intervención. Pero hay un segundo motivo que creo contribuyó aún más en profundizar los casos de violencia institucional: la cuarentena, y el virus en general, produjeron menos testigos frente a los casos de abusos policiales.
CM: Las estadísticas que manejan las organizaciones abocadas al seguimiento y denuncia de la violencia en todas sus variantes (violencia de género, institucional, etc.) parecen dar cuenta de un aumento significativo de los casos desde el inicio de las medidas sanitarias. Las causas de tal aumento son variadas y se relacionan de manera compleja, no es posible analizarlas de manera aislada, es necesario hacerlo de manera interseccional. Lo que sí llama poderosamente la atención, en el caso particular de la violencia institucional, es que la situación de excepción que nos plantean las medidas sanitarias parecerían haber habilitado y disparado concepciones respecto a la seguridad en sus variantes más represivas por parte del Estado y sus fuerzas, en lugar de avanzar hacia modelos de seguridad como resultado de redes de cuidado y contención comunitarias. En concreto, parece que ante la «amenaza» del virus, la respuesta por parte del Estado ha sido el control, la persecución, la delación y la represión, en lugar de proponer un abordaje integral del problema en clave de derechos. A esto hay que sumar el rol de los medios de comunicación, que alimentan esa cultura del pánico y la desinformación, alentando reacciones sociales de tipo inmunitaria. Hemos asistido a casos de ataques y cuasi linchamientos por parte de vecinxs ante en el miedo de contagio.
IM: Efectivamente, la aceptación de los modos de control social que mencionas en la pregunta, son previos a las fases de ASPO y DISPO que se implementaron en Córdoba. Aun así, pienso que se puede hablar de una intensificación de esos modos de control, que muchas veces se confunden como la única manera posible de garantizar seguridad. El reclamo de seguridad también es solicitado por parte de los sectores populares, y es cierto que no se han articulado respuestas democráticas para los mismos. Debería garantizarse lo que hace unos años llamamos seguridad de los derechos, pero también políticas que permitan abordar los casos puntuales de inseguridad que se plantean en medio de un contexto de precarización. Sin embargo, lo que se sigue replicando son accionares discrecionales y discriminatorios en nombre de la seguridad y, ahora, del supuesto cuidado. En este marco de ASPO/DISPO se ha tendido a igualar políticas de seguridad con políticas de cuidado, y a ambas con más control y más endurecimiento del mismo. Es una tarea urgente repreguntarnos qué significa el cuidado, y cómo se pueden articular modos de cuidado que se distingan y diferencien de esta tendencia y permitan otros tejidos colectivos.
- Las medidas de Aislamiento y luego Distanciamiento Social pusieron a la policía como garante del cumplimiento de las disposiciones sanitarias ¿Cuál es el límite entre esa tarea y la violencia institucional?
CM: Sí retomamos lo que antes planteaba respecto a los modos en que el Estado ha reaccionado ante la «amenaza» del virus, no podemos esperar que exista un límite en este sentido, ni una claridad por parte de las fuerzas de seguridad respecto a su accionar. Si la seguridad está garantizada por el uso del poder de la policía en un modo persecutorio y represivo, en lugar de la contención y el cuidado comunitario, es ingenuo pensar que el resultado no va a ser un incremento de los casos de violencia institucional. Garantizar el respeto y el cumplimiento de los estándares de derechos humanos de manera integral nos exige desplazarnos del primer modelo de seguridad hacia el segundo. Y esto último requiere, además de una clara decisión política, una revisión crítica del lugar que ocupan las fuerzas de seguridad en el sostenimiento de un sistema con altos niveles de inequidad e injusticia como lo es el capitalismo, y particularmente en su fase neoliberal.
ILB: El control social punitivo es presentado como la solución y la respuesta más rápida y eficaz que se exige desde diferentes estratos de la ciudadanía; es interesante este momento clave para poder analizar esos gritos de pedidos de seguridad y por qué siempre se vehiculizan hacia el pedido de más armamento, más presencia de uniformados, más móviles y luego no podemos detenernos a analizar en donde nos pone esta excedencia de policías con respecto a los derechos humanos de todxs lxs ciudadanxs. El modo de despliegue del gobierno jerárquico que se transmite en las líneas de mando es verticalizado y sin poder de discusión de esas órdenes hacia las capas inferiores de los agentes medios e inferiores. El planteo de la sindicalización o agremiación de las policías, al menos visibilizaría los principales reclamos de una fuerza que tampoco es reconocida en sus derechos laborales; que no accede a la posibilidad de ser escuchada en reclamos de salud mental y que convive con situaciones de violencia interna que no encuentran un canal de denuncia. Eso conlleva a reflexionar si es posible que en estas condiciones estos agentes puedan reconocer los derechos humanos de otrxs. La situación de las fuerzas de seguridad en la Provincia (Policía y Servicio Penitenciario) no es nuevo, pero ha sido desoído por el gobierno provincial.
Existen distancias muy claras entre estas dos situaciones; pero el modo de llevar adelante las medidas de DISPO deben ser controladas por las demás instituciones en una sociedad democrática. La posibilidad de que exista una política criminal abierta, clara, comunicable, haría viable la intervención de organizaciones que promueven y reclaman el cese de la violencia ejercida por estas en la población más vulnerabilizada en sus derechos.
IM: Quizá una pregunta anterior podría ser por qué otorgar esta tarea a la policía, siendo que la policía es esta y no otra, que ya conocemos cómo viene manejándose en términos represivos. Al menos sería interesante poder hacer el ejercicio de imaginación política, ¿a quién delegamos las tareas del cuidado? ¿bajo qué consignas, en nombre de qué o quién se pretende que la sociedad se ordene en su propio beneficio? Estos interrogantes también llaman a preguntarse por los discursos estatales sobre el deber de cuidarse, cómo y de quién, por ejemplo, en relación a un concepto muy tradicional de familia que se puso por encima de cualquier otro lazo social, y que no se explicó epidemiológicamente sino volviendo a discursos conservadores sobre un modo muy hegemónico de comprender la familia. Simultáneamente, se le pidió a la policía que controle, otorgando como base del control nociones clausuradas de las cuales ya sabemos las consecuencias para disidentes y precarixs. Son filos peligrosos para dejar en manos de una institución que, en todo caso, requiere ser reconfigurada a la luz de los derechos adquiridos en democracia y con el apoyo de organizaciones sociales, activismos LGTB+, y demás colectivos.
Por Camilo Ratti
Fotografías: gentileza La tinta