Virginia Carranza, subsecretaria de Extensión y coordinadora del Comité que integra la FFyH junto con otras organizaciones sociales, destaca el trabajo de este espacio creado a partir del golpe de Estado en Bolivia en 2019 contra Evo Morales, cuya función es la defensa de los derechos humanos en la región. El análisis del estallido colombiano, el protagonismo de lxs jóvenes y las posibilidades de una transformación en uno de los países más castigados por las políticas neoliberales y la violencia estatal.
“Al otro lado del miedo está el país que soñamos”, dice una las miles de pancartas que se alzan en las movilizaciones en Colombia para narrar lo que los medios de comunicación más influyentes callan. La frase es una síntesis del sentimiento que atraviesa a la inmensa mayoría de un pueblo que alza su voz y se juega la vida para terminar con el modelo de miseria, desigualdad y violencia estatal que impera desde hace más de 70 años.
Ante la ausencia de fuerzas políticas que expresen los intereses de las grandes mayorías porque el establishment político, económico, mediático y militar colombiano las aplastó a balazos, una marea de colombianxs de todas las regiones, sectores y clases sociales salió a las calles a decir basta de opresión y pobreza. “Hoy el pueblo de Colombia encarna un movimiento insurreccional y de resistencia no a una medida, sino a un modelo”, señala Virginia Carranza, subsecretaria de Extensión y coordinadora del Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos que integra la Facultad de Filosofía y Humanidades.
Este espacio, surgido al calor del golpe de Estado contra el gobierno democrático de Evo Morales en Bolivia en noviembre de 2019, fue una iniciativa de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba de la cual participa la FFyH. “A raíz de aquel quiebre institucional iniciamos un trabajo de articulación, denuncia y coordinación sobre distintas violaciones a los derechos humanos en Bolivia y otros países de la región”, explica Carranza, que agrega: “Como sostiene nuestra decana, Flavia Dezzutto, el rol que tenemos desde Filosofía es asumir un rol protagónico en espacios que tengan como eje los derechos humanos y lo que pasa en la región”.
En la actualidad, el Comité está integrado por diversas organizaciones y residentes de Colombia, Venezuela, Ecuador, Chile y Bolivia, país en el cual están focalizadas las acciones porque la Facultad viene construyendo un vínculo muy estrecho con todo lo que fue el proceso de cambio boliviano conducido por Evo y García Linera desde 2005, y que luego de un año y medio de gobierno dictatorial de Yanina Añez, pudo reconquistar la democracia en elecciones generales en 2020.
Atento a lo que pasa en esta parte de América, las acciones del Comité se trasladaron a Colombia, país que desde 2019 vive un proceso de ebullición social que terminó de explotar el pasado 28 de abril, cuando el Comité del Paro Nacional -que integran más de cincuenta organizaciones sindicales y sociales-, convocó a la movilización y todo ardió. Por lo masivas y heterogéneas que vienen siendo las movilizaciones callejeras, y porque la única respuesta del gobierno neoliberal de Iván Duque fue la más feroz represión policial y militar, además del retiro de la agenda gubernamental de la cuestionada reforma tributaria, la mecha que encendió el incendio de un modelo político, social y económico agotado.
En su sesión del 10 de mayo, el Consejo Directivo de la FFyH adhirió a la declaración elaborada por el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos. En este marco, consultamos a Carranza sobre las acciones del Comité en relación a este país: “El Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos está alerta y atento a lo que sucede allá. Estamos en permanente comunicación con hermanos y hermanas colombianas residentes en Córdoba, acompañando las diversas iniciativas que se plantean, haciendo visibles los hechos y las denuncias en las redes y medios de comunicación, estableciendo puentes con organizaciones y grupos de Colombia, que de primera mano nos comentan el desarrollo de los acontecimientos. Así hemos podido participar de algunas iniciativas virtuales de discusión y análisis convocadas por espacios universitarios y de organizaciones de derechos humanos de allá. Hay una gran diversidad de interlocutores y es parte de un trabajo político artesanal y permanente extender las redes de confianza y articulación por parte del Comité”.
- ¿Qué es lo que se puede hacer en este contexto de pandemia?
– La pandemia nos obliga a redoblar esfuerzos de cuidados colectivos y esto dificulta seriamente la expresión en las calles, en las plazas y demás espacios públicos, por eso estamos organizando actividades en modalidad virtual y acompañando con registros lo que acontece.
Estamos siguiendo de cerca lo que suceda en términos de justicia, en una doble dimensión: por un lado en qué medida se inician o no procesos de investigación sobre las responsabilidades de las fuerzas de seguridad en las diversas violaciones de derechos humanos. Y por otro, siguiendo las acciones que tomen los organismos multilaterales como la OEA y la ONU, o más específicamente, la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y la CPI (Corte Penal Internacional). Así como por los hechos sucedidos en Chile en 2019 el presidente Sebastián Piñera fue acusado ante la Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad, sería esperable, o deseable, que algo similar sucediera con Iván Duque y las demás autoridades nacionales involucradas, además de las fuerzas policiales y militares de Colombia.
- ¿Qué análisis pueden hacer sobre la violencia en Colombia?
– Lo que hoy está pasando en Colombia nos trae las imágenes de Chile de 2019. Una sociedad movilizada por, aparentemente, una medida antipopular del gobierno nacional. Y digo aparentemente porque la reforma tributaria que pretendía imponer el presidente Duque es la punta de un iceberg, como lo fue el aumento del metro en Santiago de Chile hace dos años. Creo que lo que comenzó el pasado 28 de abril marca un agotamiento social frente a décadas de neoliberalismo, de injusticias, de violencias. Tomando la metáfora de García Linera, que nos habla de oleadas –cuando otros análisis lo ponen en término de ciclos–, da la impresión que asistimos a una nueva oleada en la región, que combina varios elementos: las derechas cada vez más descarnadas y violentas (con la injerencia de EEUU sin ningún tipo de disimulo), y los pueblos diciendo basta y regresando a gobiernos progresistas, la mayoría a partir de coaliciones y con perfiles más moderados respecto a la primera década de los 2000.
Digo oleadas porque los movimientos van y vienen, avanzan y retroceden, pero hay en el horizonte un nuevo despertar latinoamericano. Hoy el pueblo de Colombia contra un modelo que ya conocemos, y que solo produce hambre, desempleo, aparatos productivos devastados, exclusión de las amplias mayorías al acceso y ejercicio de derechos básicos como salud, educación, vivienda, trabajo, sólo por citar algunos.
Creo que el desenlace de estos días de Paro Nacional desnuda varias aristas nodales de la realidad colombiana. Por un lado la ferocidad de las fuerzas policiales y militares para acallar cualquier tipo de reclamo o protesta, imponiendo el terror. Según la ONG Temblores, que recoge denuncias, chequea información en un trabajo muy muy serio y meticuloso, habla de 47 manifestantes asesinados, 548 personas desaparecidas y más de un millar de heridos, sólo en estos días. Por el otro, un aceitado blindaje mediático que garantiza impunidad. Lo que vemos en Colombia no es la excepción –en términos de violencia estatal–, es la regla que rige hace décadas.
- ¿Qué actores o sectores son los que se están manifestando?
– También como en Chile, la rebelión colombiana está protagonizada por las juventudes; juventudes que hoy habitan las calles de muchas ciudades de Colombia, desplegando un amplio y diverso repertorio de protesta, de expresión artística, de resistencia. Me animo a decir que, salvando quienes motorizan esta escalada de acciones de protesta, todos los actores sociales de Colombia están involucrados con esta movilización: estudiantes, movimiento obrero, organizaciones campesinas, indígenas, colectivos feministas, comunidad afro, organizaciones de defensa de DDHH.
- ¿Están políticamente organizados o se podría caracterizar como un estallido social más espontáneo, al estilo chileno de 2019?
– Creo que hay muchos puntos de encuentro con los episodios de Chile, algo de ese espontaneísmo está presente hoy en Colombia. Sin embargo, no me animaría a afirmar el grado de organicidad política que revista este movimiento, porque hay varias capas o niveles que se dan cita hoy en las calles colombianas. El Comité Nacional del Paro, que agrupa a unas 50 organizaciones sindicales y sociales, surgió en las grandes movilizaciones de noviembre de 2019 contra la agenda de ajuste de Iván Duque y volvió a estallar en septiembre de 2020, esta vez contra la violencia institucional. Y este Comité está rebalsado por el protagonismo de las juventudes hoy. Cada una de estas expresiones colectivas políticas, mas no partidarias, tiene sus trayectorias militantes, su organización interna, sus identidades y memorias de lucha, y comienzan a articularse en contra de un modelo agotado, excluyente, represivo, como es el modelo neoliberal.
Asimismo nunca se comienza de cero, hay sedimentos y huellas que seguir en la página que escriben los pueblos. Hace poco, por ejemplo, conversábamos en el equipo de investigación sobre las Madres de Soacha y Bogotá, conocidas como Madres de Falsos Positivos (Mafapo). Una organización de mujeres (madres en su gran mayoría) conformada hacia el año 2008, con la intención de juntar sus voces y luchar por el esclarecimiento de las causas por la desaparición y asesinato de sus hijos. (Ver recuadro) Se trata de 19 jóvenes asesinados por el Ejército Nacional de Colombia, que bajo la presión del ejecutivo, intentaba mostrar a los medios de comunicación que le estaba ganando la guerra a la “subversión”.
- ¿Existe alguna fuerza u organización política que pueda canalizar un estallido social tan diverso? ¿Se vislumbran dirigentes nuevos, referentes jóvenes?
– Hace rato, décadas, que los partidos políticos no son la expresión articuladora de demandas populares en Colombia. Es una página a escribir por el pueblo despierto y en resistencia de qué manera y con qué instrumento políticos, si es que se define en esa línea, se da una disputa política electoral. Dirigentes y lideres y lideresas hay y ha habido. De hecho, una de las cifras más espeluznantes de la violencia estatal es la cantidad de referentes, dirigentes, periodistas, asesinados en estos años en el hermano país. Y a esto hay que sumar la complejidad mayúscula que supone la existencia de extendidas redes narcos, que controlan territorios en amplias zonas de Colombia, o que impregnan de prácticas (como las pandillas) en barriadas y zonas urbanas o de la periferia, en connivencia con militares y paramilitares, con terratenientes y empresarios a lo largo y ancho del país; a Acuerdos de Paz con las organizaciones armadas nunca cumplidos por el Estado colombiano; a la omnipresencia de EEUU, la cual se mantiene indemne pese a los cambios de administración que se dan entre demócratas y republicanos.
Sin embargo, mas allá de la profundidad de los desafíos que existen, todo parece indicar, o así queremos creer, dotando al análisis de la necesaria cuota de esperanza, que el año que viene se propiciarán cambios en el gobierno colombiano. Los pueblos cuando dicen basta, dicen basta. Ahora, los procesos para cristalizar esos anhelos o programas/agendas de transformación, son abiertos a posibles escenarios, que se van moviendo de acuerdo a la correlación de fuerzas, a agentes externos y a los propios actores.
Por Camilo Ratti
Lxs desaparecidxs colombianxs
En un trabajo (aún en preparación) titulado “Para que no me olvides. Memoria histórica y educación para la paz”, de Alexander Ruiz, Dr. en Ciencias Sociales y profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, se abordan los crímenes de estado perpetrados contra la población colombiana, con procedimientos que fueron utilizados por la última dictadura en Argentina, y en otros países latinoamericanos. Lo que cambia son las terminologías: “La violencia del conflicto armado interno en Colombia se manifiesta de distintas maneras, una de ellas, quizá la que más ha cuestionado la legitimidad de las instituciones del Estado, son las ejecuciones extrajudiciales. A este crimen de Estado se les asignan diversos nombres, el más conocido es el de falsos positivos, muy usado entre los medios de comunicación debido a que en el argot militar en Colombia, cada baja del enemigo en combate se denomina positivo, y falso por tratarse de la muerte de un civil inocente reportado como baja enemiga. Otra denominación es la ofrecida por la Fiscalía General de la Nación: “muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado”. No han sido pocas las entidades y organizaciones que han emprendido la tarea de denunciar estos crímenes de Estado y exigir justicia”.
En otro fragmento, Ruiz destaca el coraje y valentía de estas madres, quienes han tenido que desandar un camino similar a la de nuestras Madres y Abuelas de Plaza de Mayo: “A pesar de las distintas formas de re-victimización de las que han sido objeto las Madres durante todo este tiempo –entre las que podemos mencionar: amenazas contra su vida, dilaciones y distorsiones en los procesos judiciales, constantes intentos de desprestigio a la memoria de sus hijos–, ellas han mantenido su lucha por la verdad, la justicia, la reparación y la construcción de condiciones de no repetición, a partir de los lazos de afecto y confianza construidos entre ellas y el apoyo, en distintos momentos, de organismos defensores de derechos humanos. Su lucha hace énfasis en la necesidad que tiene toda sociedad de construir y sostener memorias alternativas”.
Con el eje en Memoria, Verdad y Justicia
Sumada a la actual situación colombiana, el Comité sigue su trabajo junto al Estado Plurinacional de Bolivia, aportando en los procesos de Memoria, Verdad y Justicia desde Argentina, con denuncias por delitos de lesa humanidad cometidos por la administración Añez y compañía, apelando al principio de jurisdicción universal. “Y allá, en Bolivia, avanzamos en procesos de formación, articulación y diálogo entre experiencias y memorias de luchas populares”, cuenta Carranza, quien adelanta la realización de un seminario binacional entre la FFyH, el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos y una escuela de gobierno de Bolivia que comenzaría en junio, la realización de una cartografía sobre derechos humanos que involucra a ambos países y una campaña por justicia para Sebastián Moro, el periodista argentino asesinado en Bolivia por quienes protagonizaron el golpe contra Evo Morales.