Silvia Lázzaro es investigadora de Conicet y docente de la Universidad Nacional de La Plata, donde dirige el proyecto “Políticas públicas, actores sociales y corporaciones agrarias: Acción y tensión, 1943-2008”, radicado en el Instituto de Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales de la UNLP. Fue invitada al II Workshop Interuniversitario “La cuestión agraria en perspectiva, actores, procesos y políticas en debate (Siglos XX-XXI)”, que se realizó durante el mes de octubre, y brindó la conferencia inaugural “Reforma agraria en Argentina. Entre el desarrollo rural y la modernización excluyente. Política, corporaciones y conflictividad social”.
A principios de septiembre, el titular de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, publicó un video de Facebook Live en el que planteó la necesidad de una reforma agraria en la Argentina. Aunque después se generó mucha polémica y diferentes funcionarios del gobierno salieron a responder, el mismo Grabois aclaró en otros medios que si bien “es un problema de fondo y estructural”, no se trataba de una propuesta del Frente de Todos y que no se iba a “resolver durante los próximos años de gobierno”.
Sin embargo, lo que sobresale es que la cuestión de la reforma agraria sale a la luz reiteradamente y se convierte en un tema del que habla mucha gente. En este caso, Silvia Lázzaro trabaja desde hace mucho tiempo con este tema y es reconocida por sus investigaciones sobre los sectores y políticas agropecuarias. “Lo de Grabois ha sido una expresión que no está para este tiempo. Hablar de una reforma agraria como la mencionó resulta extemporánea, porque siempre se trató de intenciones que quedaron estrictamente en lo discursivo, y no porque no se necesite una reforma agraria en nuestro país, aún hoy. Si miramos hacia el interior de la Argentina la concentración de la tierra es brutal, en perjuicio de los sectores más empobrecidos”, dice Lazzaro, quien fue invitada a brindar la conferencia “Reforma agraria en Argentina. Entre el desarrollo rural y la modernización excluyente. Política, corporaciones y conflictividad social” en la Facultad de Filosofía y Humanidades durante el workshop “La cuestión agraria en perspectiva, actores, procesos y políticas en debate (Siglos XX-XXI)”.
“Si consideramos a la Historia como una herramienta para poder llegar a transformar la realidad, el conocimiento es importante porque te acerca a la comprensión respecto a cómo llegamos a esta situación de desigualdad”, señala Lázzaro sobre los estudios agrarios desde esta disciplina y las Ciencias Sociales.
- ¿Cuándo fue la primera vez que se habla de reforma agraria en Argentina?
Tenemos que remontarnos bastante más atrás en el tiempo. Pero ya en el siglo XX el radicalismo, en el primer gobierno de Yrigoyen, tuvo algunas ideas respecto al campo que fueron interesantes. La reforma agraria está mencionada en su discurso, aunque nunca se concretó. No eran tiempos políticos adecuados para ello.
A la reforma agraria se apeló discursivamente y de manera más contundente durante el primer peronismo. Perón planteó un proyecto que incluía la industrialización orientada al mercado interno. Un verdadero cambio de paradigma, en tanto la principal base productiva no sería la agroexportadora sino la industrial, transfiriendo recursos en favor de este último ámbito. Y para ello generó una serie de políticas públicas orientadas al agro que benefició a los productores más pequeños y generó el enojo de los grandes propietarios.
Desde la caída del peronismo en adelante, el tema de la reforma agraria fue mencionada, pero en ningún caso con el propósito de llevarla a cabo.
A partir de 1973, con el peronismo nuevamente en el poder, la preocupación en torno al ámbito agrario seguía vigente. Era un momento en que se podía plantearla y había que hacerlo porque las necesidades estaban. El protagonismo en este sentido lo tuvo Horacio Giberti .
Durante el gobierno de Héctor Cámpora se lanza un Plan Sectorial Agropecuario. En ese marco, se iba a generar un ordenamiento del espacio económico agrario y se destacaba la ley de reforma agraria impulsada por Giberti, secretario de Agricultura y Ganadería de la Nación. “La Ley Agraria se proponía articular los principios doctrinarios y las normas que hacen a los sistemas de tenencia, uso y conservación de la tierra. Los instrumentos básicos de la política estatal en materia de tierras mantenían su coherencia: el régimen impositivo sobre la tierra y explotaciones agropecuarias, el crédito, las normas sobre la subdivisión de la tierra, los programas de colonización y reconversión agropecuaria, y el nuevo régimen de arrendamientos. Respecto a la subdivisión de la tierra, el acento se puso una vez más, sobre los problemas acarreados por el minifundio. Sobre esta base, la propuesta era sancionar normas que impidan la subdivisión de la tierra agraria por debajo de límites inferiores a los de su racional utilización económica; comprometiéndose el Gobierno nacional a prestar asistencia técnica y financiera a las provincias para la puesta en marcha de un programa nacional tendiente a corregir las deficiencias estructurales originadas en el tamaño inadecuado de las explotaciones según las cambiantes condiciones económicas y tecnológicas”, explica Lázzaro en el artículo “La reforma agraria en la propuesta del peronismo durante la década de 1970”, publicado por la revista Estudios del ISHIR (Investigaciones Socio Históricas Regionales).
- ¿Por qué nunca se pudo llevar a cabo una reforma agraria en Argentina?
Porque no hubo voluntad política, y porque la fuerza de las corporaciones agropecuarias que históricamente se han sentido los dueños de la pampa y luego del país, han tenido un poder muy fuerte. Son sectores muy concentrados, son como la antigua oligarquía tradicional de mediados del siglo XIX, que eran poseedores de muchas hectáreas de tierra y con una particularidad, que eran ausentistas: tenían la propiedad de la tierra pero vivían en las ciudades ocupados en diferentes tipos de actividades económicas y financieras. Esa clase social se diversificó. Dejaban en sus campos a un administrador y a una masa importante de arrendatarios, que eran los que en realidad hacían el trabajo profundo.
Además, muchos arrendatarios se vieron beneficiados por el primer gobierno de Perón, con cambios de titularidad en las tierras, pero las condiciones previas de estos arrendatarios eran muy duras: contratos de tres años, tenían que vivir estrictamente en el campo, donde no había escuelas, no había luz, mientras el propietario estaba en su casa de capital. Algunos pudieron capitalizarse comprando maquinarias y después la alquilaban. Seguían siendo arrendatarios, pero a otro nivel, que son los que después se convirtieron en contratistas. Eso produjo una complejización en la estructura social del campo, pero estos actores habían cambiado en su configuración, pero se opusieron a toda cuestión que tuviese que ver con la distribución de la tierra.
- Sin embargo, la Federación Agraria en sus inicios planteaba una reforma agraria.
Por supuesto, la Federación Agraria surge nada más y nada menos que después del Grito de Alcorta, donde se produjo esa gran huelga de productores directos que se quejaban de las condiciones de los arrendamientos. Se conforma con posiciones bastante progresistas, pero estamos hablando de 1912, todavía estábamos en un régimen oligárquico. Si bien fue una cuestión que se dio en Santa Fe, lo cierto es que tuvieron esa postura y la mantuvieron por mucho tiempo en defensa de los sectores medios y bajos.
- ¿Por qué crees los sectores agrarios son esquivos con el peronismo?
Son totalmente esquivos. Es porque ellos creen que el peronismo en sus distintas fases fue el que planteó de manera más contundente la posibilidad de redistribuir, y no me refiero solamente al ámbito agrario. Uno puede catalogar a un gobierno por la distribución que hace, por los impuestos que aplica, a quién favorece y a quién no, y el peronismo en ese sentido ha estado históricamente mucho más cerca de los sectores más vulnerables siempre. Y estos sectores resisten. Sin embargo, hoy es el capital extranjero y transnacional el protagonista en el ámbito agrario. Y aún las grandes corporaciones se subordinan a sus intereses.
Lázzaro dice que “durante las décadas de 1960 y 1970 casi todos los gobiernos nacionales en América Latina usaron el poder el Estado para alterar la distribución de tierras” y que “estas reformas fueron llevadas a cabo por el Estado, independientemente de la forma de gobierno (autoritario, reformista liberal, militar), y en todos los casos emprendidas en respuestas a las masivas movilizaciones campesinas y a una amenaza general de revolución social”.
Sin embargo, en Argentina nunca hubo un movimiento campesino fuerte para propugnar una reforma agraria. “Si comparás en los distintos países y sobre todo a partir de los 60 había demandas de sectores que ejercían una presión ‘social’ sobre el control de tierra. Acá no, porque lo que ‘sobraba’ era tierra. Por eso ejercieron una presión ‘nacional’ que apuntaba en general a mejores condiciones de vida. Pero no está presente el problema acuciante de la tierra como si en otros países de Latinoamérica”.
Texto y fotos: Pablo Giordana