Daniela Spósito fue una de las disertantes que participó en el primer encuentro del ciclo: ¿De qué seguridad estamos hablando? En este artículo sintetiza su intervención y aporta una mirada crítica sobre la polémica implementación de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba. Una norma que, desde el año 2005, incentiva a la comunidad al ejercicio del control y la delación del otro. Bajo este esquema, el Estado no sólo ha inundado de policías las calles, sino también, ha policializado a cierto sector de la ciudadanía en una lógica que exacerba el miedo, justifica la mano dura y legitima una política de tolerancia cero, que no respeta ni garantiza los Derechos Humanos.
Con la sanción de la Ley de Seguridad Pública de la Provincia de 2005 y su institucionalización de Juntas de Participación Ciudadana, se otorgó a los ciudadanos la facultad de ser auxiliares policiales, con el argumento de comunitarizar la gestión de la seguridad a través de su colaboración con la policía. De este modo, el Estado provincial policializó a un sector de la ciudadanía, instándolo a participar en lo que denominó prevención, es decir, el control y delación del otro de raza y de clase. En esta lógica de seguridad predelictiva, no intervienen jueces frente a delitos consumados sino policías y vecinos que controlan a quienes portan rostro, se visten o caminan de manera particular. Con esta sanción, el Estado reforzó la frontera territorial que divide la ciudadanía entre el ciudadano vecinal, consumidor y asustado, que demanda seguridad y castigos ejemplares, con derecho a que se le garantice seguridad y aquellos estigmatizados en la lógica de la sospecha extendida. Esta legalización del policiamiento ciudadano podría constituirse como una huella de los linchamientos entre vecinos, ocurridos el 3 y 4 diciembre últimos, después de que la policía se autoacuartelara en reclamo de mayores sueldos y equipamiento y se proclamó dueña de la calle.
Un sector de la ciudadanía salió entonces armada a defenderse de otros ciudadanos que consideraba peligrosos. Se rumoreó entonces que la policía misma podría haber estado involucrada en estos hechos.
En la legalización de la figura del vecino auxiliar policial también podrían encontrarse marcas de la aceptación pública de la exposición mediática de sujetos encapuchados, maniatados, encerrados en corralitos, reducidos a un estatuto bestial, custodiados por policías armados.
Hace días, el jefe de la policía de la Provincia, Julio César Suárez, defensor de la “policialización de la ciudad” y del “involucramiento del vecino en la problemática de la seguridad”, amenazó al periodista de los SRT de la UNC, Dante Leguizamón, quien investiga la muerte de un pibe a manos de la policía, Güere Pellico, en lo que constituye la séptima muerte en lo que va del año por gatillo fácil.
El año pasado, fueron doce. Tras la muerte de Güere, Suárez dijo impunemente: “defendemos los derechos humanos de las víctimas de delitos”. Suárez es el jefe de una institución autonomizada, acusada de corrupción, cuyos delitos no son investigados por el poder judicial y cuyas cúpulas mantienen un pacto político con el sector gobernante. El punitivismo cordobés no es sólo de las cúpulas policiales o del gobernador. Las prácticas institucionales violentas y la persecución del otro vulnerabilizado son deseadas por ciertos sectores de la ciudadanía, cuyas representaciones sobre determinados actores sociales, construidas en base al miedo, operan como condiciones de posibilidad para que la policía autonomizada de los poderes político y judicial, asesine, acorrale, detenga discrecionalmente.
Frente a un sector de la sociedad civil autorizado por el Estado para ser auxiliar policial y que desea un más mano dura, tolerancia cero y policías en las calles, ¿será posible volver a tejer el lazo social que comenzó a destejerse durante la última dictadura cívico-militar?
El sentido hegemónico de la seguridad cordobesa no es respetuoso de los derechos humanos. El gobernador declara, tras la última muerte por gatillo fácil, la “emergencia juvenil, para que el chico que les abre la puerta del taxi cuando salen del restaurant no les pegue una puñalada para sacarles la billetera y comprar paco”. Para el Estado provincial, ciudadano es aquel decente, con familia y trabajo (recuérdense los dichos de De la Sota tras el motín de 2005) que, además, tiene capacidad económica para tomar taxis y comer en restaurantes. Es a este sector a quienes el Estado garantiza seguridad.
En este contexto, ¿será posible construir una agenda de seguridad pública que no esté en disonancia con los derechos humanos, que proponga un control civil a la institución policial, que sea capaz de acuerdos mínimos sobre políticas de seguridad democráticas y que pueda producir insumos que ingresen a la discusión legislativa?
Por Daniela Spósito
Dejar una contestacion