En el marco de las actividades por el mes de la memoria, la docente e historiadora Carol Solís presentó en la FFyH su libro “La cuestión de los derechos humanos. De la posdictadura la democracia excluyente en Córdoba”, donde aborda los actores, desafíos y trayectorias del movimiento de derechos humanos y su relación con la política en las décadas del 80 y 90, centrándose sobre todo en lo ocurrido durante el menemismo, un tiempo que nos espeja con discursos y acciones estatales negacionistas y hasta reivindicatorios de la dictadura del gobierno Milei-Villarruel.
Cuando Carlos Menem firmó los indultos que culminó el proceso de impunidad a los genocidas que las leyes de Punto Final y Obediencia Debida habían abierto en la agonía alfonsinista, parecía que el esfuerzo y la lucha para juzgar y condenar los crímenes de la dictadura se consumían con los cigarrillos que el entonces presidente riojano fumaba para asimilar una decisión que el 70 por ciento de la sociedad rechazaba de manera contundente. Así comenzaba la década del 90, sin justicia, con indiferencia y desidia estatal frente a las mayores atrocidades vividas por el país en su historia.
El pacto de Menem con las fuerzas armadas para lograr la “reconciliación nacional” y “mirar para adelante” era un cachetazo a la incansable lucha que el movimiento de derechos humanos -que fue creciendo y reinventándose con los años- había trajinado para alcanzar el umbral de una democracia sólida que sepultara para siempre la posibilidad de lo que había sido hasta ese momento parte de nuestra cultura política: los golpes de Estado. Ante la desolación que proponía el menemismo en 1995 la calle gritó: “Si no hay justicia, hay escrache”. Lo decían los hijos de las Madres y nietos de las Abuelas que parieron HIJOS, la organización que oxigenó la militancia juvenil -no solo la ligada a los derechos humanos- y que reinstaló gran parte de las demandas que régimen neoliberal buscó sepultar en nombre de la “modernización” y la reforma del Estado, aventura que estalló por los aires en 2001 para abrir paso a un nuevo ciclo que con inteligencia y olfato político retomaría desde el Estado la agenda del pasado reciente y la lucha por memoria, verdad y justicia.
Pero eso es otra historia. La de este libro, tan meticulosamente investigada por Solís, aborda los intensos años 80 post dictadura -de mucha producción política y jurídica-, pero sobre todo lo que pasó después, en los fatídicos 90, el antecedente inmediato -en términos históricos-, del relato negacionista y “memoria completa” que recupera la ultraderecha fascista de Javier Milei y Victoria Villarruel. Como “el fin de la historia” fue otra falacia más de los endiosados profetas del capitalismo totalitario -cuya versión recargada pareciera ser el actual gobierno de La Libertad Atrasa-, Solís hace su aporte a la comprensión de la historia reciente con su flamante trabajo, editado por la Universidad Nacional de General Sarmiento y presentado el 27 de marzo en el Pabellón Residencial de la Facultad de Filosofía y Humanidades, en un panel compartido por Emiliano Fessia, fundador de HIJOS Córdoba y militante de los derechos humanos, Sol Yornet de NIETES y Flavia Dezzutto, Decana de la FFyH: “El libro es producto de una tesis que analiza un tipo de acción colectiva que comúnmente llamamos luchas por derechos humanos, no es una historia de los organismos del movimiento de derechos humanos, sino una manera de pensar cómo había sido ese proceso de problematización social que convirtió a los derechos humanos en un tema socialmente relevante-. Esta mirada implica pensar a estas organizaciones, sus trayectorias y cambios en la historia democrática de Córdoba y preguntarnos también por las relaciones que otros actores y el Estado habían establecido con esas organizaciones y sus luchas. La idea era pensar cómo se construyó como problema público, cuáles fueron las demandas que encarnaron esos actores, tratando de pensar en los ciclos de visibilización y latencia que creo fueron centrales en la configuración de un nuevo escenario democrático tras la salida de la dictadura. Y que además eran claves en la posible transformación de las culturas políticas locales”.
- ¿Cuál es el tiempo histórico trabajado?
Carol Solís: El libro toma antecedentes de investigaciones mías hechas sobre los organismos de derechos humanos de Córdoba y aborda una periodicidad media, cuya originalidad está en centrarse en lo que ocurre en el escenario postdictadura, a partir de 1983, desarrollando con especial interés los años 90, que es un nuevo tiempo a partir de las leyes de impunidad, hasta el escenario inmediato de la post crisis 2001. La periodización amplia intenta seguir esos itinerarios públicos de los derechos humanos entre dos momentos que consideramos centrales: los 80 democráticos, que fueron los años de mayor productividad política de la causa de los derechos humanos, relevante además en la postdictadura porque produjo cobijo, arraigo y amplias solidaridades con las demandas por verdad y justicia en relación a los crímenes y violaciones de derechos humanos cometidas por el Terror de Estado. Los 80 fueron cruciales porque en esas redes se activaron y politizaron otros grupos, en particular la solidaridad de las juventudes de esos años -sobre todo de algunas partidarias-, pero también universitarias, que ayudaron a consolidar en el espacio público un conjunto de demandas en torno a las injusticias de los derechos humanos.
El Estado al banquillo
Además de analizar los actores que fueron conformando el movimiento de derechos humanos y su relación con la política, el foco está puesto en otros protagonistas de esos años: “En el libro nos referimos a otros dos actores, por un lado el Estado y sus políticas públicas por acción y omisión pero atendiendo a sus diferentes jurisdicciones y arenas de especialización: el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, pensando que el Estado no es un actor monolítico, sino que también tenía posiciones en algunos puntos divergentes que permitieron que la movilización por los derechos humanos buscase en los intersticios de lo público estatal resolver o intentar dar respuesta a sus demandas. Y el otro actor es el Poder Militar, que en Córdoba tuvo en la figura de Luciano Benjamín Menéndez al principal responsable de la represión. Menéndez fue un protagonista central en los años 80, proporcional a su impunidad, pues demoró mucho tiempo en ser procesado y juzgado pese a la cantidad de relatos que lo ponían como máximo responsable de lo ocurrido. Pero no solo él, otros integrantes de la corporación militar ocuparon roles importantes, por ejemplo Ernesto Barreiro, que tuvo un rol preponderante en el primer levantamiento carapintada en abril de 1987, durante la previa de la Semana Santa. Capitán y ex jefe del campo de concentración, era uno de los oficiales que no aceptaba la desafectación de su cargo como castigo por no presentarse a declarar en la justicia federal en las causas que se estaban investigando. Es decir, claramente hay 3 actores claves, que se ven acompañados por otros actores.
- ¿Cuál era el escenario político en Córdoba?
CS: En los 90 se ve un aumento de la conflictividad social y política, sobre todo luego de un primer tiempo, caracterizado entre otros hechos porque Menem desprocesó a los genocidas (Menéndez entre ellos. Tras esa relativa desactivación de la cuestión, ahí van a emerger una serie de reclamos de injusticia que van a ir conectando y confirmando cómo se fue socavando la legitimidad del menemismo y haciendo pública una crítica a los efectos del neoliberalismo. En los 90 hay diferentes momentos, pero los derechos humanos se vuelven a inscribir en el espacio público como demanda que se articuló con otras demandas y conflictos que reclamaban sobre el derecho a la niñez o articulaciones con luchas gremiales puntuales (privatización del servicio de agua, entre otras) o el tema emergente de la criminalización de la protesta y la pobreza con casos de gatillo fácil. Lo que muestro en el libro es que todo eso se fue articulando con otros conflictos en núcleos comunes de identificación al delimitar situaciones de injusticia, algunas más antiguas y persistentes, pero que tenían o tienen en común una crítica fuerte a la impunidad, entendiendo que estas situaciones no tenían un procesamiento adecuado dentro de las instituciones republicanas. El libro demuestra cómo en los 90 estos actores heterogéneos encontraron puntos de acuerdo en su crítica y denuncia al neoliberalismo y a los efectos sociales del ajuste. Se da una ligazón entre el pasado y el presente a contramano de la retórica de fuga hacia adelante que fue la que el menemismo impuso.
- ¿Cómo impactó la lucha de los derechos humanos en la construcción de una cultura política?
CS: El libro discute un poco la idea de cultura política en singular, pensamos pluralmente la cuestión de la politización en cada momento sociohistórico. Sí creemos que para los 80 y 90 la cuestión de los derechos humanos fue conformándose como un elemento que comienza a ser integrado, reconocido como una injusticia que debe ser tratada por el Estado y que esto no era sólo inherente a las organizaciones defensoras de derechos humanos, que en principio conformaban el movimiento homónimo. Hubo una posibilidad de re informar a la sociedad y generar solidaridades duraderas que trascendieron el momento del desprocesamiento institucional de la cuestión. Si uno piensa, por ejemplo, en cómo los 24 de marzo van mostrando esa rearticulación de las solidaridades después de la latencia post indulto, se puede ver que ello resultó clave cuando el gobierno había decidido no tratarla o no darle importancia. Los 24 de marzo en Córdoba son una ventana de oportunidades para ver cómo se hicieron explícitas las labores de los diferentes actores y colectivos, que esa fecha tenía una significación social más amplia y que no sólo incluía a las víctimas. Había en esas conmemoraciones una ligazón más general, una necesidad de reconocimiento de esas situaciones de injusticia y que trascienda el escenario de impunidad de los crímenes de la dictadura. Es decir, aparecen no escindidas de otras situaciones de injusticia y de otras nuevas conflictividades que se fueron configurando en el escenario de una democracia cada vez más excluyente.
- ¿Estas luchas que se van dando en Córdoba encuentran situaciones similares en otros lugares del país?
CS: Las luchas por los derechos humanos fueron similares a las ocurridas en otras provincias y a la vez no. Nuevas investigaciones desde la historia han mostrado que básicamente se puede destacar en una perspectiva de mediana duración que en cada localización tuvo que ver el tipo de represión que se desplegó en el momento pre y dictatorial, pero también incidió la configuración de las militancias anteriores y posteriores a la dictadura. Es raro encontrar la misma conformación sociohistórica de actores, a pesar de que hubo un enorme tráfico para compartir estrategias y recursos materiales y simbólicos a nivel nacional por parte del movimiento social. A esto hay que sumar las denuncias hechas desde el exilio y las redes trasnacionales que se pudieron ir conformando. Ahora, sí hubo particularidades locales, como por ejemplo la temprana articulación de familiares de presos desde el escenario post Cordobazo, que ayuda a entender la durabilidad de esas organizaciones, de la misma manera que otras que a nivel nacional fueron y son fuertes y no desarrollaron filiales en todas las provincias. Esas comparaciones ayudan a comprender lo local y también cuáles fueron las redes de alianza de cada momento. La configuración del sistema de partidos también permite comprender y pensar las ubicaciones y estrategias que esos actores políticos tuvieron con estas organizaciones, y cuáles fueron los lineamientos de esas organizaciones a nivel nacional. En este sentido, en Córdoba tuvo una impronta muy particular la conformación de H.I.J.O.S., por lo que generó de redes y organización, y no es menor la confluencia que alcanzó con otros actores universitarios, la conformación de la Mesa de Trabajo, la Mesa de Escrache…Me parece que eso tiene que ver con una configuración de los actores de Córdoba, también por el peso de la universidad y la politización de esa juventud que no se dio con esa magnitud en otros lugares, como tampoco el entramado con juventudes universitarias. Ahí veo una marca bastante local.
Del faro de la revolución al paradigma represivo
Proporcional al peso y desarrollo que tuvieron las organizaciones populares -políticas, sindicales, estudiantiles o armadas-, fue la represión que se implementó para aniquilarlas. En este sentido, Solís explica que “hubo una politización muy fuerte de Córdoba, que ocupó un espacio central en la dinámica de la movilización de los 60 y 70 y de las propias organizaciones armadas. También fue clave el despliegue del terrorismo de estado o Terror de Estado, su nivel de ferocidad y masificación es central por la desarticulación de los actores y las enormes dificultades para articular acciones de resistencia y desplegar mínimas solidaridades con familiares y allegados de los represaliados. Eso ayuda a pensar los actores de la post dictadura y los 90 y porque esos actores tienen alianzas estratégicas, más allá de oficialismo y oposición. En general, no había un compromiso duradero y monolítico con la causa de los derechos humanos desde la política partidaria; al contrario, es más bien posterior, aunque también es cierto que hubo renovación de dirigencias, tanto sociales como políticas, militantes que en los 80 habían sido jóvenes y a finales de los 90 empiezan a ocupar primeros planos en la disputa política. También acompaña ese recambio generacional sus posiciones afines con la causa de los derechos humanos, sobre todo en el contexto de la democracia excluyente, una categoría que tomamos de Alfredo Pucciarelli y ayuda a pensar el tipo de democracia que se consolidó en los años 90. Sin el actor militar participando en política, la democracia va a recostarse sobre lo procedimental, abandonando así la posibilidad de convertirse en una democracia más representativa. Eso se advierte en las reformas estructurales de los 90, en la pérdida de ciudadanía, elementos que muestran cómo la democracia institucional alejó cada vez más a los gobernantes de los gobernados, eso es importante para entender cómo se llega al 2001.
Memoria, Verdad y Justicia como puente hacia otras luchas
“A mí me gusta decir en el libro que los reclamos por Memoria, Verdad y Justicia fueron una forma de tender puentes entre distintos tipos de conflictos, lo que no quiere decir que tuvieran acuerdos en todo, ni que el movimiento de derechos humanos participara en todas las luchas, pero la Mesa de Trabajo fue tomando cuerpo e intentando abrir la agenda, con enormes debates internos, pero con la idea de pensar un entramado de acciones más amplio, más allá de los organismos. Y lo que hubo fue un trabajo de ligazón entre el pasado y el presente, articulaciones de luchas que tuvieron a la impunidad como un elemento común y eso es lo que el libro intenta mostrar. Porque la impunidad en la Córdoba de los 90 no fue solo por los crímenes de la dictadura, sino la impunidad de Angeloz, la corrupción de su gobierno, la impunidad sobre los casos de gatillo fácil y otras situaciones de injusticia, la impunidad de los responsables del deterioro de la situación económica y social, de los responsables provinciales y nacionales. Ese trabajo de articulación buscaba poner el foco en que el horizonte neoliberal era excluyente para la mayoría de la sociedad cordobesa.
“La cuestión de los derechos humanos” es una investigación que culmina en 2002, pero hay un intento de contextualizar lo que vino después, ver cómo el Estado -sobre todo el Estado nacional- toma las demandas, porque en el 2003 empieza un nuevo tiempo que está marcado entre otras novedades por las políticas públicas de memoria. “El libro se hizo en la primera década del siglo XXI y luego fue actualizado, pero focaliza los años 80 y los 90, y sobre todo los 90 porque no hay muchas investigaciones que hayan seguido estas luchas en ese período”, destaca Solís, y agrega: “Sí hay mucha producción sobre los primeros 80 y la conformación del movimiento de derechos humanos en sus años protagónicos, cuando era un actor social emergente. En comparación, los años 90 son como una especie de meseta entre dos momentos de alta producción política: los 80 y los primeros dos mil con las políticas de memoria. Para mí es central esa década, porque los 90 ayudan a pensar cómo fue el desprocesamiento institucional y la mengua de la movilización pro derechos humanos, situación que se revirtió no desde el Estado sino desde la arena social; de allí surgió con nuevo impulso la demanda por los derechos humanos, tanto en su sentido histórico como en la ampliación de sentidos que cobijaban otras situaciones de injusticia. Por eso el libro no avanza en 2003, pues hay muchos trabajos en Córdoba que se han enfocado en los procesos de memoria, en los espacios de memoria y en los procesos de institucionalización desde diferentes disciplinas y enfoques.
Los derechos humanos en tiempos de negacionismo
Cuando el libro entró en la edición final Javier Milei aún no había sido elegido presidente en el ballotage del 19 de noviembre de 2023. Y aunque en la campaña electoral y los debates de candidatxs tanto el jefe de Estado como su vicepresidenta ya habían adelantado sus posturas sobre la dictadura, la coyuntura referida a los derechos humanos es “impensada” para la autora, porque trasciende el pensamiento de ambos: “Creo que es un momento clave para pensar que no hay acendramiento permanente del tema en lo político, sobre todo en Córdoba, ni hablar de lo nacional, reivindicativo de la dictadura, negacionista”. Sobre este punto, Solís advierte que “los discursos negacionistas nunca dejaron de existir, estaban ocultos y hoy tienen más presencia pública y algunas más adhesiones”. Sin embargo, destaca también que “el 24 de marzo hubo marchas multitudinarias en muchas provincias, no solo en Buenos Aires, lo que muestra que no hay una correlación entre los referentes que pueden tener posiciones negacionistas, de la llamada “memoria completa”, y la adhesión o la solidaridad por el reclamo de memoria, verdad y justicia; pienso que es algo complejo, no hay respuesta definitiva. Pero sí creo que la consigna memoria completa es algo que hay que discutir y desarmar porque tiene un significado hegemónico que propone hablar de la violencia de las organizaciones revolucionarias como equivalentes a la violencia represiva del Estado. Yo creo que hay que hablar, porque al haberse convertido en un tabú la violencia armada ejercida desde las posiciones subalternas, nos ha dejado en un problema. Ahora, también pienso que memoria completa puede ser otra cosa: digan donde están todas y cada una de las personas que fueron detenidas y desaparecidas en Argentina, quienes son y dónde están los cuerpos de las personas asesinadas, quiénes son y dónde están los niños apropiados por la dictadura, quiénes son y dónde están los recursos económicos que la dictadura saqueó. La frase memoria completa es algo que se puede discutir, ¿Qué implica memoria completa? ¿Para quiénes?, ¿A quiénes beneficiaría? Como todo concepto puesto a rodar en el espacio público, es también objeto de una disputa y está bueno que participemos de esa disputa pública».
Pedagogía de la memoria y diálogo inter generacional
La transmisión del genocidio perpetrado en la Argentina por parte de la dictadura cívico-militar-eclesiástica y empresarial (concepto que se fue ampliando a partir de los avances e investigaciones sobre qué actores hicieron posible el Terror de Estado en los 70) debiera ser una política de Estado sostenida por todas las fuerzas políticas que se reconocen democráticas, más allá de su posición ideológica. Ahí es cuando la pedagogía de la memoria cumple un rol fundamental en ese diálogo intergeneracional. Sin embargo, para que eso ocurra de manera virtuosa -lo que no quiere decir exenta de discusiones y debates-, Solís señala como imprescindible encarar temas que no se están pudiendo hablar, como “los procesos de desagregación social, de perspectivas de integración, de pauperización, de pérdida de referencia de futuros para las nuevas generaciones. Si no encaramos esas situaciones más generales que hacen a realidades cotidianas de esas inmensas mayorías de jóvenes de nuestro país, trabajar sobre cuestiones ligadas a luchas por memoria, verdad y justicia parece poco. Creo que hay que poder volver a anclar en situaciones más generales de critica a las situaciones de exclusión, porque ahora el título de mi libro debería decir ‘democracia excluyente’, porque ahora estamos en otras configuraciones y bajo otra democracia excluyente, no igual a los 90 pero que tiene un fuerte impacto”.
En un contexto político similar al de los 90, cuando el Estado le sacó el cuerpo -y los recursos- a las políticas ligadas a la defensa de los derechos humanos -y no exclusivamente a las de memoria-, aparece, o resurge, la imprescindible acción desde el movimiento social para encarar “un discurso y una acción intergeneracional que ponga en debate el reparto general de los bienes, porque si no el resultado es un discurso de marcada exterioridad. Hay que pensar las situaciones de injusticia, y, sobre todo, escuchar a las nuevas generaciones, escuchar sus modos de pensar, de sentir e involucrarse con lo comunitario para poder pensar en una transmisión de las experiencias que no suene a receta, sino una condición para construir nuevos horizontes de emancipación. Yo siempre digo que los derechos humanos han tenido usos conservadores y lo siguen teniendo a nivel mundial, pero si uno piensa que efectivamente hay algo de emancipador en ellos, me parece que por ahí va la discusión”.
Por Camilo Ratti