Más de cien personas participaron de la jornada taller “Géneros y Derechos Humanos. Ciudadanía plural, diversa e igualitaria”, organizada de manera conjunta por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y las secretarías de Extensión de la FFyH y de la Escuela de Trabajo Social de la UNC. El encuentro se desarrolló el 26 de septiembre, en el Pabellón República Bolivariana de Venezuela de Ciudad Universitaria. Con reflexiones enriquecedoras surgidas del trabajo en comisiones, el cierre del encuentro estuvo a cargo José Bianchi, Coordinador del Centro de Referencia en Córdoba del MDS y la ex rectora de la UNC, Carolina Scotto.

Analizar y debatir los avances, obstáculos y desafíos que se producen en Córdoba en relación a la implementación de las nuevas leyes que garantizan los derechos vinculados a los géneros, fue uno de los principales objetivos que se propuso el encuentro. En este contexto se interpeló de manera crítica los distintos aspectos de la realidad provincial ante el marco regulatorio, previsto por leyes como: Ley 26.485 de protección integral a las mujeres, Ley 26.364 de trata de personas, Ley 26.743 de identidad de género y Ley 25.673 de salud sexual y reproductiva.

El acto de apertura de la Jornada estuvo a cargo de Liliana Rainero, quien se desempeña actualmente como Coordinadora del Programa de Género SEU de la UNC. En su intervención, Rainero recordó que es la universidad pública la que tiene la responsabilidad ética  de  acompañar  y promover  los debates que alientan las transformaciones sociales y culturales de nuestra sociedad.

Luego, Alejandra Domínguez, docente de Trabajo Social de la UNC; junto a Luciana Sánchez, integrante del Colectivo por la Diversidad, fueron las encargadas de introducir a las principales temáticas contempladas en el encuentro, que luego se abordaron en profundidad y con una dinámica de taller dentro de las diferentes comisiones previstas.

Derechos, desafíos y asignaturas pendientes

El trabajo en comisiones fue sin duda la instancia de mayor participación que habilitó  la Jornada. Allí se pudieron analizar los diferentes escenarios donde se ejerce la violencia contra las mujeres; los distintos aspectos que contempla la salud sexual y reproductiva; los manejos corruptos y el drama que significa la trata de personas; la situación compleja que existe en relación a la inclusión laboral de trans; sumado a los cambios generados a  raíz de la aplicación de la  identidad de género y la discriminación que padecen los diferentes identidades de genero, sobre todo aquellas orientaciones no heterosexuales.

Entre las conclusiones que se expusieron durante el plenario final, se señalaron una serie de desafíos que atañen a las problemáticas generadas a través de la violencia obstétrica, la violencia doméstica, la violencia institucional y la mediática.

En este marco, se subrayó la importancia de abordar la salud sexual con la menor carga de prejuicios y como un aspecto fundamental en la vida de cada individuo, ligada a conceptos de bienestar, soberanía del cuerpo, placer y libertad.

Susana Andrada, secretaria de Extensión de la Escuela de Trabajo Social de la UNC, señaló que uno de los temas que se analizó con rigor dentro de la Comisión de Salud Sexual y Reproductiva estuvo relacionado al diseño e implementación de las políticas públicas. “Se sigue teniendo una lógica centrada en el riesgo, en las enfermedades de transmisión sexual o el embarazo, sin abordar la sexualidad como una vivencia plena, asociada al placer y al auto conocimiento, como aspectos centrales en la salud de las personas”. También se señaló que las políticas públicas se implementan de manera sesgada principalmente hacia al segmento joven de la población, hegemonizadas bajo la perspectiva de la heterosexualidad. “Por lo general, las instituciones de salud y educativas, no han diseñado ni desarrollado prácticas donde se atienda las necesidades específicas de personas gays, lesbianas y/o trans. Aún no existen consejerías específicas para ellos, ni se cuenta en hospitales y dispensarios con la entrega de métodos de protección para enfermedades de transmisión sexual que se dan entre personas de un mismo sexo (Ej: campos de latex para sexo oral, guantes, etc.)”. En esta línea, se alertó además sobre la falta de información que existe en casi todos estos aspectos y se remarcó como grave la falta de reglamentación y cumplimiento de los derechos establecidos en la ley Nº 25.929 de Parto y  Nacimiento Humanizado.

En lo que atañe a la soberanía del cuerpo, también se remarcó como fundamental continuar generando acciones dirigidas exigir la despenalización del aborto. En este tema, además de la presentación del libro “Peripecias en la lucha por el derecho al aborto”; a cargo de Silvia Julia, de la organización Católicas por el Derecho a Decidir Córdoba; se entregó de manera gratuita el calendario Derecho a Decidir y el grupo de Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto proyectó el documental chileno “Mujer no es sinónimo de Madre”, además de repartir material bibliográfico e información confiable sobre la realización de abortos seguros con misoprostol.

En cuanto a la realidad de Córdoba se señalaron graves irregularidades en la implementación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, ya que en muchos dispensarios, municipales y/o provinciales, no se están entregando en tiempo y forma los anticonceptivos previstos. Dentro de esta temática, también se marcaron importantes falencias en la  educación sexual que se imparte dentro de  escuelas primarias y secundarias.

Identidad de género, inclusión laboral y trata de personas

La trata de personas, la inclusión laboral de trans y la identidad de género fueron otros de los aspectos abordados durante la Jornada. Eugenia Aravena (representante de AMMAR Córdoba) coordinó la comisión donde se analizó la trata de personas con fines de explotación sexual. Aquí se reconoció la importancia de combatir y desmantelar este delito aberrante y las redes que lo sostienen. También resultó necesario marcar las diferencias sobre lo que significa, por un lado, explotación sexual-trata de personas y, por otro, el ejercicio del trabajo sexual autónomo, señalando cómo la clandestinización de este último sólo beneficia a los reales responsables de los delitos.
Otro de los aspectos fue advertir por qué Córdoba produce una normativa específica sobre esta problemática, sin adherir totalmente a lo establecido en la Ley nacional 26.364 de trata de personas. En la mayoría de los casos “la lucha contra la trata de personas” en Córdoba se realiza a través de la aplicación del Código de Faltas, que incluye el artículo 46 bis. De este modo, la aplicación de la ley provincial sobre la trata queda en manos de la policía local, cuyo personal, aplica la normativa de manera arbitraria. En reiteradas ocasiones, los operativos policiales suponen víctimas de la trata a trabajadoras sexuales que ejercen con independencia la actividad y, en numerosas ocasiones, dado que los proxenetas no se encuentran en los lugares donde se realizan los procedimientos, las trabajadoras sexuales son indicadas como victimarias. De este modo la trata, delito complejo y condenable, deviene en el ámbito de Córdoba, como un una mera contravención. Dentro de las conclusiones se compartieron las mejores estrategias para llevar adelante una denuncia sobre  trata, preservando la seguridad de quienes denuncian y de las víctimas.

Dentro de la comisión donde se abordó la identidad de género y la inclusión laboral de trans, Martín De Mauro señaló que se desarrollaron, al menos, tres grandes ejes de debate. Uno, referido a las dificultades que existen en la reglamentación y la efectiva implementación sobre el acceso al sistema público de salud para trans. “En materia de derechos sanitarios, la Ley de Identidad de Género prevé tratamientos hormonales y la posibilidad de cirugías que no se están cumpliendo, salvo contadas excepciones, en el todo el territorio nacional” remarcó De Mauro. Sobre este punto se concluyó que “se trata de la yuxtaposición de distintos niveles, de gestiones de gobierno provinciales, municipales y nacionales, como así también de la reticencia por parte de las corporaciones médicas y sus propias formaciones prejuiciosas y fóbicas”.

El segundo eje hizo referencia a los problemas que enfrentan las personas trans, tanto en ámbitos públicos como privados, a la hora de acceder a puestos de trabajo. Impedimentos generados, fundamentalmente “por estigmas sociales y prejuicios de empleadores”, señalando así mismo la falta de herramientas y capacitación laboral a la que accede la población trans. Entre las distintas alternativas, se mencionaron dos proyectos de leyes sobre cupo laboral para personas trans.  Y finalmente, se marcaron las tensiones que se producen entre los avances jurídicos legales y los cambios sociales, que siempre se generan de manera más lenta. De Mauro narró que “se habló de las barreras o fronteras creadas en instituciones como escuelas, ministerios, universidades, oficinas públicas y/o administrativas, donde se reproducen actitudes transfóbicas, lesbofóbicas y homofóbicas”. Bajo este escenario, se analizó el valor y el rol que cumple la educación a la hora de desterrar prejuicios y permitir cambios conceptuales y culturales en distintos ámbitos de la sociedad.

Finalmente, se valoró como muy positivo el desarrollo de estas actividades, promovidas desde espacios públicos, como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Universidad Nacional de Córdoba. Sobre todo, el trabajo de comisiones, coordinado por profesionales universitarios y distintos referentes de organizaciones sociales, donde se promovió un debate crítico sobre los cambios, tensiones y desafíos que se producen a partir de la ampliación de derechos ciudadanos que atañen al conjunto de la sociedad.

“Librar una batalla cultural”

Tras escuchar las conclusiones del plenario de las comisiones, Carolina Scotto hizo uso de la palabra. Al comienzo se refirió al gran desafío que representa ganar la adhesión de quienes creen que esta lucha no les toca. Y fundamentó la importancia de intentar salirse de la lógica de las ONG para exigir planteos políticos que garanticen el cumplimiento de derechos universales. En este aspecto marcó que todavía existe una distancia enorme “entre las leyes que tenemos y las realidades que sufrimos”. Además, señaló como muy grande la brecha  que prevalece entre los “progresos en materia de leyes logradas y los progresos sociales concretos”.  A nivel local, dijo que incluso “pareciera como si en Córdoba algunas leyes no existieran”, y a modo de ejemplo señaló las grandes dificultades que existen en los centros de salud  para aplicar el protocolo que dicta la Nación, a la hora de llevar a cabo un aborto no punible. “Es un capítulo más del cordobesismo, una actitud de un gobierno que ha decidido marginarse de la historia”.

Como contrapunto, Scotto también destacó los “avances producidos en el país, durante los últimos años, en materia de políticas de igualdad de género y de diversidad cultural”, al tiempo que ponderó la “Asignación Universal por Hijo, la legislación sobre el trabajo doméstico y la nueva ley de fertilización asistida”.

De todas maneras subrayó como indispensable “permear a todos los sectores de la educación” y llamó a trabajar aún más en las escuelas primarias, secundarias y  en las universidades. “Debemos intentar cambiar la manera de pensar de los políticos, los periodistas, los médicos y los jueces” señaló. Ya que “la tarea fundamental es librar una batalla cultural que garantice más derechos, e igualdad ante la ley  para lograr, a su vez, que las políticas públicas garanticen el efectivo ejercicio de esos derechos”. En este sentido, remarcó  que “la disputa cultural es enorme”.

Sobre el cierre expresó que para poder sensibilizar y visibilizar el conjunto de estas demandas resulta muy importante “fortalecer el trabajo en red de manera articulada entre los distintos sectores sociales”. “Para todo ello –dijo- cuenten conmigo”.

Las palabras finales estuvieron a cargo de José Bianchi, quien llamó a “profundizar las relaciones entre el Estado y las organizaciones sociales”. Además remarcó que  “se debe trabajar en la restitución de derechos de manera colectiva”.  “El Estado debe estar con el pueblo” subrayó, y ubicó su rol social como una herramienta fundamental a la hora de transformar la realidad en pos de garantizar que “podamos pensarnos diferentes, pero con igualdad de derechos”.

“Políticas públicas más integrales, inclusivas e igualitarias”

Por Alejandra Domínguez (*)

Resulta de mucho valor político, social y académico, el haber podido realizar instancias de debate y construcción de propuestas como las realizadas en relación al taller de Género y Derechos Humanos.

La Jornada fue un espacio muy auspicioso por el esfuerzo puesto en dialogo que implicó tanto el trabajo previo en la organización como en las jornadas entre instituciones como son la Universidad Nacional de Córdoba, a través de la facultad de Filosofía y la Escuela de Trabajo Social y el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, para poder pensar viejos y nuevos problemas así como las necesarias vinculaciones con las normativas nacionales y locales.

Resta todavía un largo camino por delante para avanzar hacia el diseño de políticas públicas, más integrales, inclusivas e igualitarias, aún debemos colocar mayores esfuerzo por sostener y profundizar espacios de dialogo y de construcción política, espacios al que deberíamos poder sumar a las organizaciones de mujeres y feministas, así como a las organizaciones sociales y de derechos humanos, saludamos lo realizado y el involucramiento de la Universidad Nacional de Córdoba en no sólo pensar y estudiar (que no es poco) sino en dialogar, debatir y construir con un otro diferente.

(*) Docente e investigadora de la Escuela de Trabajo Social. Miembro de Servicio a la Acción Popular.

Debates y compromiso en la ampliación de derechos humanos

Por Liliana Rainero (*)

La realización del taller se inscribe en el compromiso que la Universidad pública asume desde su responsabilidad social. Esto es, promover debates y reflexiones que contribuyan a los cambios culturales necesarios para la ampliación de los derechos humanos de todas las personas. Sabemos que las legislaciones son el primer paso y marcan consensos sociales sobre lo que una sociedad debe garantizar respecto a los derechos humanos.

Sin embargo, los cambios son posibles cuando las legislaciones se efectivizan a través de políticas concretas y su implementación no está puesta en duda ni por los gobiernos responsables de ejecutarlas,  ni por las personas individuales que deben hacerlas efectivas,  sean éstos jueces, agentes de salud, funcionarios/as públicas. Desde el nivel nacional ha habido avances sustantivos en materia de ampliación de derechos y especialmente para las mujeres,  como es  el fallo de la Corte Suprema sobre el aborto no punible, pero con obstáculos para su efectivización en las provincias.

El estado laico no es garantía aún del debate democrático y secular en todas las provincias. El Taller sobre Derechos humanos y género posibilitó poner en común entre las organizaciones sociales de Córdoba el trabajo que desde décadas vienen impulsando para la exigibilidad de derechos y repensar estrategias que posibiliten saltar las barreras que la voluntad política de algunos ámbitos de poder, que debieran velar por los derechos humanos, operan contrarios a los mismos, y en particular cuando  se trata de derechos hacia las mujeres. Asimismo el Taller permitió reforzar la articulación entre organizaciones comprometidas en lo local conjuntamente con la universidad para contribuir de una manera propositiva al avance de los derechos.

(*) Responsable del Programa Genero SEU-UNC.

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GALERÍA DE IMÁGENES

 

Texto y fotos: Irina Morán