Carol Solis, directora del Programa de Derechos Humanos de la FFyH, y miembros del Programa Jóvenes y Memoria, opinan sobre la importancia del juicio de la “Mega-causa La Perla/Campo La Ribera”, que culminará con la sentencia el 25 de agosto en los Tribunales Federales de Córdoba. 

Yo voy a la sentencia porque democratiza

Esperamos la sentencia en un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. No es el primer juicio que culmina, pero sigue siendo tan simbólico e importante como aquel del año 2008 y a la vez es tan único e irrepetible como cada uno de los ya acontecidos. ¿Por qué? Porque como entonces, numerosas víctimas merecen justicia. Sus nombres, sus rostros y sus historias de vida hace décadas que nos interpelan, nos interrogan sobre nuestro presente y nos llevan a actualizar sus luchas, sus historias, sus proyectos y sueños colectivos. Pero también por el tiempo que ha llevado generar esta instancia de justicia. No puedo dejar de recordar el modo en que un diario local graficaba los beneficiarios de la  primera tanda de indultos de Carlos Saúl Menem en octubre de 1989, que incluía entre los procesados que resultaron favorecidos la foto de Luciano Benjamín Menéndez, apenas unos días antes de iniciarse el juicio en su contra. Tampoco de todas las acciones que el naciente movimiento de derechos humanos realizaba, desde mucho antes, para reunir información, pruebas, instalar en el espacio público sus demandas de verdad y justicia y apelar a todos las vías posibles.

Porque eso es algo que a veces no recordamos con suficiencia. Siempre la denuncia estuvo presente, pese a lo clandestino, al poder desaparecedor como dice Pilar Calveiro, a las complicidades civiles y a los medios de comunicación uniformizados. Una denuncia que tomó formas diversas: discreta, tras bambalinas, igualmente clandestina y también abierta, claro, cuando se podía. Aún en los primeros años, tanto antes como después del golpe de 1976, las violaciones se hicieron públicas, en diferentes escenarios: a veces acá, a veces en el exterior, a veces en los diarios de Buenos Aires. Cada informe de derechos humanos recoge esas voces, voces de los familiares, de los allegados, de los sobrevivientes. Y también de los grupos que se solidarizaban con la causa.

Recordaba en estos días una iniciativa que unió a algunos organismos locales con la FUC (Federación Universitaria de Córdoba) allá en los tempranos inicios de la transición, motorizando un petitorio con miles de firmas para exigir el procesamiento del ex Comandante. O las rondas de los jueves y las marchas de cada 24 de marzo. Pero también los escraches en la segunda mitad de los noventa, cuando H.I.J.O.S. comenzó a trazar nuevos vínculos entre juventud y política. Y, por supuesto, los juicios que por fin volvieron, tras la larga noche de impunidad, con el despertar de un nuevo siglo y un estado que asumía finalmente su compromiso con los derechos humanos.

Siempre la denuncia y siempre insistir con la justicia. Ese volver a confiar en la justicia, aunque en el pasado les haya cerrado las puertas. Un volver a confiar en ella porque solo con justicia se democratiza.

La impunidad es el reverso de la democratización porque desiguala, instituye la arbitrariedad, subordina y genera una cadena de impunidades. En cambio, la justicia –cuando es justa- democratiza. Y hoy, cuando las políticas públicas vuelven a desigualar, a generar categorías diferentes de ciudadanos, a naturalizar las diferencias para justificar un orden crecientemente injusto, necesitamos igualar, necesitamos la justicia, necesitamos democratizar. Yo voy  a la sentencia. Por más memoria, verdad y justicia.

Por Ana Carol Solis
Directora del Programa de Derechos Humanos de la FFyH.

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Construcción colectiva por la verdad histórica

La denominada “Mega-causa La Perla/Campo La Ribera”, no solo lleva ese nombre por el peso específico de sus 22 expedientes; sus más de 700 víctimas asesinadas, desaparecidas o torturadas durante el Terrorismo de Estado; y sus 5 años ininterrumpidos de proceso judicial, con centenares de testimonios poniéndole palabras y cuerpo al horror. La mega-causa es tan enorme precisamente también porque pone de manifiesto la extensión territorial, los circuitos y la envergadura del plan sistemático de represión; en el que Córdoba, epicentro del III Cuerpo de Ejército, ejercía el control sobre 10 provincias de la región. Así, La Perla fue el Centro Clandestino de Detención más grande del interior del país, por el que pasaron más 2300 personas.

Asimismo en esta Córdoba, el movimiento de DDHH se ha construido históricamente con una arraigada legitimidad social. Acompañado por una significativa red de articulaciones -de la cual la UNC es parte-, adquirió una gran fortaleza para sostener no sólo la convocatoria y persistencia de los juicios por delitos de lesa humanidad, sino también y al mismo tiempo, realizar un arduo trabajo en la trastienda de este proceso: el acompañamiento a testigos, el aporte de documentación, el invaluable registro plasmado en Los diarios del juicio. La trayectoria de lucha de los organismos alcanza así un punto de condensación al constituirse, una vez más, ellos mismos como querella en esta causa.

Por otra parte, una importante movilización social acompañó las audiencias, llenando la sala semana a semana -con familiares, jóvenes estudiantes y sus profesores, organizaciones sociales, entre otros-, y con un sinfín de actividades por fuera de los recintos judiciales; en escuelas, sindicatos, centros vecinales, plazas, barrios, localidades del interior de la provincia. Imposible no mencionar aquí también la cobertura diaria a través de los medios de prensa universitarios durante estos años. La conjunción de tan diversos y potentes actores sociales hicieron posible una apropiación real y efectiva por parte de la comunidad, sin la cual es difícil pensar sostener “a sala llena” cinco años de juicio. La mega-causa La Perla se constituye entonces como un hito en la historia de los juicios logrando anudar distintos hilos de la experiencia colectiva; no sólo como la materialización de las consignas MEMORIA, VERDAD y JUSTICIA, sino como un verdadero lugar de encuentro, de comunión, de abrazos que traspasan fronteras generacionales, partidarias o sectoriales, atravesándonos como comunidad entera. La justicia aparece así como anclaje de dicha comunión, estableciendo nuevos puntos de partida y pisos de verdad, nuevos y necesarios marcos de referencia sobre los que se constituye un horizonte común.

La sentencia del próximo 25 de agosto concluye, una vez más, con años de impunidad: 750 víctimas recibirán justicia;  44 represores recibirán condena. Pero también, al darle continuidad a una política de estado anclada en las mejores tradiciones democráticas y de lucha de nuestro país -Madres y Abuelas, Familiares, H.I.J.O.S., Ex presos por razones políticas- se presenta como un nuevo punto de partida. En un contexto tan adverso, en el que desde el propio Estado se pone en tela de juicio la legitimidad de los 30 mil, donde vuelven a resonar palabras como guerra sucia o ruptura institucional, o se revitalizan viejos y tristes debates en torno a la Teoría de los dos demonios, esta sentencia es una prueba fehaciente del Terrorismo de Estado implantado en nuestro país. Esta sentencia reafirma los procesos de construcción de verdad histórica, de encuentro entre generaciones y el camino de lucha por la plena vigencia de los derechos humanos que se ha constituido en una marca de identidad de nuestro pueblo.

Programa de Extensión de la FFyH “Jóvenes y Memoria”