Bajo el título “No más femicidios ni desapariciones de niñas y mujeres. Cuarto caso en Traslasierra”, el 10 de octubre se realizó en el Museo de Antropología la charla abierta sobre los casos de cuatro mujeres y niñas desaparecidas en el Valle de Traslasierra entre 2014 y 2018. Una acción imprescindible para visibilizar, reflexionar y demandar investigación y justicia sobre los casos de Silvia Gloria Gallardo, Marisol Rearte, Luz Morena Oliva y Delia Gerónimo Polijo.
A media tarde y con gran convocatoria de público y medios de prensa, la planta baja del Museo del Antropología cobijó a las cuatro familias que buscan con desesperación saber qué pasó con sus hijas; y en el caso de la familia Rearte, el paradero de Marisol y el de su hija Luz Morena Oliva, quien en el momento de su desaparición –febrero de 2014–, tenía apenas dos años.
Durante la charla, acompañaron de forma solidaria la directora del Museo, Fabiola Heredia, la escritora María Teresa Andruetto, Mary Luque, representante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, Leandro Vallejos Arce, secretario Adjunto de la Unión Obrera Ladrillera, María Correa, artista y presidenta de la Fundación La Conana de Villa Dolores, y Julieta Quirós, antropóloga e investigadora del Museo de Antropología–Idacor.
La actividad buscó poner en agenda la urgencia y gravedad de los casos de Traslasierra. Sobre todo, sacar a la luz las deficiencias en procesos de investigación y las condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia. Al respecto, Lilia Oliva, madrina de Luz Oliva, aseguró: “Siempre le dijimos al fiscal y a la justicia que sospechábamos de alguien, pero fue mejor mirar para otro lado y decir `Marisol se fue con la nena’, era más fácil para ellos”.
El hecho en materia de derechos humanos resulta tan grave como alarmante. Se trata de cuatro mujeres y niñas desaparecidas en nuestra provincia, que tras años de reclamos, marchas y lentos procesos judiciales, aún no se sabe nada de ninguna de ellas. Como si la tierra se las hubiera tragado.
En este sentido, Analía Prado, hermana de Silvia Gallardo, reclamó: “Se van a cumplir 5 años de su desaparición y estamos acá para pedir que la investigación se acelere y que justicia actúe como corresponde. La causa no ha avanzado nada”.
Por su parte, el caso que volvió a estremecer a la comunidad de Traslasierra fue la desaparición de Delia Gerónimo Polijo, de 14 años. La adolescente fue vista por última vez el 18 de septiembre de este año, cuando regresaba de la escuela secundaria. Su padre y su madre, Mario Gerónimo y Adela Polijo, con el dolor a flor de piel y acompañados por el gremio de la Unión Obrera Ladrillera de la zona, pidieron ayuda a las autoridades de la provincia de Córdoba. “No sabemos hasta ahorita dónde está mi hija, qué pasó, les pido que con una mano en el corazón me ayuden, por favor, a buscar a mi hija”, imploró con la voz cortada el papá de Delia.
La charla abierta fue una iniciativa conjunta entre el equipo del Museo de Antropología de la FFyH, el Programa de Derechos Humanos de la FFyH, la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Traslasierra, el sindicato de Unión Obrera Ladrillera, las familias de las mujeres desaparecidas y los vecinos y vecinas de la gente que acompaña a las familias, con el fin de visibilizar la gravedad de estos cuatro casos del interior de Córdoba. Mary Luque se refirió a la necesidad de que la justicia investigue y asesore de manera adecuada a las víctimas: “No podemos desalentar las investigaciones y permitir que éstos hechos se naturalicen y sigan pasando”.
María Correa, quien tiene un hermano desaparecido durante la última dictadura cívico-militar y que de manera sorora empatiza con los reclamos y el dolor de las familias que exigen saber sobre el paradero de sus hijas, con extrema preocupación remarcó: “La desaparición de una persona es algo siniestro, no se puede aseverar que esté viva pero tampoco que haya muerto, porque no hay pruebas”. Hoy sólo tenemos una certeza: “Queremos saber qué pasó y dónde están”, exigió.
Luego fue el turno de Leandro Vallejos Arce, quien en relación al caso Delia Gerónimo Polijo, expresó: “En la gran familia ladrillera hay una niña que nos falta y estamos acá para hacer causa común”.
Para cerrar, la antropóloga Julieta Quirós detalló que las investigaciones de los casos se caracterizan por la lentitud, la falta de coordinación y por procedimientos realizados a destiempo. “Nos encontramos con problemas cuando las propias instituciones desalientan la debida participación y formación de los estados de las causas. Necesitamos una justicia que acompañe y brinde respuestas certeras”, exhortó la investigadora.
Luego que cada familia expusiera los detalles de sus casos, algunos de los presentes en la charla pidieron la palabra. Laura Vilches, legisladora provincial y candidata a diputada nacional, señaló: “Vengo a solidarizarme con todas las familias. Muchas gracias por la valentía de su pelea y a disposición”. Después continuó Soledad Edelveis García Quiroga, ex-presa política y representante de Comisión Provincial de la Memoria de Córdoba, quien evocó las huellas del terrorismo de Estado de hace 40 años: “Hace falta que pensemos en acciones para visibilizar y dejar de naturalizar las desapariciones y femicidios”.
Casi hacia el final de la actividad, Soledad Cuello, hermana de Yamila Cuello, desaparecida en 2009, se puso de pie, miró a las familias de las víctimas y expresó con firmeza: “Estoy parada acá con la fuerza de los movimientos de mujeres. Propongo que este 25 de octubre podamos hacer una actividad para visibilizar el aniversario de Yamila y denunciemos que estas pibas tienen que aparecer ya y con vida”.
Entre el público se encontraban Raúl Hernando Sánchez, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, y Guadalupe Mías, directora de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, junto a tanta gente que acompañó con un silencioso respetuoso y estremecedor.
Por último, Irina Santiesteban, trabajadora del poder judicial de Córdoba y delegada sindical e integrante del movimiento de mujeres, tomó la palabra y dijo: “Me gustaría que estuvieran acá más funcionarios, fiscales, secretarios y asesores, porque vemos que hace falta una sensibilización, capacitación y una perspectiva de género en este poder judicial, presidido hoy por una mujer”.
Minutos antes de esta charla abierta con el público y la prensa, la antropóloga Julieta Quirós, María Correa y Analía Prado, dialogaron con Alfilo. Ante la gravedad y el dolor causado por cada desaparición, destacaron la función pública de la universidad con las problemáticas de la sociedad, reclamaron saber qué sucedió y exigieron celeridad por parte de la justicia, que aún falta.
Informe Especial Alfilo
Redacción periodística: Irina Morán y Eugenia Lunad Rocha.
Entrevista fílmica: Irina Morán.
Cámara: Francisco Palomeque. Edición: Lisandro Civarolo.
Registro audiovisual del testimonio de los padres de Delia Gerónimo Polijo: Federico Quevedo.
Fotos: Área de Comunicación Museo de Antropología.
¿Qué nos dicen los cuatro casos de mujeres y niñas desaparecidas en Traslasierra?
Si bien como sociedad hemos avanzado en la identificación y visibilización de la violencia de género como una problemática particular que merece ser atendida, ese avance hoy no se ve plasmado en los protocolos, ni en la importancia de la capacitación sobre protocolos existentes que guían el accionar judicial y policial ante hechos como la desaparición de mujeres y niñas, al menos en los tribunales y fuerzas de seguridad del interior de la provincia.
Traslasierra nos está hablando de condiciones de desigualdad en el acceso a la justicia y al debido proceso, y de los efectos de privación de justicia que resultan cuando sistemáticamente las instituciones judiciales, policiales y/o gubernamentales desalientan la debida participación de los damnificados en el seguimiento de las causas: cuando el personal de las instituciones judiciales o policiales desalienta la denuncia (“Espere a la noche, seguro que vuelve”) o desalienta a los damnificados a constituirse en querella (“No necesita un abogado, estamos actuando, confíe en la justica”), o también cuando se ponen trabas al derecho a la información sobre los procesos de investigación, criterios, pasos; cuando la insistencia o seguimiento de un familiar es censurado como una “intromisión” hacia la justicia; o cuando no se atienden de inmediato y con seriedad las hipótesis familiares o de la comunidad.
Traslasierra nos dice, entonces, que los protocolos judiciales y policiales no están a la altura de la idoneidad y especificidad de abordaje que requieren las problemáticas de violencia de género (abuso, femicidio, redes de trata) que están implicadas en las desapariciones de mujeres y niñas.
La primera demanda que se deriva de los cuatro casos es la creación, sofisticación e implementación efectiva de protocolos específicos que garanticen acciones inmediatas, idóneas y coordinadas en la materia. Una segunda demanda atañe, por tanto, a la urgencia de formación y capacitación del personal judicial y policial del interior (en todos sus niveles y jerarquías de mando) en dichos protocolos y en la especificidad de las problemáticas de violencia de género y su tratamiento.
Esto es algo que Traslasierra está diciendo: en el interior del interior necesitamos más que en cualquier otro lado que el personal del sistema judicial y policial, como también los municipios, intendentes y concejales, aúnen sus esfuerzos al servicio del acompañamiento de las familias de las víctimas, sin temerle a sus iniciativas de organización colectiva ni a sus demandas de atención, información, investigación y administración de justicia.
Por Julieta Quirós
Antropóloga del Museo de Antropología -IDACOR
Estas mujeres importan
Los familiares y vecinxs de Traslasierra siguen reclamando investigación, justicia y aparición con vida de estas mujeres y niñas: