“Es clave la inversión estatal en ciencia y tecnología para generar efectos multiplicadores del desarrollo económico”, señala Diego Hurtado, doctor en Física y profesor en distintas universidades nacionales, que participó en las IX Jornadas de Investigación del CIFFyH. En esta nota incluimos también un artículo publicado en la revista “Epistemología e Historia de la Ciencia”, donde Hurtado, Matías Bianchi y Diego Lawler destacan que el fin último de una política de Estado en Ciencia y Técnica es el bienestar de todos los ciudadanos de un país.
A finales de los años sesenta gana visibilidad en América Latina un conjunto heterogéneo de intelectuales, académicos y tecnólogos que retrospectivamente es estudiado como “escuela”, “corriente” o “movimiento” de producción de conocimiento alrededor de la problemática “ciencia-tecnología-desarrollo-dependencia”. Amílcar Herrera (Argentina), Helio Jaguaribe (Brasil), Osvaldo Sunkel (Chile), Miguel Wionczek (México), Máximo Halty-Carriere (Uruguay) o Marcel Roche (Venezuela) son algunos de sus representantes de mayor circulación. Este grupo de pensadores, que hoy llamamos “pensamiento latinoamericano en ciencia, tecnología y desarrollo” (PLACTED), logró construir y consensuar una agenda común de discusión que hizo posible codificar experiencias sectoriales, interpretar trayectorias y roles institucionales –las universidades ocuparon un lugar central– y diseñar diagnósticos y prospectivas necesarios para la concepción de políticas públicas de ciencia, tecnología y desarrollo específicas para los países de la región.
A comienzos de los años setenta, el ingeniero argentino Alberto Aráoz explicaba que “menos del 6% del total de proyectos” de CyT se enfocaban en “objetivos industriales” y explicaba que “si bien es cierto que las industrias dinámicas trabajan continuamente con tecnología importada, no deja de llamar la atención el magro apoyo del sistema científico. Por su parte, el físico brasileño José Leite Lopes sostenía que “si se llegara a cerrar una de las grandes universidades de un país de América Latina, el sistema económico de ese país no sufriría ninguna alteración”.
La era Thatcher-Reagan y la privatización del conocimiento
Estos cambios que advierten los cientistas latinoamericanos se insertan en un ciclo de transformaciones globales en la dirección de lo que algunos autores, como Sheldon Krimsky en 1991, caracterizaron como “privatización del conocimiento”. Entre las iniciativas más relevantes que se impulsan en EEUU, en 1980, se aprueban dos instrumentos que se proponen facilitar la vinculación academia-industria: la Ley de Transferencia de Tecnología de Stevenson-Wydler, para incentivar la vinculación de los laboratorios públicos con universidades y empresas y la Enmienda Bayh-Dole a las leyes de patentes, que allanaba el camino para que universidades y centros de investigación pudieran percibir derechos de propiedad intelectual por trabajos realizados con fondos públicos. En 1984, el Congreso de EEUU modificó el Acta de Comercio para que los derechos de propiedad intelectual de sus empresas fueran reconocidos en todo el mundo, lo que habilitó a que el gobierno norteamericano pudiera tomar medidas económicas y diplomáticas especiales contra los países que violaran las patentes.
En América Latina, se comenzó a difundir un nuevo programa o paradigma político-epistemológico basado en la privatización y mercantilización del conocimiento por un lado, y de deshistorización y homogeneización de las periferias como estrategia analítica por otro, que trajo aparejado la producción de diagnósticos genéricos y, por lo tanto, de soluciones o “recetas” genéricas. El corolario de este paradigma fue la difusión de categorías ajenas a los rasgos específicos de los procesos de desarrollo socioeconómico de los países de la región (emprendedorismo, sistema nacional de innovación, etc.).
En este contexto es crucial comprender que mientras las grandes empresas norteamericanas dependían de los subsidios del gobierno de EEUU, de un entorno regulatorio favorable de apoyo a sus actividades de Investigación y Desarrollo, de protección de la propiedad intelectual y respaldo a sus proyectos de expansión de sus mercados, por otro lado todas estas transformaciones son invisibilizadas por un discurso de fundamentalismo de libre mercado, que supone que el Estado de las economías centrales no interviene.
A inicios de los años noventa, los organismos de gobernanza global pusieron en cuestión “la asistencia gubernamental a las industrias económicamente estratégicas” como “un importante punto de discordia en la arena política internacional”, señala Ryszard Michalski. A grandes rasgos, los debates sobre esta cuestión se estabilizaron a partir de un acuerdo tácito que se podría parafrasear con la siguiente fórmula: mientras que en los países centrales los sectores estratégicos van a continuar siendo objeto de apoyo activo del Estado –de forma manifiesta u oculta–, en las periferias se comienza a ejercer una fuerte presión para promover su desregulación. En paralelo, los países de la región fueron también presionados para integrarse al proceso de internacionalización de la propiedad intelectual a través de la reforma de sus legislaciones, incluyendo una ampliación de la protección a nuevos sectores, como los productos farmacéuticos y el software.
Ahora bien, como explica Muñoz Tellez en 2009, mientras que los países centrales “tardaron más de dos siglos en diseñar, experimentar e instaurar progresivamente sistemas nacionales de propiedad intelectual”, los países de la periferia “absorbieron sistemas de propiedad intelectual impuestos por el imperio colonial”. La monopolización de los derechos de propiedad intelectual fue considerada un recurso adicional para obstaculizar procesos de desarrollo y de acortamiento de la brecha basados en senderos imitativos de industrialización.
Estas transformaciones tuvieron su contraparte en la cultura académica de las periferias en la forma de iniciativas de adecuación de las metas y funciones de las universidades al contexto general de mercantilización de la educación y el conocimiento. Nociones como “Universidad de Servicios” o el mandato de la vinculación “Universidad-Empresa” en contextos de desindustrialización de las economías nacionales, aparecen como los nuevos mantras que van a guiar la imposición de “las nuevas reglas del juego de la comercialización en la academia”, según Judiht Naidorf.
Neoliberalismo semiperiférico
La desindustrialización, la privatización de organismos y empresas estatales, la extranjerización de la economía y la subordinación geopolítica y geoeconómica al neoliberalismo, sumado al desmantelamiento de sectores tecnológicos estratégicos, fue el corolario de una política exterior de alineamiento incondicional con EEUU.
A diferencia de las economías neoliberales centrales que, mientras promueven una retórica de fundamentalismo de libre mercado, apuntalan el dinamismo económico con una batería de iniciativas públicas enfocadas en la generación de conexiones de las universidades con defensa e industria, el fundamentalismo de libre mercado que promueve el neoliberalismo semiperiférico disuelve las responsabilidades del Estado en el campo del conocimiento y reorienta el campo científico-tecnológico.
Así, se busca suplir las políticas ausentes de CyT y de industria con la promoción del “emprendedorismo” en su variante periférica, que se enfoca en el éxito individual como respuesta a un escenario de disgregación social y económica. El objetivo final es reemplazar el paradigma del desarrollo económico y social inclusivo, concebido como empresa colectiva y solidaria, por un voluntarismo solipsista fundado en una “espiritualidad” individualista, mercantil y predatoria: no está mal querer enriquecerse a cualquier precio, no está mal dejar atrás al prójimo, no está mal la lucha solitaria por los bienes escasos. La cultura del “emprendedorismo”, las consultorías y los think tanks, junto con diversas modalidades de “agencias de análisis”, se proponen reemplazar formas tradicionales de producción de conocimiento, que son estigmatizadas como anacrónicas, aunque continúan jugando un rol central en las economías centrales. Uno de los efectos finales de este escenario es una “desjerarquización” del mundo académico, según lo plantea Lucas Rubinich en 2001, el año en que estalló la crisis económica y social que se llevó puesto al gobierno de la Alianza.
A modo de balance general, desde el inicio de la última dictadura argentina en 1976 hasta la crisis de 2001, el sector público de Investigación, Desarrollo y las empresas nacionales involucradas en sectores industriales dinámicos, des-aprendieron a desarrollar cohetes sonda y misiles balísticos de alcance medio, calculadoras y computadoras, aviones caza y de entrenamiento, además de perder enormes capacidades en sectores como el automotriz, el metalmecánico, electrónica de consumo, hidrocarburos y semillas. Trayectorias público-privadas de aprendizaje, acumulación de conocimiento y escalamiento tecnológico, acompañados de ingente inversión estatal y empresarial en formación de recursos humanos, transferencia de tecnología y encadenamientos productivos que se miden en décadas, terminaron siendo desmanteladas y disipadas para ser reemplazadas por un modelo financiero especulativo y exportador de recursos naturales sin elaboración o escasamente elaborados.
¿Competitividad de quién?
Gobiernos neoliberales semiperiféricos como los de Macri o Temer, por ejemplo, están obsesionados con bajar salarios y reducir los “costos laborales” como única estrategia para, se dice, mejorar la competitividad de las empresas. Pero Alice Amsden, una de las mayores especialistas en políticas industriales y tecnológicas en los países de industrialización tardía, explicaba en 2001 que el problema de la competitividad de las empresas argentinas durante los años noventa eran los empresarios y no los trabajadores: “No tenían profesionalizadas sus capacidades de gerenciamiento y pocas contaban con planificaciones o cadenas de mando bien definidas”. Y agrega: “Las inversiones en I+D [de las empresas] fueron insignificantes, por lo que los trabajadores calificados no eran empleados en emprendimientos de alta tecnología […] el centro de gravedad de la economía argentina volvió a ser el campo, que se caracterizó por una de las distribuciones de ingresos más desiguales del mundo”.
Igual que acaba de ocurrir con el enorme salto hacia el pasado que encarna el régimen laboral puesto en vigencia por el gobierno de Temer en Brasil, el gobierno de Macri trabaja obsesivamente en Argentina para avanzar en un régimen de “flexibilización laboral”, que básicamente busca disminuir salarios, tercerizar el empleo, problematizar la indemnización por despido, las vacaciones, etc. Por el contrario, la noción de “sociedad del conocimiento” –a la que suelen apelar Macri y sus funcionarios en sus discursos– supone que la competitividad de las empresas necesita salarios altos. ¿Por qué? Entre otras razones, porque los trabajadores deben ser actores dinámicos claves en las tramas de producción de conocimiento para mejorar los desempeños. Por eso necesitan, igual que los ingenieros y científicos, condiciones de trabajo adecuadas, como la estabilidad. Como sostiene Seguino, en el proceso de escalamiento tecnológico de una empresa “los trabajadores no son engranajes pasivos en una rueda, son actores dinámicos en el proceso de desarrollo y tienen un papel crucial en la incorporación de activos basados en conocimiento”.
¿Cómo se logran estos objetivos, según enseña la historia? Partir de una matriz productiva de base agroexportadora con escasas capacidades industriales nacionales de baja y media intensidad tecnológica –perfil propio de una economía semiperiférica como la argentina– y proponerse la creación de entornos productivos de creciente intensidad tecnológica, supone capacidades estatales para concebir e impulsar una trayectoria evolutiva de escalamiento selectivo en la jerarquía de habilidades y competencias tecnológicas, organizacionales, institucionales y políticas. La historia económica enseña que estos objetivos se logran inicialmente mediante la generación de capacidades para la imitación, la ingeniería inversa, las modificaciones marginales de productos y procesos, o la lisa y llana copia por los sectores o grupos de empresas seleccionados. “Esto ha sido así en el pasado en Inglaterra vis a vis Holanda, en Estados Unidos vis a vis Inglaterra, en Japón vis a vis la Europa desarrollada, y lo es hoy en día en el caso de China”, explica Mario Cimoli.
Ecosistemas de innovación
Al presente, las economías centrales debaten una noción muy diferente del emprendedorismo que publicita e impulsa el gobierno de Macri, ya que lo ubican en el contexto de los llamados “ecosistemas de innovación”, que podríamos adaptar a los países de nuestra región [para no reificar o transformar en fetiche la noción de innovación] como “ecosistemas de aprendizaje, escalamiento tecnológico, desarrollo económico e innovación”.
La economista de Sussex, Mariana Mazzucato, hoy de moda por su libro Entrepreneurial State, explica: “Lo que creo que debería enfatizarse no son los startups o los emprendedores en sí mismos, sino los ecosistemas de innovación dentro de los cuales operan y de los que dependen para convertirse en lo que realmente importa: empresas innovadoras de alto crecimiento […]”.
Es muy diferente hablar de la “cultura emprendedora” del Silicon Valley, donde hay fenómeno colectivo colaborativo y organizacional y, sobre todo, apoyo masivo del Estado norteamericano, a la idea del emprendedor/a aislado, al estilo de Barañao, quien en abril de 2016 decía en Infobae: “Vamos a seguir financiando el mismo número de becas, pero vamos a tratar de que esos becarios puedan tener la posibilidad de crear una propia empresa tecnológica, un servicio médico, lo que sea”.
La primera parte de la afirmación demostró ser falsa –las becas se redujeron– y la segunda parte es sencillamente un sinsentido. ¿Cuántas empresas por año?, ¿en qué sectores?, ¿en base a qué diagnósticos o proyecciones?, etc. Si no tuvieran la esfera pública cooptada (fragmentada y tabicada) por los mecanismos de “posverdad”, estas afirmaciones serían escandalosas.
Por Diego Hurtado
Tecnología, políticas de Estado y modelo de país: el caso ARSAT, los satélites geoestacionarios versus “los cielos abiertos”
Sobre la idea de que la política científica y tecnológica es una política de Estado cuyo objetivo último es el bienestar de todos los ciudadanos de un país, este artículo de Diego Hurtado de Mendoza, Matías Bianchi y Diego Lawler publicado en la revista “Epistemología e Historia de la Ciencia”, busca evaluar lo realizado en el país. Y para hacerlo elige centrarse en un caso de desarrollo tecnológico relevante para la Argentina: los satélites geoestacionarios, una iniciativa estatal que quedó trunca. Los autores primero caracterizan qué es una política de Estado en ciencia, tecnología e innovación, luego señalan la importancia insustituible de que sea el Estado el motor y el articulador de la misma, y en tercer lugar se diagnostica la complejidad interna del fenómeno tecnológico y cómo esta complejidad demanda un protagonismo público en condiciones de convertirse en política de Estado en países como el nuestro. Por último, presentan y analizan el caso ARSAT, y las conclusiones sobre la naturaleza de los desafíos futuros y las condiciones bajo las cuales deben ser abordados.
18640-52274-1-PBConsultar en la revista aquí: https://revistas.unc.edu.ar/index.php/afjor/issue/view/1538/showToc