Frente a las amenazas del presidente Javier Milei de privatizar la educación superior, la investigadora Vanesa López advierte que el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional establece con claridad que corresponde al Congreso sancionar leyes de educación que “garanticen los principios de gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades nacionales”. En una región hiperprivatizada, y a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de los países de América Latina, el sistema público argentino ofrece igualdad de oportunidades y masividad sin resignar calidad.
“El proyecto de arancelamiento de las universidades nacionales planteado en la Ley Bases que votó el Congreso es inconstitucional y atenta contra las leyes vigentes: la Ley de Educación Nacional y la Ley de Responsabilidad Efectiva del Estado en la garantía del Derecho a la Educación Superior, conocida como la Ley Puigross. Los principios rectores de ambas leyes son la inclusión educativa y la definición de la educación superior como derecho humano, universal, con el Estado como principal rector según lo establecido en la Conferencia Regional de Educación Superior (CRES) 2008, ratificada por la misma organización en el 2018 en el encuentro realizado en Córdoba”.
La cita de Vanesa López, docente e investigadora de la FFyH, es contundente para pensar el actual conflicto universitario, en el marco de un gobierno nacional que busca demoler uno de los patrimonios culturales más valorados por una inmensa mayoría de la sociedad argentina, que masivamente se ha expresado en defensa de la universidad pública, gratuita, masiva y de calidad, con movilizaciones en todo el país y acciones de visibilización que exigen mayor presupuesto y salarios dignos para sus trabajadorxs.
Pero la avanzada de Milei tiene historia, su punto de partida es la administración que el mismo Presidente pone como ejemplo a seguir o anhela volver: el Menemismo. “Los procesos de privatización de la educación se volvieron una de las propuestas protagónicas en los años 90, políticas que se enmarcaban en lo que se llamó el Consenso de Washington, que también buscaba privatizar las empresas públicas de servicios, objetivo que se consiguió en la mayor parte de los países de América Latina y el Caribe”, señala Vanesa López.
Como advierte la docente e investigadora de la Facultad de Filosofía y Humanidades, “desde aquellos años hasta la actualidad se han desarrollado formas de privatización cada vez mas amplias y complejas, llegando a identificar a la educación como un servicio comercial en los tratados de libre comercio y en el acuerdo general de comercio de servicios”. Estos procesos han habilitado que el mercado y distintos sectores económicos adquieran en el siglo XXI cada vez mas injerencia y capilaridad en nuestros sistemas educativos y en el desarrollo de políticas orientadas a regularlos.
En este sentido, López pone como ejemplo que la Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico (OCDE) “tiene un rol central en la política educativa mundial y es esta organización la que evalúa la calidad de la educación a través de las pruebas PISA”.
Cambio de paradigma
El estallido de diciembre de 2001 que se llevó puesto al gobierno de De la Rúa puso en crisis el paradigma neoliberal y evidenció el rol fundamental y estratégico del Estado a la hora de garantizar derechos básicos, entre los cuales la educación es prioritaria para una sociedad que la identifica como una poderosa herramienta de transformación y ascenso social. Conscientes del fracaso del “Consenso de Washington”, los gobiernos que llegaron desde el año 2003 impulsaron una política de fuerte inversión pública, que se tradujo en un aumento significativo del porcentaje de PBI destinado a educación superior, pasando del 0,56 en 2003 a 0,85 en 2015, el año de mayor inversión presupuestaria que recibieron las universidades, con salarios de sus trabajadorxs que alcanzaron el máximo poder adquisitivo desde el regreso de la democracia en 1983.
Esta dinámica se modificó a partir de 2017, cuando la inversión pública inicio una curva descendente hasta llegar a la dramática situación de hoy, con un presupuesto que no logra cubrir los gastos mínimos de funcionamiento y salarios de sus trabajadorxs (docentes y nodocentes) que entre un 60 y 70 por ciento están por debajo de la línea de pobreza según mediciones del IPC del INDEC.
Región hiperprivatizada
América Latina es una de las regiones donde la educación superior alcanza los mayores índices de privatización del mundo: mas del 50% de la matrícula, mas del 65% de la oferta institucional y alrededor del 60% de las personas que se gradúan, corresponden al sector privado.
Sobre estos ejes, López desarrolla los dos factores que se utilizan para medir el grado de privatización de los sistemas: participación de la matrícula y participación en la oferta institucional. Sobre el primer punto, señala el importante aumento registrado en los últimos 25 años, cuando se pasó de una matrícula de 7 millones y medio de estudiantes a mas de 30 millones en 2018. “La tasa bruta de universalización de la educación superior en Chile, Perú y Argentina está por encima del 50%, mientras que en el resto de los países las tasas de masificación oscilan entre el 15 y el 50%. De esos números, el sector privado impulsó gran parte de esta ampliación según datos de 2018: el 54% de los estudiantes de la región asiste a instituciones privadas”.
Sin embargo, la investigadora advierte que existe una heterogeneidad al interior del sistema: en Chile, Perú, Brasil y Puerto Rico mas del 50% de su matrícula corresponde al sector privado, en tanto que en Uruguay, Argentina y Bolivia menos del 30%.
En cuanto a la participación en la oferta institucional en el siglo XX, la expansión de las instituciones de educación superior privadas mostró un incremento. En 2014 el 67% del total de las IES se compone de instituciones de carácter privado, es decir, dos de cada tres universidades en América Latina, siendo Chile el principal proveedor de educación superior privada.
Otro punto analizado por la especialista es la estructura del gasto: “La evolución del gasto en educación superior en la región creció de manera exponencial entre 2010 y 2017 (41%). Mientras en Argentina la conformación del gasto es mayormente pública, en Chile la matriz está fuertemente privatizada. La distribución de los fondos tiende a asumir una lógica fuertemente mercantil, o que redunda en que el financiamiento se redireccione desde lo público hacia el sector privado”, advierte López.
Tensionar el derecho a la universidad
Según López, la lógica privada para la educación ofrece distintas opciones. Por un lado están las becas para lxs estudiantes, que implica destinar dinero para el pago de matrículas, sin que ello conlleve un compromiso financiero por parte de lxs mismxs. Después están los créditos, que sí involucran a entidades financieras y bancarias y suponen el endeudamiento de las familias. En este sistema, el financiamiento es entregado a las personas que estudian mediando algún requisito académico y/o económico. Uno de los ejemplos de este modelo en el cual los dineros públicos son derivados al sector privado fue la política de gratuidad de Chile sancionada en el 2016, donde, sobre una estructura de sistema privatizado y mercantilizado, los fondos estatales se destinan a universidades públicas-estatales fuertemente selectivas.
Otra problemática es la captación de la decisión pública por parte de actores del sector privado. Lo que se llama “Gobernanza Corporativa”, en la que actores económicos y organizaciones empresariales están detrás de las universidades privadas y pugnan por orientar la política pública a través de diferentes mecanismos.
Por último, está la universidad como “caja de negocios”. “En sociedades en las que el conocimiento adquiere un papel estratégico en la valorización del capital, la educación superior representa un mercado de alta rentabilidad”, afirma López, que agrega: “En países cuyo marcos legales habilitan el lucro, el fenómeno se expande bajo la figura de instituciones con fines de lucro. Y en aquellos países en los que el lucro no es legal, las universidades ofician de pantalla, habilitando la tercerización de servicios y la creación de fundaciones vinculadas a grupos económicos”.
Para la investigadora de la FFyH, “en estas tres tendencias se visibilizan objetivos económicos, políticos e ideológicos, procesos que por un lado habilitan una tensión con la función social de las universidades públicas en la región, y por otro una discusión de la forma en que se materializa el derecho a la educación superior”. Y, en el mismo sentido, afirma que “el proyecto de arancelamiento del gobierno nacional tensiona el proceso de democratización sostenido desde el retorno a la democracia a través de la expansión de la matrícula y de la expansión institucional”.
Por Camilo Ratti