El equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Filosofía y Humanidades elaboró un documento con algunas reflexiones sobre el Programa de Compromiso Social Estudiantil, aprobado por el Consejo Superior de la UNC.
El 17 de mayo pasado el Honorable Consejo Superior de la UNC aprobó en general el Programa de Compromiso Social Estudiantil (PCSE) presentado por la Agrupación Franja Morada y apoyado por la actual gestión rectoral.
Desde la Secretaría de Extensión de la FFyH creemos necesario realizar algunas reflexiones sobre el modo en que han sido planteadas estas prácticas como instancias formativas, y las posibles consecuencias de un proyecto de esta envergadura.
¿Qué concepción de extensión tiene el proyecto?
A pesar de dar cuenta explícitamente de la importancia en el vínculo entre extensión universitaria y formación académica, el proyecto no explicita en su texto ninguna definición desde la cual comprende la relación entre la universidad y el resto de la sociedad. Sin embargo, nos da algunas pistas a través de la utilización de ciertos conceptos que trataremos de recuperar aquí.
Nuestra universidad ha construido –conceptual y empíricamente- durante décadas (al menos desde la recuperación democrática) una noción cada vez más precisa de extensión universitaria. En los últimos años y en sintonía con un proceso de jerarquización de esta función universitaria, la UNC ha co-construido y hecho propias conceptualizaciones que se orientan a la comprensión de la extensión como un diálogo de saberes:
“Las acciones de extensión deberán desarrollarse desde un enfoque interactivo y dialógico entre los conocimientos científicos y los saberes, conocimientos y necesidades de la comunidad que participa. La extensión contribuye a la generación y articulación de nuevos conocimientos y nuevas prácticas sociales, integra las funciones de docencia e investigación, debe contribuir a la definición de la agenda de investigación y reflejarse en las prácticas curriculares.” (CIN acuerdo plenario 811/12)
Así, en las definiciones con mayor consenso en la región se aspira a que la práctica extensionista se integre con las tareas de docencia e investigación y –en tanto función académica- genere, articule y ponga en juego en su hacer conocimientos específicos del ámbito universitario.
El proyecto desconoce los últimos quince años de discusiones sobre la extensión universitaria (que intentan alejar esta concepción de diálogo de saberes de un modelo asistencialista y un modelo de venta de servicios noventista) proponiendo prácticas estudiantiles formativas en su profesión sin preguntarse qué conocimientos pone en juego el alumno a la hora de entrar en diálogo con otros saberes/conocimientos.
La implementación de cada uno de estos modelos supone distintos sujetos de la intervención, tiene consecuencias concretas muy diferentes, representa vínculos de diferente índole y plantea, en caso de implementarse como instancia curricular, una formación distinta para los estudiantes.
El proyecto presentado elige denominarse Programa Compromiso Social Estudiantil, y resulta fundamental dar cuenta de la genealogía teórica de esa nominación que es, desde luego, política. Es decir que es necesario conocer si el compromiso conceptual está vinculado a la noción de Compromiso Social Universitario (y cómo éste es concebido) y qué relación asume la presente propuesta respecto a las coordenadas de la Responsabilidad Social Universitaria, concepto derivado del de Responsabilidad Social Empresarial (RSE).
¿Qué curricularización de la extensión universitaria se propone en el proyecto?
A grandes rasgos, podemos distinguir dos modos de curricularización de prácticas extensionistas que se vienen desarrollando en diversas universidades: un modelo de sensibilización del estudiante a problemáticas sociales, cuyo objetivo puede ser cumplido en actividades esporádicas sin contemplación de las implicancias y cuidados en un proceso de intervención (Ej. “50 horas en terreno acumuladas a lo largo de la carrera de cada estudiante” como estipula el artículo 6° del proyecto, sin explicitar qué tipo de intervenciones ni en qué condiciones).
Existe otro modelo de curricularización, orientado a un diálogo de saberes de los conocimientos específicos de la formación del estudiante, que posibiliten una resignificación de sus modos de construcción, que discutan el lugar de la universidad como único productor legítimo de conocimientos (“difusión del saber superior…”), y estimulen la formación de profesionales que puedan reconocer otros modos de “hacer” en su propio campo disciplinar, propiciando un egresado universitario no elitista que comprenda las problemáticas de su tiempo y pueda contribuir desde sus conocimientos a su posible resolución. Este último objetivo mencionado sólo es posible desde el segundo modelo de curricularización de la extensión universitaria, ya que incluyendo dentro de sí al primero (sensibilización), lo supera y permite construir conocimiento en la universidad pública desde un doble sentido: no sólo para la sociedad, sino con el resto de la sociedad.
Para esta formación crítica son necesarias condiciones de acompañamiento a los estudiantes en una proporción docente/alumno que posibilite una práctica educativa responsable (para lo/as estudiantes y para las organizaciones/instituciones que se ven involucradas), que no son consideradas en el proyecto que acaba de aprobarse.
¿Cómo recupera el proyecto aprobado experiencias previas de la Universidad?
La propuesta desconoce –ni siquiera menciona- las distintas experiencias de vinculación entre nuestra universidad y el resto de la comunidad que se han desarrollado desde distintas unidades académicas y desde la SEU durante años (por mencionar sólo algunos: Puntos de Extensión, Estudiantes por el derecho a la educación, Asignatura de Extensión, Prácticas Sociocomunitarias en FFyH). La decisión de invisibilizar estos antecedentes da cuenta de manera explícita de una vocación fundacional, violentando la construcción de conocimiento a través de los mismos procesos extensionistas que promulga, en la medida en que no los recupera ni siquiera para redefinirlos desmantelando cualquier posibilidad acumulativa de los procesos.
Desconoce también órganos existentes que tienen entre sus objetivos definir las políticas de extensión, tales como el Consejo Asesor de Extensión Universitaria (CAEU), que discute y crea programas y políticas extensionistas que alcanzan a toda la UNC.
Asimismo, prevé acciones que estarán a cargo de las secretarías de las distintas unidades académicas sin corroborar y analizar las condiciones para su implementación que, como sabemos, son muy disímiles en la Universidad, considerando que el recorrido en prácticas de intervención es distinto en cada Facultad. Atentando de este modo contra la independencia de las Facultades.
¿Cómo se implementará el Programa de Compromiso Social Estudiantil?
Como todo intento de implementar una política que intenta alcanzar a toda la Universidad, es necesario pensar primero en las condiciones y posibilidades que hacen factible su puesta en marcha.
En este sentido, si se plantea como un programa de implementación gradual, es indispensable pensar en las opciones institucionales de las que dispondrá la UNC en caso de no asegurar una cantidad de instituciones/organizaciones que corresponda a la cantidad de estudiantes que solicitarán la realización de sus prácticas, ya que esto podría fácilmente derivar en una sobre intervención de los espacios, poniendo en riesgo tanto los vínculos construidos con organizaciones o instituciones, como el proceso de formación de lo/as estudiantes.
En el artículo 5º del Programa se establece que serán acreditadas “como acciones de extensión” múltiples formatos de prácticas. Consideramos que resulta indispensable la realización de un diagnóstico, relevamiento o al menos el acceso al conocimiento sistemático de las acciones extensionistas que al día de la fecha la UNC está realizado para poder tomar decisiones a futuro.
Como parte de la evaluación que recientemente realizara de manera colectiva la FFyH de su programa de Prácticas Sociocomunitarias aparece la necesidad tener en cuenta que las PSC suponen una instancia de formación, desde luego para lo/as estudiantes, pero al mismo tiempo conllevan un enorme desafío para y en la formación de lo/as docentes, quienes, a su vez requieren de contención de parte de la institución para poder llevar adelante su tarea de acompañamiento. Por lo que es necesario garantizar tanto cantidad de docentes que acompañen a lo/as estudiantes como condiciones para que éstos puedan hacer efectivo ese acompañamiento.
El proyecto presentado pretende “incorporar en el proceso de formación (…) acciones (…) que consistan en intervenciones socialmente relevantes”. Las circunstancias de su presentación y propuesta se oponen a una de las premisas básicas de cualquier proceso extensionista: construir junto a todos los actores participantes el objeto de la intervención (tales como procesos de construcción de la demanda, definición del problema, de las estrategias de intervención, medición del impacto, evaluación de resultados…), sólo de este modo el proceso que se construye es realmente dialógico, y como tal necesita de la participación activa y como iguales de “los otros” para definir lo que resultará relevante.
Otro aspecto muy preocupante
En el mismo sentido, el proyecto en su complejo artículo 7° menciona la posibilidad de firma de convenios interinstitucionales con el Estado, organizaciones sin fines de lucro, sindicatos y programas de Responsabilidad Social de “entes que los tuvieren”. ¿Acaso será posible considerar dentro de ese universo de las interacciones a empresas que desarrollen programas de Responsabilidad Social Empresarial (RSE)? Supondría esto definir junto a ese perfil de actores extrauniversitarios problemáticas socialmente relevantes. Así, cabe preguntarse, si se trataría de exponer estudiantes a la figura de trabajo precarizado, realizando tareas que poco tienen que ver con el proceso de formación que se propone y que pueda ser confundido con las neoliberales pasantías.
Al final del día…
Este no es un proyecto que deba hacer reflexionar a la Secretaría de Extensión, ni a la Secretaría Académica, tampoco a la Secretaría de Asuntos Estudiantiles, ni a los Centros de Estudiantes. Esta es una iniciativa que debe preocupar a todos/as y cada uno/a de los miembros de nuestra universidad, que apuestan por una universidad pública comprometida seriamente con la comunidad de la que es parte, que forma profesionales que no sólo se “sensibilicen”, sino que reconozcan en los saberes de su campo disciplinar y junto a otras disciplinas aportes a la resolución de los problemas de su tiempo.
Por esto nos comprometemos democráticamente. Por esto formamos ciudadanos. Por esto debemos preguntarnos qué compromiso, qué sociedad y qué estudiantes promovemos con nuestras acciones institucionales.
Por esto somos parte de la universidad pública.
Paloma Braverman
Marcela Carignano
Eduardo Mattio
Liliana Pereyra
Georgina Ricardi
Flavia Romero
Carlos Szulkin
Equipo de trabajo de la Secretaría de Extensión de la FFyH.
Muy bueno! muchas gracias. Voy a subirlo al aula virtual.
Muy interesante y a la vez preocupante este debate. Hay que seguir profundizando en su análisis.
Respecto del punto que alude a convenios sumo que también es preocupante la situación de «competencia desleal» que puede producirse entre aspirantes que se encuadren dentro de este tipo de convenios y otros/as que presentando un proyecto de calidad, el mismo se oriente a intervenciones co-construidas con organizaciones sociales sin condiciones jurídicas y/o institucionales para firmar este tipo de convenios.