Este interrogante no sólo nos interpela frente a un tema complejo que atraviesa nuestra realidad política y social. También es el título del nuevo Ciclo del debate, organizado por la Secretaría de Extensión, la Secretaría de Asuntos Estudiantiles y el Programa de Derechos Humanos de la FFyH, junto a la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos–Córdoba.  El primer encuentro comenzó el viernes 22 de agosto, en el Auditorio Hugo Chávez de Ciudad Universitaria, con un panel de especialistas integrado por Natalia Bermúdez, Valeria Plaza y Daniela Spósito, bajo la coordinación de Lucas Crisafulli, miembro del Observatorio de Prácticas de Derechos Humanos.

En este artículo, el abogado Lucas Crisafulli analiza las políticas de seguridad implementadas en Córdoba, dentro de un contexto signado por severas irregularidades y abusos policiales, que violan de manera sistemática distintos aspectos de los Derechos Humanos. Además, propone una serie de puntos para que, desde la Universidad Nacional de Córdoba, se trabaje de manera inmediata frente al desafío que significa construir una nueva agenda en materia de seguridad democrática.

Una agenda para pensar las políticas de Seguridad en Democracia

Los recientes casos de gatillo fácil sucedidos en Córdoba (siete en lo que va del año) así como los distintos hechos de violencia acaecidos en el último tiempo representan un marco necesario para pensar, con urgencia, qué políticas de seguridad tenemos y cuáles queremos.

Los muertos por la violencia institucional, los muertos por la violencia doméstica (la mayoría mujeres y niños) así como los muertos en enfrentamientos entre bandas y los ocasionados en casos de robo son, en un sentido amplio, víctimas directas no de la “inseguridad” (término abstracto que se utiliza sólo para algunos de estos muertos, excluyendo del luto y llanto a otros) sino víctimas de una política de seguridad enfocada principalmente en la ocupación policial del territorio, con utilización de medidas para el show televisivo como los llamados “corralitos humanos” y el uso del helicóptero merodeando la ciudad ha demostrado al menos cuatro cosas:

Primero ha sido sistemáticamente violatoria de los Derechos Humanos más elementales. Casos de gatillo fácil, detenciones masivas por el código de faltas, hostigamiento policial permanente a jóvenes motociclistas, razias policiales y allanamientos masivos en barrios periféricos, secuestros masivos de motocicletas, ocupación territorial en los márgenes de los barrios estigmatizados y una larga lista de etcéteras ha sido la estrategia que la policía ha encarado en los últimos meses como extraña forma de restablecer los vínculos de confianza con (alguna parte de) la ciudadanía destruidos a partir del 3 y 4 de Diciembre pasado en que se sucedieron los acuartelamientos y posteriores saqueos.

En segundo lugar, la cesión a la policía del gobierno de la seguridad ocasionó graves casos de corrupción. El narco-escándolo no fue sino una muestra de cómo la policía participa activamente en las economías delictivas complejas. Lejos de “combatir el delito” la participación de una división de la policía en el narcotráfico ha demostrado que tiene la capacidad de regular estos mercados ilegales, determinando cuáles serán las bandas que comercializarán con protección policial, y cuáles no.

En tercer término la política de seguridad ha demostrado ser una política altamente costosa en términos económicos. La seguridad cada vez se lleva más del presupuesto provincial al tener más policías, más equipamientos, más lugares de trabajo.

Y por último y no por ello menos importante, esta política de seguridad ha sido totalmente ineficiente en la disminución de la violencia en términos objetivos, y de la sensación de miedo que el delito produce en términos subjetivos. Es decir, Córdoba no es una provincia ni más seguridad ni sus habitantes se sienten más seguros.

La Universidad como un actor político

La Universidad puede asumir un rol meramente descriptivo de la realidad e investigar sólo lo que sucede. Pero la Universidad Nacional de Córdoba hace un tiempo que viene dando cuenta de otro rol que le corresponde como institución pública. Ya no es un mero observador científico de lo que sucede, sino que se constituye en un actor político, con un importante caudal técnico que aporta desde sus saberes a la construcción democrática.

Quizás como en ningún otro ámbito de las políticas públicas, en el de la seguridad se encuentra fuertemente comprometido el nervio democrático. Podemos vivir en democracias autoritarias en el manejo de la violencia estatal o podemos asumir el compromiso de disminuir las violencias (públicas y privadas) desde el diseño e implementación de políticas que, sin dejar de ser eficientes, sean respetuosas de los derechos. Es en ese desafío que la UNC apuesta a actividades como este ciclo para pensar una seguridad en Democracia.

En este marco, proponemos los siguientes interrogantes como una guía para la construcción de una agenda en materia de seguridad democrática.

1) ¿De qué manera el punitivismo de abajo permite, tolera y hasta reclama el punitivismo de arriba? En otras palabras ¿Cómo los estigmas sociales se transforman rápidamente en prácticas institucionales y éstas en políticas de seguridad autoritarias? No de manera lineal y automática, sino imbricadas en un complejo fenómeno social atravesado por la imaginación del otro como un enemigo. En ese sentido ¿qué rol juegan las emociones como la sensación de miedo al delito en las agendas públicas?

2) Es imposible pensar la seguridad sin pensar en la policía de Córdoba ¿cuáles son las rupturas y cuáles las continuidades de la policía desde el “Navarrazo” y la última dictadura cívico-militar hasta la actualidad? ¿Qué elementos autoritarios están instalados en la cultura policial? ¿Cómo desmilitarizar, desverticalizar y romper con el corporativismo policial?

3) Producto del autogobierno policial las fuerzas además de corruptas han sido terriblemente violentas. Es necesario repensar el rol de los mecanismos de control interno de la fuerza como el Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario que, como todo sistema, no puede escapar a la selectividad. Esto ha implicado que los policías de calle, la llamada policía plebeya reciba duras y absurdas sanciones por algunos comportamientos que no solo deberían estar prohibidas su sanción por el principio de legalidad, sino por el más elemental sentido común. A su vez, conductas graves de las cúpulas policiales, el llamado “comisariato”, quedan la mayor parte de las veces impunes a las sanciones administrativas. También es necesario pensar algún mecanismo de control externo de la actividad policial. ¿Cuáles serán los actores que participarán en el diseño primero y en la implementación luego en dicho sistema? ¿Cómo hacerlo funcionar democráticamente?

4) Un sistema de seguridad público también debe incluir al Poder Judicial como un actor clave que se asuma como contralor de las políticas y prácticas policiales ¿Cuáles serán esas funciones? ¿Cómo eficientizar al Ministerio Público Fiscal para que investigue no solo los hechos delictivos traídos por la propia policía? Es evidente que determinados hechos delictivos producidos por la propia institución policial (casos de violencia institucional y economías delictivas complejas en las que la propia fuerza participa activamente regulando dichos mercados) no serán llevados a conocimiento de los tribunales.

5) Hay variadas investigaciones empíricas que muestran la importancia de la cultura policial en la configuración cotidiana de las prácticas policiales, teniendo importancia relativa la formación que reciben los agentes en las escuelas. Esto nos da una pista para pensar algunas cuestiones ¿Cómo rediseñamos los planes de estudio de las escuelas de policía? ¿Cómo intervenimos dentro de la escuela en lo que los pedagogos llaman currículum oculto? ¿Qué mecanismos diseñamos para que la formación dentro de las escuelas – la que puede estar relativamente más controlada – luego se materialice en buenas prácticas? ¿Cómo hacemos para influir en la cultura policial que es generalmente la que moldea a los policías? ¿Cómo rompemos esas enseñanzas de prácticas vetustas y rayanas de la legalidad que en el trabajo cotidiano imparten los policías más viejos a los más nuevos?

6) Todas las sociedades en general y las grandes ciudades en particular tienen ciertos niveles de violencia. El delito cero no existe en ninguna ciudad. ¿Qué nivel de prioridades le daremos a las violencias que queremos disminuir con urgencia?

7) La gestión política de la seguridad en Córdoba, así como en otras provincias, se ha traducido en un pacto entre policías y políticos de autonomía policial. Por un lado el disciplinamiento de los sectores racializados mediante detenciones masivas por el Código de Faltas, apremios ilegales, tortura, gatillo fácil y reclutamiento de jóvenes para el delito; y por el otro, la regulación del delito complejo como el narcotráfico o autopartes robadas que producen el autofinanciamiento proveniente de esas actividades protegidas por la propia policía. Esa cesión del gobierno de la seguridad que las distintas cabezas del Poder Ejecutivo provincial le han dado a la policía es a cambio de niveles tolerables de delito. ¿Cómo haremos para conducir políticamente a la policía que cuenta con un ejército de veintiséis mil personas armadas que participan de economías delictivas altamente rentables sin caer en intentos de desestabilización por parte de la policía? ¿Qué nos puede aportar el armado de policías locales que hagan manejable este ejército?

8) El crecimiento del mercado de seguridad privada: el sistema capitalista capitaliza el miedo y lo transforma primero en una necesidad y luego en una mercancía. Estos mercados son rentables principalmente por dos motivos: los altos niveles objetivos de violencia y los elevadísimos niveles subjetivos de miedo. Este mercado, aunque legal, se alimenta precisamente de la ineficiencia de las políticas públicas en una relación directamente proporcional: mientras más ineficiente sean las políticas públicas de seguridad, más rentable es el mercado de la seguridad privada. Ello ha llevado a la venta de artículos y servicios de dudosa legalidad tales como picanas eléctricas, tejidos de alambre eléctrico, cámaras de vigilancia hacia afuera, sistemas de alarmas interconectadas con la policía y un sinfín de productos. ¿Qué mecanismos de control público haremos sobre la seguridad privada?

9) Hay un elemento clave que atraviesa a todos los puntos anteriores y que es de vital importancia en el rol que pueda jugar la Universidad en estos temas: la lucha por la información. Es casi una práctica estatal el constante retaceo de información sobre cuestiones vinculadas a las violencias. El Estado no publica dicha información, y los registros con los que cuenta  –aunque no los publique – son anticuados, deficitarios, asistemáticos e incompletos. El principal escollo que debe superar el investigador del sistema de seguridad es la carencia o precariedad de los datos. ¿Cómo construir investigaciones empíricas sin dichos datos? ¿Qué estrategias utilizaremos como investigadores para superar este obstáculo? Democratizar la seguridad también es poder acceder de forma pública a los datos que la configurar.

El desafío está planteado. Esta universidad pública se compromete en aportar a construir más y mejor seguridad apostando siempre a más y mejor Democracia.

(*) Por Lucas Crisafulli