Sobre el rechazo al memorándum conjunto 03/20.
Por Sebastián Pons.
Licenciado en Letras Modernas. Docente en el Instituto Diosesano Alexis Carrel (Río Tercero) y el Instituto de Lenguas y Culturas Aborígenes. Secretario General del CEFyH (2001-2002)
Gran parte de las informaciones y opiniones siguientes están vinculadas a mis labores como profesor en institutos superiores de formación docente (ISFD) y a las experiencias educativas continuas que me siguen ofreciendo luego de haber finalizado mis estudios en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC, aprendizaje en todos los casos —desde sus comienzos y hoy mismo— por fuera y por dentro de las aulas, en clases y en asambleas, en las calles y en reuniones por claustro o inter-claustro, en los consejos, en los pasillos, en los libros, en las charlas, en lo diverso y la inconformidad, la inquietud, y en luchas y construcciones colectivas.
La advertencia del cupo
Disfrazada de observación, de preocupación marginal, o expresada de forma directa y explícita, la advertencia por parte de supervisores y autoridades de las direcciones generales del Ministerio de Educación de Córdoba sobre un número insuficiente de estudiantes inscriptos a determinadas carreras de Educación Superior —advertencia, hay que decirlo, que pareciera más enfática y recurrente cuanto más políticamente molesto resulte el advertido en cuestión—, no es algo nuevo para directivos, docentes y estudiantes de los ISFD. Son estos últimos actores institucionales —verdaderos sostenes de la educación terciaria y de su continuidad en pandemia— quienes en numerosas oportunidades, y como resultado de arduas discusiones y procesos asamblearios, han hecho notar que toda explicación oficial o mediática vinculada a lo presupuestario o a la cuestión de gastos de fondos públicos destinados a la educación es una endeble justificación, una suerte de efecto o síntoma del problema de fondo: el empobrecido concepto de “derecho a la educación” que sostienen ciertas figuras estatales y gobiernos de turno.
La reiterada advertencia se ha hecho oficial a través del MEMORÁNDUM N° 03/20 (producido en conjunto por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, y la Dirección General de Educación Superior), que comenzó a circular el pasado miércoles 2 de diciembre: “Para la apertura de todas las carreras de Nivel Superior en el ciclo lectivo 2021, se exigirá una matrícula definitiva mínima de 30 estudiantes. La institución que no cuente con la correspondiente carga de los datos en el Sistema de Gestión de Estudiantes, no se le autorizará el inicio de la cohorte respectiva.” (las negritas pertenecen al documento original, y es lo único destacado en todo el texto, es decir —seamos redundantes—: aquello sobre lo que les autores han querido focalizar la atención, advertir). Ante la pronta reacción de la comunidad educativa de toda la provincia, que se expresó en las calles y en las redes, a través de sus gremios y agrupaciones pero principalmente mediante la organización de grupos autoconvocados, la respuesta de DGES fue una Aclaratoria sobre dicho Memo en la que explica que “…debe interpretarse que la exigencia de 30 estudiantes es una meta a alcanzar en las instituciones y que se atenderán especialmente las particularidades regionales e institucionales, con sus consideraciones específicas para con la formación docente”. Aunque las contradicciones y ambigüedades saltan a la vista, como docente de ISFD y como egresado de la UNC no puedo evadir la tentación de hacerlas notar y ponerlas a consideración y discusión: ¿La “exigencia” debe interpretarse como una “meta a alcanzar”?; ¿se propone, entonces, como meta a alcanzar una matrícula de 30 estudiantes, pero se consigna que es “definitiva” y “mínima”? Además de la promesa de atender “particularidades regionales e institucionales” (es decir, administrar excepciones sin evidenciar los criterios), en la misma aclaratoria se expresa el compromiso de trabajar en conjunto con los ISFD en tareas de difusión para incrementar el número de inscriptos, lo que, sumado a las ambigüedades y a las inciertas excepcionalidades ya expresadas, supone que la exigencia del cupo queda en pie.
Poca confianza dan a la comunidad educativa puntualizaciones en medios cordobeses por parte de autoridades de DGES, sobre lo que se quería expresar, sobre cómo se debería interpretar la mentada circular o sobre la supuesta marcha atrás con el cupo mínimo, cuando oficialmente no se ha derogado el Memo 03/20, que es la exigencia expresada por UEPC, por el colectivo Docentes y Estudiantes de Nivel Superior en Lucha, y por otras instituciones y grupos que reivindican y defienden la educación como derecho. Sin irnos muy lejos, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos se ha expresado sobre esta cuestión particular a través de un comunicado del 18 de diciembre pasado; allí recuerda las obligaciones del Estado impuestas por el derecho a la educación, reconocido por tratados y declaraciones que para Argentina son jurídicamente vinculantes y tienen jerarquía constitucional.
Quienes durante los últimos años impidieron el cierre de cohortes y carreras de Educación Superior (es el caso paradigmático de profesorados de Villa Libertador, del Anexo del ISFD Simón Bolívar, cuya continuidad ahora peligra por el mentado cupo) saben que, si bien la cantidad de inscriptes —y de egresades— y la difusión de carreras son dificultades a resolver y que se han venido abordando con acciones concretas, la problemática de fondo no tiene que ver con números. Algunos directivos con los que hablé del tema recordaban que, allá por el año 2009, cuando se ampliaron a cuatro los años de duración de los profesorados y se modificaron los diseños curriculares de las carreras —luego de un largo y trabajoso proceso—, algunas autoridades del Ministerio de Educación, entre quienes se encontraban Walter Grahovac y Delia Provinciali, habían expresado la importancia de estos cambios, a pesar de que pudieran significar una baja en la matrícula, y la necesidad de mejorar la calidad antes que la cantidad de estudiantes y futuros egresados.
Anti-docentes
Hechos y discursos locales y nacionales, temporalmente cercanos o de algunos años atrás, dan un contexto y tienden puentes directos o indirectos con lo que hay detrás de la exigencia del Memo 03/20: su no explicitado paradigma mercantil de la educación. Se conocen las ya célebres e intensamente refutadas y criticadas ideas del por entonces presidente Mauricio Macri y de la exgobernadora María Eugenia Vidal: respectivamente, que la educación pública era una caída, una fatalidad, antes que una opción, y que nadie que naciera en la pobreza llegaría a la universidad.
A comienzos de 2019 se vulneró gravemente una conquista vinculada al concepto de educación como derecho, cuando el Ministerio de Educación de la Nación varió el criterio de otorgamiento de la becas Progresar y decidió no renovarlas a estudiantes de ISFD privados; como sucedió por ejemplo con el caso del Instituto Alexis Carrel, de la ciudad de Río Tercero (y al que también asisten de localidades vecinas como Almafuerte y Tancacha), los perjudicados utilizaban esos fondos entre otras cuestiones para el pago de las cuotas, para materiales y a veces también para el transporte por la reducción de horarios de empresas oficiales (ocurrió entre 2018 y 2019 como otro efecto de la crisis) y el tener que recurrir a medios de traslado alternativos por fuera de la cobertura del Boleto Educativo Gratuito; estes estudiantes del interior, muches trabajadores y con familias a cargo, no contaban con la posibilidad de acceso a ofertas de formación públicas y gratuitas en las cercanías: o renovaban sus becas o abandonaban sus estudios. (Cabe aclarar que en muchos casos la organización de centros de estudiantes y el acompañamiento de las mismas instituciones privadas frenaron la deserción).
Sumamos a todo esto la persecución ideológica a docentes, que se sostiene y renueva cada tanto con declaraciones de funcionarios y operadores mediáticos. En sintonía con los descalificantes y discriminatorios dichos de la ministra de educación de CABA Soledad Acuña, y bajo la fachada de una nota periodística titulada “El flagelo del adoctrinamiento en las aulas” (La Voz del Interior, 29 de noviembre de 2020), Federico Tolchinsky se refiere a “contenidos militantes”, a la inoculación de ideas en todos los niveles educativos y a sindicatos docentes alineados al kirchnerismo; compara a Hugo Chávez con Mussolini y Videla, y ejemplifica sus opiniones con la observación de un “adoctrinamiento explícito” en el caso del Centro de Estudiantes del Colegio Manuel Belgrano participando de actividades junto a agrupaciones alineadas “con el oficialismo K”. Su texto, cuyo estilo recuerda a las denuncias y delaciones de la última Dictadura Cívico-Militar, empieza con una aseveración que abona a la confusión general y reproduce una idea muy escuchada durante 2020: “el penoso récord de un año completo sin actividad en las escuelas”.
Tolchinsky es heredero de esas ideas sobre les educadores repetidas hasta el cansancio por el recientemente fallecido Mario Pereyra y por otras voces pertenecientes al monopolio mediático fuertemente concentrado de nuestra provincia. El discurso ha sido siempre el mismo: docentes que trabajan pocas horas, tienen tres meses de vacaciones más dos semanas en invierno, inventan carpetas médicas y psiquiátricas, hacen paro para no laburar y encima quieren hacer política con infantes, adolescentes y jóvenes. No es raro, entonces, que la primera impresión por parte de algunas familias de las comunidades educativas de escuelas Primarias y Secundarias (me desempeño en dos de estas últimas) sea la de maestres y profesores aprovechando la pandemia y el ASPO para no trabajar. Pero aquí debo salirme un poco del mero señalamiento de idiosincrasias cordobesas ya muy sabidas de tan repetidas: creo que, a pesar de la inescrupulosa insistencia de ciertos operadores, esos equívocos sobre nuestra labor han sido ampliamente rebatidos por el mismo quehacer docente durante este 2020, por una verdadera y necesaria militancia de la educación, nunca antes tan cercana a la contemplación directa de la ciudadanía, o al menos de los miembros de los hogares de estudiantes que han vivido en carne propia el cursado de hijes, nietes, hermanes, sobrines, madres, padres…
Es, entonces, en ese contexto de ideas y vulneraciones y decires que se pone en circulación el Memorándum 03/20. Difícil no advertir sus vínculos con ciertas concepciones sobre la educación, sobre las políticas educativas, sobre la circulación de saberes, sobre la formación y los perfiles profesionales ambicionados en quienes egresan. En su texto militante, Tolchinsky habla de “sectores que rechazan las ideas del liberalismo político y económico”; ideas, agrego yo, entre las que se puede encontrar la del conocimiento como mercancía y la de la enseñanza-aprendizaje como un acto mercantil.
Las universidades y los ISFD
Como cierre a este recorrido incompleto, quiero destacar la declaración del Honorable Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades sobre el Memorándum en cuestión; entre sus argumentos sobre el rechazo al cupo en la matrícula, además de los coincidentes con otras declaraciones sobre el derecho a la educación y la importancia de la formación de docentes, nos encontramos con el de la vulneración del “trabajo de lxs egresadxs y docentes de esta Facultad que se desempeñan en los Institutos Superiores de Formación Docente”. Ese intercambio y circulación entre los terciarios y las universidades se ha fortalecido durante los últimos años, ha llevado a significativas experiencias en conjunto y ha enriquecido una formación más amplia y diversa. Lejos estamos de los viejos y vetustos prejuicios que alguna de estas partes tenía sobre la otra. Además, se sabe que son cada vez más abarcativas las acciones de los ISFD que van más allá de la formación docente: en ellos se realizan tareas de investigación que a veces alcanzan ámbitos aún no cubiertos por las universidades (como el caso del trabajo con la historia y el presente de la comunidad originaria del Pueblo de la Toma, llevada adelante por el Instituto de Culturas Aborígenes y expresado en diversas publicaciones); y en ellos se dan actividades que podemos considerar extensionistas, tal como se expresa brevemente en el documento de rechazo al Memo y sus “aclaraciones”, elaborado por Docentes y Estudiantes de Nivel Superior en Lucha: “Es importante destacar el lugar que tienen los ISFD e ISFT en las comunidades, en tanto se generan numerosos intercambios y participación activa de estudiantes en distintas organizaciones sociales e instituciones educativas de distintos niveles”.
La de los Institutos de formación docente es una labor de alcances inconmensurables, continua, de cuerpos, de senti-pensares, en defensa, en movimiento, sin tregua, sin dejarse avasallar. Rechazamos el Memorándum conjunto 03/20 y pedimos su nulidad entre otras cuestiones porque consideramos que ingresantes, estudiantes y egresades no son meros números, sino sujetos de derecho; a veces nos parece que no debería hacer falta esa aclaración, pero sí, es un idea que lejos está de vaciarse o perder su sentido por repetición, que encarna en las comunidades docentes y en cuerpos de quienes creemos en la fuerza transformadora se lo que se pone en marcha en los ISFD, de los vínculos que en ellos se afianzan, de lo que por ellos fluye y se fortalece. Como lo expresó el maestro y pedagogo Nano Balbo, “decir Educación es decir modelo de sociedad al que aspiro”.