Javier Moyano, docente de la cátedra Historia de América II de la Escuela de Historia de la FFyH, analiza las raíces profundas de la violencia implantada desde el Estado para reprimir a fuerzas y dirigentes populares desde hace casi un siglo, cuya cultura de la resistencia parece no tener fin y hasta se ha visto fortalecida y renovada en masivas manifestaciones que se alzan contra la desigualdad, la pobreza y la falta de libertades políticas en un país donde la democracia es una ficción. El papel de Álvaro Uribe y el rol clave de Estados Unidos, que utiliza la patria de Bolívar como base permanente en su asedio a Venezuela y tener llegada directa a la Amazonía.
El 28 de abril Colombia volvió a explotar. De indignación, de furia, de rabia, pero también de rebeldía y esperanza. Multitudes integradas por diferentes sectores sociales, fundamentalmente jóvenes, coparon las calles de las principales ciudades del país para decir basta a un sistema que se sostiene en base a desigualdad económica y social y la falta de libertades políticas para las fuerzas y dirigentes populares, masacradas por la violencia estatal desde hace más de 70 años.
Para entender las dinámicas históricas de un país asediado por gobiernos de derecha y neoliberales manejados desde Washington, pero también para conocer la cultura de resistencias de un pueblo que no se entrega a ese destino de miseria y opresión, entrevistamos a Javier Moyano, profesor de la cátedra Historia de América II de la Escuela de Historia de esta Facultad:
- ¿Cuáles son las razones que llevan a que una inmensa parte del pueblo colombiano siga protagonizando multitudinarias manifestaciones callejeras a pesar de la feroz represión del gobierno de Iván Duque?
– En primer lugar, se trata de una sociedad donde las tradiciones de resistencia están muy arraigadas en amplios segmentos. La represión brutal a esas resistencias tampoco es nueva. En Colombia, todos los años son asesinados cientos de dirigentes sociales por paramilitares con complicidad de los gobiernos, pero ello no termina de neutralizar las resistencias.
En segundo lugar, sobre ese escenario vienen impactando las políticas neoliberales. El desencadenante es la reforma fiscal, pero ésta es parte de un proceso de progresivo retroceso en la calidad de vida de los sectores populares, incluso ahora atravesado por la problemática del COVID; y de exacerbación del carácter autoritario del gobierno de Iván Duque. Cabe señalar, asimismo, que todo ello tiene lugar en un contexto en que previamente a las iniciativas neoliberales, la estructura social ya era totalmente desigual, incluso con amplios contingentes de excluidos, y el sistema político se caracterizaba por altos niveles de autoritarismo y represión.
- ¿Qué raíces históricas están presentes en los protagonistas de la lucha, como en los integrantes del actual gobierno?
– El compromiso entre liberales y conservadores para poner fin a la guerra civil a fines de la década de 1950, implicó dar rango constitucional a una democracia restringida, incluso en lo formal, ya que, legalmente, hasta 1975 sólo podían acceder al gobierno liberales y conservadores. La clausura de los mecanismos formales de participación contribuyó a la adopción de estrategias disruptivas por parte de diversos actores sociales y políticos, a la vez que obstruyó significativamente la posibilidad de los grupos subordinados, cuando no excluidos, de canalizar demandas hacia el sistema político.
El fin, a mediados de los setenta, de las cláusulas constitucionales que estipulaban la obligatoriedad de la alternancia entre liberales y conservadores en el gobierno, llegó tarde para modificar un funcionamiento que siguió excluyendo a muchos actores de la vida política formal. Incluso sucesivos acuerdos de paz con diversas fuerzas guerrilleras, no fueron capaces de impedir el asesinato, a manos de grupos paramilitares apañados desde el estado, de gran parte de los líderes y combatientes de la guerrilla. Pero los paramilitares no acotaron su accionar en ese frente, pues también se dedicaron sistemáticamente a asesinar dirigentes sociales y opositores políticos. Ocurrió cuando a principios de los noventa, una alianza de izquierdas se impuso en elecciones constituyentes, y poco después cientos de sus dirigentes fueron asesinados por paramilitares.
Como consecuencia de todo ello, Colombia registra un conjunto de cifras dramáticas en materia de derechos humanos, pues tiene casi ocho millones de desplazados, más de cien mil desaparecidos, casi doscientos mil refugiados, y miles de dirigentes y militantes asesinados.
- Como has descripto, Colombia vive un proceso de violencia política desde mitad del siglo XX, luego del surgimiento de las FARC y otros movimientos revolucionarios armados ante la imposibilidad de canalizar un proyecto político popular por vía democrática ¿Cómo se expresan hoy esos intereses políticos e ideológicamente contrapuestos? ¿Hay espacio dentro de la política colombiana para un proyecto popular?
– Insisto, es muy difícil canalizar formalmente proyectos alternativos cuando en la estrategia de las derechas gobernantes el asesinato de opositores es un expediente de primer orden. Se presenta un escenario asimétrico en donde las derechas forjan una institucionalidad a medida de su objetivo de perpetuarse en el poder, como lo hicieron cuando a fines de los cincuenta dieron rango constitucional a las normativas que restringían la democracia, pero no tienen inconvenientes en violentar esa institucionalidad cuando ven amenazadas sus posiciones, como está ocurriendo ahora con la represión ejercida sobre manifestaciones pacíficas.
Respecto a las guerrillas, independientemente de las valoraciones éticas sobre las mismas, si comparamos su poder de fuego con el de un estado apoyado incondicionalmente por la potencia más poderosa de la tierra, es necesario decir que las guerrillas no podrían sobrevivir durante décadas sin algunos niveles significativos de inserción en la sociedad. Las claves de esa inserción deben buscarse en la desigualdad estructural de Colombia y en la visualización del estado como un agente represor contra los sectores populares.
En cuanto a la pregunta sobre los posibles espacios para un proyecto popular en la política colombiana, tanto los arreglos institucionales como la impunidad de las prácticas ilegales de las derechas, contribuyen a la configuración de un escenario que tiende a obstruir esas posibilidades. Sin embargo, aun en las más asimétricas relaciones de poder, los sectores desfavorecidos por esa asimetría también encuentran donde desplegar su juego, y eso está ocurriendo en este momento con la persistencia de la movilización popular, aun cuando sea incierto el desenlace de estas disputas.
- ¿Qué lugar cumple Álvaro Uribe en todo esto? ¿Sigue vigente lo que hace unas décadas conocimos como Plan Colombia, diseñado y financiado por EE.UU para supuestamente combatir al narcotráfico?
– Si bien la totalidad de los gobiernos colombianos han sido de derecha, al menos desde la segunda mitad del siglo XX, Uribe expresa la mayor radicalización de esas derechas, y Duque forma parte de ese mismo segmento radicalizado. Recordemos que hubo gobiernos de derecha que promovieron procesos de paz con fuerzas guerrilleras, incluido el gobierno de Santos, que poco antes había sido ministro de defensa de Uribe. Otro dato significativo es que varios presidentes de la década de 1990, cuyos gobiernos tampoco resistirían una evaluación detenida de lo actuado en materia de derechos humanos, se han diferenciado claramente de los gobiernos de Duque y Uribe, en tanto estos han llevado mucho más lejos aún los ya preexistentes altos niveles de represión contra diversos sujetos sociales y políticos, no sólo insurgentes.
Cabe señalar que Uribe inició su camino a la presidencia a principios de este siglo, exaltando a los sectores más recalcitrantes de la derecha, en especial en lo relativo al combate a la guerrilla. Una vez en el gobierno, fortaleció su posición con acciones represivas masivas, en su mayor parte fuera de la legalidad vigente. Una de las más dramáticas manifestaciones fue la revelación de miles de “falsos positivos“, campesinos asesinados por fuerzas militares y paramilitares, quienes los hacían pasar por guerrilleros muertos en combate. En paralelo, las políticas económicas de Uribe se caracterizaron por iniciativas neoliberales recalcitrantes que agravaron las desigualdades preexistentes en la sociedad colombiana.
Respecto al Plan Colombia y al papel de Estados Unidos, es preciso hacer notar que la totalidad de las políticas represivas aplicadas en Colombia han contado con el incondicional apoyo diplomático, material y en ocasiones operativo de los Estados Unidos.
- ¿Qué papel cumple Colombia en el plan norteamericano de cercar y desgastar al gobierno venezolano?
– Colombia es el principal aliado de Estados Unidos en la región. Se trata, además, de una alianza cuyos rasgos principales no han sido modificados nunca tras los cambios en la titularidad del ejecutivo, lo cual da una continuidad no siempre presente en otros países de la región. Además, Colombia y Venezuela no sólo son países limítrofes sino con una frontera bastante porosa. En función de todo ello, es fundamental el papel de Colombia en la estrategia norteamericana para debilitar a Venezuela.
Pero además de la estrategia norteamericana hacia Venezuela, Colombia significa para Estados Unidos la posibilidad de tener presencia en la Amazonía, y ello constituye otro dato altamente preocupante.
Por Camilo Ratti
Declaración S.O.S Colombia
La represión implementada por el gobierno neoliberal de Iván Duque en Colombia contra su pueblo generó expresiones de solidaridad de múltiples sectores, y el académico es uno de ellos. Uno de esos espacios es el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA, que integra Waldo Ansaldi, prestigioso historiador argentino que cursó sus estudios de licenciatura en la Escuela de Historia de la FFyH. Reproducimos aquí los fragmentos más destacados de la declaración:
«Desde el Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe y la Maestría en Estudios Sociales Latinoamericanos de la UBA hacemos un llamado a la comunidad académica de toda la región para exigir en cada ámbito de incumbencia el respeto de los derechos humanos en Colombia ante la brutal represión.
Desde el 28 de abril Colombia vive un paro nacional por la voluntad del gobierno de Iván Duque de implementar unas reformas de tipo tributaria, de salud y de pensiones que afectan gravemente los derechos sociales. Estas medidas no hacen más que ratificar la vocación del gobierno de cargar el costo de la pandemia sobre los sectores populares. El sistema de inequidades y privatista de Duque han sido denunciadas en las calles con movilizaciones contundentes y pacíficas. La respuesta del Estado, como en tantas otras oportunidades en el país, ha sido la violencia física, la represión y la muerte.
Colombia es un país en el que el neoliberalismo ha hecho y sigue haciendo estragos. El deterioro social producto de la larga historia de combinación de neoliberalismo y violencia política, incluso más allá de la firma de los acuerdos de paz con las FARC-EP en 2016, significó un grave deterioro del lazo social en el país. No obstante, el pueblo de Colombia no se ha rendido y ha sabido sostener y recomponer su lucha. Las protestas de abril son la voz de estas fuerzas vivas que tienen expresión en la vida social, política, cultural y artística del país. En medio de altos niveles de impunidad, incremento de la pobreza, la desinformación y las desigualdades de género y sociales en su conjunto, el gobierno de Iván Duque se negó a retirar la propuesta de reformas y optó por la militarización del país.
En este momento, la situación ha llegado a una instancia crítica: el poder ejecutivo canceló el trámite legislativo que daría curso a la reforma tributaria pero la movilización en las calles no cesa; porque es todo el paquete de reformas el que está en juego, y porque a esto se suma la vocación represiva y antidemocrática del actual gobierno; y porque la violencia continúa. El paro nacional del pasado 5 de mayo exigía que caiga definitivamente el paquete de reformas, que cese la violencia indiscriminada y que haya políticas públicas de contención de la pandemia por parte del Estado.
Con esta declaración queremos manifestar nuestra solidaridad con el pueblo de Colombia y exigir el cumplimiento de garantías y derechos de todas las personas».
¡NO A LA VIOLENTA REPRESIÓN ESTATAL CONTRA LA MOVILIZACIÓN POPULAR!
EXIGIMOS LA PRONTA RECUPERACION DEL ESTADO DE DERECHO EN COLOMBIA