Bajo el título “La toma del Pabellón Argentina, el proceso judicial hoy”, el 5 de mayo se realizó primer conversatorio sobre la situación de lxs 27 estudiantes de la UNC procesadxs por la Justicia Federal, a raíz de la toma pacífica del Rectorado en 2018. Participaron Flavia Dezzutto, (Decana de la FFyH), Carlos “Vasco” Orzacoa, (abogado y militante de Derechos Humanos), Francisca Mattoni, (Secretaria General de la FUC); y tres estudiantes procesadxs: Franco Bergero, Candela Guzman y Lucía Heber. Durante la actividad, se reflexionó sobre la gravedad que supone llevar a juicio a estudiantes universitarios, pretendiendo criminalizar el derecho a la protesta.
Flavia Dezzutto fue una de las primeras oradoras en tomar la palabra. De manera clara y precisa, la Decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC puso el acento en remarcar la magnitud del significado de que “27 estudiantes de nuestra universidad pública estén a las puertas de un juicio penal por ejercer el legítimo derecho a la protesta”. A su vez, recordó que en el conflicto de 2018, la lucha por la educación pública no fue sólo universitaria, sino que involucró a buena parte de nuestra comunidad y se extendió en todo el país. “Esta lucha supuso asambleas, movilizaciones y diferentes tipos de acciones entre las cuales están las tomas”, dijo. “Un instrumento de protesta fuertemente adoptado a lo largo de nuestra historia por los y las estudiantes en general, y por la comunidad universitaria toda”. En ese contexto, la Decana hizo alusión a los sucesos reformistas de la Universidad Nacional de Córdoba, para reflexionar sobre el significado ineludible que han adquirido las tomas dentro de lo mejor de la tradición histórica y universitaria. “Estxs estudiantes están yendo a juicio por una medida de lucha similar a la del ´18”, subrayó.
En segundo lugar tomó la palabra el abogado y militante de derechos humanos, Carlos Orzacoa. El abogado expuso las falencias de las indagatorias y remarcó la “ausencia total de tipicidad debido a que los hechos ocurridos no encuadran de ninguna manera dentro de la figura de usurpación”, dijo. “El poder judicial está criminalizando la protesta social de lxs estudiantes y como decía Flavia Dezzuto, eso contradice con la mejor tradición del movimiento estudiantil que desde la reforma universitaria, e incluso desde antes, ha incorporado como práctica las ocupaciones de Facultades”. Otro de los puntos que remarcó fue la gravedad de haber recurrido al Derecho Penal, cuando en estos casos debería primar la mínima intervención de este recurso. “Involucrar al Derecho Penal significa poner en juego el derecho a la libertad de lxs acusadxs”, afirmó. “Y este, es el segundo derecho más importante, después de la vida. Aquí no se está respetando este principio”, sentenció. Finalmente Orzacoa señaló que el procesamiento “es una criminalización de la protesta social. El poder judicial es un poder político. Y este es un fallo profundamente político. Hay una decisión política de criminalizar la protesta estudiantil y social”.
La actividad fue transmitida en vivo por el canal de Youtube del Museo de Antropología de la UNC, donde también se produjo una participación fue muy intensa en el chat, registrándose saludos y deseos de fuerza a lxs estudiantes procesadxs, diversas consignas de los espacios políticos y el acompañamiento de autoridades de las Facultades de Ciencias Sociales y de Artes, además de intervenciones de docentes, nodocentes y egresadxs de la FFyH y de la UNC.
“Las decisiones judiciales son definiciones políticas”
Otra de las intervenciones fue la de Francisca Mattoni, Secretaria General de la Federación Universitaria de Córdoba (FUC), por La Bisagra. Mattoni expresó que la totalidad de su espacio estudiantil está en contra de la criminalización de la protesta y destacó que “el proceso de 2018 no involucra sólo a 27 estudiantes, sino que fueron miles”, indicó. “Este juicio es arbitrario y es una estrategia de castigo, apañada por el Rector Hugo Juri y el Vicerector Yanzi Ferreira”. Además, recordó que durante esa gestión hubo dos tomas en el Pabellón Argentina. “Esta es la forma de asegurarse de que no se vuelvan a repetir las tomas de edificios” –añadió-No puede ser que un conflicto netamente universitario se esté resolviendo en la Justicia Federal. Se está avasallando y no se está respetando a la autonomía universitaria”.
Lxs últimxs tres en hacer uso de la palabra fueron lxs estudiantes procesadxs: Franco Bergero, Candela Guzman y Lucía Heber. Lxs tres coincidieron en la intención política de criminalizar la protesta social para sentar precedentes. “Es claro que existe una intencionalidad política de criminalizar a lxs estudiantes. Es una intencionalidad política que reduzcan este hecho a sólo 27 estudiantes. No hay pruebas de violencia, ni siquiera tienen pruebas de que hayamos participado de la toma. Sus pruebas son recortes de notas periodísticas”, apuntó Candela Guzman, militante de Tesis XI PTS.
“Esta causa, legalmente, no se sostiene por ningún lado. Es una causa política, cuyo objetivo es el amedrentamiento del movimiento estudiantil y el derecho a la protesta”, dijo Francisco Bergaro, militante de Ya Basta!. Y añadió: “Es un ataque a la libertad de expresión y al movimiento estudiantil. En este contexto de virtualidad es más difícil que el movimiento estudiantil se levante. La virtualidad nos atomiza y se están aprovechando eso”.
Por su parte, Lucia Heber, militante de Corriente social y política Marabunta, se refirió a cómo han transitado estos últimos años como estudiantes. “Nadie habla de lo que nos pasó después. Nadie habla de lo difícil y de lo que nos cuesta caminar por Ciudad Universitaria después de tres años de causa, con la incertidumbre de no saber qué va a pasar”.
Candela Guzmán expresó también que este procesamiento significa “una enorme mancha para la Universidad Nacional de Córdoba. Debemos redoblar los esfuerzos para generar una alianza social que defienda y pelee por la absolución de lxs procesadxs”.
Ya en el cierre, la decana Flavia Dezzutto volvió a tomar la palabra y se refirió nuevamente al grave antecedente que implica este procesamiento, “no sólo para las luchas universitarias, sino también para todas las luchas sociales”, afirmó. “Las decisiones judiciales son definiciones políticas. Y en este caso, es una clara muestra de cómo el poder judicial, que es un poder político, está pensando a la protesta social”.
En este marco, el jueves 13 de mayo a las 17 hs, desde Colón y Cañada, se llevará a cabo una marcha convocada por diferentes agrupaciones estudiantiles para pedir la absolución de lxs estudiantes procesadxs, a la que adhieren algunos gremios (entre ellos ADIUC) y medios de comunicación independientes.
Texto y fotos: Irina Morán.