Gabriela Sanso es la mamá de Rodrigo Sánchez, el joven de 17 años que fue acribillado por un policía en 2015 en un confuso asalto callejero, que tuvo que encadenarse a Tribunales para ser escuchada y exigir que la causa avance. Compartimos su testimonio y el de Natalia Bermúdez, integrante del Núcleo de Antropología de la violencia, muerte y política del Idacor-Conicet (Museo de Antropologías) y responsable de la investigación etnográfica del documental “Madres”, que cuenta ésta y otras historias y luchas de las familias humildes víctimas de gatillo fácil en Córdoba.
“No se investigó nada, hace cuatro años que la causa está parada”, se queja, agobiada, Gabriela Sanso, mamá de Rodrigo Sánchez, el joven que el 19 de septiembre de 2015 fue asesinado en la ciudad de Córdoba por el policía Lucas Gastón Carranza, quien reprimió un intento de robo callejero que aún hoy no ha podido dilucidarse en la investigación judicial. Hace siete años Rodrigo recibió dos balazos en la cabeza a dos metros de distancia, muriendo en el acto. Tenía 17 años recién cumplidos.
Luego de dos intentos de sobreseimiento para el policía Carranza por parte de la fiscalía distrito 4 turno 6, la causa está paralizada desde 2018. Cansada ante la inacción de la justicia, Sanso se encadenó a Tribunales en un desesperado intento para ser escuchada. A partir de esa acción, que fue reproducida hasta por medios nacionales, fue recibida por la Fiscal General Adjunta, Bettina Croppi, quien el 19 de septiembre le aseguró que en diez días iba a haber novedades. Fecha que se cumple esta semana. “Me pidió disculpas y me dijo que en diez días iba a tener una respuesta, ya sea que la causa sea elevada a juicio o que se cierre, pero yo quiero y necesito volver a mi vida”, dice la madre de dos niñas, quien asegura que “el amor de madre me impulsa a hacer locuras”, en referencia al hecho que la puso en los titulares de todos los medios. Ese mismo día de su encuentro con la Fiscal Adjunta, Sanso se enteró que Jorgelina Gutiez, la fiscal que realizó la investigación, ya no se desempeñaba en esa fiscalía, ocupada ahora por Fernando Reyes.
Para ella, nunca existió el arma con la cual Rodrigo y Leonardo Sanabria intentaron robar una cartera de un auto en la intersección de Avenida Colón y Sagrada Familia, en Córdoba Capital. Según la mamá del joven asesinado, los rastros de pólvora que aparecen en la mano de su hijo fueron «plantadas». “La pericia arrojó cientos de partículas de pólvora en su mano y cuando alguien dispara un arma le quedan miles de partículas. Esa pólvora se la plantaron, Rodrigo no tenía un arma y la mujer de la cartera que intentó robar primero dijo que sí y ahora no se acuerda. Hace 3 años dijo que no estaba segura y que ya no quiere ir mas a declarar porque está cansada. También desaparecen cámaras de monitoreo y pruebas contundentes en el lugar”. Lo que sí se confirmó es que Carranza tenía “marihuana, benzodiacepinas y cocaína en sangre cuando lo mató, además de antecedentes por robo en un local de un shopping y otros hechos”, agrega la mujer.
El abogado de Sanso, Adolfo Allende Pose, precisó que en el hecho ocurrido en el barrio de Villa Siburu, ni Sánchez ni Sanabria estaban armados: “Sin embargo el policía disparó y mató a Rodrigo». El hombre que actuó como cómplice «fue a juicio y hoy tiene condena firme por robo simple porque se comprobó que no estaban armados», afirmó el letrado.
Gatillo fácil y desigualdad judicial
Natalia Bermúdez es investigadora adjunta del Idacor-Conicet, profesora del Departamento de Antropología de la FFyH e integrante del Núcleo de Antropología de la violencia, muerte y política de Idacor-Conicet-Museo de Antropologías, y responsable de realizar la investigación etnográfica del documental “Madres”, que aborda la lucha de las familias que han sufrido la política de gatillo fácil de la policía de Córdoba.
Desde esa experiencia sostiene que el de Rodrigo y otros no son casos aislados, sino todo lo contrario: “Hace muchos años que desde distintos núcleos y equipos de investigación venimos analizando las políticas de seguridad del gobierno provincial de Córdoba y seguimos viendo continuidades mas que cambios, en particular con procedimientos policiales cuyos modos de operar mantienen muchas similitudes con la última dictadura militar. Pero no solo eso, la formación todavía -y lamentablemente- tiene huellas de lo que pasó. Desde el retorno de la democracia los casos de gatillo fácil son muy similares. No vemos cambios profundos que marquen una diferencia”.
En este sentido, Bermúdez dijo que “vemos dificultades en la formación, no solo en los contenidos, sino en la práctica. A partir del caso de Blas Correas se armó un protocolo y sin embargo hay muchas tensiones en la policía de la provincia. Que cueste eso no tiene que ver solo con ideologías, sino con prácticas arraigadas en las costumbres institucionales”.
Aunque casi siempre el foco está puesto en el accionar policial, esa fuerza forma parte de lo que se llama “la familia judicial”, integrada por la policía y los funcionarios judiciales. “Hay una forma de corporativismo en esa relación”, asegura la investigadora, que agrega: “Esto se ve en la falta de acceso al sistema judicial por parte de las familias que vienen de los sectores populares. No solamente en lo referido al gatillo fácil o violencia institucional, sino en términos generales”.
Además de contar la lucha de Gabriela y otras madres que sufrieron la muerte de sus hijxs por balas policiales y reclaman justicia, el documental es un registro muy potente de la distancia que existe entre esa maquinaria judicial y lxs ciudadanxs, sobre todo cuando las víctimas son pobres. “En los casos de violencia institucional, vemos que hay una diferencia muy grande entre aquellos que se consideran socialmente `buenas víctimas´ y las `malas víctimas´ o las `víctimas inocentes´. Tanto en los casos de Güeré Pellico, donde hubo una resolución judicial, o en el caso de Blas Correas, que está tramitándose el juicio, se trata de jóvenes que pueden ser caratulados como “buenas víctimas”. Pero el caso de Rodrigo Sánchez, cuya muerte se produce en el momento de un asalto y es asesinado por un policía, se considera `malas víctimas´. Y justamente una de las cosas que reclama la mamá de Rodrigo es la inhumanidad de cómo fue tratado su hijo. En Whatsapp circularon fotos de vecinos diciendo `una rata menos en la Colon´. Desde varios colectivos de Córdoba y organismos de derechos humanos venimos con procesos de politización para articular actividades que problematicen esas jerarquías de las muertes, esas `muertes merecidas´”. En el caso de Rodrigo, su mamá Gabriela tiene muy claro que su hijo cometió un error, pero lo que ella plantea es la lucha por la vida, porque sostiene que debería estar preso, no muerto”.
En los relatos que madres y familiares hacen en el documental, queda clarísimo el cuestionamiento a las formas en que la policía trata a los jóvenes de los sectores populares. “Las arbitrariedades de las detenciones, los abusos, los maltratos, todo viene desde hace mucho tiempo, y son esas arbitrariedades y abusos las que buscan modificarse a través de la lucha de la Marcha de la Gorra, o las jornadas `De qué seguridad estamos hablando´, por ejemplo”.
A pesar de esa resistencia, para Bermúdez “queda mucho por hacer en los términos de los prejuicios sociales, que en Córdoba están construidos históricamente. Eso por un lado, por otro, el sistema judicial reproduce con mas fuerza estas desigualdades, por eso Gabriela tuvo que encadenarse para pedir justicia. Por suerte ella está acompañada por muchas organizaciones y vamos a tratar que también esa lucha se colectivice y pueda tornar a esta muerte en una muerte condenable y, como te decía antes, también colectivizar el dolor”.
Por Camilo Ratti
Fotografía de portada: La tinta