Penitenciaría de San Martín: identidad, historia y memoria

La Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC participa en el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, que recientemente elaboró un dictamen solicitando al gobierno provincial la “conservación integral” del penal de San Martín”. En esta nota, la historiadora Ana Clarisa Agüero, quien representa junto con la arqueóloga Mariana Fabra y el subsecretario de Extensión, Eduardo Mattio, a la FFyH en ese Consejo, explica por qué es necesario preservar ese edificio y su vinculación con el barrio.

En el mes de agosto, el Consejo Asesor de Patrimonio de la Ciudad de Córdoba, del cual forman parte la Facultad de Filosofía y Humanidades y las Facultades de Arquitectura de la UNC y de la Universidad Católica, elaboró un dictamen en el que se solicita al gobierno provincial la “conservación integral de la cárcel de San Martín”.

Este dictamen sostiene que “la conservación tipológica integral del conjunto edilicio encuentra su primera justificación en el hecho capital de que se trata de una obra de autor reconocido (Francesco Tamburini), adhiriendo a la idea de que es una unidad arquitectónica coherente e indivisible, diferenciada por jerarquías formales y estratificadas. Está compuesta por la imponente espacialidad del edificio original, sus fundamentales pabellones conectivos entre subsistemas de núcleos radiantes y su crecimiento posterior, sus grandes patios, sus vestigios de lugares abiertos con desarrollo de cultivos naturales, su muro con torretas de vigilancia y la ronda que lo corona”.

En el mismo sentido, la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos del Ministerio de Cultura de la Nación, trató el tema y coincidió en que el edificio tiene “alto valor patrimonial”, es “único en el país por su diseño y estado de preservación” y es un “testimonio excepcional de la arquitectura carcelaria, además de otros valores de memoria e identidad sociales y religiosos”. La conclusión de la Comisión fue que esta cárcel amerita ser declarada Monumento Histórico Nacional y solicitar “a las autoridades provinciales y municipales su preservación integral y la presentación del proyecto de refuncionalización en estudio”.

Los miembros de la FFyH que participan en el Consejo Asesor son la historiadora Ana Clarisa Agüero, la arqueóloga Mariana Fabra y el subsecretario de Extensión, Eduardo Mattio. La ex vicedecana, Beatriz Bixio y el abogado Lucas Crisafulli intervinieron en la primera visita a la Penitenciaría. “La Facultad se ha reincorporado recientemente al Consejo Asesor, en parte con la expectativa de intervenir en las discusiones relativas a patrimonio arquitectónico y urbano, atento al prisma peculiar ofrecido por nuestras disciplinas. Para quienes decidimos acompañar esta reincorporación, la cuestión de la Penitenciaría de Barrio San Martín, la perspectiva de discutirla en esa instancia y de procurar una mejor resolución del expediente en su conjunto, tuvo un lugar especial. Y esto justamente porque se trataba de un lugar que entrecruzaba elementos históricos, memoriales, identitarios de alta densidad y complejidad, que lo convertían en un espacio a la vez interesantísimo y difícil, algo que podría ser aún hoy un verdadero desafío estatal si se enfrentara con seriedad. Sin duda, promover una lectura de ese edificio del tipo de la que se hizo desde esta representación es inseparable de un cierto modo de enfrentar los problemas materiales, simbólicos y sociales. Uno puede desear que el perfil general de los egresados de la UNC en algún momento recupere una cierta orientación humanista e integral, pero la realidad es que ése no es nuestro momento y, en este sentido, lo que la Antropología, Filosofía o Historia puedan añadir a esas discusiones, muy marcadas por los arquitectos y por los ingenieros, o reconsiderar y complejizar a partir de ellas, puede ser central para ciertos expedientes”, afirma Ana Clarisa Agüero, que ya trabajaba con este tema desde hace un tiempo como miembro de la Asociación Argentina de Investigadores en Historia.

Además, Agüero es Doctora en Historia por la UNC, investigadora de carrera de CONICET y docente de la Escuela de Historia de la FFyH. En la actualidad dirige el Programa de Historia y Antropología de la Cultura del IDACOR, que integra desde 2006. Su trabajo se inscribe en una historia cultural de la ciudad de Córdoba y ha escrito numerosos capítulos y artículos sobre estos temas.

• ¿Por qué crees que es importante que la Facultad participe en estas propuestas de políticas públicas?

Un ejemplo concreto respecto del tema de la penitenciaría es el lugar atribuido al Cura Brochero en la justificación patrimonial. Una figura interesantísima y valiosa, que termina jugando un papel que la empobrece, porque frente a las visitas y misas dadas en un lapso muy concentrado de tiempo, cualquier historiador medianamente serio y agudo sabe que hay veinte argumentos históricos y memoriales de mayor peso para defender la conservación de la cárcel, y que descuidarlos y ceder al pintoresquismo o a la oportunidad (porque indudablemente ronda el tema de la canonización) es no sólo un desliz ético sino también una falla profesional grave. Nosotros defendimos una lectura de otro orden, que quedó parcialmente expresada en el dictamen, y esto en pasajes importantes, pero ciertamente esa suerte de pragmática brocheriana retornó por sus fueros más de lo demostrable y explicativo.

Tampoco hay que desconocer los límites de la instancia, que es una instancia consultiva, no vinculante para el Ejecutivo municipal, lo que implica que éste no está obligado a dar curso a las decisiones de ese consejo, aun si éstas fueran las más conformes a razón o socialmente progresivas.

• ¿Por qué es necesario conservar el edificio? Y si se pudiera demoler una parte, que es imprescindible que se mantenga.

La conservación de la penitenciaría como conjunto puede ser defendida, y lo ha sido, por muchos motivos, que van desde la razón estatal (¿por qué demoler un bien público de excelente factura y gran capacidad de refuncionalización, cuando faltan lugares o sobran las obras públicas de pésima calidad e injustificable presupuesto?) hasta los valores históricos, memoriales e identitarios que reconocemos en ella y han sido desarrollados en varios textos y documentos: la manera en que la forma arquitectónica expresa un momento del sistema y las ideas penales argentinas, de inflexión reformista, la manera, a la vez, en que esas mismas formas fueron sede activa de la vulneración de toda justicia y la privación de derechos en la larga duración; la significación del edificio, y de ciertas partes en particular, como memorial de la barbarie; su significación, a la vez, como pieza icónica de una memoria material urbana y barrial. Aquí el proceso de mutua constitución de la penitenciaría y el barrio, siempre ambiguo pero indiscutible, es central.

Todas estas razones han estado entre las esgrimidas por distintos actores, y lo fueron por nuestra representación en el Consejo. De ellas se deriva la demanda de conservación integral del edificio, entendiendo por tal, cuanto menos, todo el conjunto previsto en el proyecto original de Tamburini.

En balance, luego de más de un año que llevan los análisis encarados en simultáneo por distintos actores, hoy es sencillo argumentar sobre la conservación del conjunto, y esto debiera ponerse en relación con otro dato muy concreto: las varias fuerzas sociales que, en distintos momentos y privilegiando unas u otras de esas razones, se opusieron a la demolición. Así como los organismos de Derechos Humanos, y muy en especial Luis Baronetto, fueron centrales para no estar hablando sobre los escombros, creo que otras fuerzas barriales, asociativas e institucionales lo fueron para que tampoco avanzara el boceto que el gobierno provincial dio a conocer un poco de la noche a la mañana, objetable por muchos y muy buenos motivos. El primero de ellos, una abrupta división entre lo que serían espacios destinados a sitio de memoria y al presunto centro cultural, que estrictamente demolía parte del eje axial que no sólo había sido originalmente indicada por los propios organismos como parte de lo que debía conservarse sino que destrozaba toda posibilidad de interpretar los usos efectivos de la cárcel y de promover una lectura capaz de reconsiderar cualquier unidad de la experiencia humana. En un solo movimiento, se desarmaba la tipología valiosa en términos histórico-arquitectónicos (fundada en la planta radial y el sistema de centros panópticos); se desarticulaba la experiencia carcelaria de las víctimas del terrorismo estatal de la de todos los otros que pasaron por esa cárcel, a veces en condiciones terribles; se impedía radicalmente un acceso a la experiencia de unos y otros (si se piensa en el espacio de memoria, una entrada lateral, sobre una explanada abierta que nunca existió, es una aberración histórica, política y memorial, que invoca un espacio que finalmente podría haber sido cualquier otro); se sugería una sucesiva demolición/construcción de un módulo, ahora de vidrio, inexplicable por cualquier buena razón; y, lo que no es menor, se sugería una suerte de distinción material entre la zona “lúgubre” y aquella que quería proponerse a la cultura, más inquietante si se recuerda que aún pesa sobre todo el inmueble una ley de venta de 2008. Y todo esto sin un programa concreto y detallado para el edificio, algo para lo que enunciar centros culturales suele ser una buena coartada desde hace unas décadas y que en general aparece sólo una vez que se ha anulado la chance de entregar retazos de ciudad a los desarrolladores urbanos.

Parece claro que lo ideal hubiera sido (y con suerte aún pueda ser) un estado provincial capaz de asumir la formulación de un programa complejo y serio, respetuoso de las marcas históricas, memoriales e identitarias y abierto a las demandas y necesidades fundadas de los diversos sectores del barrio y la ciudad, por no ir más allá. Pero mientras eso no ocurría pasaban otras cosas, que entiendo ya no: el desguace de partes valiosas, por ejemplo, o la destrucción intencional (contemplada por las cartas internacionales de patrimonio).

• ¿Qué respaldo le da la declaración de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos?

La intervención de la Comisión Nacional de Monumentos, fundada en el dictamen del Consejo Asesor de Patrimonio Municipal, puede ser buena, porque al menos implica frenar el desmantelamiento o los mazazos sin plan y, sumada a los otros esfuerzos, puede obligar a otro compromiso y calidad en el tratamiento de la cuestión. Por un lado, entonces, es probable que se abra la brecha para que los distintos niveles estatales puedan consensuar los términos de la conservación y fijar grados de prioridad (qué partes pueden sufrir, por ejemplo, modificaciones ligadas a una refuncionalización y qué partes no). Pero, a la vez, eso debiera darse en simultáneo a la consideración de las demandas fundadas de los diversos actores, y a la reunión de las piezas y condiciones de posibilidad para un buen programa, de interés social y que dialogue en lugar de divorciarse con la razón histórica y memorial. Por mi parte creo que el hilo conceptual fuerte debiera componerse entre una consideración crítica de la justicia en Argentina y una concepción amplia de los derechos humanos, que va desde la denuncia persistente de los crímenes de lesa humanidad y el recuerdo de las víctimas, al derecho a la ciudad de quienes no viven en ella, el derecho a reinsertarse de los ex-presos, el derecho a la salud pública o a desplegar una economía solidaria de los vecinos (que en casos lo han precisado como demandas), el derecho de los viejos a no esperar eternamente viviendas sociales que no rotan, el derecho general al trabajo (y aquí pienso en el valor de los talleres de la penitenciaría, en la huerta, en la posibilidad de que éste sea también un lugar de producción y eventualmente comercialización, de orientación social). Ninguna de estas cosas se improvisa, y debe haber un Estado promoviéndolas. Creo que puede ser todo eso y más, y espero que los términos en que se entable el diálogo entre los tres niveles estatales, y el seguimiento de los movimientos, asociaciones e instituciones interesados contribuya a una reconsideración de ese orden.

• ¿Qué pudieron percibir que se vive en el barrio con respecto a la posible demolición y/o conservación del edificio?

Hay por lo menos dos sectores barriales, si no más, que se han pronunciado en diversos momentos sobre la cuestión, uno que se reunía en la parroquia, y que formó o forma parte de la Mesa de Trabajo de Barrio San Martín, en la que había también otras fuerzas, y otro que es el Movimiento Cultural de Barrio San Martín, que viene sosteniendo regularmente una actividad llamada El Penalazo y ha formulado sus demandas en una serie de puntos que incluyen algunos de los que mencioné. De todos modos, haría falta más conocimiento territorial para trazar un balance general ajustado. Hay que tener presente que las promesas de reactivar cierta zona siempre generan alguna expectativa, y que el sentido común privatista siempre está listo a activarse. En ese aspecto, creo que poner en el centro la cuestión de un proyecto orgánico, público y conducido por el estado es uno de los grandes méritos de estas fuerzas barriales. En el caso del MCBSM, que no está ligada a los organismos, esto se da además con una efectiva empatía frente a la razón memorial y con gran voluntad de leer, informarse, aprender cosas que puedan ser relevantes para lo que están haciendo, lo que tampoco es una media en los movimientos barriales. Sin duda, puede haber una masa silenciosa que lamente que allí no pasen topadoras y desarrolladores, presumiendo que eso los pondría en otro escalón, pero, dado que eso nunca es progresivo para la sociedad en general, es muy importante que haya discursos y acciones en otro sentido. En San Martín hay fuerzas de este orden, y creo que, entre la masa silenciosa y estos esfuerzos, es muy bueno si pudimos hacer algo que dialogara con estos esfuerzos.

• La cárcel hace a la identidad del barrio, es un elemento más de su paisaje o de su vida cotidiana? ¿Es un lugar que aporta a la memoria o las memorias del barrio?

Indudablemente; la cárcel literalmente creció junto al barrio, estimulando el poblamiento y la infraestructura urbana. Los loteos coinciden con su instalación, y ésta estimula puentes y servicios de diverso orden. En rigor, y en parte por su escala, su condición icónica excede al barrio, aunque gravite especialmente sobre él. En términos sociales, los diálogos han sido múltiples y a menudo inesperados. La ambigüedad ligada a su función tuvo su contrapartida en muchas formas de relación entre el adentro y el afuera carcelario, y esto desde los negocios que en parte dependían de las visitas al penal hasta las compras del pan fabricado allí, que muchos recuerdan cuando la hiperinflación. Podrían salir grandes audiovisuales de allí; los relatos del sonido nocturno de la cárcel, de las referencias ofrecidas por las luces, del modo en que se siguió el motín de 2005 tienen momentos altísimos, muy conmovedores pero, además, de gran capacidad de evocación y muy adecuados para comprender algo de San Martín.

• Dentro de estas memorias que circulan en el barrio, hechos más recientes como lo que pasó ahí adentro en la dictadura y durante del motín del 2005, ¿Cómo se recuerdan estos sucesos?

Los modos de relación fueron variados, pero no me atrevo a hacer el balance de estas memorias, porque eso implicaría una encuesta más extensa y dedicada. Sólo digo variados por cosas muy concretas: hubo vecinos que fueron presos políticos, lo que implicó un tipo de relación con la penitenciaría que no es necesariamente la del resto, como hubo vecinos que fueron personal penitenciario durante muchos años, lo que habilitó una experiencia en nada universal; hubo, también, vecinos que pusieron en primer plano su angustia ante el motín y otros que sintieron angustia por lo que estaba pasando dentro del motín. Y estas diversas modulaciones del recuerdo un poco reaparecieron cuando el traslado, porque también entonces hubo celebraciones (porque se iba el factor de estigmatización o porque aún no había desaparecido el temor al motín) y lamentos (porque se perdían ingresos para los comercios de la zona o porque, paradójicamente, el anillo inmediato a la cárcel comenzaba a sentirse menos seguro que antes). Creo que todas estas cosas merecerían ser bien registradas y estudiadas.

Además, quisiera añadir algo sobre uno de los espacios más dañados desde el desalojo de la cárcel y sobre los desajustes entre patrimonio, historia, memoria y presente. Cuando parecía acercarse el cierre del dictamen, y se había lanzado el rumor de una fecha de demolición, el 14 de julio, advertí que ese día se cumplían 40 años del asesinato de René Moukarzel; según la información disponible, detenido en 1974, estaqueado desnudo en uno de los patios y muerto en la enfermería en 1976. La enfermería es uno de los sitios más reivindicados por los vecinos que defienden la instalación de un dispensario y, a la vez, fue uno de los primeros en ser deliberadamente dañados desde el desalojo. Como no estaba señalizado entre los principales pabellones de valor memorial, ni forma parte del conjunto monumental remisible a Tamburini, todo indica que esa enfermería caerá en cualquier caso. Sin duda, hay un desajuste, un desajuste frente al cual la coincidencia entre las fechas de la muerte y de la demolición que el rumor anunciaba se vuelve especialmente punzante. Entonces, sólo anudar estas cosas: René era médico, ojalá haya un dispensario, su nombre debiera estar claro.

Por Pablo Giordana

Fotografías: Lucas Crisafulli