En este informe, los investigadores del Departamento de Geografía de la FFyH –Sergio Chiavassa y Beatriz Ensabella–, dan a conocer la movilización de las organizaciones sociales y los cambios producidos en la configuración espacial, ante la multiplicidad de problemas y demandas que desnudó la tragedia de las inundaciones, producidas en febrero de 2015 en Sierras Chicas.
Para analizar y comprender las distintas dimensiones socio-ambientales surgidas raíz de las últimas inundaciones producidas en Sierras Chicas, es preciso conocer las características propias del lugar. En relación a su ocupación demográfica, el faldeo oriental de las Sierras Chicas, -primeras estribaciones de las Sierras Pampeanas-, está ocupado por una guirnalda de ciudades y pueblos pertenecientes al Área Metropolitana Córdoba. En esta pequeña región se encuentran 11 localidades de entre 300 y 31.000 habitantes[1], –que en total representan unos 145.000 habitantes–, ubicadas en las cuencas de los ríos Ascochinga, Carapé, Salsipuedes, Saldán y cuenca media-baja del río Suquía.
Estas ciudades han visto crecer su mancha urbana en las cuencas en que se encuentran, al igual que la población que pasó de 39.000 habitantes en la década de 1970, a más de 140.000 en 2010, fundamentalmente debido a la migración desde la ciudad de Córdoba distante a entre 17 y 50 km.
Así en las décadas de 1990 y 2000, se produce el más importante crecimiento poblacional de la provincia y el segundo del país, detrás de Buenos Aires. A lo largo de la historia, sus pobladores, han mantenido diversos conflictos sociales en torno a la problemática del agua: cuando su disponibilidad es baja o cuando en temporada estival, provoca inundaciones. La inundación del 15 de febrero de 2015, que produjo todo tipo de daños – estructurales de vivienda, económicos, sanitarios y de salud–, muchos aún sin resolver y, lo que resulta aún más grave, la pérdida de vidas humanas, dejando expuesta la falta de coordinación y de voluntad política para efectivizar la multiplicidad de propuestas de gestión ambiental, gestadas y motorizadas por diferentes actores locales.
El grupo de investigación del Departamento de Geografía de la FFyH aborda esta temática de manera articulada desde 2008. Hasta el año 2013, la preocupación era cómo afrontar la baja disponibilidad de agua que azotaba a este corredor serrano y urbano. Por entonces, se proponía la necesidad de un uso social del agua y la gestión integrada del recurso. Se estudió así las acciones llevadas a cabo por los diversos agentes sociales con intereses muchas veces contrapuestos, sobre el uso que debe darse al suelo y al agua. Por ejemplo, desde el ámbito económico-empresarial se trazaron junto al Estado provincial, diversas alternativas de obra pública y planificaciones de avance sobre los espacios rurales serranos, con proyecciones urbanísticas en el marco del creciente “boom inmobiliario”. Las últimas proyecciones mediante la Ley Provincial 9841 del IPLAM Instituto de Planificación del Área Metropolitana, proponen el avance sobre el área rural serrana, a lo que se oponen desde hace más de siete años las diversas comunidades organizadas y también los grupos académicos que trabajan en el área. Éstos, mantienen la postura de conservar las cuencas, su bosque, suelo y agua, sin intervenciones, mediante obras de conservación de cuencas altas y sin el avance de los desmontes en zonas serranas para nuevas urbanizaciones.
En este marco se propusieron y generaron planes de ordenamiento territorial participativo; de cuencas; de manejo del suelo (creación de Reservas Hídricas); y diversos planeamientos urbanos en las localidades. Muchos no fueron tomados en cuenta por el Estado y entraron en tensión a fines de 2011 y comienzos de 2012, a través de las marchas vecinales contra loteos y desmontes, que sí estaban previstos en la planificación estatal. Conflictos que no encontraron solución aún, pero facilitaron la creación de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas y la regionalización de la lucha.
Ante este nuevo escenario, de manera sintética, se pueden enumerar los mecanismos de acción colectiva llevados a cabo por las organizaciones de base local, el surgimiento de otras organizaciones sociales (como la de los vecinos autoconvocados o vecinos que rechazan obras de intervención del cauce o la relocalización de viviendas), que generan movilizaciones y nuevas proposiciones, reavivando tensiones y territorializaciones en un periodo sin baja disponibilidad natural de agua, pero con los daños dejados por el temporal regional y sus precipitaciones en la serranía.
De esta manera y teniendo en cuenta los cambios político institucionales, sumados a las inundaciones producidas en febrero de 2015, hacen emerger al menos dos manera de considerar la gestión en Sierras Chicas: una de carácter regional sostenida por la mayoría de las organizaciones sociales; y otra de carácter municipal-local que atomice la gestión de las cuencas, según cada localidad en articulación con el gobierno provincial.
Organizaciones sociales de Sierras Chicas
En Sierras Chicas, distintas organizaciones sociales, instituciones intermedias (como cooperativas) y algunas dependencias públicas municipales, se han unido y organizado en la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas y desde 2012 trabajan para establecer acciones comunes tendientes a un trabajo en red, “como deseo de implementar acciones conjuntas que permitan defender el ambiente de cada comunidad trabajando mancomunadamente las problemáticas ambientales de las Sierras Chicas en pos del desarrollo sustentable” (Ekstein, D., 2012). Mediante esta articulación, intentan otorgarle un sentido al ambiente, rescatando sus valores sociales como prestador de servicios ambientales. Se trata de una lucha en común, por los derechos sobre el agua, la tierra, el bosque y la identidad local. Esta lucha en defensa de la tierra, el agua y el bosque, no sólo se presenta a escala local. A nivel regional se están dando sucesivas movilizaciones en localidades como Mendiolaza en torno al desmonte para la urbanización denominada “El Terrón”, en Villa Allende respecto de la Reserva Hídrica Recreativa y Natural Villa Allende, en La Granja respecto de las obras de regulación de crecidas en la Reserva Natural Ascochinga, en La Calera respecto de la “Reserva Bamba”[2] , en Saldán por la “Reserva Hídrica Saldán Inchín”, por nombrar algunas.
Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas:
Está integrada por el Grupo EsCalera (La Calera); Fundación Vertientes de Saldán (Saldán); Grupo Tacku (Villa Allende); Guardianes del Monte (Mendiolaza); Vecinos Autoconvocados (Unquillo); Asociación Civil Los Manantiales (Río Ceballos); CoVeSa (Salsipuedes); Fundación Eco-Barrio San Miguel (Salsipuedes); Coop. De Agua (Agua de Oro); Vecinos del Chavascate en Defensa del Agua, el Ambiente y la Calidad de Vida (Agua de Oro, Villa Cerro Azul); Colectivo Sin Frenos (Villa AniMi); Mesa del Agua de la Granja; Comunidad ContrArte, Grupo Coyuyo.
Inundación de 2015: impactos y consecuencias
Los más de 200 milímetros que a lo largo de 22 horas se precipitaron en el área durante el carnaval de 2015, sumaron una nueva catástrofe ambiental y humanitaria que enlutó a Sierras Chicas. Las inundaciones ocasionaron, nueve víctimas fatales, más de 2.000 viviendas afectadas (muchas con destrucciones totales o parciales que están siendo relocalizadas), comercios, industrias, establecimientos productivos y barrios enteros fueron impactados directamente por el agua y todas las ciudades quedaron divididas por la destrucción de puentes, vados y calles.
La ciudadanía puso más en alto su voz y con rapidez las movilizaciones salieron a la calle a hacer oír su reclamo: “Lo anunciamos, deben parar los desmontes. Debemos reconstruir los centros urbanos y seguir en lucha” (comunicado del 15/02/16).
La organización siguió el camino de la conformación de asambleas de vecinos inundados. Estos, primero y antes que nada, reclamaron un sistema de alerta temprano de inundaciones, luego el planeamiento de obras y nuevamente la gestión del suelo en pos de la conservación del bosque en las cuencas, en estos dos últimos casos con participación plena y vinculante de las organizaciones sociales de la Región de Sierras Chicas.
Una de las movilizaciones más recientes después de la inundación, y en consonancia con las luchas contra los desmontes iniciadas desde 2007, es la de la Asamblea de Vecinos de Saldán Inchín, en la ciudad de Saldán, donde gracias a la Ley Provincial de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (judicializada por las organizaciones que luchan contra los desmontes, junto a Universidades y la COTBN) se facilitó el intento de localización de una explotación minera a cielo abierto, que apenas se conoció en la ciudad los vecinos se organizaron en Asamblea y tras un año de lucha lograron la prohibición de su instalación. Destacándose este accionar organizado como uno de los más importantes, después de la gran inundación de 15 de febrero de 2015, junto a muchas de las conquistas de la Asamblea de Vecinos Inundados de Sierras Chicas que lograron se baje la cota del embalse La Quebrada para disminuir el riesgo de inundaciones, aunque ahora se encuentran en conflicto por los números dudosos del nivel de cota que presenta el gobierno provincial y que vuelven el temor a una nueva catástrofe, como así también por el cierre a la participación vecinal en el comité de emergencia y de cuencas de Sierras Chicas creado por el Estado tras la inundación.
Distintos recorridos para alcanzar soluciones: Corredor Hídrico y Ordenamiento Territorial
El entramado de actores que inscriben sus prácticas en el territorio, es variado y complejo. A riesgo de simplificar, podemos nombrar, los vecinos que demandan y consumen, las Cooperativas que abastecen de agua y de otros servicios básicos a las comunidades. Están también las comunas y municipios, es decir, los gobiernos locales que enfrentan año tras año, en épocas de sequías severas, y de inundaciones, a veces catastróficas.
Por lo dicho hasta aquí, lo que marca un proceso de conflicto territorial por el agua y el uso del suelo es la materialización de la lucha en posturas que permiten pensar la complejidad del espacio en que se habita y produce, es decir, la cuenca.
Bajo esta perspectiva, presentamos dos modalidades de gestión y acciones concretas desarrolladas desde las organizaciones sociales de Sierras Chicas: Uno, el proyecto de un corredor de reserva hídrica. Y el otro, la propuesta de planes de ordenamiento territorial participativo.
- Reservas Hídricas y Recreativas Naturales
La necesidad de proteger las cuencas de ríos y arroyos que atraviesan las localidades, sumado al temor de nuevas crecidas, reavivó la lucha de organizaciones sociales y grupos de vecinos, en torno a la creación de Reservas Hídricas a lo largo de las cuencas altas, en el corredor de Sierras Chicas.
En efecto, con el objetivo de mantener la superficie de absorción a través de la preservación del bosque nativo, principalmente en las cuencas altas y evitar mayores escorrentías a futuro, venimos trabajando junto a las organizaciones para la concreción de un corredor de reservas hídricas que contemple desde la Reserva Natural de la Defensa (RND) en los campos del III Cuerpo de Ejército en La Calera[3], al sur de la vertiente oriental de las Sierras, uniendo todas las áreas de reservas (la provincial de la Quebrada y las municipales) hasta el campo de aviación de Ascochinga, al norte. Esta última declarada en diciembre de 2014[4].
El trabajo sobre las reservas hídricas, es una clara demostración de que es posible generar una serie de áreas naturales protegidas que, superando los límites político-administrativos de los municipios, permita crear un comité de cuencas de las Sierras Chicas que otorgue seguridad al bosque y proteja las cuencas altas de los ríos y arroyos, ante el avance de la urbanización, los incendios, el desmonte para ganadería y nuevas urbanizaciones, así como los proyectos de trasvase de cuenca.
Desde distintos bloques de los Concejos Deliberante de las localidades de Saldán, La Calera, Mendiolaza y Villa Allende, junto a la Cátedra de Ecología Aplicada de la UNC, se han motorizado una serie de proyectos de conservación que se constituyen en el primer antecedente de conservación y gestión de cuencas a escala regional en la Vertiente oriental de las Sierras Chicas. Así fueron aprobadas: las Reservas Hídricas y Recreativas Naturales de Saldán-Inchín en Saldán, Bamba en La Calera, Villa Allende, Mendiolaza y Los Quebrachitos en Unquillo[5], las que se suman a la única reserva de jurisdicción provincial implementada, con plan de manejo y guardaparques provinciales, la Reserva Natural Parque La Quebrada, de 37,23 Km2, en Río Ceballos[6]. (Aprobados pero no con un plan de manejo y acciones de control que se realicen)
Para Tamburrini y Kufner (2008) estas áreas de conservación “tienen en común el objetivo de proteger cabeceras de cuenca, bosque y fauna. En su conjunto ocuparían una superficie de 368 Km2 en áreas rurales y urbanas (82% del área total de la zona sur de la región). La implementación de estas áreas, como en todas las ordenanzas lo manifiesta en sus Art. 5 y 6, debía contar con un “Ente (…) con el objeto de reglamentar la administración y plan de manejo del conjunto de reservas municipales”. Este Ente debe diseñar el plan de manejo y hacerlo cumplir. Pero por no haberse creado el mencionado Ente y “por no haber sido efectivamente implementadas –lo cual requiere acuerdos intermunicipales y con la provincia que no fueron realizados- no cumplen sus funciones de conservación” (Tamburrini y Kufner, 2008:11).
El trabajo articulado de grupos de vecinos, ONGs y comunas, permite que en 2014 se reglamenten la Reserva Los Manantiales (Río Ceballos) y Los Quebrachitos (Unquillo) y se creen la Reserva para la Defensa de Ascochinga, la Reserva Hídrica y Natural de Villa Cerro Azul y se inicien acciones en la Reserva Hídrica y Recreativa Natural Villa Allende.
- Ordenamiento territorial, una herramienta en disputa
El Ordenamiento Territorial se concibe como un proceso y una estrategia de planificación técnico-política mediante la cual se pretende configurar una organización en la ocupación, construcción o gentrificación del uso del suelo, en el mediano y largo plazo acorde a los estudios interdisciplinarios y el accionar organizado de estos con la sociedad civil y la ciudadanía en general. A escala provincial el Plan Estratégico Territorial de la Provincia de Córdoba (2007)[7] da cuenta de que la función del Ordenamiento Territorial a llevarse a cabo, es establecer las pautas para el “desarrollo integrado y sostenido de un Área o Región, en base a un óptimo aprovechamiento de sus Recursos Naturales y Culturales”[8]
El caso de la Ley Provincial 9814 es particular, si bien fue aprobada, se atendieron los intereses empresariales agrarios e inmobiliarios no teniéndose en cuenta los presupuestos mínimos preestablecidos por la Ley Nacional N°26331 y mucho menos los enunciados de la comisión creada para tal fin. Pero la construcción realizada en este ámbito posibilitó el ingreso de muchas organizaciones sociales y agentes de movimientos sociales al campo político territorial provincial, directamente en el seno de la institucionalización de un conflicto de largo arrastre: el de los desmontes.
A escala municipal o provincial, en Córdoba existen los proyectos y aprobaciones de las ciudades de Villa Carlos Paz[9], Alta Gracia[10] y los proyectos no aprobados de La Calera y cuenca del río Chavascate. De estos resulta relevante que mientras en las dos primeras ciudades estos procesos se constituyen en tecnologías de gestión desarrolladas desde las estructuras de los estados municipales, los proyectos de La Calera y de la cuenca río Chavascate son iniciativas que emergen de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil (Ferreyra, Y. 2012:4), al igual que el trabajo que se lleva a cabo en Río Ceballos desde la Asociación Civil Los Manantiales en convenio con la Municipalidad e instituciones intermedias locales, el cual se constituye, junto al de la Reserva Hídrica y Recreativa de Los Quebrachitos en Unquillo, en los únicos proyectos gestados desde la ciudadanía y sus organizaciones y aprobados por el Estado Municipal.
Estas iniciativas ciudadanas, plantean visiones críticas de los procesos tradicionales de urbanización y periurbanización, surgiendo de la proliferación de problemas ambientales, sociales, sanitarios y de servicios en los territorios resultantes de la movilización ciudadana por la defensa de sus derechos y del ambiente, interpelando a las instituciones responsables de la planificación y a la misma práctica de la planificación.
Si bien el ordenamiento territorial es históricamente una herramienta estatal lo que importa entender es que ha sido un importante proceso de imposición de políticas que han beneficiado a determinados grupos económicos y productivos con representación estatal sobre las prácticas de la población en general.
Hasta hace diez años el ordenamiento territorial ha sido el caballito de batalla, más que caballito, el ejército de profesionales de batalla, de la silenciosa guerra que al interior del campo político territorial han venido ganando con el avance de la propiedad privada, la comercialización de la tierra y su concentración, el desalojo, los desmontes y la implantación de los usos que económicamente le son redituables a los miembros del subcampo económico-empresarial.
Pero el quiebre se ha comenzado a dar cuando la sociedad civil comenzó a resistir a los procesos de desalojo por el avance minero, agrícola, ganadero, urbanístico y especulador, y cuando también, al mismo tiempo, le tocó decidir: como conversaba con Jenny de la Asamblea de Ciudadanos por la vida de Chilecito (impulsora de la lucha por el Famatina y el NO a la Mina).
Las Sierras Chicas han despertado críticamente [11], pero a diferencia de los vecinos organizados de Chilecito y Famatina que mantuvieron su lucha por un NO contundente, las organizaciones de las Sierras Chicas han aceptando algunas de las reglas del juego indirectamente propuestas por el Estado Provincial y local, fundamentalmente con la experiencia generada con la COTBN, e imponiendo una nueva modalidad de ordenamiento territorial en el seno del campo político territorial y sus propias reglas de juego al interior del campo: el ordenamiento territorial se hace desde la comunidad y después se presenta en el Estado. ¿Funcionará? El tiempo, los intereses y las luchas lo dirán, por el momento se plantea la siguiente duda: ¿Por qué no se ha aprobado el Plan de Ordenamiento Territorial de la cuenca del río Chavascate? ¿Estamos ante un proceso de redefinición de que es el Ordenamiento Territorial? ¿Existe un Ordenamiento Territorial real o es simplemente un lineamiento de los grupos de poder para que se juegue con sus reglas para decidir en el campo? Por que… ¿Y si se aprueba el Ordenamiento Territorial pero no se hace cumplir porque no se posee el poder Estatal y de control? Hasta el momento, sólo se puede responder que es un lineamiento de quien detenta el poder en el campo.
Y es el Estado quien ha sentado, desde hace un año, a todos los agentes a discutir las propuestas e intereses en juego.
Polémico proyecto de la provincia para evitar inundaciones
Últimamente, la lucha está centrada en frenar la construcción de mini-diques reguladores por parte de la Secretaría de Recursos Hídricos de la Provincia.
Uno de esos minidiques proyectados, está listo para ser iniciado, en la zona de Ascochinga, desde donde se originó la destructiva crecida que destruyó riberas, viviendas y puentes en Jesús María en 2015.
El foco de las preocupaciones del gobierno provincial, son los productores de Jesús María. Así, Edgard Casteló, secretario de Recursos Hídricos sostuvo: “Hay zonas críticas para las que, dado su grado de urbanización aguas abajo, estamos proyectando diques de regulación de crecidas. En la cuenca del río Jesús María se hará el dique Carapé, cerca de Ascochinga, con un presupuesto de 120 millones de pesos. Ya está firmado el convenio con Nación para su financiamiento y está para ser comenzado este año”, precisó[12]. Cerca, se sumaría otro en la zona de Santa Catalina.
La movilización la viene desarrollando La Mesa de Agua y Ambiente de La Granja (MAyA) quien en una gacetilla del mes de mayo expresaba: “La MAyA quiere expresar su preocupación por la falta de argumentos y estudios que fundamenten la construcción por parte del gobierno de la Provincia de Córdoba de un mini-dique “seco” en el Rio Carapé, Ascochinga. Con una superficie de espejo de agua de 20 hectáreas y la necesidad de desviar la ruta E66 a La Cumbre, la obra significa una intervención masiva en la flamante Reserva Natural de la Defensa, hogar de fauna y flora autóctona escasamente vistas ahora en nuestra provincia”.
Participación ciudadana y mirada regional
En Sierras Chicas la organización social está avanzando lentamente en torno a la creación de un corredor de Reservas Hídricas, pero la traba más grande está construida desde el Estado y las empresas que buscan separar a los grupos movilizados.
Pensar las problemáticas ambientales, la resolución de conflictos y las soluciones técnicas para las distintas problemáticas, en un marco territorial y en forma participativa, posiblemente sea una estrategia de valor, no sólo para aquellos agentes sociales que motorizan desde esa dimensión los conflictos, sino para otros agentes como los gobiernos locales, y en consonancia con la comunidad, propender a la búsqueda de soluciones consensuadas.
La experiencia que vienen llevando a cabo las organizaciones sociales de Sierras Chicas, nos invitan a pensar sobre las posibilidades de construir otros modelos de democracia, otras alternativas al desarrollo. Adherimos en esto. A la propuesta de Arturo Escobar sobre las maneras de caminar hacia el posdesarrollo donde las lógicas del lugar, los componentes culturales y las estrategias de sobrevivencia de las poblaciones locales, pasen a ocupar el centro de la escena. “Aparecerán entonces espacios inesperados de creatividad y de resistencia, comprobaremos que los dispositivos del poder agotan su eficacia, y que la globalización no completa sus ambiciones y promesas: son posibles “mundos de otro modo”.
Por último, se valoran las dos maneras de gestión presentadas en este trabajo, la del Corredor Hídrico y la de los planes de Ordenamiento Territorial. Estas dos acciones, ponen en evidencia dos formas de considerar la gestión en Sierras Chicas: una de carácter regional, que es sostenida por la mayoría de las organizaciones sociales. La otra de carácter municipal-local y en articulación con el gobierno provincial, que atomiza la gestión de las cuencas, según cada localidad.
Hasta el momento, no es posible brindar una evaluación definitiva de ninguna de las dos propuestas. Ambas están en proceso de ejecución lo que impide afirmar que sería esperable que prospere una mirada regional en el tema del manejo de las cuencas hídricas para la región analizada. Un hecho no menor, que también dependerá de las resistencias y participación ciudadana que manifiesten los distintos grupos que en esta zona trabajan a favor de los derechos humanos y el cuidado del medio-ambiente del lugar.
Por Sergio Chiavassa y Beatriz Ensabella
Departamento de Geografía / FFyH -UNC.
Fotografías: Gentileza Colectivo Manifiesto e integrantes de la Coordinadora Ambiental y de Derechos Humanos de las Sierras Chicas
[1] De sur a Norte las ciudades (en Argentina se considera a tales cuando poseen más de 10000 habitantes) de: La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Salsipuedes, y las localidades (con menos de 10000 habitantes) de El Manzano, Villa Cerro Azul, Agua de Oro y La Granja.
[2] La Reserva Natural de la Defensa “La Calera” fue declarada en 2010, con una extensión de 11.377 hectáreas en los campos Militares del Tercer Cuerpo de Ejército, gracias a la iniciativa del Grupo EsCalera y el Aula Abierta de Montaña, dos colectivos que lucharon incansablemente tras este objetivo (Palacios et al., 2011).
[3] Se considera Reserva Natural de la Defensa (RND) a un tipo de Área Natural Protegida (ANP) creada por el gobierno nacional en el año 2007, tras firmarse el Convenio Marco de Cooperación entre el Ministerio de Defensa de la Nación y la Administración de Parques Nacionales.
[4] http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/crean-reserva-natural-en-sierras-chicas. Abarca una extensión de 3.300 ha.
[5] Todas estas Reservas Municipales están reglamentadas según las siguientes ordenanzas: Ord. Nº 007/01; Ord. Nº 059/01; Ord 05/02 y decreto promulgatorio 44/2004; Ord. Nº 309/01 y Ord. Nº 026/99 respectivamente.
[6] Creada por Decreto Provincial Nº 5.620/87.
[7] Disponible en http://www.chienhwa.net/PET/SP/Cordoba.pdf [Fecha consulta 29/01/2014].
[8] Como así también la discutida ley provincial 9814 de Ordenamiento Territorial del Bosque Nativo (OTBN) de la Provincia de Córdoba, la ley provincial 6964 de áreas protegidas de la Provincia de Córdoba; la ley provincial 9841 del Instituto Provincial de Planificación del Área Metropolitana de Córdoba (consensuada con municipios y “participativamente con las empresas privadas”), la Ley Nº 4146 del año 1949, que reglamenta el fraccionamiento de la tierra en el territorio de la Provincia, la Ley Nº 7343 que establece los Principios Rectores para la Preservación, Conservación, Defensa y Mejoramiento del Ambiente, las leyes que rigen las áreas naturales provinciales y sus ambientes silvestres, la Ley Nº 6964 y complementarias, entre otras (Ferreyra, Y. 2012:2); son todas leyes que han tenido siempre su origen en el Estado.
[9] Para ampliar en este sentido ver: Ferreyra, Yamila. 2012. “Ordenamiento Territorial y Justicia Ambiental. Experiencias comparadas en municipios de la Provincia De Córdoba”. Seminario de Sociologia Politica. “Sociología de los Problemas Sociales/Públicos Contemporáneos”. Profesor Dr. Mauricio Berger. IIFAP. Córdoba.
[10] Disponible en: http://www.altagracia.gov.ar/boletines/0436056081106819.pdf [Fecha consulta 29/05/2016]
[11] Para ampliar en este sentido se recomienda consultar: Facebook: Vecinos del Chavascate, Coordinadora Ambiental y Derechos Humanos Sierras Chicas. También, http://www.lavoz.com.ar/ambiente/una-cuenca-en-problemas
[12] El avance del proyecto lo demuestra que ya ha sido publicado el “Pliego particular de especificaciones técnicas”. Área estudios y proyectos de obras hidráulicas y recursos hídricos. Sec de RR HH, Minist de Ambiente y serv públicos. Marzo de 2016.
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