Bolivia: los recursos de la dictadura. Por Atilio Borón
La gravísima situación imperante en Bolivia tiene múltiples manifestaciones, a cuál más aberrante. Todas tienen un denominador común: la violación sistemática de los derechos humanos, las libertades públicas y los derechos y garantías individuales. Estos son los resultados previsibles de todo régimen dictatorial, y sin duda el gobierno que hoy se ha apoderado de Bolivia lo es. Una dictadura impuesta por un golpe militar a la antigua usanza y desechando las más sutiles herramientas del “golpe blando”. Aquí el protagonismo no recayó sobre jueces y legisladores corruptos sino sobre los policías y militares que desde décadas son adiestrados y equipados por Estados Unidos. (…) Así como todas, repito: todas, las intervenciones de Estados Unidos en Oriente Medio tuvieron como propósito excluyente el pillaje de las inmensas reservas petroleras de los países del área, su activo involucramiento en el golpe en Bolivia tiene un solo nombre: litio. Y un recurso que ya es estratégico para la industria militar estadounidense obliga a abandonar todo escrúpulo legal o ético, como ya ocurriera en Irak, en Libia, en Siria. (…)
Entre esas políticas (feroces y represivas) figura la pertinaz persecución de altos funcionarios del gobierno de Evo asilados en la embajada de México en La Paz y a quienes se les niega la emisión de un salvoconducto para que puedan abandonar el país sin mengua de su integridad física. Se trata del Ministro de Gobierno Juan Ramón Quintana; el intelectual y ex ministro Hugo Moldiz; la ministra de Culturas Wilma Alanoca; el gobernador de Oruro Víctor Hugo Vázquez; el director de gobierno electrónico Nicolás Laguna; el ministro de Defensa Javier Zavaleta; el de Justicia Héctor Arce, el de Minería Félix César Navarro, y el viceministro de Desarrollo rural y agropecuario Pedro Damián Dorado.
La brutal dictadura instaurada por la Casa Blanca y sus torvos compinches autóctonos actúa como las mafias: capturando rehenes para poder así cometer sus fechorías sin impedimento alguno. Es crucial que la presión internacional obligue a la satrapía instalada en La Paz a poner fin a esa práctica. Se impone la necesidad de que los organismos de derechos humanos de todo el mundo, privados tanto como oficiales e incluyendo también a los del sistema de Naciones Unidas, presionen a los golpistas para que cesen las persecuciones políticas y otorguen los salvoconductos a quienes los requieran. Y también que hagan saber a Áñez y su pandilla que sus crímenes no quedarán impunes, y que más pronto que tarde deberán dar cuenta de ellos ante algún tribunal. Y su condena, estamos seguros, será ejemplar.
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