POR EL DERECHO A UNA VIDA SIN VIOLENCIA PARA LAS MUJERES
Este 25 de noviembre, como muchos otros más, nos volvemos a encontrar en las calles, feministas, mujeres y todas aquellas personas que consideramos inaceptable las violencias contra las mujeres, violencias tantas veces naturalizadas y toleradas en nuestras sociedades. El 25 de noviembre se convirtió en fecha clave del movimiento feminista y de mujeres, cuando en 1981 se decidió en el Primer Encuentro Feminista Latinoamericano y del Caribe desarrollado en Colombia, que fuera una jornada de lucha, de debates, de demanda de un derecho humano básico: que no hubiera violencias en nuestras vidas. Una fecha que recuerda la violación, la tortura y el asesinato de las hermanas Mirabal, tres mujeres dominicanas que participaban en la resistencia a la dictadura de Trujillo. Nació así, en ese contexto latinoamericano de luchas por la democracia, una fecha latinoamericana y luego internacional, en que se unificó en todos los países la demanda de una vida sin violencia para las mujeres. Hoy se ha logrado avanzar en la consideración pública de este problema; nadie queda indiferente ante algunos casos de violencia extrema. Pero, gran parte de lo que hemos logrado nombrar y conceptualizar como violencia, sigue ocurriendo en nuestros lugares de trabajo, en nuestras familias, en nuestros centros educativos y de salud. Nombres y conceptualizaciones que parten de la experiencia de sufrimiento de muchas mujeres que poco a poco van hablando. Hoy, también se ha logrado avanzar en el reconocimiento de nuestros derechos en convenciones internacionales, legislaciones nacionales y provinciales, aunque con algunas deficiencias que todavía hay que salvar. Esto habla del impacto de nuestras demandas al Estado. Sin embargo, las políticas del Estado en todas sus jurisdicciones distan de acercarse a dichas normativas, ya que han sido diseñadas para trabajar solamente cuando la violencia interpersonal que se da en relaciones afectivas y familiares ya se ha desatado. Cuando las mujeres recurren al Estado luego de años de violencia psíquica, cuando los golpes y los maltratos físicos ya se han hecho evidentes, cuando el temor ya se ha instalado en la vida cotidiana. Y es muy importante. Pero, la desprotección en el acoso laboral y escolar, la violencia obstétrica, la violencia institucional dirigida contra trabajadoras sexuales, la violencia mediática, siguen sin ser atendidas.
El Estado provincial está obligado, por su carácter de Estado, a respetar y garantizar la Convención Interamericana Belém do Pará para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Pero sólo cuenta con la Ley Provincial de Violencia Familiar, la cual por el objeto de su ley, la violencia familiar, restringe la concepción y en consecuencia la atención, a la violencia que se desarrolla en el ámbito familiar, desatendiendo así las diversas violencias que viven las mujeres en nuestra provincia. Por otra parte, el Estado provincial incumple la propia Ley de Violencia Familiar: la ley creó la Dirección de Violencia Familiar bajo la égida del Ministerio de Justicia y en la última gobernación de De la Sota, pasó a depender del Ministerio de Desarrollo Social sin mayores explicaciones y si bien, la ley considera la realización de acciones de prevención por parte de los Ministerios de Salud y de Educación, aún no se han realizado acciones sistemáticas de transversalización para que dichos ministerios trabajen articuladamente en la prevención. Asimismo, la ley contempla un Consejo Consultivo que se convocó en dos oportunidades en la anterior gestión del Ministro Angulo, del que participaba la UNC entre otros actores, sin embargo desde el año 2011 nunca más se reunió. Ni qué decir de la negativa del Estado provincial a adherir a la Ley Nacional N° 26.485 -la primera ley en señalar explícitamente las violencias contras las mujeres siguiendo las definiciones de la normativa interamericana- no brindando los procedimientos necesarios para implementar dicha ley en nuestra provincia. Podríamos también mencionar a la institución judicial, y las dificultades para el acceso a la justicia por parte de las mujeres. Mencionaremos solamente la escasa formación de jueces y fiscales en perspectiva de género y derechos humanos. Y la institución policial y el incumplimiento a su propio protocolo cuando no toman debidamente las denuncias. Pero el Estado es también la universidad. Como ya dijimos en nuestro Pronunciamiento del 3 de junio, en el marco de la Marcha Ni una Menos, nos urge que la universidad asuma el compromiso que le cabe en esta problemática. La universidad forma profesionales de la salud, del derecho, de la gestión y el trabajo social, de la educación, de la administración pública; forma investigadores sociales y políticos. Y forma docentes en el campo de la educación secundaria, terciaria, y universitaria. Su posibilidad multiplicadora sería enorme, si en la formación que se imparte se brindara educación en derechos humanos, se informara sobre las legislaciones que deben atender y cumplir en esa materia, y se enseñara a trabajar de manera de atender en forma pertinente y adecuada a dicha problemática. Mientras no se haga esto, seguiremos encontrando profesionales que, aun con las mejores intenciones, no logran acompañar en procesos de autonomía y resolución de la violencia a las mujeres que atraviesan esas situaciones, y peor aún, con profesionales que minimizan las situaciones de violencias, las desatienden, las ignoran, y en ocasiones maltratan a las mujeres.
Por todo esto l*s invitamos a seguir discutiendo, debatiendo y transformando en cada uno de nuestros lugares de trabajo y de actividad social y política. Es necesario repensar si de lo que se trata solamente es pedir más presupuesto -porque no sabemos si sólo se utilizaría para más botones antipánicos- o más profesionales -lo cual no deja de ser necesario siempre-. Lo que exigimos, lo que nos parece indispensable es otra forma de trabajar y concebir este problema, sin victimizar, reconociendo la autonomía de las mujeres y asumiendo la necesaria integralidad y transversalidad de políticas y prácticas. Para ello, solicitamos al Estado provincial el necesario diálogo con las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres, así como con los espacios de género y feministas de la Universidad Nacional de Córdoba, de modo de aportar la experiencia acumulada y el desarrollo de pensamiento critico a políticas públicas integrales, eficaces y participativas.
