Dentro del bar del Club Atlético Belgrano, ubicado en el corazón del tradicional barrio de Alberdi -Arturo Orgaz 550-, el jueves 18 de septiembre se llevó a cabo la charla “Experiencias en territorio”, en el marco del segundo encuentro del ciclo “¿De qué seguridad estamos hablando?”. Participaron de la mesa Cristina Techera, de la Red Buhito; Mariano Cessano, miembro de la Comisión Municipal de la Memoria Río Cuarto; el abogado Juan Borghi, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Tercero;  bajo la moderación de Javier Robledo, coordinador de la Comisión de Trabajo contra la Violencia Institucional e integrante de la Mesa Provincial por los DDHH de Córdoba.

El color celeste intenso del club, sumado a las imágenes de los jugadores de Belgrano que pueblan de entusiasmo las paredes internas del bar más pirata de Alberdi, le imprimieron una atmósfera singular a este segundo encuentro del ciclo. Con el espíritu extensionista de llevar a los barrios este tipo de debates y articular el trabajo de manera colectiva con distintas instituciones y organizaciones sociales, la actividad se trazó por objetivo compartir experiencias sobre cómo se vive la política de seguridad en distintas localidades de la provincia de Córdoba.

Virginia Carranza, secretaria de Asuntos Estudiantiles de la FFyH, fue la responsable de presentar la actividad y agradecer a su vez a las autoridades del  Club Atlético Belgrano por convocar y abrir las puertas de la institución, sumándose así  a los objetivos conjuntos del ciclo. Carranza explicó que  la puesta en marcha de estos debates busca interpelar las políticas relacionadas a la seguridad que, a lo largo de las últimas décadas, se vienen implementando en todo el territorio provincial. Bajo esta dinámica y con la experiencia de distintos especialistas, durante cada encuentro se analiza de manera crítica la criminalización de la pobreza y de la juventud, la segregación territorial y el aumento exponencial de detenciones arbitrarias, sumado a los casos de violencia institucional en villas, barrios y en contextos de encierro. Todos estos sucesos, dijo, lejos de constituirse en marcos de protección para la ciudadanía, terminan por socavar los fundamentos de la vida democrática y la posibilidad de construir una “seguridad” con derechos para el conjunto de todos los ciudadanos.

Antes del dar paso a los disertantes, Carranza recordó que el Ciclo “¿De qué seguridad estamos hablando?” es organizado en forma conjunta por la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC y  la Mesa Provincial de Trabajo por los Derechos Humanos – Córdoba, con el apoyo de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNC, ADIUC, el Centro de Estudiantes de la FFyH, el Archivo Provincial de la Memoria, el Observatorio de Prácticas en Derechos Humanos, Radio Nacional Córdoba, la Asociación Pensamiento Penal, la Campaña Nacional contra la Violencia Institucional, la Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Córdoba, la Comisión de la Memoria de la ciudad de Río Cuarto y la Secretaría de Derechos Humanos dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.

“El Estado es siempre un territorio en disputa”

El moderador de la mesa de fue el joven Javier Robledo, quien actualmente se desempeña como coordinador de la Comisión de trabajo contra la violencia institucional, creada en 2013 y es además integrante de la Mesa Provincial por los DDHH de Córdoba. En su intervención puso en valor todo el trabajo que se viene realizando entorno a la creación del “Registro Municipal de detenidos por contravenciones, demorados y maltrato institucional”. Según explicó, se trata  “de una herramienta  estatal que busca frenar al abuso de la Policía provincial, que viene actuando bajo el polémico Código de Faltas”. Resulta interesante, dijo, que el Estado pueda controlar a otro organismo estatal.  Pero la complejidad radica en que ciertos sectores de propia Policía provincial son los responsables de generar inseguridad ya que, por ejemplo, en muchos barrios de la ciudad, son los que manejan la venta de droga. 

Cristina Techera, por su parte, es trabajadora social, integra de la Red Buhito y desde hace 20 años se desempeña de manera profesional  en la SENAF (Penal Juvenil). Es además docente secundaria  en la zona sur  de Córdoba y miembro de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos en el Área de Educación y Niñez. Techera comentó que la Red Buhito por los Derechos de Niños, Niñas, Adolescentes fue creada en 1995 como un proyecto extensionista  de la Escuela de Trabajo Social. Según detalló, se trata de una herramienta de construcción colectiva que busca implementar ciertos mecanismos  de defensa  para contrarrestar el abuso policial que en la Provincia funciona amparado dentro de un sistema represivo, donde las principales víctimas son los jóvenes que pertenecen a los sectores más vulnerables. Así, a lo largo de casi dos décadas, esta red se ha manifestado en contra del Código de Faltas, en contra de las políticas de tolerancia cero, y ha impartido talleres de capacitación en escuelas y en distintos centros de estudiantes de territorios urbano-periféricos de nuestra ciudad. Otro rasgo distintivo de la Red es su constante articulación con organismos estatales, con sectores extensionistas de la UNC, con los CPC y con diversos colectivos y organizaciones sociales que trabajan a favor de los DDHH. Otras de las acciones, añadió, es el diseño de estrategias y el asesoramiento en la defensa de jóvenes imputados en detenciones arbitrarias, que se realizan bajo el Código de Faltas. Techera argumentó que “el Estado es siempre un territorio en disputa” y que uno de los objetivos de la Red Buhito es “capacitar a los jóvenes  para que logren posicionarse como sujetos de derechos y sean capaces de intervenir en la agenda pública”.

La inclusión social

Luego el abogado Juan Borghi, integrante de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Río Tercero, brindó un panorama completo sobre cómo funciona en esa ciudad la política de seguridad  provincial. Dijo que actualmente los principales problemas son prácticamente los mismos que se suceden en Córdoba capital: detenciones arbitrarias de jóvenes entre 18 y 25 años que provienen de barrios periféricos, abusos policiales y un marcado hostigamiento en espacios públicos. Borghi narró que continuamente en Río Tercero existen jóvenes detenidos por la figura del merodeo, teniendo que soportar hasta tres días de prisión preventiva. “Es una situación muy compleja” dijo, y desde APDH se los asesora ante cada situación de maltratos y de estas detenciones ilegales, producidas al amparo del Código de Faltas. También comentó que desde APDH visibilizan estas irregularidades en los medios  de comunicación y adelantó que entre sus objetivos se encuentra la creación de un Colectivo de Padres que logre funcionar como un espacio de acción y también de encuentro. En ese marco, piensan  en la necesidad de crear un Registro de detenidos por contravenciones arbitrarias, con el fin de sistematizar las cantidad de irregularidades de que de la que son víctimas, principalmente los jóvenes.

Finalmente tomó la palabra Mariano Cessano, quien es miembro de la Comisión Municipal de la Memoria Río Cuarto. Una organización que, según explicó, lleva adelante diversas actividades con relación a la Memoria, la Verdad y la Justicia, desarrollando acciones a favor de la plena vigencia de los Derechos Humanos. Cessano comentó la experiencia de haber creado en Río Cuarto el Registro de Detenciones y Demoras por Contravención: una herramienta que permite encontrar datos necesarios para visibilizar situaciones de violencia institucional. El registro cuenta ya con la elaboración de un cuarto informe que, además de sistematizar datos, pretende dar acceso a la justicia a aquellas personas que así lo requieran.  “En este caso el Estado municipal actúa como un paragua del abuso del Estado provincial”, dijo.

En el cierre de su intervención remarcó la necesidad de trabajar no sólo en la denuncia de todos los abusos y las irregularidades que se cometen; sino también y fundamentalmente actuar en forma articulada con distintos sectores del Estado a favor de la educación y la inclusión social para que cada joven se sienta sujeto de derecho y logre ejercerlos.

Texto y fotos: Irina Morán

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