En tiempos de candidaturas presidenciales en carrera hacia el 2015, presentamos algunos hitos de la gestión delasotista en materia de políticas de seguridad. En el Estado neoliberal cordobés, no solo la policía sino también los vecinos han sido dotados legalmente para controlar, delatar y perseguir al otro de clase, en una oscura lógica de vigilantismo o caza del enemigo, es pos de un supuesto resguardo por defender lo que se ha construido como el territorio de lo propio.
El sociólogo Gabriel Kessler opina que “el miedo urbano es en gran medida el temor al otro (…). Es así como el miedo al crimen puede entrar en contradicción con una de las cualidades mayores de la ciudad moderna, la celebración de la diferencia. Preocupa entonces que si las formas de disminuir el miedo son el mayor control del espacio público, ¿significa entonces que para satisfacer la demanda de seguridad es necesario restringir los espacios democráticos en las ciudades?”
Repasamos de manera cronológica algunos acontecimientos que dan cuenta de cómo se ha construido el concepto de seguridad implementado por distintos actores e instituciones en la provincia de Córdoba durante la gestión delasotista.
20 de diciembre de 1998. Asume como gobernador de la provincia José Manuel De la Sota, quien ocupa ese cargo durante tres períodos consecutivos.
Julio de 1999. El primer regalo que recibe el primer ministro de Justicia de la gestión delasotista, Carlos Lascano, es un ejemplar, en inglés, de Arreglando las ventanas rotas, Restaurando el orden en las ciudades. Se trata del manual en el que el instituto republicano estadounidense, Manhattan Institute -pieza clave en la propuesta de seguridad cordobesa-, explica su doctrina de la mano dura y la tolerancia cero: el Estado debe prevenir cualquier conducta que implique riesgos para el mercado (hace hincapié en desórdenes menores como cortar una calle, prostitución callejera, mendicidad, romper una ventana, hacer grafittis, entre otros, bajo el lema de que si no se reprimen, pueden conducir al crimen). Se instala un sentido de seguridad que protege la propiedad privada y las personas, en desmedro del resguardo de otros derechos sociales y también individuales como el de la libre circulación por el territorio urbano.
Octubre de 2004. El Manhattan llega a Córdoba (su desembarco en la Argentina había sido en 1998, de la mano del entonces presidenciable Eduardo Duhalde) para asesorar al gobierno provincial en materia de Seguridad, acompañado de Juan Carlos Blumberg cuya fundación “Axel Blumberg” firma con el gobierno provincial un acuerdo marco para poner en marcha un plan de tolerancia cero en Córdoba. El representante del Manhattan para Latinoamérica, Carlos Medina dice en una entrevista por Radio Universidad: “los chicos limpiavidrios y las prostitutas forman parte del terrorismo urbano que debilita el Estado de Derecho”.
15 de febrero de 2005. Seis muertos es el saldo de un motín producido el penal San Martín que tiene en aquel momento más de un 90% de sobrepoblación carcelaria, según lo registra el Informe Alerta Argentina 2005 para el caso Córdoba. “Nos vimos obligados a reprimir para evitar una fuga” dice entonces De la Sota, quien se define: “Soy el Gobernador de todos los cordobeses, y lo soy para garantizar los derechos humanos de los que trabajan, de las familias, de los decentes”.
4 de mayo de 2005. Con una oposición sin quórum en la Unicameral, se aprueba por mayoría oficialista la nueva Ley de Seguridad de la Provincia de Córdoba 9.235/05. Esta Ley introduce por primera vez la categoría de terrorista en la normativa provincial. Y otorga a la policía la posibilidad de su persecución. También, como novedad, crea las Juntas de Participación Ciudadana, bajo la órbita del Ministerio de Seguridad. Estas posibilitan que cierto sector de la ciudadanía sea “auxiliar policial” y que pueda “realizar labores de seguimiento, denuncias o quejas respecto a irregularidades”. Legalización de prácticas parapoliciales, colaboracionismo y delación entre ciudadanos que propenderá a controlar la circulación de los portadores de rostro, que propiciará la delación de aquellos vistos como extraños al territorio y al barrio propio,los merodeadores construidos como presuntos delincuentes. Todo en nombre del orden, la paz, la convivencia y la tranquilidad. En la discusión parlamentaria, el portavoz del proyecto, el legislador por el Frente para la Victoria Luis Arias, utiliza uno de los libros del criminólogo abolicionista noruego Nils Christie, Una sensata cantidad de delito, para legitimar la sanción de la ley antigarantista. Reconvierte el sentido de la propuesta del noruego, quien considera la importancia de los lazos entre vecinos para evitar la acción policial, antes que para controlar y delatar. En sus escritos, Christie denuncia cómo los Estados debilitados necesitan autojustificarse imponiendo temas como la lucha contra el delito.
1º de noviembre de 2011. En el marco de un escándalo por detenciones masivas en el que está imputado el comisario Pablo Márquez, un legislador de la oposición presenta en la Unicameral un proyecto para derogar la figura del merodeo del Código de Faltas de la provincia. Se activa una discusión pública que reaviva estigmatizaciones racialistas (se debe sospechar del color de la piel pero también, y sobre todo, de la pobreza) propiciadas por el Estado. El cronista Ariel Mansilla, del canal público universitario, cubre la presentación legislativa y dice al aire: ”yo, la señora que pasa, el auto, los que salimos de la casa o cuando volvemos a casa y vemos sujetos sentados al frente de nuestra casa, en la vereda, en la verja, que no sabemos quiénes son, no son del barrio y por eso tenemos la policía, por eso llamamos a la policía, para que vengan y los controlen, para saber qué están haciendo allí (…)”. Defiende las detenciones por merodeo, y traza una apología de la discriminación por portación de rostro: “vayamos caminando por Obispo Castellano. Vamos nosotros, caminando, y de pronto vemos a alguien bien vestido, que camina bien, que viene con un bolsito, con pinta de laburador y vamos por esa vereda, yo y un montón de gente más vamos a seguir caminando por esa vereda. Si vemos a alguien con otra pinta, con otra traza, que nos resulta sospechoso, que tiene unas vestimentas muy particulares, o formas de caminar, de hablar, de mirarte, yo me siento amenazado y cruzo la vereda”.
Márquez es acusado por una policía quien afirma que el entonces titular de la División del Comando de Acción Preventiva (CAP) ordenaba detenciones ilegales para elevar las estadísticas favorables de los procedimientos, con o sin motivos. Seis años antes, durante la segunda gestión delasotista, la periodista María Fernanda Villosio había sido amenazada de muerte por publicar una denuncia similar en una nota firmada con Bettina Marengo el diario La Mañana de Córdoba. Tras el escándalo que involucró a Márquez, el entonces jefe de Policía, Alejo Paredes, formado en la CIA y en la DEA, niega que hayan existido órdenes desde la Jefatura para que el personal de calle hiciera detenciones arbitrarias. Un mes después, asciende como Ministro de Seguridad.
El mismo día en que se presenta el proyecto para derogar el merodeo, los vecinos de la Junta de Participación Ciudadana más representativa de la provincia, Alta Cba. Segura que funciona en la comisaría de ese barrio se expresan en facebook. Su director, Marcelo Lesta, informa que la Junta compró urnas para que los vecinos delaten anónimamente a quien consideren sospechoso, información que sirve de insumo, luego, a la policía: “la idea es repartirlas estratégicamente en diez comercios distintos de nuestro barrio, con la idea de que vayan rotando, para ir recaudando información todos los sectores de nuestro barrio. Las denuncias serán anónimas”. Respecto de la discusión sobre la derogación de la figura del merodeo expresa: “yo estoy absolutamente en contra de toda modificación. Si esto se modifica quedamos totalmente desprotegidos y la policía desarmada por completo. Estoy a favor de que se respeten los derechos ‘humanos’, pero los derechos humanos también son para las víctimas. Los que quieren hacer esa reforma quieren hacer política y hacerse los buenitos. Habría que ver si no llaman a la policía cuando ven a un sospechoso”. Los vecinos de esa Junta festejan en el sitio web lo postulado por Lesta quien, tres años después, es el representante de las Juntas invitado por el Estado a firmar un acuerdo marco de seguridad con la plana mayor policial de la provincia.
Mayo de 2013. La ciudad, sobre todo los barrios periféricos, se cubre de helicópteros policiales con cámaras que permiten hacer primeros planos con gran nitidez. Tecnología que promete proveer mayor control sobre lo que se denomina oficialmente inseguridad ciudadana. Paredes, formado en la CIA y en la DEA, presenta su renuncia.
Diciembre de 2013. La policía se autoacuartela en reclamo de mayores sueldos y equipamiento y se autoproclama dueña de la calle. Corren rumores acerca de que algunos saqueos podrían haber sido organizados por la misma policía desde sus cuarteles. Un sector de la ciudadanía sale armada a defenderse de otros ciudadanos, que considera sospechosos. Se actualiza la caza del otro en una lucha cuerpo a cuerpo por el territorio que se considera propio.
7 de febrero de 2014. Algunos medios denuncian vinculaciones de la policía, en particular de la Dirección de Drogas Peligrosas, con el narcotráfico. Detienen a policías.
31 Marzo de 2014. Vecinos del barrio Irupé linchan en la calle a un hombre de 34 años a quien acusan de intentar robar la mochila de una adolescente. Se producen otros linchamientos en el país.
23 de abril de 2014. Se firma un convenio marco entre la Policía de la Provincia y la Subsecretaría de Participación Ciudadana, entre el Jefe de Policía, Julio César Suárez; el Subjefe; el Subsecretario de Participación Ciudadana, Diego Hak y dirigentes barriales, centros de almaceneros y vecinos en general. Entre ellos, se destaca la reaparición de de Marcelo Lesta, invitado como representante de las Junta de Participación Ciudadana más emblemática de la provincia, como se ha mencionado. El Jefe policial destaca la “policialización de la ciudad”, en una lógica que da continuidad a la propuesta oficial de “involucrar al vecino en la problemática de la seguridad (…) conjuntamente con la Policía”, según Hak.
25 de abril de 2014. Se publican fotos de policías armados que exponen durante horas, ante la prensa, a decenas de ciudadanos encapuchados, con las manos atadas, encerrados dentro de un corralito destinado a animales. Sujetos reducidos a un estado bestial que linda con la animalidad, privados de sus derechos ciudadanos y de su estatuto humano. Al menos quinientos efectivos participan de este megaoperativo en el que se detienen también a menores de edad.
Fines de abril de 2014. De la Sota viaja a Estados Unidos para buscar apoyos para la lucha contra el narcotráfico, en el marco de la recién creada Fuerza Policial Antinarcotráfico, que será organizada, seleccionada y conducida por el Fiscal General del Poder Judicial. Visita además, el Centro Internacional de Estudios Estratégicos, el Inter American Dialogue y al Subsecretario del Departamento de Comercio de USA, al Director del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental en EEUU y oficial de Servicio Exterior del Departamento de Estado. También mantiene reuniones con el FBI y la DEA. El viaje se da en un contexto de definición de las candidaturas para las próximas elecciones a la presidencia de la Nación.
7 de mayo de 2014: Un grupo de familiares de jóvenes muertos por la policía en supuestos asaltos acusa a la policía de “gatillo fácil” y convoca a una marcha bajo el lema: “Por todos los jóvenes asesinados en manos de la policía”. Como respuesta, el jefe de la Policía de Córdoba, Julio César Suárez, ratifica que los efectivos imputados por la muerte de los jóvenes actuaron en «legítima defensa» y destaca el trabajo policial.
8 de mayo: En el día contra la Violencia Institucional, numerosas organizaciones de la sociedad civil se convocan para denunciar las prácticas institucionales violatorias de los derechos humanos. Al mismo tiempo, otros vecinos colocan en sus barrios urnas anónimas para delatar a los extraños; piden más cámaras de seguridad en las plazas y puertas de escuelas públicas; más helicópteros policiales sobrevolando la ciudad. Aplauden y colaboran para que, en las calles de Córdoba, cada diez minutos la policía continúe levantando a un pibe por “Código de Faltas”, legalidad contravencional que otorga mayores facultades a la policía que a un juez y la habilita a detener personas por portar rostro de sospechoso, eufemismo por el que se detienen sujetos degradados, que portan en sus cuerpos marcas que cruzan estigmas de raza y posiciones de clase.
Hasta la fecha, el Estado de la provincia de Córdoba no ha propuesto poner un límite legal a las facultades de la institución policial sospechada y acusada de corrupta y violenta. Mientras tanto, empodera legalmente a ciertos sectores de vecinos con la atribución de ser auxiliares de la policía.
Frente a este panorama, es necesario recuperar el concepto de política, bastardeado por las consignas neoliberales de gestión del riesgo enmarcadas en una racionalidad instrumental. Se impone el desafío de rediseñar un nuevo paradigma de seguridad democrática en el que, entre otras cosas, la policía no tenga mayores atribuciones que un Juez. Es preciso frenar el proceso de autonomización policial.
Para que la democracia representativa deje de ser una proclama y pase a ser un hecho, se debe hacer efectiva la división de los poderes del Estado, cuya supervivencia depende de la recuperación su autonomía frente a las corporaciones, el capital y al mercado. Resulta imperioso garantizar el cumplimiento de lo consignado por la Constitución Nacional y los tratados Nacionales a los que esta adhiere, en particular en lo que concierne al respeto de la igualdad de todos los ciudadanos frente sus derechos sociales e individuales.
Por su parte, la Universidad debe salir del lugar cómodo de la mera crítica y diálogo entre pares. Se requiere un esfuerzo de traducción de los saberes académicos, con el cuidado de que la producción y transmisión de conocimientos no sea banalizada en dicha operación. El rol de la universidad no es menor a la hora de imaginar una transformación del estado de las cosas que aquí se analizan. La Universidad, en tanto parte del Estado, tiene el deber insoslayable de intervenir en el espacio público, con su crítica al sentido común que pregna la actualidad y con propuestas transformadoras. Por supuesto, esta “batalla cultural” no agota otros espacios para imaginar un cambio en el campo de lo que en esta actualidad imaginamos como único horizonte posible.
Por Daniela Spósito
Magister en Comunicación y Cultura contemporánea y Doctoranda en Semiótica (UNC). Especialista en discursos mediáticos y jurídicos sobre (in)seguridad ciudadana y violencia institucional. Miembro del Observatorio de Derechos Humanos de la UNC.
Fotografías: Gentileza Colectivo Manifiesto. Marcha del 7 de mayo de 2014 en Córdoba Capital, en contra del gatillo fácil, bajo el lema: “Por todos los jóvenes asesinados en manos de la policía”.
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