Juan Pablo Abratte participó en un encuentro de educación en la Universidad Nacional de General Sarmiento, donde coordinó el panel “Hacia un proyecto educativo nacional y federal” integrado por Alberto Sileoni, Daniel Filmus, Adriana Puiggrós y Silvina Gvirtz. En esta columna, comparte sus reflexiones sobre las políticas educativas que el macrismo intenta imponer, corriendo al Estado de su rol de garante del derecho a la educación para las mayorías, basado en una idea de mercantilización del sistema que excluye y precariza la tarea docente.
Estamos en un momento crucial, en el que se juega el futuro del país en un sentido profundo y abarcativo. Por eso creo necesario reflexionar y debatir políticamente entre todos aquellxs que vemos día a día el retroceso en los derechos para las mayorías populares. Un retroceso que atraviesa todas las esferas de lo social y obviamente también a los sujetos, las instituciones y las prácticas educativas. Abro estás reflexiones poniendo de relieve tres aspectos que reconfiguraron el lugar del Estado en el campo educativo desde el año 2003 hasta 2015.
Así como la transferencia de las instituciones educativas nacionales a las provincias durante el menemismo generó las condiciones para la sanción de la Ley Federal de Educación, y con ella una reforma neoliberal que puso al Estado en un rol de regulación y control del sistema educativo desresponsabilizándolo de su lugar como garante del derecho a la educación para las mayorías, la Ley de Financiamiento Educativo de 2006 generó la posibilidad para la ley de educación nacional. Esta ley reposicionó al Estado Nacional como responsable del sostenimiento del sistema y permitió que los principios planteados en el texto de la ley fueran bastante más que una retórica política y jurídica.
Si la ley pone de relieve la noción de educación como derecho, si impide la mercantilización de la educación mediante la suscripción de tratados bilaterales y plantea la inclusión como un eje de las políticas educativas, fue porque esa ley desdibujó claramente el sentido neoliberal del Estado Nacional en los noventa y lo rediseñó en clave de derechos.
Es esa ley -que sigue vigente aunque sea desconocida por el actual gobierno- la que permitió resignificar el lugar del Estado Nacional en la política educativa, asumiendo efectivamente su rol de garante del derecho a la educación en todos sus niveles. La suspensión de la paritaria nacional docente no es sólo una medida de ajuste y restricción de la participación gremial en las discusiones salariales. Es también un símbolo de un Estado Nacional que además de incumplir la ley, resigna su rol como actor central de la política educativa, corriéndose del rol que debe cumplir a la hora de fijar un piso salarial mínimo mediante una negociación colectiva, para hacerlo solo desde un lugar de “canchero” -como suele afirmar el macrismo- para que los actores estatales y no estatales puedan realizar sus acuerdos específicos.
Es decir, así como el kirchnerismo pudo correr el horizonte del derecho a la educación en un escenario signado por leyes claramente neoliberales aprobadas durante el menemismo, el macrismo puede restringirlo en el marco de legislaciones nacionales y populares. Ese horizonte -siempre delimitado por contextos económicos sociales mediáticos ideológicos- es siempre político y depende crucialmente de que logremos un amplio apoyo mayoritario que nos permita correrlo colectivamente del lugar retrasado en que lo han dejado las políticas actuales.
Un segundo aspecto: el gobierno anterior supo hacer una lectura histórica y a partir de esa lectura poner al docente y a la formación de maestros como pieza estratégica de la política educativa. De la misma manera que el normalismo pudo –pese a sus contradicciones- configurar un sistema educativo moderno y democrático en la etapa fundacional del estado, las reformas neoliberales pretendieron configurar un sistema sin la participación activa de los docentes como actores y actrices centrales. La creación del Instituto Nacional de Formación Docente y las políticas de formación docente diseñadas a nivel federal con un protagonismo innegable del estado nacional, constituyen una estrategia relevante para cualquier política educativa que se pretenda democrática e inclusiva. Seguramente debemos preguntarnos qué faltó para que los docentes se sintieran interpelados por estas políticas, y seguramente éste sea uno de los primeros desafíos de un nuevo gobierno a partir de octubre.
En tercer y último lugar, enfocarnos en las políticas de inclusión en sentido amplio que van desde la AUH, los programas de becas y el Conectar Igualdad, el Canal Encuentro, los CAJ y los CAI, los programas de orquestas juveniles, los programas de deporte y cultura, entre otros, que eran sostenidas por el Estado Nacional y fueron desmanteladas y transferidas a las Provincias, que para sostenerlos dependen de sus posibilidades técnicas o financieras. Algo que es una afrenta no sólo al principio de inclusión y de equidad en el mejor sentido del término, sino también al federalismo, que termina reducido a un mecanismo de reproducción de desigualdades regionales y sociales, con las Provincias otra vez responsabilizándose de garantizar lo común, que además cada vez resulta menos común y más diferencial en un sentido mercantilista y salvaje.
Sabemos que se avecinan tiempos muy difíciles, que van a requerir nuestro compromiso político y pedagógico. Sabemos que «No es por acá» como nos quieren convencer con balbuceos y campañas mediáticas. No es por la meritocracia, no es por la igualdad de oportunidades distribuidas por el mercado, no es por un sistema educativo sin docentes, no es por las fórmulas mecánicas de articulación escuela-empresa. Tampoco por el emprendedurismo educativo ni por la despedagogización, que no es otra cosa que la despolitización de la educación. Pero sabemos también que son tiempos de esperanza, pese a la profundidad de la debacle. Abrir estas reflexiones y escuchar a académicos, intelectuales y políticos, a docentes y estudiantes, a sindicatos y organizaciones sociales y educativas nos va a permitir pensar colectivamente los desafíos que enfrentamos.
Juan Pablo Abratte
Decano de la Facultad de Filosofía y Humanidades – UNC