La CIDH reclama al Estado esclarecer la muerte de un periodista argentino en Bolivia.

Según el relato, el hecho ocurrió días después de la toma de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 9 de noviembre, por parte de “grupos violentos que pedían la renuncia” de Evo Morales. POR RUBÉN ATAHUICHI para La Razón

En el informe anual de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), reclamó del Estado el esclarecimiento de la muerte de un periodista argentino en una situación confusa durante la crisis de noviembre.

“Para esta oficina es fundamental que el Estado investigue de forma completa, efectiva e imparcial los asesinatos de periodistas y esclarezca sus móviles y determine judicialmente la relación que pudieran tener con la actividad periodística y la libertad de expresión”, dice el texto en relación a la muerte del corresponsal del diario argentino Página/12 en Bolivia, Sebastián Moro

Según el relato, el hecho ocurrió días después de la toma de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), el 9 de noviembre, por parte de “grupos violentos que pedían la renuncia” de Evo Morales.

“Un día después, el 10 de noviembre, y tras haber enviado el último artículo al medio argentino sobre la situación en Bolivia, el periodista fue encontrado inconsciente en su domicilio y fallecería seis días después en una clínica privada”, dice el informe.

Cita un parte médico que señala “un ACV (accidente cerebro vascular), aunque la familia ha denunciado que podría haber posibilidad de que haya sido asesinado por su trabajo periodístico”.

“Mi hijo denunció al golpe de Estado en Bolivia y murió a los pocos días de una forma muy sospechosa”, denunció la madre del malogrado periodista, Raquel Rocchietti, en una publicación el diario Página/12 del 15 de febrero de este año.

“La CIDH y su Relatoría Especial han recibido información sobre las circunstancias poco claras que rodean la muerte del periodista, entre ellas, el parte médico sobre politraumatismos en su cuerpo”, señala el informe.

Además, el documento cuenta la desaparición de “herramientas de trabajo en su domicilio, como ser la grabadora, el chaleco y una libreta de anotaciones”. También “llamados telefónicos borrados del celular y según denuncias presentadas por la familia, la clínica privada habría secuestrado los documentos médicos del periodista”.

Firmado por el relator Edison Lanza, el informe recuerda que la CIDH expresó en la crisis de octubre y noviembre su preocupación sobre casos de “persecución y hostigamiento” a periodistas independientes y comunicadores populares.

Cita entre ellos el corresponsal de la Izquierda Diario Carlos Cornejo, el artista Leonel Jurado, el colaborador de Desinformémonos de México Juan Trujillo, el estudiante de cine de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) Alexander Fernández y los gestores de redes sociales Orestes Sotomayor y Alejandra Salinas, “a través del uso de figuras penales como ‘terrorismo’ y ‘sedición’”.

También recuerda la amenaza de la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, con procesos penales a periodistas y “pseudoperiodistas”, nacionales e internacionales, por sedición. “Además, indicó que ‘esos periodistas ya están identificados´ y que el ministro de Gobierno ‘va a tomar las acciones pertinentes’”, cita el informe.

El documento hace un repaso a decenas de casos de violación a la libertad de expresión durante 2019, en los gobiernos de Morales y Jeanine Áñez.

Sobre lo más reciente, dice que durante la crisis de octubre y noviembre recibió denuncias sobre ataques a reporteros de los diarios El Deber, La Razón, Página Siete, Los Tiempos, Opinión y Prensa Rural, además de la Agencia de Noticias Fides (ANF) y de los canales de televisión, ATB, Unitel, Gigavisión, Red Uno, Bolivisión, PAT, Tele C y Abya Yala, de las radios Pio XII, Erbol, Radio Patria Nueva, Radio Kawsachun Coca, Radio San Simón y Radio Ichilo, entre otras.

Entre octubre y noviembre el país sufrió una grave crisis política a raíz de las irregularidades detectadas en las elecciones del 20 de octubre por la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), que derivó luego en la renuncia de Morales y la sucesión “ipso facto” de Áñez.

Los conflictos posteriores al cambio de gobierno degeneraron en las masacres de Sacaba y  Senkata, como llama la CIDH, “que segó la vida de 35 personas” debido a operativos combinados entre las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana.

http://www.oas.org/es/cidh/docs/anual/2019/docs/IA2019RELE-es.pdf

Foto: gentileza América TV

Nota original: Aquí

 

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