El segundo panel de derechos humanos organizado en el marco del Curso de Nivelación de la FFyH propuso reflexionar en torno a los desafíos actuales de la educación superior, los vínculos entre universidad y sociedad y el recorrido político e histórico de las prácticas de enseñanza. Participaron Diego Letzen, Vanesa López y Marina Yazyi, con la coordinación de Julieta Almada.
Siguiendo el abordaje de los derechos humanos como proceso en construcción y no como algo acabado o estático, la propuesta del segundo panel organizado por el Programa Ciclos de Nivelación dependiente de Secretaría Académica y pensado para lxs ingresantes de la FFyH, aportó más elementos y experiencias para reflexionar sobre ese eje. “Desafíos de estudiar en la universidad hoy” fue el título de la propuesta coordinada por Julieta Almada, y que convocó a Diego Letzen, doctor en filosofía y profesor de esta Escuela en primer año, Vanesa López, licenciada en Ciencias de la Educación y ex Secretaria Académica de la Facultad, y Marina Yazyi, especialista en abordaje integral de las problemáticas sociales en el ámbito educativo y prácticas socio-comunitarias.
La construcción del conocimiento como hecho colectivo, del que participan diversos actores sociales que interactúan y dialogan desde un mismo lugar, sin jerarquías ni podios intelectuales, también implica poner en tensión la idea de que la universidad es el ámbito más importante, sino el único, del saber.
Para quienes están dando sus primeros pasos en la institución universitaria, la premisa suena desafiante, invita al debate y a la revisión de lo que se trae acumulado de las experiencias educativas previas. Y esa es precisamente la intención de los paneles: aportar herramientas conceptuales y experimentales que inviten a la participación activa de lxs estudiantes en la vida universitaria. Que es mucho más que acumular conocimientos específicos en una temática o carrea determinada.
El encargado de abrir la discusión fue Letzen, profesor en la Escuela de Filosofía, quien trazó una sintética pero riquísima historia de lo que entendemos por “conocimiento”, empezando por Descartes y la primera idea de racionalidad que en el mundo occidental reemplazó las concepciones espiritistas de las épocas antiguas y medieval. De ahí a Kant y su revolucionaria idea de que el conocimiento es una construcción, el resultado de un proceso sensitivo-cognitivo y experimental, que busca darle un orden a lo que percibimos de la realidad, y que es en ese aprendizaje donde se desarrolla la razón humana, que puede ser de una forma u otra y por lo tanto falible.
Letzen apeló luego a Vygotski, quien sostuvo que el conocimiento se realiza desarrollando actividades que nos obligan a relacionarnos con otrxs desde que nacemos. Entre esas actividades, el lenguaje aparece como la principal. El autor ruso también explica que las personas nos adaptamos al mundo y que la relación entre lo objetivo y lo subjetivo (emociones, afectos), genera una dialéctica en la que las personas asumimos obligaciones y responsabilidades, es decir, una vida humana social y una ética comunitaria. “Por eso el compromiso de aprender no es individual, en este caso de docentes, no docentes, estudiantes, es una obra social, por eso no es el resultado de un sujeto, sino más bien un logro colectivo”, propuso Letzen.
Ante una audiencia de futuros cientistas sociales, el profesor de filosofía se permitió una oportuna recomendación para enfrentar la ola de discursos neoliberales que azotan el mundo del siglo XXI: “Los invito a leer el libro de una autora estadounidense, Marta Nusban, que se llama Sin fines de lucro, en la que destaca cómo las Humanidades importan a la democracia. Ante la racionalidad instrumental, que tiene que ver con el logro de ganancias y la discusión del dinero, de que uno debe producir algo, ella sostiene que está mal planteado, porque las sociedades necesitan el desarrollo de capacidades empáticas, de la comunicación y el lenguaje crítico, de cosas que vayan más allá del lucro, porque caso contrario no vamos a alcanzar una sociedad democrática en la cual vivir y participar”.
Política y universidad
Vanesa López, docente en Ciencias de la Educación con mucha trayectoria en investigaciones sobre políticas educativas en los distintos niveles, compartió con lxs ingresantes un recorrido por la historia nacional del vínculo universidad- sociedad, recuperando los momentos cruciales del sistema universitario argentino. También aprovechó para compartir resultados de investigaciones que abordan el ingreso, la permanencia y la promoción en las universidades públicas argentinas, experiencias que se han visto “agravadas por índices de pobreza acuciantes, sobre todo en la última década, tanto en nuestro país como América Latina”.
López explicó que el nivel secundario como el universitario son los de mayor deserción y abandono, y “comparten la característica de que ambos surgen con una impronta altamente selectiva”. Señaló así la Ley Avellaneda de 1895, que creó el sistema universitario para formar a las élites dirigentes, que aunque se fue democratizando con la Reforma Universitaria (cogobierno, autonomía universitaria, cátedras libres) recién se masificaría en 1947 con la gratuidad de la enseñanza universitaria en el primer gobierno peronista, que implementó el ingreso irrestricto en todas las universidades. Después vino el ciclo de dictaduras con fuertes retrocesos (persecución y éxodos en los ’60, hasta muertes y desapariciones durante el Terrorismo de Estado) para volver a la masividad de la mano de la recuperación democrática de 1983. Con Alfonsín el ingreso fue irrestricto, se reincorporaron docentes cesanteados, se modificaron los contenidos curriculares y la participación política recuperó su vitalidad.
El nuevo cimbronazo llegó con Menem y su Ley de Educación Superior, que es la legislación que regula el sistema actual. En el esplendor neoliberal el gobierno intentó arancelar las universidades y mercantilizar el sistema, pero la resistencia social fue muy fuerte y se frenó. Sin embargo, esa ley establece que cada institución del nivel puede establecer el régimen de admisión, permanencia y promoción de los estudiantes. “Con marcha y contramarchas, a comienzos del siglo XXI se mantiene la tendencia mundial de masificación del acceso a la universidad, pero hay una pregunta para hacerse: qué pasa en la permanencias y la promoción”, advirtió López.
La promoción de derechos se hizo efectiva en 2006 con la Ley de Educación Nacional, que reformó la ley menemista con definiciones fundamentales: es responsabilidad de los estados garantizar la educación, ésta y el conocimiento son derechos humanos y un bien público, prohíbe la mercantilización educativa, establece el ingreso irrestricto en la educación superior estatal, y promueve políticas de inclusión que reconocen las diferentes identidades de género y de los procesos multiculturales e interculturales.
Desafíos pendientes
A pesar de todos los avances conceptuales y las políticas de masificación del ingreso conseguidas desde el 2003, “diversas investigaciones muestran que los porcentajes de abandono y deserción continúan siendo muy preocupantes”, advierte López. “La deserción afecta a estudiantes de los sectores socialmente desfavorecidos, que por sus condiciones sociales, económicas y culturales previas encuentran dificultades para sortear las exigencias del sistema universitario en cuanto a contenidos, lenguajes, etc”. Pero los obstáculos también están dentro de las universidades, que no organizan su propuesta para acompañar las necesidades de lxs actuales ingresantes. “No alcanza con becas y acompañamiento, hay que repensar las propias prácticas de enseñanza del sistema universitario. Explicitar lo que los docentes damos por obvio. La pandemia supuso un desafío extra, porque hubo que trabajar mucho en la alfabetización digital, de estudiantes y docentes. Lo obvio no es tan obvio…, es un tema complejo, de múltiples aristas, pero el derecho a la educación es una cuestión de justicia social, que implica pensar y planificar la enseñanza con políticas que acompañen este camino que ustedes están iniciando”.
Universidad y territorio
La extensión es una de las tres funciones clave de la universidad, junto con la investigación y la docencia. Pero hay maneras de entender qué es el trabajo extensionista. Para Marina Yazyi, de larga trayectoria en prácticas sociocomunitarias y proyectos de extensión, eso implica meter los pies en el barro, caminar los territorios, construir “con” otrxs: “Pongo en tensión el concepto universidad y sociedad como algo ajeno, porque la universidad es sociedad o debería serlo. En las prácticas extensionistas, los actores que no son universitarios o son extra universitarios también producen conocimiento. Cuando hablamos de territorio o instituciones estamos hablando de procesos de conocimiento, creación de saberes, que entran en diálogo con los saberes académicos. Pensar los territorios como espacios de conocimiento es interpelar las jerarquías, las legitimidades de los territorios como producción de conocimiento. Nosotros entendemos y ejercemos la extensión como interrelación de saberes, como diálogo horizontal y democrático con actores sociales. La universidad de arriba hacia abajo o de adentro hacia afuera es un modelo que ponemos en discusión y se ha construido social e históricamente”.
Según este paradigma, que en la FFyH está institucionalizado, “las organizaciones e instituciones también producen conocimiento específico y situado, el tema es cómo se producen esos conocimientos. Poder preguntarnos cómo se construye ese saber, esa experiencia, que muchas veces es muy cotidiana. Cómo hacen las mujeres del barrio para cocinar 150 porciones por día en un comedor comunitario es un ejemplo de ese saber. Para nosotrxs es un posicionamiento político sostener las conversaciones con esos actores. Pero no hacerlo desde una posición extractivista, de ir, tomar la información e irse. Lo interesante es componer acciones colectivamente, desplegar herramientas siendo parte de los procesos sociales. Eso se hace estando en el día a día, se construye social e históricamente. No es solo conocer, sino ser parte de eso. Lo enriquecedor está en desde donde participamos en las acciones territoriales”.
En plena discusión de lo virtual a partir de las nuevas relaciones sociales que trajo la pandemia, Yazyi asegura que “estar ahí, de cuerpo presente en los territorios, es irremplazable, que fue algo fuertemente afectado por el Covid. Esa experiencia no puede reemplazarse a través de una pantalla, aunque en algunos momentos lo virtual fue la única manera de sostener esa relación”. Para la educadora, la extensión como diálogo de saberes “supone entender a la universidad como un actor político de relevancia en tanto pública, laica, gratuita y con sentido crítico, y que los sujetos sociales son portadores de saberes”.
La dimensión relacional del trabajo territorial, sociocomunitario, es para Yazyi una construcción social y política. “Hay que estar, pero no por estar solamente, sino para acompañar la construcción de categorías que nos permitan leer lo que está sucediendo. Por eso para la Facultad las prácticas sociocomunitarias son experiencias desde la formación de grado, que nos colocan como protagonistas en la construcción de saberes en y con los territorios, además de que nos permiten hacernos buenas preguntas para encontrar buenas respuestas colectivas, como decía Juan Pablo Abratte, relación que no está exenta de conflictividad y disputa sobre nuestra tarea universitaria”.
Por Camilo Ratti
Fotografía de portada: Colectivo Manifiesto/La tinta