Un nuevo paradigma para los medios audiovisuales

En este número de Alfilo convocamos a Carlos Vicente, titular del AFSCA delegación Córdoba, para que exprese su visión sobre la importancia de la aplicación efectiva de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, y cuál fue la participación de la UNC en el debate, aprobación y puesta en marcha de una normativa profundamente democrática y plural.

Lo primero que todos los argentinos debiéramos preguntarnos sobre los medios de comunicación audiovisual, más allá del posicionamiento político que cada ciudadano puede tener, es: ¿Porqué la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.552? Y la respuesta aparece contundente:

– Porque la ley es el producto de años de trabajo y militancia de una coalición de actores sociales y políticos, que trabajaron durante más de veinte años por la democratización de los medios de comunicación. Ese grupo social es la Coalición por una Radiodifusión Democrática, y sus aportes fueron la base de la ley que impulsó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y que el Parlamento Nacional aprobó con amplias mayorías.

– Porque esa lucha que atravesó cinco gobiernos democráticos (Alfonsín, Menem, De la Rúa, Néstor Kirchner y Cristina Fernández) fue debatida en 2009 en 24 foros con la participación de más de 300 organizaciones y personas individuales que pudieron hablar, opinar y proponer aspectos sobre la ley. Y la Universidad Nacional de Córdoba jugó un papel fundamental en esas actividades, ya que dispuso de toda su infraestructura y medios de comunicación en la organización y promoción de esos foros.

– Porque la ley cambia el paradigma sobre los fines de los medios de comunicación. El decreto-ley 22.285 de la dictadura –aprobada por el ex dictador Jorge Rafael Videla en 1980-, consideraba a los medios y sus productos como un valor comercial. Bajo ese concepto, el Estado -desde una concepción neoliberal- debía garantizar el acceso a la propiedad privada de los mismos y consideraba a los medios desde la lógica del mercado. Así, a la concentración de la economía le sucedió la concentración de la propiedad de los medios. Desde otra concepción, y este es una de las transformaciones centrales, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual 26.552 considera a los medios como un servicio de interés público que debe garantizar el derecho humano a la información, lo que supone garantizar la pluralidad, la libre expresión y la universalidad.

Para alcanzar dicho objetivo, el Estado debe promover a todos los sujetos y organizaciones que no hayan podido desarrollar medios, desconcentrar los actuales grupos monopólicos y dominantes (Clarín como el más importante pero no el único) y fomentar la competencia de los medios.

Democratizar la palabra está en el corazón de la Ley, ya que mientras el decreto-ley de la Dictadura tenía como sustrato y marco ideológico la nefasta Doctrina de la Seguridad Nacional, la Ley de la Democracia tiene por doctrina la Ley de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y el bloque de leyes andiscriminatorias.

A desconcentrar

La sanción de una nueva ley de medios audiovisuales estuvo en la agenda de todos los gobiernos desde el regreso de la democracia, en 1983. Alfonsín intentó y no pudo aprobarla por la presión básicamente del Grupo Clarín –por entonces solo un diario de gran tirada e influencia política, aunque con evidentes intenciones de expandirse a otros formatos-, hasta que Menem abrió la puerta al fenomenal proceso de concentración mediática. A través de modificaciones al decreto-ley de Videla, el gobierno menemista autorizó que los medios gráficos pudieran adquirir medios radiales y televisivos. Con esas modificaciones Clarín compró Radio Mitre y Canal 13, y luego la inmensa mayoría de los cables del interior del país, además de diarios y revistas. Así, mientras en los ’90 había 4000 medios distribuidos en 2000 propietarios, en la actualidad existen 19 grupos con cientos de licencias y 1 grupo (Clarín) que posee 240 medios.

Para transformar esta situación, lesiva para la libertad de expresión y para el normal funcionamiento del sistema democrático, la actual Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea desconcentrar la propiedad de los medios, porque eso garantiza Más Pluralidad y Más Diversidad. Además, porque la concentración de medios es concentración de emisores: pocos producen casi todos los contenidos, y casi todo se elabora en pocos lugares. Para poner un ejemplo, el 90 por ciento de la producción televisiva se hace en el barrio de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires.

Para afrontar estas inequidades, la ley plantea límites a la producción extranjera y nacional, cupos de producción nacional y local (30% y 70% para radios y 40% y 60% para tele), cupos de música nacional (30%) y cupos de músicos independientes, que con la aprobación de la nueva Ley de la Música –sancionada en noviembre pasado en el Parlamento-, van a poder nutrir de contenido a los medios audiovisuales en todo el territorio nacional.

Otro de los cambios fundamentales de la Ley 26.552 es el otorgamiento de licencias para medios estatales (Estado Nacional, Provincias y municipios) para cada una de las universidades nacionales del país, para los pueblos originarios (el pasado 7 de diciembre empezó a emitirse en Bariloche el primer canal mapuche) y para la Iglesia Católica, y un  33% del espectro para organizaciones sin fines de lucro, un sector con el cual desde la AFSCA vamos a tener que trabajar, cooperar y articular, fundamentalmente en lo que hace a los recursos públicos del Estado nacional, que tiene distintas vías para hacerlo, como la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES), y el convenio que la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) firmó con el Banco Nación para financiamiento de proyectos. Para ello es necesario un plan técnico y después regularizar el espectro en Córdoba ciudad. Dicho cambio va a generar nuevos empleos, y dinamizará la política económica alrededor de la comunicación, un terreno que hoy no existe y que la Ley 26.552 abre.

En este sentido, y a diferencia de otras regiones o provincias, Córdoba tiene la particularidad de ser una plaza con buena cantidad de trabajadores capacitados, disponibilidad de profesionales que salieron y salen principalmente de la UNC y de escuelas privadas dedicadas a la comunicación y la producción audiovisual. El ejemplo concreto es que la gran mayoría de profesionales que hoy trabajan en el Canal Encuentro son egresados de la UNC, y que fueron trabajadores cordobeses los que produjeron las películas y miniseries de calidad que se vieron en el cine y la pantalla de Canal 10 en estos dos últimos años. Experiencias que tuvieron una importante aceptación del público, y que dan cuenta de una incipiente industria audiovisual que necesita una inyección de capital y de políticas. Nuestra provincia tiene una historia de producción cultural, y una universidad de 400 años. Esta Ley genera que toda esa producción cultural pueda ir a la pantalla y a la radio. El secreto es cómo asumimos el desafío, porque la aplicación de la norma conlleva acciones que provienen de la sociedad civil, de las cooperativas, de los gremios y de las mutuales. También se suma el pequeño empresario con un papel relevante y por eso decimos que la Secretaría de Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) debe cumplir un rol, así como el Banco Nación en el financiamiento de líneas de crédito conforme a un acuerdo ya firmado.

Todos dentro de la ley 

La desconcentración de medios mediante un proceso de adecuación está incluida en el artículo 161 de la Ley, y establece límites a los grupos propietarios de medios. Así, los grupos pueden tener 10 licencias de Radio y TV (nacional), 24 licencias de cables (nacional), licencia de televisión satelital sin ningún otro medio, y 35% del mercado de medios (nacional). Además, en la misma área de cobertura ninguna persona o grupo puede tener cable y TV abierta (local), como es el caso en Córdoba con Cablevisión y Canal 12, ambos propiedad del Grupo Clarín.

A diferencia de esta empresa monopólica, el 7 de diciembre pasado 19 grupos mediáticos que se excedían en la cantidad de licencias permitidas por la Ley, presentaron ante la AFSCA su propio plan de adecuación y están trabajando con la misma sobre su aplicación.

A la espera de que las resoluciones judiciales respeten lo votado por amplias mayorías en el Congreso Nacional hace tres años,la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual plantea un doble desafío: transformar el actual sistema de medios audiovisuales para garantizar el acceso de Todas las Voces, y que las instituciones y poderes que conforman el aparato estatal sean capaces de hacer cumplir la ley, de manera que ninguna corporación pueda estar por encima de la misma. A punto de cumplir treinta años de democracia ininterrumpida -un hecho sin precedentes en la historia nacional-, es el único camino para que la ley sea pareja para todos, o lo que es lo mismo: que todos los ciudadanos sean iguales ante la ley.

* Por Carlos Vicente, titular de la AFSCA delegación Córdoba

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