Desde el Programa de Ambiente, Sociedades y Territorios de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba expresamos nuestro acompañamiento a la lucha socioambiental en defensa del agua en Mendoza frente a un nuevo avance minero, por todas las implicancias que tiene para nuestros pueblos y nuestro país en su conjunto en la protección de los derechos humanos, sociales y ambientales.
La resistencia sostenida en esta provincia en defensa del agua frente al avance de la megaminería tiene memoria de largo andar. Desde 2007, efecto de la movilización socioambiental en marchas, asambleas y redes con otros territorios afectados por problemáticas y conflictos mineros, Mendoza cuenta con una Ley provincial guardiana del agua -Ley 7722- que prohíbe el uso de ciertas sustancias químicas en los procesos de extracción mineral. En diciembre de 2019, el “Mendozazo por el agua” o “Mendozaguazo” expresó en las calles, con una gran pueblada, el rechazo a las modificaciones en la Ley 7722, que permitían el uso de las sustancias químicas antes prohibidas en la extracción minera y habilitaban la zonificación provincial. Pese a la represión y criminalización de la protesta, la reforma quedó derogada como efecto de la presión y la voluntad popular.
Una vez más, las alianzas entre los poderes del Estado y el sector privado concentrado vuelven con insistencia a hacer tambalear las leyes o a exceptuar su cumplimiento por parte de los gobiernos. Una vez más decimos, entonces: AGUA PARA LOS PUEBLOS, NO PARA LAS CORPORACIONES NI PARA LOS GOBIERNOS ECOCIDAS.
Respaldada por informes científicos y técnicos críticos realizados por la Fundación de la Universidad Nacional de Cuyo (FUNC), el Instituto Argentino de Zonas Áridas (IADIZA CONICET) y el Centro Científico Tecnológico (CCT Mendoza CONICET), entre otros, la resistencia socioambiental advierte respecto de las falencias del Informe de Impacto Ambiental presentado para el Proyecto San Jorge Cobre Mendocino. No obstante, los legisladores hoy desconocen la voz popular y las recomendaciones de los estudios científicos. Y aunque el saber popular clama que “El Agua de Mendoza no se negocia” por ser un derecho humano y un bien común público y social, a lo largo de los territorios de nuestro país se profundiza la falta de agua con una creciente mercantilización y entrega a las corporaciones, lo que tensiona el acceso justo y el cuidado de los bienes comunes.
Expresamos nuestro repudio a este accionar de los gobiernos (y de todos los poderes del Estado) de espaldas a la autodeterminación de los pueblos, afectando derechos que comprometen la vida humana y la de otros seres vivos y ecosistemas, en tanto se advierte sobre la posibilidad de profundas afecciones a la salud y el ambiente, que incluyen impactos hídricos, en los suelos, en la biodiversidad, en aspectos socioeconómicos y patrimoniales.
En este sentido, desde una provincia como Córdoba, que también viene luchando contra el avance de proyectos mineros extractivistas y contra la devastación ambiental y territorial que sufrimos diferentes pueblos y áreas ambientales protegidas, y la sociedad en su conjunto, expresamos nuestro apoyo y acompañamiento a esta lucha y resistencia en las calles en defensa del agua para la vida, y exigimos se garantice la protección de derechos a defensoras y defensores ambientales, y a toda la sociedad.
Escribimos desde uno de tantos suelos de los sures, en los cuales el desarrollo de proyectos privados pone en riesgo la protección de la naturaleza y de nuestros bienes comunes (patrimoniales, culturales y naturales). Esto incluye la destrucción de zonas de reserva arqueológica o zonas rojas de monte nativo que son arrasadas, como ocurrió recientemente en el Parque de la Vida de Córdoba capital y en la zona de la Reserva Arqueológica Quilpo y el Perilago de Cruz del Eje; e implica el peligro al que se encuentran expuestos la Reserva La Defensa de La Calera y la Reserva Bamba; la Reserva Supaj ÑuÑu de Villa Allende; sitios sagrados, territorios y comunidades indígenas; mientras se despliegan emprendimientos inmobiliarios y mineros en Candonga, Salsipuedes, Villa Allende, Sierras Chicas, Traslasierra -incluidos reclamos y demandas ambientales-.
Al mismo tiempo, se avanza en procesos de amenazas, causas judiciales y criminalización de defensores ambientales, como en los casos de Punilla, Paravachasca, Traslasierra y Sierras Chicas; y se vulneran o desconocen derechos de los pueblos originarios (Cruz del Eje, San Marcos Sierras, Salsipuedes, Cerro Azul), mientras se avanza en acuerdos inconsultos, obras de infraestructura y proyectos desarrollistas sin acceso a la información pública ambiental y a la consulta previa libre e informada, o sin estudios de impacto ambiental y sin licencia social.
Nuestros territorios, los glaciares, las montañas y los montes garantizan nuestras reservas de agua dulce para vivir, y el equilibrio ecosistémico. Llamamos a toda la comunidad universitaria y al pueblo de Córdoba a sumarse a este reclamo que une nuestras luchas a lo largo del país, contra un modelo extractivista, violento y tóxico, que nos conduce a una precariedad e incertidumbres crecientes, y nos deja sin agua o nos prende fuego, asolando nuestro destino al poner en peligro la existencia de todo lo viviente, los derechos ancestrales y la vida de las generaciones futuras.
Nuestras reservas son de agua
Defender el agua desde y para los pueblos es defender la memoria
AGUA PARA VIVIR
Córdoba, diciembre de 2025
