Editorial

La construcción de una verdadera cultura democrática

Asamblea
Fotografía: La Voz del Interior

El pasado 19 de abril, la Asamblea Universitaria aprobó dos de las propuestas de reforma estatutaria que se están debatiendo en la UNC: el establecimiento de límites a la reelección de autoridades unipersonales y la elección directa de los consiliarios docentes (descargar las propuestas aprobadas). Estas modificaciones representan un primer avance en el marco de la reforma política que viene impulsando el Consejo Superior, acompañado por diferentes sectores de la comunidad universitaria, y que también incluye importantes cambios en el sistema de elección de las autoridades y la unificación de los mandatos. Días atrás, Mónica Gordillo, docente y ex vicedecana de la FFyH, redactó un texto titulado “Diagnóstico y fundamentos para avanzar en reformas relativas al gobierno de la Universidad” en el que sintetiza los principales aspectos de esta reforma política, a la vez que profundiza el análisis sobre el proceso de modificación de las normativas vigentes y sus posibles efectos en la vida institucional de la Universidad. “Es necesario tener en cuenta que ningún sistema en sí mismo garantiza la satisfacción de los ideales propuestos si no se combina a su vez con la implementación de reaseguros y con la construcción de una verdadera cultura democrática”, afirma Gordillo. A continuación, Alfilo reproduce el documento completo.

Diagnóstico y fundamentos para avanzar en reformas relativas al gobierno de la Universidad

El gobierno de toda institución lleva implícito un orden prescriptivo -o sea un conjunto de normas que regulan su funcionamiento- y un sistema de prácticas institucionalizadas, una manera de hacer y de ser que se convierten en la forma concreta de ejercicio de la autoridad, en su traducción histórica y específica,  condicionada  a su vez por los distintos contextos y estilos de conducción.
Lo anterior significa que cualquier intento de cambio debe estar orientado en ambos sentidos y que, por lo tanto, para que una modificación estructural en la normativa sea efectiva deben producirse también cambios en la cultura de la institución. Sin embargo parece acertado pensar que ciertas normas son más adecuadas que otras para el logro de determinados objetivos y que su actualización y revisión resultan convenientes para evitar las distorsiones provocadas por el transcurso del tiempo, la falta de controles adecuados, la rutinización y, en algunos casos,  el anquilosamiento y anacronías producidos.
En ese sentido y  continuando la labor iniciada con motivo de la asamblea universitaria realizada en diciembre de 2007, consideramos necesario avanzar en la reflexión de cuestiones que afectan a toda la comunidad, como lo son las normas y prácticas relativas a la elección de autoridades, duración de  sus mandatos – que lleva implícita la cuestión de la reelegibilidad- y organización y distribución de los cronogramas electorales. Esta reflexión se torna especialmente relevante al celebrarse  este año el 90° aniversario de la reforma universitaria de 1918 que- entre otras cuestiones- impulsó el primer cambio significativo en la elección de autoridades (consejeros y rector), al exigir la participación de los profesores en ella, sentando como principio básico el del  co-gobierno. Transformaciones posteriores fueron ampliando la participación y representación de los otros “claustros” hasta llegar al sistema actual. Esa misma reforma, con el objetivo de modernizar la Universidad, adecuarla a los cambios que demandaba la sociedad del momento y, fundamentalmente, democratizar  esa institución pública, agregó a la función de docencia las de investigación y extensión. Creemos  entonces que es una obligación del momento elaborar propuestas de cambios que permitan dotar a nuestra institución universitaria de los marcos más adecuados para posibilitar gobiernos democráticos, representativos y eficaces, sujetos al control responsable de toda la comunidad.
De este modo, los fundamentos para llevar adelante esta tarea son, por lo menos, de tres órdenes: a) histórico, b) político y c) de índole práctica u operativa.

  1. Histórico, en el sentido de reflexionar si en una sociedad en constante transformación  los principios de gobierno y las normas referidas a la elección de  autoridades planteados en el Estatuto de la Universidad se adecuan o responden a las demandas actuales de democratización de las instituciones públicas, lo que implica  incrementar  la participación de sus integrantes en la gestión y fortalecer los controles de la comunidad en general sobre ellas. Esas demandas se relacionan con la necesidad de repensar las funciones de las universidades públicas hoy, insertas en un contexto caracterizado por la vertiginosidad del desarrollo científico y por el aumento constante de los medios de comunicación del conocimiento, lo que provoca que nuevos actores se vean involucrados al complejizarse sus tareas, sobre todo a partir del peso cada vez mayor asignado a las tareas de investigación y de formación continua. Parece necesario, entonces, analizar cuál sería la mejor manera de representar las aspiraciones e intereses de esos actores y, también, actualizar los principios básicos del gobierno universitario en función de las exigencias de democratización del conocimiento.
  2. Político, en el sentido de concretar las propuestas programáticas respaldadas en la asamblea universitaria de diciembre de 2006 que legitimó en el gobierno a la actual conducción. Entre ellas se proponía como compromiso principal el de fortalecer las instituciones públicas, y particularmente a la Universidad, trabajando para asegurar la calidad institucional lo que, además de otros aspectos, se consideraba implicaba hacer eficientes la participación y los controles – tanto horizontales como verticales- para garantizar la transparencia, la división y autonomía de los órganos de gobierno, así como la activa participación de la comunidad universitaria para escuchar y respetar la opinión de todos los sectores que participan de la vida universitaria.  En consecuencia, una de las principales propuestas era la de fortalecer los vínculos de representación y aportar desde la Universidad a la construcción de una cultura democrática.
  3. De índole formal y operativa: referido, por ejemplo a la necesidad de mejorar el ordenamiento de ciertos mecanismos del sistema de elección, tales como la unificación del cronograma electoral – con distintas variantes en relación al tipo de autoridades- dado que en ocasiones la diversidad y disparidad de momentos eleccionarios obstaculizan el normal desarrollo académico e impiden concentrar las energías y los recursos en proyectos de más largo plazo. Es decir, creemos que se han generado problemas o distorsiones que es necesario enfrentar y resolver para que prácticas concretas relativas a un tema de tanta gravitación como lo es el gobierno de la universidad  se acerquen lo más posible a las aspiraciones y “deber ser” contenidos en el  orden prescriptivo.

Ahora bien, para avanzar en la búsqueda de soluciones se hace necesario reflexionar sobre algunos problemas detectados. Uno de ellos se refiere a la consolidación en el poder de las mismas personas y grupos, creando una especie de carrera de funcionarios universitarios que distorsiona el objetivo de considerar a la tarea de gestión universitaria como una más de las obligaciones derivadas de formar parte de una comunidad, donde lo saludable es el recambio, el equilibrio entre el aprendizaje y experiencia recogidos en la gestión de los asuntos comunes y el ejercicio continuado de las otras tareas propias de la docencia universitaria. Por otra parte, si lo deseable es intensificar la participación y renovar permanentemente el acuerdo entre los pares, pareciera aconsejable limitar la permanencia de los mismos grupos en el gobierno. Relacionado con esto lo que la experiencia histórica en la Universidad ha mostrado es una fuerte crisis en las relaciones de representación en todos sus “claustros”, un deterioro en el vínculo entre representados y representantes que tiende a debilitar la legitimidad de los segundos y hacerlos vulnerables a presiones y acuerdos en los momentos de elección de las autoridades. Esto se liga con otro problema que es el desaliento a la participación de los distintos sectores de la comunidad por, entre otros motivos, entender que su capacidad de incidir en las decisiones es muy limitada. Lo anterior coloca como un tema principal de una agenda de reformas políticas el de la revisión de los mecanismos de elección de las autoridades superiores unipersonales donde la voluntad de los representados está mediada por la de los representantes.
Otro problema se deriva de la divergencia de criterios para la elección de las máximas autoridades colegiadas, dado que rige un sistema de elección directa y secreta por claustros para todos los miembros que integran los Consejos Directivos de las Facultades y otro combinado en lo que se refiere a los miembros del Consejo Superior: elección directa y secreta por claustros de los representantes estudiantiles, de graduados y del personal no docente, realizada en el mismo acto eleccionario en el que se eligen los consejeros de Facultades, y elección indirecta y no secreta realizada por los representantes docentes en los Consejos Directivos -consejeros docentes-  para los representantes docentes en el Consejo Superior (consiliarios docentes), lo que provoca que, en la mayoría de los casos, la comunidad docente desconozca a sus representantes en el máximo órgano de gobierno de la Universidad o no se sienta identificado con ellos.
Un  problema adicional es el de la diversidad y disparidad de momentos eleccionarios que en ocasiones obstaculizan el normal desarrollo académico y aconseja ordenarlos y sincronizarlos.  
Como se habrá podido advertir, los problemas planteados son de diversa índole. A lo que se suma una cuestión sumamente relevante en el análisis: la dificultad de aplicar directamente al ámbito de las universidades las observaciones de expertos en sistemas electorales o en formas de gobierno  dado que las universidades contienen una complejidad especial, la de combinar la idea de democracia – referida a la participación de todos los miembros de su comunidad- con la representación sectorial de los “claustros”, base del co-gobierno. Es decir, se debe asegurar la competencia política de proyectos diferentes y la representación sectorial. Por lo tanto las autoridades electas para los órganos de gobierno colegiados así como las autoridades unipersonales deben reflejar la voluntad de los distintos sectores, evitando que sólo el número decida en la votación; es decir que el claustro mayoritario o las facultades más numerosas determinen los resultados. Lo planteado muestra que la resolución de los problemas no es sencilla y requiere analizar esta complejidad dentro de un terreno donde se están experimentando alternativas con todavía pocos estudios específicos sobre las universidades que brinden elementos “empíricos” para sumar al análisis. De todos modos creemos que una contribución en el sentido de superarlos debiera ser avanzar en las siguientes líneas de acción:

  1. ampliar la participación de la comunidad universitaria: en las cuestiones comunes y, por supuesto, participar en la elección de su gobierno lo es. Cuantas más personas participen mayor será la legitimidad y representatividad de las autoridades electas. El proyecto de ampliación de la ciudadanía universitaria a docentes interinos va en esa dirección. Pero ampliar la base de representados no es suficiente si a su vez no se refuerza el compromiso de la participación como “representantes”, es decir como potenciales “autoridades” tanto de los órganos colegiados de gobierno como de los cargos unipersonales, dado que la tarea de gestión universitaria debe ser entendida como una obligación más de las derivadas de formar parte de una comunidad, donde lo saludable es el recambio y no la consolidación en las funciones de gobierno.
  2.  Para ello es necesario fortalecer la débil y, a veces, inexistente identidad como universitarios, favorecer la identificación con un colectivo y, por lo tanto, la predisposición a implicarse en lo “común”, más allá de la defensa de intereses sectoriales, evitando la imposición de controles corporativos que hagan olvidar que la universidad es, sobre todo, una institución pública obligada a responder no sólo a sus participantes directos sino a la sociedad toda
  3. ofrecer garantías al sufragante:  de resguardo y respeto de sus decisiones, evitando cualquier tipo de presiones,  de manejos clientelares o que limiten la autonomía de los miembros de la comunidad  
  4. organizar y ordenar eficazmente los procesos electorales: lo que implica garantizar la transparencia pero, también, mejorar la integración y coherencia de los distintos cronogramas electorales para que cumplan el objetivo de favorecer la participación mayoritaria
  5. adoptar  la modalidad de elección de las autoridades que reúna mayor consenso dentro de la comunidad universitaria: es decir fortalecer la que se considere expresa mejor las distintas voces y particularidades de la comunidad universitaria. Este parece ser uno de los nudos principales de la reforma a proponer, pero es necesario tener en cuenta que ningún sistema en sí mismo garantiza la satisfacción de los ideales propuestos si no se combina a su vez con la implementación de reaseguros y con la construcción de una verdadera cultura democrática.

Mónica Gordillo

 

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