La FFyH integra una red de solidaridad junto a organizaciones de derechos humanos, sociales, estudiantiles, políticas y sindicales que ha permitido asistir a lxs hermanxs bolivianxs víctimas de la represión y la persecución desatada por el gobierno ilegítimo y dictatorial que derrocó a Evo Morales en noviembre de 2019. En esta nota, abordamos las distintas líneas de acción que se desarrollan desde la Secretaría de Extensión de la Facultad.
La Facultad de Filosofía y Humanidades tiene una historia de compromiso social y político. Su identidad se construyó y se construye al calor de las luchas y los debates que buscan ampliar derechos, aportando sus saberes y experiencias para construir una sociedad más justa, más igualitaria, más inclusiva. Lo institucional y lo político se cruzan así en el territorio, porque ambas dimensiones son inseparables -o deberían serlo- para la universidad pública. Atravesada por ese “afuera” que le da sustento y sentido, la FFyH se involucra y actúa en las causas y problemáticas que atañen a los derechos humanos, eje transversal de su proyecto académico-político.
La situación de Bolivia a partir del Golpe de Estado ejecutado contra el gobierno constitucional y democrático de Evo Morales el 10 de noviembre de 2019, activó la experiencia acumulada en años de trabajo con organizaciones extra universitarias. A través de la Secretaría de Extensión, la Facultad integra el Comité de Solidaridad con los Pueblos Latinoamericanos de Córdoba, una propuesta que surgió desde la Mesa de Trabajo por los DD.HH. y que reúne a los organismos de Derechos Humanos (HIJOS, Abuelas, Familiares, Ex Presos), organizaciones sociales y estudiantiles, sindicatos, otras Facultades de la UNC, partidos y fuerzas políticas, instituciones culturales y educativas y la comunidad boliviana (que tiene diversas instancias organizativas), y la comunidad ecuatoriana residente en Córdoba.
El primer objetivo del Comité fue romper el cerco mediático que blinda al gobierno ilegítimo de Jeanine Añéz desde el primer día y denunciar la feroz persecución a periodistas y medios opositores, que llegó con el cierre de más de 60 radios, canales masivos intervenidos, periodistas extranjeros expulsados de Bolivia hasta el caso más trágico, como fue el asesinato del periodista argentino Sebastián Moro. “A partir de una relación de confianza construida con el gobierno boliviano depuesto, la FFyH diseñó una página web a propuesta del Comité para romper el cerco mediático”, cuenta Virginia Carranza, subsecretaria de Extensión de la Facultad, y responsable de coordinar las acciones institucionales dentro del Comité.
La página fue construida por el Área de Comunicación de la FFyH con el objetivo difundir información fehaciente y chequeada sobre el plan sistemático de violación a los Derechos Humanos en Bolivia. Además, nutre su agenda con notas de análisis y documentación sobre los escenarios y desarrollos de las luchas de los pueblos de la Patria Grande ante la injerencia imperialista en la región, con la centralidad que la situación de Bolivia amerita en https://ffyh.unc.edu.ar/comitesolidaridad/
La centralidad de la participación de Filo en el Comité se explica por un estrecho vínculo amasado con el gobierno de Bolivia a partir de 2014: en marzo de ese año, junto a la UDELAR (Uruguay), el Movimiento de Trabajadores sin Tierra (Brasil) y la Universidad Nacional de Río cuarto, organizó el IV Seminario Latinoamericano de Formación Política, que recibió a más de cien representantes de organizaciones sociales de Brasil, y otro tanto de Uruguay y Argentina. Esa relación se profundizaría con la realización de un seminario abierto sobre el pensamiento de Álvaro García Linera, uno de los más lúcidos intelectuales latinoamericanos, además de cuadro político clave en la transformación boliviana. El cierre de ese seminario contó con la presencia del ex Vicepresidente en la UNC, donde compartió una conferencia y recibió en diciembre del 2015 el Premio al Compromiso Social y Político José María Aricó, la máxima distinción que otorga la FFyH.
“También en 2014 realizamos junto a la Mesa de Trabajo por los DD.HH. de Córdoba, el Sindicato de Luz y Fuerza, el Sindicato de Gráficos, la CTEP y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, un ciclo de cinco encuentros sobre Formación Política y Sindical. En esa oportunidad vino Hugo Moldiz, entonces asesor de la Vicepresidencia de Bolivia, para el bloque de Movimiento Obrero y Unidad del campo popular. El fue profesor en el primer seminario internacional y en éste”, recuerda Carranza.
Precisamente Moldiz, uno de los ex funcionarios bolivianos asilados en la embajada mexicana en Bolivia luego del Golpe, es uno de los contactos clave además de algunos diputados en la clandestinidad y militantes del MAS que envían información sobre la situación de asilados en embajadas sin salvoconducto, que advierten de la persecución y el hostigamiento político y social, envían manifiestos y resoluciones de organizaciones sociales y el MAS y denuncian situaciones de violaciones a los derechos humanos en general en el marco de la dictadura de Añez. “También recibimos demandas de salidas del país de personas que están perseguidas por sus pertenencias partidarias, portación de apellido, etc”, completa la subsecretaria de Filo.
Líneas de Acción
En estos momentos, las líneas de acción del Comité son tres. La primera tiene que ver con visibilizar la situación de represión y persecución política en Bolivia mediante acciones callejeras (marchas, encuentros culturales y presentaciones judiciales en Tribunales), además de acompañar las acciones territoriales de la comunidad boliviana residente en Córdoba, difundir las declaraciones de los Ampliados del MAS y demás organizaciones en resistencia de los perseguidos.
La segunda es la vía judicial: a través del abogado Rafael Ortiz, el 29 de noviembre pasado se presentó la primera denuncia en nuestro país contra el gobierno de facto de Añez en Bolivia por delitos de Lesa Humanidad, en la fiscalía a cargo de Gustavo Vidal Lazcano y el juzgado de Alejandro Sánchez Freytes, en los Tribunales Federales de Córdoba.
En este marco se presentó también la denuncia por el asesinato del periodista argentino Sebastián Moro, quien cubría los gravísimos acontecimientos desatados por el golpe de Estado en Bolivia. “La denuncia la presentó Lyllan Luque, y fue la última acción que hicimos como Comité unos días antes de que se declarara la cuarentena a partir del Coronavirus”, explica Carranza.
La coordinación de todas estas acciones con otras organizaciones nacionales y los vínculos con ex funcionarios del MAS, como Hugo Moldiz fundamentalmente, permitió que la FFyH participara en una reunión con Evo Morales en Buenos Aires el 27 de diciembre pasado para analizar la estrategia jurídica. “A partir de los vínculos con Móldiz y Ariel Basteiro, ex embajador argentino en Bolivia, nos convocaron desde la Comitiva de Evo a encontrarnos en Buenos Aires con la APDH Nacional, quiénes, con la Red de Abogados por los DD.HH. Mario Bosch presentaron en diciembre una denuncia de Lesa Humanidad en Comodoro Py. También participaron de esa reunión la Asociación Madres de Plaza de Mayo y representantes de la Comisión de Movimientos Sociales que viajó a Bolivia y recogió un centenear de testimonios y denuncias de primera mano”, explica Carranza.
Actualmente se unificaron las causas en Córdoba y se sumó la denuncia por Sebastián Moro, la única realizada en el país por este caso.
La tercera acción de la que participa la FFyH a través de su Secretaría de Extensión, es la conformación de una Red Humanitaria que sumó al Comité de Solidaridad entre los Pueblos de América Latina y el Caribe de Buenos Aires (Cosepalc) y los organismos de DDHH de Salta, con el objetivo de trabajar con familias y personas exiliadas/refugiadas de Bolivia en nuestro país. “En Córdoba hay once familias en esa situación y el Comité está articulando con diferentes carteras del Estado para ayudar a aminorar las situaciones de precariedad, como el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, de la Provincia, Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia, Educación de la Municipalidad de Córdoba y sindicatos”, señala Carranza.
“Nuestra idea es poder diseñar entre los miembros de la RED y las áreas del Estado que correspondan, un programa que atienda de manera específica la situación de hermanos y hermanas de Bolivia. Estamos hablando de más de un centenar de personas”, advierte Carranza.
El rol de Filo y la universidad pública
El compromiso y la participación política de la universidad pública argentina en defensa de procesos democráticos y defensa de los derechos humanos es un ejemplo mundial. “Muchas veces conversamos con amigos de Bolivia sobre el rol de las universidades en los procesos de transformación social y de integración latinoamericana, ya que ellos veían con admiración la fuerza y la presencia de las organizaciones estudiantiles (sobre todo) y de las instituciones comprometidas con el devenir del campo popular. Nos contaban que en Bolivia la producción del conocimiento social sigue en manos de un colonialismo elitista impresionante y que de hecho las universidades y sus estudiantes fueron un factor clave en la desestabilización del gobierno constitucional de Evo Morales”, resalta Carranza.
En este sentido, destacó el rol que está cumpliendo la Facultad en un momento tan excepcional como el que plantea la pandemia del Coronavirus y sus efectos sociales para un sector muy vulnerable como lo es la comunidad boliviana: “Para nosotros como universitarios, y me animo a sumar aquí al plantel de profesoras y profesores que formaron parte de las iniciativas de seminarios, es un desafío inmenso dejarnos aprender e impregnar por el pulso de lo que va pasando con los pueblos a la hora de tallar sus destinos. Más aun aquellas disciplinas como las nuestras cuyos objetos de estudio son justamente los devenires de las sociedades y los complejos entramados que allí se juegan”.
La representante de la FFyH en el Comité valoró “poder ser parte de estos procesos y tensar las maneras de conocer, de aprender e imaginar otras lógicas de investigación e intervención social, que obedezcan quizás más a las matrices que se construyen para habitar lo común, para ser, estar y pensarse de un pueblo. Un diálogo en el que las universidades somos una parte, una parte con una seria responsabilidad ya que aquí se juega un conocimiento social público que si no aporta a procesos de liberación, de transformación de las sociedad, de crítica a un estado de cosas -casi siempre injusto y desigual-, estamos en deuda con la comunidad que nos da las condiciones de existencia”.
Partiendo de la extensa trayectoria de nuestra Facultad y otras Facultades con las que se comparten proyectos y miradas, como Artes y Sociales, Carranza concluyó: “Desde una perspectiva constructivista, los derechos humanos son una categoría histórica que no pueden escindirse de las luchas sociales que son parte constitutiva de su defensa y permanente exigencia de plena vigencia. Incluso son la base para extender a límites impensados nuestra imaginación política sobre el mundo en el que queremos, y nos merecemos, vivir”.
Por Camilo Ratti