En paralelo a los festejos por los 100 años de la Reforma Universitaria, la UNC será el ámbito para la tercera reunión de la Conferencia Regional de Educación Superior de América Latina y el Caribe (CRES), entre el 11 y el 15 de junio. Con el objetivo de elaborar documentos e insumos para ese debate, el 13 de abril la FFyH organizó una jornada con actores de esta unidad académica y de otras universidades, que plantearon la tensión entre Universidad, Estado y Mercado.
El contexto político regional de 2018 es muy distinto al de 2008, cuando en Cartagena de Indias, Colombia, la CRES planteó en su declaración final que la educación superior es un derecho humano, un bien público que los Estados tienen la obligación de garantizar. Diez años antes, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay y Uruguay eran gobernados por proyectos populares –con los matices y diferencias de cada proceso nacional-, que tradujeron en políticas públicas el principio de la educación como derecho, a pesar de que los avances concretos fueron dispares según el territorio.
Como la situación cambió, y en algunos países drásticamente, la necesidad de pensar, debatir, actualizar o redefinir no solo aquellos principios, sino también su aplicación efectiva de cara a la próxima CRES, la Facultad de Filosofía y Humanidades organizó el pasado 13 de abril una jornada en la que se abordó la tensión que hoy existe entre Universidad, Estado y Mercado.
El objetivo no era sólo reflexionar sobre estos ejes, sino trabajar en comisiones para producir documentos que sirvan de insumo para el evento internacional más importante sobre el Sistema de Educación Superior de América Latina y el Caribe, que tendrá lugar en la Universidad Nacional de Córdoba entre el 11 y el 15 de junio, con los festejos por los 100 años de la Reforma Universitaria de por medio.
Reafirmando los principios alcanzados en Cartagena, el panel integrado por Francisco Tamarit, coordinador de la CRES de la UNC, Gabriela Diker, Rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento, Graciela Morgade, Decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, Alejandro Ruidrejo, Decano de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta, y Juan Pablo Abratte, Decano de la FFyH, planteó los desafíos que implica traducir en acciones y políticas concretas los derechos establecidos en el texto de la última declaración.
Fue Tamarit, actual coordinador de la CRES, el encargado de abrir el debate: “Hay una tradición en América Latina de que la educación es un derecho, a diferencia de la cultura anglosajona, que tiene otra mirada. Para nosotros es común pensar que la educación no es un bien transable ni un servicio, y que son los Estados quienes deben garantizarla”.
Sin embargo, el ex Rector de la UNC alertó que “hoy existen condiciones políticas desfavorables que hacen que muchos países no estén interesados en atender la demanda de la educación superior”. Puso como ejemplo a Brasil y a México –países de fuerte producción científica- donde la educación es pública en un 20 y 30%, respectivamente. Para Tamarit, el eje que amenaza el sistema público es la “trasnacionalización de las universidades, porque las necesidades las define el mercado, y las universidades hemos perdido la capacidad de decidir qué se decide o investiga”.
Aunque resaltó que “estamos marchando hacia el consenso de que la educación superior debe ser un derecho, nos hace falta un plan de acción, articular los sistemas universitarios entre los países de América Latina, porque hoy ni siquiera hay un reconocimiento automático de los títulos ni cooperación científica Sur-Sur”.
Para pensar a las universidades como una herramienta de las políticas públicas nacionales, Tamarit sostuvo que es necesario superar la visión colonial que atraviesa a la educación superior del continente: “Siempre nos hemos pensado como cola del león y no como cabeza de ratón”.
Avances y nuevos desafíos
Gabriela Diker, Rectora de la UNGS, tomó la posta y aunque coincidió en lo conceptual con Tamarit sobre el consenso de que la educación superior es un derecho, advirtió que el plan de acción regional “no ha tenido el efecto esperado”. Sin embargo, resaltó algunos avances alcanzados en la Argentina en base a los principios plasmados en Cartagena: “Se crearon nuevas universidades nacionales, se expandió la oferta académica y hubo un crecimiento en la matrícula”.
En clave política, Diker puso sobre la mesa los desafíos actuales que dejó la CRES 2008: “Previo a Cartagena, la selectividad de la universidad no era un problema, hoy sí tenemos un problema político porque decimos que aprender es un derecho, somos conscientes que se vulneran derechos si los chicos no aprenden. Antes de Cartagena, el 85% de reprobación de los alumnos era motivo de calidad, hoy es un problema”. La Rectora relacionó esos números a la “tensión que existe entre el derecho individual a la educación, que tiene un sustento liberal, y el derecho colectivo de que la educación superior es un derecho humano”, y que esa concepción implica que debe incluir a todos.
Muy crítica de la coyuntura política que hoy atraviesa a casi todos los gobiernos de la región, Diker insistió en que “el desafío es que la declaración que surja de la CRES 2018 no se convierta en una consigna”. Para ella, la tensión entre autonomía universitaria, estado y mercado debe situarse en la pregunta de “a qué proyecto de desarrollo contribuye la universidad, porque a veces los modelos nacionales van a contramano de una sociedad más justa y nos obliga a pensar mucho sobre el concepto de calidad”.
Diker no dudó en identificar al antagonista de la CRES de este año: “En 1996 fue el Banco Mundial, que no consideraba a la educación superior como un derecho, en 2008 fue la Organización Mundial de Comercio y en 2018 los gobiernos de derecha y conservadores de América Latina”.
Graciela Morgade, Decana de Filosofía y Letras de la UBA, compartió lo dicho por la rectora de la UNGS e hizo foco en que la CRES se realice en el marco de los festejos por el centenario de la Reforma: “Debemos recuperar el sentido insurgente de 1918 para exigir a los gobiernos de América Latina que la educación superior es un derecho y deben ser los estados los responsables en garantizarlo”.
Incluso se atrevió a ir más allá de la discusión académica: “Hoy el concepto de derecho está en cuestión. No hay sólo un retroceso económico, sino de otros derechos. Miremos lo que está pasando con Lula en Brasil o lo que pasa en Argentina”, en referencia a que varios de los dirigentes políticos opositores al macrismo están o estuvieron presos sin juicio previo ni condena firme.
La Doctora en Educación advirtió que “la situación es compleja porque estamos frente al gobierno de los CEOS y la tensión hoy es contra el capitalismo que no tiene patria” y convocó a “exigir que la CRES sea más precisa y concreta con los enunciados, exigir el carácter público del conocimiento y su distribución, y rechazar de plano el concepto de mercantilización y bien transable de la educación”.
Además de pedir la “construcción de otros índices que no sean solo los cuantificables”, de pensar “otros conceptos de calidad”, de poner en marcha “políticas de género que equilibren el poder en las universidades”, y de la necesidad de “articular e integrar a las universidades latinoamericanas, como señaló Pancho (Francisco Tamarit)”, Morgade resaltó que el eje de 2018 “debería ser el de la justicia social, porque el enemigo es el neoliberalismo y el neoconservadurismo que hoy gobierna en nuestros países”.
Bajo este panorama desfavorable, la Decana de la UBA pidió hacer “todo lo posible para no retroceder”.
Apropiarse de la CRES
Alejandro Ruidrejo, Decano de Humanidades de la Universidad Nacional de Salta e integrante de la Red del Norte Grande, que nuclea a varias universidades de esa región argentina, coincidió con lo dicho por quienes lo precedieron en el panel, pero reafirmó que “debemos apropiarnos de la declaración de la CRES de Cartagena”, porque según él “los gobiernos anteriores no lo hicieron”.
Con una mirada optimista sobre lo que puede ocurrir en Córdoba, Ruidrejo resaltó que “las declaraciones no son inútiles, depende de qué hagamos con ellas. La CRES pensó nuestras universidades regionalmente”.
Con dosis de humor que el público acompañó a lo largo de una intervención que propuso un recorrido histórico profundo, Ruidrejo desarrolló –apelando a documentos del Banco Mundial y a investigaciones de autores liberales-, cómo los sectores de poder “que no son iguales a los que hoy están en los distintos gobiernos latinoamericanos”, comprendieron la importancia de la educación y por eso pensaron políticas en ese sentido “con el objetivo de construir una subjetividad que fuera afín al gobierno que ellos necesitaban: un gobierno neoliberal, al servicio de los sectores poderosos. Así surgió la universidad de Tucumán, pensada para la oligarquía azucarera”, resaltó.
Cuando falta menos de dos meses para el comienzo de la nueva Conferencia Regional, Ruidrejo insistió en el desafío por delante: “¿Para qué sirve la CRES?, sirve para que nos la apropiemos”.
Trasnacionalización y fragmentación educativa
El panel cerró con la participación de Abratte, quien inició su intervención agradeciendo a los panelistas invitados y reiterando como principios fundacionales los valores expresados en la Declaración de la CRES 1998: la Educación Superior como derecho humano, bien público social y el deber fundamental de los Estados de garantizar este derecho.
También recordó que en la declaración de 1998 se sostenía la necesidad de “apoyar a los países miembros en la implementación de medidas para regular la oferta educativa transfronteriza y la adquisición de instituciones de Educación Superior por empresas extranjeras”, que ratificaban principios como calidad, pertinencia, eficiencia, transparencia y autonomía universitaria.
En ese texto, se afirmaba que “las instituciones deben crecer en diversidad, flexibilidad y articulación. Ello es particularmente importante para garantizar el acceso y permanencia en condiciones equitativas y con calidad para todos y todas, y resulta imprescindible para la integración a la Educación Superior de sectores sociales como los trabajadores, los pobres, quienes viven en lugares alejados de los principales centros urbanos, las poblaciones indígenas y afrodescendientes, personas con discapacidad, migrantes, refugiados, personas en régimen de privación de libertad, y otras poblaciones carenciadas o vulnerables”.
Veinte años atrás se proponía avanzar en el mutuo reconocimiento de estudios, títulos y diplomas, sobre la base de garantías de calidad. Sin embargo, y en sintonía con el resto de las intervenciones, Abratte advirtió que “estos principios deben ser considerados en el marco de procesos de restauración neoconservadora y neoliberal en la región, que ponen en riesgo esta concepción inclusiva y democrática de nuestra universidad pública”.
Para el Decano de Filo, es imprescindible reflexionar en torno a los significados que ciertos conceptos adquieren en escenarios neoliberales, por los efectos que podrían tener algunas propuestas de reforma que se vienen desarrollando en vistas a la CRES 2018. Particularmente se refirió al significado que puede asumir la idea de integración regional, a los sistemas de reconocimiento de estudios (especialmente entre universidades públicas y privadas) a las propuestas de educación a distancia y al uso de las TICs en el marco de lógicas de mercado, con escasas regulaciones por parte de los Estados y del sistema universitario público.
En ese sentido, planteó algunos riesgos en los actuales escenarios:
a) La construcción de circuitos diferenciados en la educación superior
b) La desjerarquización y segmentación de la enseñanza y la fragmentación de los aprendizajes
c) El debilitamiento de las disciplinas en la base del modelo de integración curricular
d) Las tensiones entre centralización y autonomía (tanto a nivel del sistema como al interior de cada institución universitaria)
“El ejercicio de la autonomía se configura en una tensión con la regulación, es decir no pueden establecerse principios de autonomía absoluta, como así tampoco de absoluta regulación. Las tensiones que configuran la autonomía universitaria deben valorarse en relación a dos espacios de regulación en disputa: el Estado y el Mercado”. Atravesada por esa relación, Abratte sostuvo que “en escenarios en los que nuevamente se configuran visiones neoliberales en la región, que pretenden reposicionar al mercado como instancia de regulación de los sistemas de educación superior (incluso con la intervención del estado), se requiere repensar la autonomía para evitar que se configuren circuitos cada vez más desiguales de educación superior y nuevas formas de regulación mercantilizada”.
Para el anfitrión de estas jornadas de debate previas a la CRES 2018, esa desigualdad “hoy es más potente por el impacto de las TICs, la conformación de redes transnacionalizadas de educación superior y el desarrollo de ofertas desterritorializadas que –en caso de no encontrarse con instancias de regulación estatal que impidan su instalación-, resultan claramente formas de mecantilización de la educación superior”.
Texto: Camilo Ratti
Producción fotográfica y audiovisual: Áreas de Comunicación Institucional y de Tecnología Educativa – FFyH.