En la sesión del Consejo Superior de la Universidad Nacional de Córdoba del día 9 de marzo de 2011, se derogó la polémica ordenanza 5/90 que establecía una contribución estudiantil para solventar gastos corrientes, un reclamo histórico de Facultad de Filosofía y Humanidades y otras unidades académicas, que desde más de 10 años eximían a sus estudiantes de abonar el pago. En 2002 el Consejo Directivo de esta Facultad eliminó la contribución de manera oficial.
La decisión del Consejo Superior se enmarca en una reestructuración presupuestaria que la actual gestión de la universidad llevará adelante y que reemplazará con presupuestos anuales los fondos recaudados por la contribución institucional.
Además, el Consejo Superior creó un Sistema de Aportes Voluntarios y Solidarios que permitirá que alumnos, docentes, graduados, personal de apoyo y personas físicas realicen voluntariamente depósitos dinerarios y elijan su destino: sus unidades académicas de origen, el Programa de Asistencia Social Solidaria (Pasos), que brinda cobertura médica primaria a los estudiantes sin mutual, o el Fondo Único de Becas.
Hasta el presente, lo recaudado a través de la contribución estudiantil –seis millones de pesos anuales en promedio- era destinado mayormente a gastos de funcionamiento de las facultades. La nueva ordenanza establece que los fondos para cubrir esas erogaciones estarán incluidos en el presupuesto asignado a cada unidad académica, procedente de los recursos que gira el Gobierno Nacional.
El desfinanciamiento del Estado Nacional, y por ende de las universidades públicas, llevadas adelante por el gobierno neoliberal de Carlos Menem, dieron origen a que el 18 de mayo de 1990, el gobierno creara la 5/90, que establecía una contribución de los estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba para complementar los servicios “paraeducativos”. Esto se refiere a los insumos necesarios para los trabajos prácticos, la limpieza de aulas y servicios sanitarios, el mantenimiento del sistema de iluminación, entre otros.
Desde entonces, muchas facultades se opusieron a la medida, ya que iba en contra de la obligación del Estado Nacional de sostener la educación pública y daba cuenta de la inserción de las recetas neoliberales en todos los ámbitos y una de las primeras en rechazar oficialmente la “contribución estudiantil” fue la Facultad de Filosofía y Humanidades, que dictó una resolución en 2002 para eximir el pago a todos sus estudiantes.
A esta medida se sumaron después la resolución del Consejo Directivo Nº 396 del año 2009, que eximía a todos los estudiantes de grado de la Facultad del pago de tasas y aranceles por compensación de gastos de servicios para la realización de trámites administrativos.
En ese marco, en la sesión extraordinaria del Consejo Directivo del día 24 de noviembre de 2010, se aprobó la creación de un Fondo Estudiantil para la Inclusión y la Permanencia (FEIP), que será cogestionado por el Centro de Estudiantes y la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la FFyH y financiado por la propia Facultad.
Este Fondo servirá para apoyar económicamente a los estudiantes de grado de las distintas carreras de la Facultad en becas de materiales de estudio, insumos y materiales de producción y apoyos económicos para la realización de trabajos de campo.
De esta manera, la FFyH da cuenta de las políticas sostenidas institucionalmente para garantizar la gratuidad de la enseñanza y evitar la deserción a raíz de las diferentes dificultades económicas que atraviesan los estudiantes para sostener el desarrollo de sus carreras, así como también contribuir a mejorar la calidad del aprendizaje de los alumnos.
