En su sesión del 23 de febrero de 2026, el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Nacional de Córdoba expresó su respaldo a la Ley N.º 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente y Nodocente, sancionada por el Congreso de la Nación el 2 de octubre de 2025, y manifestó su rechazo a cualquier intento de modificarla.
A través de la Declaración 3/2026, el HCD cuestionó el envío al Congreso de un proyecto de modificación impulsado por el presidente Javier Milei, al considerar que introduce cambios “regresivos” que afectarían los logros alcanzados tras amplias movilizaciones y consensos construidos por la comunidad universitaria y distintos sectores sociales.
El Consejo Directivo advirtió que, pese a su sanción y promulgación, la aplicación plena de la Ley 27.795 se encuentra suspendida en los hechos, ya que su ejecución está condicionada a partidas presupuestarias aún no asignadas efectivamente. Asimismo, señaló que los incrementos salariales y de funcionamiento otorgados se ubican por debajo de lo previsto por la norma y de la inflación acumulada.
En el documento, la FFyH exige al Poder Ejecutivo Nacional el cumplimiento inmediato de las disposiciones relativas al financiamiento integral del sistema universitario, la recomposición salarial de docentes y nodocentes, los gastos de funcionamiento, las becas estudiantiles y la inversión científica, considerados pilares esenciales para garantizar el derecho a una educación pública, gratuita, democrática y de calidad.
Además, en el texto se insta a diputados y senadores —en particular a quienes representan a la provincia de Córdoba— a no avalar modificaciones que impliquen un desfinanciamiento del sistema universitario. También convocó a las centrales sindicales y federaciones gremiales a sostener la exigencia de la plena aplicación de la ley y a movilizarse en su defensa.
Finalmente, la Facultad llamó a toda la comunidad educativa a mantenerse organizada y movilizada para garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de Financiamiento Universitario y la defensa del derecho social a la educación superior pública.
