En su sesión del 20 de abril, el máximo órgano de gobierno de la Universidad Nacional de Córdoba se expidió sobre la situación que vivió la coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie de la FFyH el día 29 de marzo, cuando fue demorada por la policía en un control del puente Maipú mientras se dirigía a su domicilio y ratificó su compromiso con la erradicación de todo tipo de discriminación por expresión e identidad de género.
El 29 de marzo de 2021 Ivanna Aguilera fue demorada por la policía de Córdoba en un control policial sobre el puente Maipú, cuando se dirigía desde el barrio Güemes a su domicilio en un taxi. El motivo era una presunta orden de captura del año 1988, fundada en algo que reviste mayor gravedad aun: el artículo 19 del ya derogado Código de Contravenciones, por no llevar «vestimenta acorde al género».
A solicitud de la Facultad de Filosofía y Humanidades, donde Aguilera es coordinadora del Área Trans, Travesti y No Binarie, en la sesión del 20 de abril, el Consejo Superior de la UNC expresó su repudio “por la situación de violencia institucional y de género” sufrida por Ivanna.
El artículo por el que fue demorada Ivanna fue derogado en 1994, tras intensas movilizaciones de organizaciones sociales, activistas y de organismos de derechos humanos, y forma parte de la historia oscura de persecución y abuso policial sobre la comunidad trans/travesti durante décadas.
La demora policial fue extendida durante más de tres horas en la madrugada, en plena calle, y sin darle ningún tipo de información sobre el motivo, hasta llegar a la Unidad Judicial 1 donde la dejaron en libertad con una advertencia: que fuera la propia Ivanna Aguilera quien pidiera el cese de la medida judicial. Finalmente fue liberada en condiciones de absoluto desamparo, en un horario y una zona donde era imposible conseguir traslado hacia su domicilio.
La situación fue contada minuciosamente en la página web de la FFyH y ante estos hechos el HCS manifestó su “profunda preocupación respecto de que el accionar de las fuerzas de seguridad pública se erija en una causa de vulneración de los derechos humanos de las personas en razón de su identidad y expresión de género”.
Asimismo, en la declaración, el Consejo Superior ratificó “su compromiso con la erradicación de todo tipo de discriminación por expresión e identidad de género tal como lo dispone la Ordenanza HCS N° 9/2011 y su modificatoria, y estima conveniente apelar al compromiso de las autoridades locales con la construcción de una sociedad más justa, igualitaria e inclusiva”.
